El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció acciones legales contra tres personas vinculadas a la empresa Super Micro Computer por contrabando.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos contra tres personas vinculadas a la empresa tecnológica Super Micro Computer por su participación en un esquema de contrabando de chips avanzados de inteligencia artificial (IA) hacia China, en violación de las restricciones de exportación vigentes.
Los acusados fueron identificados como Yih-Shyan ''Wally'' Liaw, cofundador de la compañía y ciudadano estadounidense; Ting-Wei ''Willy'' Sun, contratista taiwanés; y Ruei-Tsang ''Steven'' Chang, también de nacionalidad taiwanesa, quien permanece prófugo. Según la acusación, los tres habrían conspirado para vender miles de millones de dólares en tecnología estadounidense a compradores en China mediante la falsificación de documentos y la manipulación de equipos para evadir controles.
El DOJ sostiene que los implicados trabajaron junto a una empresa del sudeste asiático, denominada ''Company-1'', que actuaba como fachada para adquirir servidores equipados con chips fabricados por Nvidia. Estos productos, altamente demandados en el desarrollo de IA, están sujetos a controles de exportación por motivos de seguridad nacional.
Yin-Shyan Liaw, cofundador de Super Micro Chips, fue imputado por contrabando de micro-chips a China
De acuerdo con las autoridades, Company-1 figuraba como el usuario final de los equipos, pero en realidad los servidores eran reenviados a China tras ser re-empaquetados en cajas sin identificar por una firma logística. Para evitar ser detectados, los acusados habrían utilizado miles de servidores falsos que imitaban a los originales y servían para superar auditorías, mientras los dispositivos reales ya habían sido enviados ilegalmente.
La investigación también detalla métodos rudimentarios utilizados en la operación. Sun, el contratista, habría empleado secadores de pelo para retirar y re-colocar etiquetas y números de serie en los equipos, una práctica que quedó registrada en cámaras de vigilancia.
El DOJ estima que la empresa intermediaria adquirió alrededor de 2.500 millones de dólares en equipos, enviando grandes volúmenes de tecnología de IA controlada hacia China sin contar con las licencias necesarias. Entre abril y mediados de mayo de 2025, se habrían despachado productos por más de 500 millones de dólares.
En un caso paralelo, dos ciudadanos chinos fueron arrestados en agosto de 2025 por exportar ilegalmente chips de Nvidia por valor de millones de dólares. Según la acusación, utilizaron rutas indirectas a través de Malasia y Singapur antes de redirigir los envíos a Hong Kong y China continental, engañando a proveedores sobre el destino final de los productos.
La compañía ''Company-1'' actuaba como fachada para adquirir servidores equipados con chips de Nvidia
Por su parte, Super Micro Computer aseguró que coopera plenamente con la investigación y subrayó que no ha sido imputada en el caso. La empresa confirmó que los acusados estaban vinculados a la firma: Liaw y Chang han sido suspendidos, mientras que Sun ya no mantiene relación contractual. Asimismo, señaló que las conductas descritas contravienen sus políticas internas y los controles de cumplimiento.
Desde Nvidia indicaron que colaboran con autoridades y clientes para garantizar el cumplimiento de las regulaciones, y advirtieron sobre la eficacia de los mecanismos de control para detectar desvíos ilegales.
El caso se produce en medio de un contexto de crecientes tensiones tecnológicas entre Estados Unidos y China. Desde 2022, Washington ha endurecido las restricciones a la exportación de chips avanzados con el objetivo de limitar el desarrollo tecnológico y militar de Pekín en el ámbito de la inteligencia artificial.
El impacto en los mercados fue inmediato: las acciones de Super Micro Computer registraron una caída del 27% en operaciones previas a la apertura, lo que podría traducirse en una pérdida cercana a los 5.000 millones de dólares en valor de mercado.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos estima que se habría adquirido equipamiento valuado en más de 2.500 millones de dólares
