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Economía

Voracidad Fiscal: Aplicarán el impuesto al cheque a la compraventa de criptomonedas como el Bitcoin

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Un decreto dispuso que la exención al tributo que rige para otras operaciones realizadas por las fintech no alcance a la comercialización de las monedas digitales

Por decisión del gobierno nacional, las operaciones con criptomonedas estarán gravadas con el impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido popularmente como “impuesto al cheque“, según el Decreto 796/21 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El artículo 7 de la norma, que lleva la firma del ministro de Economía, Martín Guzmán, señala que “las exenciones previstas en este decreto y en otras normas de similar naturaleza no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, en los términos que defina la normativa aplicable”.

Por lo tanto, la aplicación del impuesto no recaerá en forma directa sobre el comprador final de las criptomonedas, sino sobre las cuentas recaudadoras de las billeteras que realizan esa operación.

Es en ese caso en que no aplicarán las exenciones que caben al resto de las operaciones de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), la denominación técnica de las fintech. Esto probablemente resulte en mayores comisiones o mayor spread por parte de las PSP.

En sus fundamentos, el decreto señala que la intención del gobierno explicitada es la de “buscar una hoja de ruta para las políticas públicas hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos”, una afirmación completamente delirante y que nada tiene que ver con imponerle una tasa a las transaciones por criptos.

Alertan que cada vez hay más casos de adicción a las criptomonedas

El decreto establece una serie de exenciones a la aplicación del impuesto al cheque, en particular en vistas a la implementación del programa “Transferencias 3.0″ que establece la interoperabilidad de los pagos con código QR en un marco de interacción entre las cuentas bancarias y las cuentas virtuales, es decir, entre los bancos y las fintech.

Desde el próximo 29 de noviembre, todos los códigos QR deberán aceptar pagos de todas las billeteras electrónicas, sin excepción, cobrando una comisión máxima del 0,8% para el comerciante.

Un avance sobre el tema se había realizado en mayo de este año, cuando el decreto 301 había estipulado que las transferencias realizadas a través de Proveedores de Servicios de Pago (PSP) fueran alcanzadas por el impuesto al cheque, exclusivamente en el caso de operaciones hechas por personas jurídicas. Es decir, cada vez que una empresa utilizaba los servicios de Mercado Pago, Ualá o cualquier otro de los 55 PSPs listados en el respectivo registro del Banco Central.

Ese decreto igualó el tratamiento impositivo entre las cuentas bancarias y las virtuales, lo que venía siendo pedido por los bancos. Eximió a los monotributistas del pago del impuesto al cheque cuando utilizan sus cuentas corrientes al mismo tiempo que gravó con ese tributo a las personas jurídicas que operan con fintech. 

El objetivo de igualar la carga impositiva, en ese caso, claramente consistió en igualar hacia arriba, con la aplicación de exenciones similares en ambos casos, en vez de reducir los impuestos sobre los bancos.

Economía

Economistas liberales aseguran que vuelven a fracasar los programas de estímulo fiscal en Estados Unidos

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Siguiendo los pasos de Barack Obama, el gobierno de Joe Biden extendió los paquetes de estímulo fiscal pero los resultados volvieron a ser decepcionantes. Aún así, el presidente pretende redoblar la apuesta con su proyecto “Build Back Better”.

Del mismo modo que en 2009, los planes de estímulo del Gobierno de los Estados Unidos volvieron a cosechar resultados amargos, sin mayor impacto sobre el consumo privado y la economía en su conjunto.

Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, Estados Unidos impulsó por lo menos tres paquetes de asistencia fiscal, aunque con propósitos sustancialmente diferentes. El primero de ellos, en abril de 2020, buscó ser un mero paliativo ante las duras medidas de restricción a la circulación, y no pretendía constituir un impulso real para la economía a largo plazo.

Por el contrario, los últimos dos paquetes tuvieron un objetivo claro: impulsar el consumo privado y estimular la economía para que se recuperara más rápidamente de la crisis por la pandemia.

Ambos paquetes fueron impulsados desde el Congreso bajo una celosa mayoría demócrata; el primero de ellos en enero de 2021 aún con la resistencia de Trump en la Casa Blanca, y el último aprobado formalmente con el apoyo enérgico de Joe Biden como presidente.

Dos reconocidos e influyentes economistas se pronunciaron abiertamente en contra de los estímulos de los demócratas: Robert Barro y John B. Taylor. Ambos llegaron a la conclusión de que los programas fiscales de estímulo están volviendo a fracasar, como también fracasaron en 2009 bajo la presidencia de Obama.

