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Economía

Uno a uno, todos los impuestos creados o aumentados por el Gobierno de los Fernández

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Desde diciembre de 2019 el Gobierno impulsó un drástico aumento de impuestos que elevó la presión tributaria rápidamente, incluso en plena pandemia. La presión impositiva volvió a los niveles más altos de la historia.

El principal objetivo del Frente de Todos y Alberto Fernández al frente del país fue sin lugar a dudas el aumento de los impuestos. Desde diciembre de 2019 Argentina volvió a incrementar la presión impositiva drásticamente. Esto se consiguió a partir de aumentar o crear impuestos abiertamente distorsivos para la economía.

La presión tributaria a nivel nacional pasó de representar el 23% del PBI en 2019 hasta llegar al 25,1% del PBI en 2021, mientras que la recaudación consolidada incluyendo a las provincias llegó al 30,7% del producto en ese año. Estas cifras son las más altas registradas desde 2015 y, a su vez, son las más elevadas de la historia argentina.

Bienes Personales

Este impuesto fue la principal obsesión del oficialismo desde diciembre de 2019, y constituye un gravamen sobre el patrimonio. En ese mismo año, Fernández aprobó una ley para aumentar la tasa mínima del impuesto del 0,25% al 0,75%, y la tasa marginal máxima fue incrementada del 0,5% al 1,25%.

A su vez, durante todo el 2020 el Gobierno congeló el mínimo no imponible en torno a los $2 millones, pero como la inflación ascendió al 36% en ese período, una gran cantidad de personas cayeron en la obligación de tributar simplemente por una cuestión de nominalidad, y no por un incremento real de su patrimonio. Esta maniobra fue un aumento tributario indirecto.

En los últimos días del 2021, el Gobierno finalmente se dignó a permitir un aumento del mínimo no imponible hasta los $6.000.000, aunque no sin oponer resistencia. Sin embargo, y dada la bochornosa actualización de Juntos por el Cambio, el kirchnerismo logró volver a aumentar las alícuotas de Bienes Personales. La tasa máxima volvió a subir del 1,25% al 1,75%, y los bienes declarados en el exterior con una tasa superior de hasta el 2,25%.

Impuesto PAIS

Este tributo supone un recargo del 30% sobre la compra de divisas, afectando severamente no solo al ahorro de las personas que buscan defenderse de la inflación, sino también al pago efectuado con tarjetas de crédito en divisas, o simplemente la contratación de diversos servicios del exterior como lo son Netflix, Amazon o Spotify, entre muchos otros.

Estos últimos servicios digitales fueron gravados con una alícuota especial del 8%, debido al carácter fuertemente popular de los consumos damnificados. La compra de dólares para el atesoramiento mantiene un recargo del 30% y fue el principal objetivo del Gobierno al imponer el impuesto: no solamente un objetivo recaudatorio, sino también uno de índole cambiario.

Impuesto a la riqueza

Gravando prácticamente la misma base imponible que Bienes Personales, el Gobierno estableció un tributo con alícuotas progresivas del 2% al 3,5% sobre el patrimonio de los argentinos, mientras que los bienes declarados en el exterior fueron afectados con una tasa máxima del 5,25%. Cabe destacar que se gravan los activos solamente, y no el patrimonio neto de una persona como suele hacerse en el mundo.

Percepción de Ganancias sobre la compra de divisas

La resolución general 4.815 de la AFIP dispuso en 2020 la percepción de la alícuota más elevada del impuesto a las ganancias (35%) sobre la compra de dólares en los mercados oficiales, añadiéndose al 30% que ya suponía el impuesto PAIS.

Esta medida fue abiertamente regresiva, pues aquellas personas que ya pagan ganancias tuvieron la posibilidad de deducir este recargo a la hora de tributar el impuesto anual, pero el resto de las personas quedaron excluidas de este recurso y sin poder recuperar nada.

