Thomas y Alito advirtieron que California no puede imponer contenidos ideológicos a los médicos sin vulnerar la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
Dos de los magistrados conservadores con mayor trayectoria de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas y Samuel Alito, cuestionaron duramente el lunes una normativa de California que obliga a los médicos a completar capacitaciones sobre ''sesgo implícito'' para renovar sus licencias profesionales. En una contundente disidencia de nueve páginas, ambos jueces advirtieron que el requisito representa una amenaza para la libertad de expresión y podría convertirse en un mecanismo de censura gubernamental.
La intervención de los magistrados se produjo después de que la Corte Suprema rechazara revisar una apelación contra una decisión de un tribunal inferior que había considerado que la exigencia californiana no podía ser impugnada bajo argumentos de libertad de expresión. Aunque la mayoría decidió no intervenir, Thomas y Alito dejaron en claro su desacuerdo con ese razonamiento y defendieron la necesidad de proteger los derechos constitucionales de los profesionales frente a las imposiciones ideológicas del Estado.
''Un Estado no puede regular para escapar al escrutinio de la Primera Enmienda'', escribieron los magistrados en su disidencia. También advirtieron que la doctrina del discurso gubernamental no debe utilizarse como ''una cobertura para la censura'' ni como una herramienta para imponer expresiones o posiciones que los ciudadanos no desean adoptar.
Los jueces conservadores de la Corte Suprema estadounidense criticó fuertemente a California por imponer capacitaciones con sesgos ideológicos a los médicos del estado
Las capacitaciones sobre ''sesgo implícito'' tienen como objetivo educar a los profesionales acerca de prejuicios que podrían albergar, particularmente en relación con la raza y el sexo. California exige que los médicos completen este tipo de formación como parte de los requisitos de educación médica continua (CME), necesarios para mantener sus licencias profesionales.
Sin embargo, el caso plantea una cuestión constitucional de fondo: hasta dónde puede llegar el gobierno al establecer contenidos obligatorios en la formación de profesionales sin vulnerar las garantías de libertad de expresión.
Thomas y Alito criticaron específicamente el razonamiento de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que había concluido que la regulación estatal convertía el contenido de los cursos de educación médica continua en discurso del gobierno, en lugar de considerarlo expresión privada.
Corte de Apelaciones del Noveno Circuito
Según los dos magistrados, esa interpretación contradice los precedentes de la propia Corte Suprema y representa una comprensión equivocada de la Constitución.
''Las protecciones de la Primera Enmienda no desaparecen simplemente porque un Estado regule intensamente el discurso'', señalaron. Su argumento apunta a que las autoridades no pueden eludir las restricciones constitucionales mediante la incorporación de contenidos obligatorios en programas profesionales sujetos a regulación estatal.
La apelación fue presentada por Azadeh Khatibi, oftalmóloga licenciada en Los Ángeles que también imparte cursos de educación médica continua, junto con Do No Harm, una organización que cuestiona las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el ámbito médico.
El grupo y la profesional buscaban que el máximo tribunal examinara si California podía imponer esos contenidos sin vulnerar los derechos constitucionales de los médicos. Su planteo pone en discusión la diferencia entre exigir formación profesional legítima y obligar a los trabajadores a recibir instrucción ideológica como condición para continuar ejerciendo su profesión.
El gobierno del demócrata Gavin Newsom ha impuesto programas de capacitación progresista en varios sectores del estado californiano
El juez Neil Gorsuch, otro integrante del ala conservadora del tribunal, no se sumó a la disidencia de Thomas y Alito, pero dejó constancia de que habría votado a favor de aceptar la petición para revisar el caso. Su posición evidencia que, aunque la mayoría decidió mantener vigente el resultado de las instancias inferiores, existía una preocupación adicional entre los magistrados conservadores sobre las implicaciones constitucionales de la medida.
El episodio también recuerda otra controversia relacionada con la libertad de expresión que llegó al máximo tribunal en 2024, cuando la Corte rechazó una demanda contra la administración del entonces presidente Joe Biden por presunta presión sobre las grandes compañías tecnológicas para restringir publicaciones en redes sociales.
En el caso ''Murthy v. Missouri'', los magistrados resolvieron por seis votos contra tres que los fiscales generales de Missouri y Louisiana no tenían legitimación procesal para presentar las acusaciones de que funcionarios federales habían colaborado indebidamente con empresas tecnológicas para censurar publicaciones sobre la pandemia de COVID-19.
Alito disintió entonces, acompañado por Thomas y Gorsuch. En aquella oportunidad, advirtió que la mayoría ''podría llegar a lamentar'' su decisión.
El juez Neil Gorsuch no acompañó la opinión de Clarence Thomas y Samuel Alito