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Economía

Vuelven a subir las retenciones al campo: la soja volverá a tributar un 33% a partir de enero

A partir del año próximo vencerá el esquema introducido por el Gobierno en octubre, que suponía una muy tenue rebaja de retenciones para intentar calmar al dólar en los segmentos alternativos. Finalmente, los cambios dejarán de tener vigencia.

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La falta de divisas, como resultado de las políticas del kirchnerismo, demandaron medidas de urgencia. El Gobierno había resuelto una muy baja reducción de retenciones, con carácter meramente temporal, para conseguir más tiempo y extender la “pax cambiaria”. 

A partir del próximo primero de enero, las retenciones volverán al esquema que tenían antes de octubre. Las exportaciones de soja serán las que tributarán la alícuota más elevada, que llegará nuevamente al 33%. 

A pesar de ser un sector ampliamente competitivo y apto para la generación de divisas que tanto se necesitan en la recuperación, el Gobierno no anticipó ninguna intención para continuar con el programa de estímulos fiscales, por pequeños que fueran. 

Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) condenaron fuertemente a las políticas del oficialismo, y aseguran que las medidas van a destruir las posibilidades de financiamiento para el sector más dinámico del país. 

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Las CRA criticaron las disposiciones del Banco Central, bajo un control de cambios excesivamente rígido y disfuncional, que no podrá sostenerse por mucho tiempo. Denunciaron, además, un persistente clima de incertidumbre que pulveriza la inversión privada. 

Una vez más nos preguntamos: si el gobierno nacional piensa que la normalización del país post pandemia se podrá realizar sin tener en pleno funcionamiento y con la necesaria financiación al sector que más divisas entrega a las arcas del Estado. Nosotros sabemos que no debería ser así, pero estas medidas sólo suman incertidumbre y frenan nuestras oportunidades”, explicaron en el comunicado de las CRA. 

El estrangulamiento a las exportaciones creció desde la segunda mitad de la administración Macri, momento en el cual se dio marcha atrás a la liberalización comercial y se retornó a la tributación anti-exportadora. 

Después de bajas progresivas, el presidente Macri había dispuesto aumentos en las retenciones, dejando un esquema tributario con un impuesto del 24,7% para la soja y 6,7% para los cereales en general. Además, se habían establecido topes de tributación, atados a la cantidad de pesos por dólar exportado. 

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En diciembre de 2019, el Gobierno de Alberto Fernández decidió profundizar la sangría fiscal y desmanteló cualquier tipo de tope impositivo. En su lugar, se establecieron aumentos en todas las alícuotas vigentes. La soja pasó a pagar un 30% de retención, y los cereales un 12%. 

No conforme con eso, Fernández decidió volver a aumentar las alícuotas en marzo de este año: aumentó 3 puntos porcentuales los tributos a la soja, provocando un duro conflicto con el campo y una detención súbita en la comercialización y liquidación de granos. 

En el panorama internacional, todo indica un nuevo aumento en el precio de la soja, dando así un cierto viento a favor de la reactivación económica argentina. Aun así, el sesgo anti-exportador y la sangría impositiva podrían boicotear la entrada de divisas al país, haciendo prácticamente inútil aprovechar el panorama internacional. 

El precio internacional de la oleaginosa trepó hasta los US$ 460 en lo que va del año, un aumento de casi 100 dólares desde el año pasado. La rápida reactivación china y la falta de competidores en los mercados tuvieron una fuerte influencia en el proceso.   

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Economía

El Gobierno endurece el cepo y buscará ampliar la documentación tributaria requerida para operar

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Las entidades financieras y los agentes bursátiles podrán solicitar previamente declaraciones tributarias a aquellos clientes que busquen entrar al mercado de capitales. En la práctica, se teme que los organismos de control terminen imponiendo por la fuerza lo que originalmente constituye un lineamiento optativo.

En medio de la progresiva sangría de reservas y el agotamiento del cepo cambiario, el Gobierno dispuso más medidas para seguir estrangulando a las operaciones sobre el mercado legal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por medio de la Resolución 6/2022, dispuso que las entidades financieras como bancos o aseguradoras, así como los agentes bursátiles, podrán solicitar a sus clientes declaraciones tributarias específicas para poder acceder al mercado cambiario legal.

En concreto, las documentaciones tributarias solicitadas serán sobre Ganancias y Bienes Personales, ambos impuestos que tienen un enorme peso como proporción de los recursos totales que percibe el sector público.  

Aún si, si bien se plantea como un criterio que deberá adaptarse a las preferencias de cada entidad financiera con sus clientes, los mercados especulan con que las medidas terminen por imponerse de forma forzosa en las operaciones diarias. Los organismos de control tendrán un mayor peso para disuadir a las entidades financieras para que soliciten, en la práctica, estas declaraciones tributarias a sus clientes.