Impuesto a las Ganancias para empresas

El Gobierno de Alberto Fernández desmanteló las tenues rebajas tributarias que habían sido planteadas en la reforma impositiva del 2017 para las empresas. En diciembre de 2019 el kirchnerismo dejó sin efecto la baja de la tasa sobre las utilidades reinvertidas al 25%, dejando así la alícuota en el 30% como se mantenía desde 2018.

En 2021, el kirchnerismo avanzó incluso más y decidió establecer un sistema de alícuotas diferenciales en detrimento de un sistema horizontal de tasa única, por lo que se introdujo una fuerte distorsión adicional en la economía. La tasa máxima sobre las ganancias no distribuidas aumentó al 35% a partir de la ley 27.630, volviendo al valor de 2015.

Impuesto sobre los débitos y créditos

El kirchnerismo duplicó el impuesto sobre las transferencias bancarias, pasando del 0,6% al 1,2%. Este tributo es uno de los más distorsivos de la estructura impositiva argentina.

Como si esto no fuera suficiente, el kirchnerismo amplió la base imponible sobre la cuál opera el impuesto. Fueron incluidas algunas cuentas de pago que antes quedaban exentas, y en 2021 el Gobierno amplió la tributación para fondos vinculados con las operaciones de criptomonedas.

Retenciones

Desde diciembre de 2019 el kirchnerismo estableció drásticos aumentos sobre la exportación de soja y granos, que llegaron a consolidar una alícuota del 33%. La tasa sobre estos productos bajó hasta el 30% en octubre de 2020, pero nuevamente volvió al 33% en enero de 2021. También fueron eliminados todos los topes en pesos sobre la aplicación de retenciones, una medida que había sido instrumentada en la gestión anterior.

Impuestos Internos y primas sobre seguros

El Gobierno decretó el aumento tributario sobre los productos electrónicos, siendo que el impuesto interno pasó del 10,5% al 17% cuando no fueran fabricados en Tierra del Fuego, y del 0% al 6,55% cuando son de origen nacional. Esta medida excluyó a miles de personas de poder acceder a la tecnología.

Se creó un nuevo impuesto interno, esta vez sobre las apuestas online con una tasa progresiva del 2% al 5% sobre el valor neto que se deposite en la cuenta de cada apostador. Para personas radicadas en el exterior, las tasas aumentan hasta el 10% e incluso el 15% dependiendo de dónde esté radicado.

Se dispuso la creación de una contribución obligatoria del 0,5% sobre las primas de seguro automotor. Esto afecta a todos los vehículos asociados con servicios de transporte de pasajeros.

También se creó otro impuesto interno, esta vez para todos los seguros excepto los vinculados a la vida, con una tasa del 3 por mil sobre el valor de los mismos. Este impuesto se determinó como “Contribución sobre las primas de seguros para el manejo del fuego”, creando también el propio Fondo Nacional del Manejo del Fuego que se hizo cargo de los recursos adquiridos.

En la misma dirección, actualmente el Gobierno trabaja en crear otro impuesto más sobre los seguros vehiculares, esta vez creando un fondo forestal. Esta iniciativa se conoce como el “seguro verde” y su alícuota sería establecida en el 0,5% de las primas afectadas.

Impuesto al valor agregado (IVA)

El Gobierno eliminó completamente todas las exenciones dispuestas en 2019 por el ex presidente Macri sobre los productos de primera necesidad. El IVA del 10,5% al 21% volvió a aplicarse sobre los consumos de la canasta básica.

Esto significa que productos como la leche y diversos lácteos, las verduras, las carnes, los huevos, una amplia gama de cereales, las grasas de aceite vegetal o animal y los azúcares, todos fueron nuevamente gravados debido a la disposición de Alberto Fernández.