Taylor explicó que la justificación para la ampliación de los cheques temporales es meramente política, y no tiene ninguna razón económica seria que lo sustente. Como explicó el economista, el programa suponía una función de consumo típicamente “keynesiana” que postula que todo aumento del ingreso disponible (neto de impuestos) se traduce en más consumo. Esta hipótesis es obsoleta y dejó de ser considerada seriamente desde hace décadas.

Por el contrario, Taylor afirmó que es la hipótesis del “ingreso permanente” de Milton Friedman la que explica cómo un aumento meramente temporal del ingreso disponible (como lo es el estímulo de Biden) no se traduce en más consumo, y no funciona para estimular la economía.

Gráfico que compara el ingreso disponible con el consumo privado efectivamente realizado, elaborado por John Taylor.

Los resultados recabados por Taylor fueron increíblemente exactos y sin mayor espacio para la interpretación: los efectos de los estímulos fiscales de los demócratas no tuvieron casi ningún impacto en los gastos de consumo personal.

Como predice la hipótesis de Milton Friedman, la diferencia generada por el ingreso disponible se destinó al ahorro precisamente por ser de carácter transitorio, y no ayudó en nada para aumentar el consumo como se pretendía.

En la misma dirección, Robert Barro aseguró que los estímulos fiscales no funcionarán ahora del mismo modo en que no funcionaron en 2009.

Según explicó Barro, la administración Obama inyectó US$ 600.000 millones de gasto público para reactivar la economía en los primeros meses de gestión, pero ni el consumo ni la inversión privada tuvieron efectos positivos. El plan resultó en un rotundo fracaso.

John B. Taylor y Robert Barro, dos de los más influyentes economistas en la actualidad.

Sin embargo, el presidente Joe Biden no solo se niega a rescatar las experiencias de su predecesor, sino que también se limita ignorar los resultados de su propio programa de estímulo de marzo de este año, y volverá a proponer otro impulso fiscal a partir de un programa de infraestructura.

El llamado “Build back better” buscará una suerte de conciliación entre las ideas típicamente keynesianas de estímulo fiscal y la agenda ecologista que impulsan actualmente los demócratas, por lo que hay quienes lo llaman un “Green New Deal”.

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Economía

Malas noticias para la economía de Biden: esperaba crear 550.000 empleos en noviembre, pero solo llegó a 210.000

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El crecimiento del empleo en los Estados Unidos fue el más bajo del año, y los cheques por desempleo siguen funcionando como un obstáculo a la creación de nuevos puestos de trabajo. Las encuestas de mercado volvieron a sobreestimar la recuperación laboral con un brutal margen de error.

La economía de los Estados Unidos se sigue recuperando mes a mes, pero la creación de puestos de trabajo se desacelera. Según el ultimo informe del Departamento de Trabajo, en noviembre se crearon 210.000 nuevas plazas laborales no agrícolas, en términos netos.

El promedio de las expectativas relevadas por Bloomberg, esperaba registrar al menos un alza de 550.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas en noviembre, más del doble de lo que realmente terminó ocurriendo.

El grosero margen de error releva un sesgo excesivamente optimista hacia la administración de Biden, un elemento que responde a posiciones políticas.

Por el contario, los mismos relevamientos subestimaron sistemáticamente la creación de plazas laborales durante la administración de Trump, quien constantemente durante su mandato, tanto antes como durante la pandemia, logró superar las expectativas del mercado con enormes ampliaciones a los nuevos puestos de trabajo, llegando en 2019 al pleno empleo.

Con este dato, la tasa de desocupación cayó al 4,2%, por debajo de lo previsto, y esto se explica principalmente por la falta de recuperación en la población económicamente activa.

Esto también queda en evidencia por medio del nivel de participación laboral, que continúa en niveles drásticamente inferiores a los que había en febrero de 2020, antes de la pandemia. La participación laboral llegó al 61,8% en noviembre de este año, cuando antes de la pandemia superaba cómodamente el 63%.

Existen tres factores principales para explicar el pésimo desempeño de la participación laboral: cerca del 35% de la caída se debe a cuestiones naturales, como el envejecimiento poblacional y el aumento de la población pasiva; un 19% de la caída en la participación se relaciona íntegramente con el aumento de la desocupación abierta (por la pandemia), pero el 45% restante no está definido por estos conceptos, si no que se debe a la intervención estatal.

