Rafael Correa, el socialista que permitió el avance del narcoterrorismo en Ecuador

El gobierno del exdictador Rafael Correa, influenciado por el socialismo bolivariano, dejó un profundo impacto en Ecuador, marcando el comienzo de una crisis de seguridad que favoreció el auge del narcoterrorismo en el país.

Durante su mandato (2007-2017), Correa implementó una serie de políticas y decisiones que, según críticos y especialistas, facilitaron el desarrollo del narcotráfico, debilitaron las instituciones de la democracia y generaron un contexto de impunidad que aún persiste.

La relación con Estados Unidos

En 2009, Correa ordenó el cierre de la base estadounidense en Manta, que desde 1998 había sido un punto estratégico para operaciones antidroga en la región.

Esta infraestructura era clave para la seguridad del país, al contribuir a la detección de rutas del narcotráfico y evitar la infiltración de las FARC, la organización terrorista de izquierda colombiana, en territorio ecuatoriano.

Sin embargo, el desmantelamiento de la base marcó un cambio radical en la política de cooperación internacional de Ecuador, perjudicando gravemente su capacidad para enfrentar el crimen organizado.

La decisión de Correa no fue aislada. Desde su llegada al poder, se destacó por confrontar al entonces presidente colombiano Álvaro Uribe, cuyo gobierno logró avances significativos contra las FARC.

En lugar de colaborar en la lucha contra el narcoterrorismo, Correa adoptó una postura que, según documentos y testimonios, estuvo marcada por presuntos vínculos con las FARC, quienes habrían financiado su primera campaña presidencial con aportes que alcanzaron los 500.000 dólares.

Políticas que debilitaron la seguridad

El gobierno de Correa también adoptó medidas que debilitaban el marco de seguridad interna. En 2009, el dictador socialista promovió un proceso de "pacificación" con pandillas como los Latin Kings y Los Ñetas, a las que calificó como "organizaciones sociales legítimas". Estos grupos posteriormente se vincularon con el narcotráfico.

Asimismo, Correa emitió el Decreto 1440, que permitió la excarcelación masiva de personas condenadas por narcotráfico.

Según estimaciones, entre 1.200 y 3.000 delincuentes recuperaron su libertad de forma inmediata, mientras que otros se beneficiaron de reducciones de pena en los años posteriores. Esta política fue ampliamente criticada por favorecer el fortalecimiento del crimen organizado.

En el ámbito migratorio, la eliminación de la necesidad de visado durante su gobierno facilitó el ingreso de personas vinculadas al narcotráfico. En 2024, el gobierno de Daniel Noboa deportó a 1.500 presos extranjeros, la mayoría vinculados a actividades ilícitas, una herencia directa de las políticas migratorias de Correa.

Corrupción, narcotráfico y debilitamiento institucional

La corrupción durante el gobierno de Correa fue rampante. Se estima que 70.000 millones de dólares fueron malversados o despilfarrados, dejando a Ecuador en el puesto 117 del índice de corrupción de Transparencia Internacional en 2017.

Además, su gobierno reprimió la libertad de prensa con 477 sanciones a periodistas y medios, en un intento de silenciar denuncias y escándalos.

Un legado de violencia e impunidad

El deterioro de las instituciones permitió que el narcotráfico se infiltrara en la justicia y las fuerzas de seguridad.

En 2023, de los 7.878 crímenes registrados en Ecuador, apenas el 10% fueron esclarecidos. Las consecuencias de este contexto se reflejan en el aumento de asesinatos y la expansión de las redes de narcotráfico, que convierten a Ecuador en uno de los mayores exportadores de cocaína.

El impacto de las políticas de Correa trasciende la seguridad. Las protestas indígenas, marcadas por actos de violencia y vandalismo, mostraron cómo la falta de sanciones se convirtieron en una norma.

Hoy, el exdictador socialista Rafael Correa está oculto en Bélgica, prófugo de la justicia ecuatoriana, con más de 30 procesos judiciales pendientes.

Sin embargo, su influencia política persiste, mientras Ecuador enfrenta las consecuencias de un modelo de gobierno que abrió las puertas al narcoterrorismo y  debilitó las estructuras del Estado de Derecho.