Economía

Emisión cero: El BCRA elimina la emisión endógena generada por los pasivos remunerados y la inflación tiene los días contados

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El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la creación de la "Letra Fiscal de Liquidez" (LeFi) para abordar los desafíos fiscales y consolidar la emisión cero.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), a través de la Comunicación A 8060, ha decidido suspender la operación de pases pasivos a partir del 22 de julio. Esta medida implica que la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) se establecerá como el principal instrumento para gestionar la liquidez en el sistema bancario. La introducción de la LeFi forma parte de un esfuerzo continuo para fortalecer el balance del BCRA y eliminar la emisión monetaria generada de los pasivos remunerados.

El Director del BCRA explicó que esta nueva herramienta estará indexada a la tasa de política monetaria comunicada por el banco central. "Las entidades financieras podrán adquirir la LeFi diariamente y vender total o parcialmente su tenencia al BCRA", afirmó. Además, destacó que este mecanismo asegura una adecuada gestión de la liquidez según las necesidades económicas.

La migración de los pasivos remunerados hacia deuda del Tesoro Nacional, iniciada en mayo con la emisión de Letras a tasa fija por parte del Ministerio de Economía, ahora se completa con la implementación de la LeFi. Este avance representa un paso significativo hacia la eliminación de fuentes de emisión monetaria endógena, que han afectado negativamente la política monetaria y los esfuerzos por controlar la inflación. El Ministerio de Economía señaló que "el costo financiero del excedente de pesos será asumido de ahora en adelante por el Tesoro Nacional".

Para cubrir el costo financiero que pueda surgir, el Ministerio de Economía realizará un depósito en el Banco Central. Este proceso busca minimizar las distorsiones que los pasivos remunerados han causado en la política monetaria y refuerza el compromiso del BCRA de continuar reduciendo estas fuentes de emisión. Según el Directorio del BCRA, "la Letra Fiscal de Liquidez tendrá un plazo máximo de 1 año y solo podrá ser negociada entre las entidades financieras y el BCRA".

Además, el Directorio del Banco Central aseguró que la Letra Fiscal de Liquidez no será considerada para el límite de Financiamiento al Sector Público no Financiero, lo que permitirá una mayor flexibilidad en la gestión de la deuda pública y en la administración de la liquidez del sistema bancario. "Esto refleja el firme compromiso del BCRA de sanear su balance y fortalecer la estabilidad económica", destacaron desde la entidad.

En términos técnicos y operativos, la Comunicación A 8060 detalla que la Letra Fiscal de Liquidez se valorará a su valor técnico y no contará para el límite de financiamiento asignado al sector público no financiero. Las entidades financieras podrán operar diariamente con el BCRA, comprando y vendiendo la Letra Fiscal de Liquidez según sus necesidades de liquidez.

Esta iniciativa del BCRA forma parte de una estrategia más amplia para abordar el problema del déficit fiscal acumulado durante años y la consiguiente necesidad de esterilizar el excedente de pesos emitidos para financiarlo. Con la migración de los pases existentes a instrumentos del Tesoro Nacional, se pretende mejorar la eficacia de la política monetaria y avanzar significativamente en la lucha contra la inflación.

"El objetivo es asegurar que la reducción de los pasivos remunerados se traduzca en una menor presión sobre la política monetaria y en un control más eficiente de la inflación", explicó el Ministerio de Economía. La medida también busca reforzar la confianza en los instrumentos financieros del país y proporcionar un marco más estable para las operaciones bancarias.

Las entidades financieras han acogido con interés esta nueva herramienta y se han adaptado rápidamente a las disposiciones del BCRA. Esto refleja una transición ordenada y controlada, un elemento clave para el éxito de esta política.

Como se destaca en la Comunicación A 8060, la LeFi se convierte en un instrumento esencial para el BCRA en su gestión de liquidez y en sus esfuerzos por sanear su balance de manera sostenible sin impactar negativamente la economía a corto plazo. Esta medida se enmarca dentro de un conjunto más amplio de políticas destinadas a mejorar la estabilidad macroeconómica del país y a fortalecer la capacidad del BCRA para cumplir con sus objetivos.

