El Departamento de Justicia del gobierno de Trump está expandiendo su campaña para revocar la ciudadanía estadounidense a aquellos inmigrantes naturalizados que son acusados de ocultar vínculos con el terrorismo, delitos violentos, fraude migratorio y otras faltas graves durante su proceso de naturalización.
Esta ofensiva representa uno de los usos más agresivos de la desnaturalización en la historia moderna de los Estados Unidos, pues, históricamente, este instituto ha sido un recurso poco común. Entre 1990 y 2017, el gobierno federal presentó poco más de 300 casos de este tipo, lo que representa un promedio de aproximadamente 11 por año.
La desnaturalización es un proceso legal complejo. Los abogados del gobierno deben presentar demandas civiles o penales ante un tribunal federal y convencer a un juez de que la ciudadanía se obtuvo de manera ilegal o mediante fraude. En la visión de Trump, este mecanismo legal es necesario restablecer las consecuencias dentro de un sistema migratorio que ha sufrido abusos durante décadas.
El Departamento de Justicia de Trump revocará la ciudadanía a naturalizados que cometieron delitos y otras faltas graves
Tolerancia cero al fraude migratorio
Se espera que el Departamento de Justiciaabra casos contra aproximadamente una docena de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero, de países como Irak, Somalia, China, India, Colombia, Uzbekistán, Marruecos, Gambia, Kenia, Nigeria y Bolivia. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, afirmó que se perseguirá a quienes se presentaron con falsedades para convertirse en estadounidenses.
El jefe de la cartera de Justicia invocó uno de los casos más graves, el de Ali Yousif Ahmed, quien obtuvo la ciudadanía tras afirmar que huyó de Irak en 2009 debido a que terroristas de Al Qaeda habían atacado a su familia. Las autoridades afirman ahora que el gobierno iraquí solicitó su extradición en 2019 después de que asesinara a dos policías mientras se desempeñaba como líder de Al Qaeda.
Otro caso, el de Salah Osman Ahmed, de Somalia, quien se naturalizó en 2007 y posteriormente se declaró culpable en 2009 de proporcionar apoyo material a terroristas y de pertenecer a Al Shabaab, un grupo terrorista designado por los Estados Unidos.
Para el gobierno de Trump, unirse a una organización terrorista dentro de los cinco años posteriores a la naturalización puede ser motivo para revocar la ciudadanía. Pero también otros inmigrantes que mintieron durante el proceso de naturalización y cometieron delitos aberrantes -como el Oscar Alberto Peláez, un sacedorte que abusó sexualmente de una menor- también serán objetivos.
En su comunicado Blanche fue claro: "Cualquier persona que haya ocultado intencionalmente sus antecedentes penales o se haya presentado con falsedades durante el proceso de naturalización enfrentará todo el peso de la ley".