Las medidas suponen añadir un control adicional sobre el acceso al dólar MEP (que se obtiene en la bolsa de valores) y el dólar Contado con liquidación. Esto podría desembocar en un nuevo aumento de la brecha cambiaria, que actualmente se acerca al 100%.

La resolución fue impulsada por el ultra-kirchnerista Juan Carlos Otero, en un intento por seguir limitando el acceso a los dólares por parte de los argentinos, y contener la profundización de la pérdida de reservas internacionales.

Otero alegó que las disposiciones buscan fortalecer las herramientas de control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que estos lineamientos ya estaban abordados en la reglamentación anterior de la UIF sancionada en 2017, y el objetivo real de las medidas es sencillamente imponer una nueva traba para la compra de dólares.

El Gobierno justificó, además, que el marco normativo anterior determinado por el macrismo había desarticulado completamente el control sobre todo tipo de operaciones de origen ilegal, pero nuevamente esta fue una declaración exagerada para justificar el endurecimiento burocrático del cepo.

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Economía

Una familia necesitó $76.146 en diciembre para no ser pobre

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Representa un aumento del 40% en relación al año anterior.

El costo de la canasta básica total, que define el umbral de la pobreza en la Argentina, subió 40,5% a lo largo de 2021, casi diez puntos menos que la inflación general promedio, que fue del 50,9%.

El informe dice que la canasta básica alimentaria (CBA) –que marca el nivel de la indigencia- subió 3,9% en diciembre, respecto de noviembre, y 45,3% a lo largo de todo el 2021. Y la canasta básica total (CBT) escaló 3% en diciembre y 40,5% en un año.

Con las subas, la canasta alimentaria para una familia tipo (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) ascendió a 32.963,69 pesos y la canasta básica total ascendió a 76.146,13 pesos.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se define como el conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales, y cuya estructura refleja el patrón de consumo de alimentos de la población de referencia.

Y la Canasta Básica Total (CBT), se obtiene mediante la ampliación de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) consumidos por la población de referencia.

Fuentes oficiales aclararon que la diferencia entre los aumentos que registraron la CBA y la CBT respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –que marca la inflación general- responde a que no se computan los mismos productos. “Son canastas distintas”, dijeron.

Para el IPC, por ejemplo, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó un 50,3% a lo largo de 2021 y el de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó solo 28,3%.

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Economía

Frenazo de la economía China: el banco central rebaja la tasa de interés por miedo a una recesión

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La economía china muestra resultados cada vez más insuficientes en el comercio minorista. El tambaleo de la burbuja inmobiliaria se esparce por toda la economía del gigante asiático.

Los resultados económicos de China volvieron a ser decepcionantes para los estándares de crecimiento que normalmente acostumbraba tener el país asiático en los últimos años. La economía china creció solamente un 4% anual en el cuarto trimestre del 2021, el resultado más bajo desde 1990.

Pero los datos mensuales revelan una desaceleración aún mayor. Las ventas minoristas en China, que reflejan una enorme proporción de la economía, dejaron de crecer en noviembre y cayeron un 0,2% en el mes de diciembre.

En comparación con diciembre de 2020, las ventas minoristas de China rebotaron un 12,5% de acuerdo a la serie original del índice, pero se trata de un mero efecto de arrastre estadístico después de haber registrado una brutal caída en 2020.

La industria manufacturera también registró un fuerte enfriamiento en el ritmo del crecimiento mensual, un fenómeno que se acrecentó especialmente entre julio y septiembre del año pasado. La industria china creció un 3,8% anual en diciembre de 2021, cuando en 2019 mantenía tasas superiores al 6% anual.

Ante la evidente desaceleración de la economía, el Banco Central de China decidió recortar las tasas de interés de la política monetaria, con el objetivo de estimular la economía vía liquidez y más endeudamiento.

El temor detrás de las medidas es el surgimiento de una recesión después del desplome en las ventas del mercado inmobiliario y los problemas financieros de Evergrande. El objetivo de la autoridad monetaria china es evitar una mayor expansión de la recesión sobre cada vez más sectores de la economía.

Aún sin recesión, la desaceleración de la economía china supone un gran problema para el actual esquema de política económica bajo el liderazgo del dictador Xi Jinping. En su gestión, la deuda pública de China pasó de representar el 37% del PBI en 2013 hasta llegar al 66,8% en 2020. En el mismo período, el déficit fiscal trepó del 2% del PBI al 4,2% en 2018, y 3,7% del PBI en 2020.

La política fiscal desequilibrada de Xi Jinping se tornaría mucho más explosiva e insostenible si China finalmente pierde el crecimiento económico que mantuvo en los últimos años y sigue enfriando su ritmo de expansión.

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