Esta brecha está ligada, entre otros factores, con los programas de estímulo fiscal a partir de cheques para los desocupados, los llamados “amortiguadores automáticos” del gasto público. Estos programas funcionaron como un fuerte incentivo para no trabajar.

En otras palabras, una cantidad nada despreciable de personas no se vieron desplazadas del mercado laboral por razones de fuerza mayor o falta de ofertas de trabajo, sino porque el Gobierno federal contribuyó con incentivos para que tomaran la decisión de retirarse, al menos temporalmente.

La extensión de los cheques de asistencia, como una de las primeras medias de Joe Biden, tuvo un efecto negativo en la normalización del mercado laboral estadounidense, que se ve mes a mes mientras personas que deberían volver a trabajar, optan por quedarse cobrando dinero del Estado.

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Economía

A pesar del relato demócrata, los recortes tributarios de Trump beneficiaron principalmente a la clase media

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Los informes técnicos de la Tax Foundation estudiaron los efectos cuantitativos de la reforma tributaria de 2017 en Estados Unidos, y confirmaron que el mayor beneficio lo tuvo la clase media y los trabajadores.

Al contrario de lo que plantea actualmente la administración Biden, los efectos de Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 tuvieron un impacto particularmente positivo sobre la clase media y la clase trabajadora, ya que la desgravación fiscal no se concentró exclusivamente en los estratos más altos.

Los informes publicados por el equipo técnico de la Tax Foundation determinaron de forma cuantitativa cuáles fueron los segmentos de la sociedad estadounidense que más se beneficiaron de estos recortes impositivos.

Estos cálculos fueron realizados considerando no solamente las alícuotas anuales sobre los ingresos, sino también la base imponible sobre la cuál se aplica el impuesto. Esto último resultó ser verdaderamente relevante en la reforma fiscal de Trump.

Muy por el contrario de lo que plantean los demócratas en el Congreso, la reforma tributaria de 2017 tuvo un carácter progresivo por el cuál los deciles más bajos disfrutaron de rebajas porcentuales más importantes que las clases más altas. En síntesis, además del recorte de impuestos para empresas, millones de trabajadores dejaron de pagar impuestos a su salario por la reforma de Trump.

La Tax Foundation determina que un ciudadano promedio con un ingreso bruto anual de entre US$ 15.000 y US$ 50.000, que podríamos considerar “clase media baja” ya que está por debajo del promedio general, accedieron a una desgravación de impuestos de entre 16% y 26% sobre el total del impuesto a la renta que debieron pagar en 2018.

Esto se consiguió no solamente por el recorte de alícuotas, sino también por un histórico incremento de la deducción estándar, una serie de pautas que si cumple un ciudadano se beneficia de exenciones impositivas, como tener hijos, una propiedad, pagar una jubilación o un seguro de salud.

En el mismo año, un ciudadano estándar con un ingreso de entre US$ 50.000 y US$ 150.000 al año, lo que podríamos considerar “clase media”, recibió una rebaja fiscal de entre 15% y 17%. Nuevamente, la alícuota del impuesto fue rebajada junto con la base imponible sobre la cuál se tributa.

Aquellos ciudadanos estadounidenses con ingresos de entre US$ 100.000 y US$ 500.000 al año, la “clase media alta”, adquirieron una rebaja sobre el impuesto sobre la renta de entre el 11% y el 13%.

Queda en evidencia el carácter “escalonado” que mantuvo la reforma fiscal de Trump, permitiendo variaciones más altas conforme más bajo fuera el ingreso anual, un dato que va en contra de la narrativa que las rebajas de Trump fueron solo para las clases más altas.

Los ingresos más altos, a partir de los US$ 500.000 y en adelante, la “clase alta”, mantuvieron recortes de entre el 6% y el 9% en el impuesto sobre la renta anual. Es decir, recibieron una rebaja fiscal casi cuatro veces inferior a la que percibieron los ingresos más bajos sujetos al impuesto a los ingresos anuales.

En un intento por buscar la aprobación del programa Build Back Better (BBB) de la administración Biden, los demócratas pidieron en el Congreso que el incremento al gasto público que prevee el gobierno podría ser financiado revirtiendo la reforma impositiva de Trump.

El bloque demócrata argumentó que la rebaja de impuestos fue solamente para los segmentos más ricos de ricos de la población, quienes fueron beneficiados de una forma “desproporcionada e injusta”. Como demuestran los estudios de la Tax Foundation, las acusaciones de los demócratas carecen de sentido.

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