La transición al uso de la LeFi supone un cambio estructural en la forma en que el BCRA maneja sus pasivos y administra la liquidez, con el objetivo de crear un entorno más previsible y estable para el sistema financiero argentino.


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Economía

Qué son los “Puts” del Banco Central: La nueva bomba de emisión monetaria que el Gobierno apunta a desactivar

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El Presidente Milei aseguró que el programa económico pretende ponerle fin a los diversos seguros que ofrece el Banco Central con las entidades financieras, eliminando así una potencial vía de emisión monetaria.

El Gobierno del Presidente Javier Milei volvió a hacer énfasis en el ordenamiento macroeconómico del país, y la adopción de una política monetaria moderna para el Banco Central. Esto implica eliminar todos aquellos desequilibrios y maniobras poco convencionales que habían sido heredadas de la administración anterior.

La desaparición de los pasivos remunerados de la hoja de balance del BCRA supuso un primer gran paso para la normalización de la institución, pero el Gobierno ahora pretende avanzar con la desactivación de los llamados “Puts” que ofrece la autoridad monetaria a diversos bancos.

¿Qué son los Puts y por qué suponen un problema para el Gobierno?

Los Puts son instrumentos que funcionan como un seguro que ofrece el Banco Central con los bancos. Constituyen opciones de venta, que permiten que su poseedor tenga el derecho de vender un activo subyacente a un precio predeterminado y dentro de un período específico. 

En otras palabras, a partir de los Puts el Banco Central se obliga a sí mismo recomprar títulos soberanos del Tesoro emitidos en pesos, siempre y cuando así lo quieran los bancos que adquirieron estos instrumentos.

Los bancos se ven protegidos por eventuales caídas en la paridad de los títulos públicos que pudieran comprar, ya que eventualmente ejercerían el derecho de venderlos automáticamente al Banco Central (sin que este pueda negarse) a un precio previamente fijado, y por estas razones funciona como un seguro.

El principal problema de estos instrumentos es que el BCRA se ve obligado a monetizar cualquier tipo de corrida contra los títulos públicos, si así lo quisieran los bancos. Todas las recompras de títulos públicos ejercidas por el Banco Central sólo pueden efectuarse con más emisión monetaria.

Los bancos poseen actualmente un monto por el equivalente a 20 billones de pesos (cerca de 16.000 millones de dólares al tipo de cambio paralelo) en Puts, por lo que podrían ejercer su derecho para que el BCRA les recomprara títulos públicos (y emitiera pesos para hacerlo) por una cantidad de semejante magnitud. Esto sin lugar a dudas genera una gran presión para el BCRA, y también para las expectativas de inflación futuras.

El Gobierno planteó la necesidad de cerrar esta bomba de emisión monetaria, atenuando así el impacto inflacionario de cualquier eventual corrida contra los títulos públicos que pudieran efectuar los bancos.

Idealmente, los Puts del BCRA fueron diseñados para “incentivar” la compra de títulos públicos, pero en contrapartida generan un potencial riesgo inflacionario para el país, que además los bancos pueden usar maliciosamente para "extorsionar" al Gobierno de turno.

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Economía

Toto Caputo envió un adelanto del Presupuesto para fin de año: Eliminación del Impuesto PAIS y una inflación máxima del 140%

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El funcionario presentó al Congreso un adelanto de la proyección de ingresos y gastos para el año 2025, en un contexto de tensiones financieras. En dicha presentación se incluyó la estimación de los principales indicadores económicos para el cierre de este año. Además, se confirmó la eliminación del Impuesto PAIS.

El ministro de Economía, Luis Caputo, remitió un anticipo del Presupuesto 2025 al Congreso de la Nación, acompañado de un mensaje en el que delineó los principales ejes que contendrá el documento, el cual debería ser presentado oficialmente para el 15 de septiembre según lo establece la ley.

