El Departamento de Justicia del gobierno de Trump está expandiendo su campaña para revocar la ciudadanía estadounidense a aquellos inmigrantes naturalizados que son acusados de ocultar vínculos con el terrorismo, delitos violentos, fraude migratorio y otras faltas graves durante su proceso de naturalización.
Esta ofensiva representa uno de los usos más agresivos de la desnaturalización en la historia moderna de los Estados Unidos, pues, históricamente, este instituto ha sido un recurso poco común. Entre 1990 y 2017, el gobierno federal presentó poco más de 300 casos de este tipo, lo que representa un promedio de aproximadamente 11 por año.