Caputo especificó que el texto final será presentado antes de la fecha límite constitucionalmente establecida para septiembre, y destacó cuatro ejes temáticos centrales que guiarán la Ley de Leyes en materia económica. Según el documento, el objetivo principal para el año 2025 será asegurar la estabilidad macroeconómica y continuar con la meta de déficit cero.

El documento detalla que las prioridades de la política presupuestaria para el próximo ejercicio "se enmarcan en 4 grandes ejes que orientan la administración del Gobierno Nacional".

El primer eje se centra en mantener un equilibrio fiscal sostenible, destacando la adopción de “medidas audaces que permitieron avanzar de forma más rápida de lo previsto hacia el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación, la mejora del balance del Banco Central y el fortalecimiento de las reservas internacionales”.

El segundo punto aborda la política social, enfatizando el apoyo directo sin intermediarios, con esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables, así como para proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.

El tercer eje se enfoca en la modernización y simplificación del Estado, concentrándose en sus funciones esenciales para no obstaculizar las condiciones necesarias para el desarrollo del sector privado y favorecer la libre empresa.

Por último, se destaca que la inversión y modernización en seguridad y defensa seguirán siendo una prioridad continua. También se presentó un análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional hasta el 31 de mayo de 2024.

En cuanto al tipo de cambio nominal (TCN), el texto de Caputo indica que el tipo de cambio con el dólar se sitúa en $1016,1 (+58,3% interanual), y la inflación proyectada al inicio del proceso de elaboración del presupuesto alcanzaba un 139,7% interanual para diciembre de 2024, resultando en una disminución promedio del tipo de cambio real (TCR) bilateral del -2,3% en el año.

En relación con los impuestos, el gobierno nacional estima un aumento del 54,4% en la recaudación respecto a la proyectada para 2024. No obstante, se destaca que esto implicará "una reducción de 0,45 puntos porcentuales del PIB en comparación con el año anterior."

Asimismo, se proyecta que la presión tributaria disminuirá de 21,61% del PIB en 2024 a 21,16% en 2025. Este ajuste en la carga impositiva total refleja el efecto neto de cambios en el contexto macroeconómico y medidas de política y administración tributaria, destacándose la menor recaudación debido al fin del impuesto PAIS.

Uno de los impuestos que experimentará un significativo crecimiento en 2025 será el Impuesto sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, con estimaciones de ingresos aumentando un 136,1% respecto a 2024. Este aumento se explica principalmente por las actualizaciones de las sumas fijas para calcular el impuesto y el incremento proyectado en la actividad económica.

En cuanto al financiamiento, el Ministerio de Economía indicó que se mantendrá la estrategia de alargar el perfil de vencimientos de la deuda, con el objetivo de reducir la carga financiera sobre las cuentas del Tesoro.

En cuanto al financiamiento externo, se establece que durante el año 2025, “Argentina mantendrá sus esfuerzos para optimizar su cartera de operaciones con financiamiento internacional acompañando los lineamientos propuestos de prudencia fiscal

A partir del acceso a recursos financieros a tasas bajas y con plazos largos de repago, se implementan programas/proyectos que mejoran sustancialmente el capital físico y humano de nuestro país con una visión de transformación estructural hacia el crecimiento sostenible”, expresa el documento.

Un tema en discusión con las provincias y el sector privado es la inversión en obra pública. "La optimización del Sistema Nacional de Inversiones Públicas será un eje fundamental en el año 2025, en tanto contribuye a alcanzar las metas fiscales estipuladas".

El documento también destaca que el Ejecutivo utilizará "cálculo de las brechas sectoriales de infraestructura como un insumo para la formulación del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2025- 2027"

Finalmente, se menciona que se avanzará en las privatizaciones de empresas públicas y en el ajuste del sector de los trabajadores del Estado, en línea con las medidas adoptadas hasta ahora.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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