Washington considera aplicar cargos contra Raúl Castro por el caso de ''Hermanos al Rescate'', mientras crece la presión política sobre el régimen cubano.
Estados Unidos está evaluando la posibilidad de presentar cargos formales contra el ex mandatario cubano Raúl Castro, de 94 años, en relación con el derribo de dos aeronaves livianas ocurrido en 1996, un episodio que dejó cuatro personas muertas y que durante décadas ha marcado uno de los puntos más tensos en las relaciones entre Washington y La Habana.
Según funcionarios estadounidenses, la acusación estaría siendo considerada por el Departamento de Justicia y requeriría la aprobación de un gran jurado. El caso se centraría en el derribo de dos aeronaves civiles Cessna operadas por el grupo ''Brothers to the Rescue'', una organización de exiliados cubanos que realizaba vuelos de búsqueda para localizar migrantes perseguidos por la dictadura comunista, que intentaban cruzar el estrecho de Florida en balsas improvisadas.
El 24 de febrero de 1996, las dos avionetas fueron derribadas por un caza MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana, provocando la muerte de los cuatro tripulantes. El hecho generó una condena internacional inmediata y una grave crisis diplomática entre Estados Unidos y Cuba. En aquel momento, el presidente demócrata estadounidense Bill Clinton calificó el ataque como inaceptable y lo condenó en los términos más enérgicos.
Estados Unidos está considerando imputar a Raúl Castro por el derribo de dos aviones de baja envergadura en el año 1996
Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó posteriormente que las aeronaves fueron abatidas fuera del espacio aéreo cubano y que no existía una amenaza inmediata que justificara el uso de la fuerza letal. El documento también señaló que la acción violó normas básicas del derecho internacional al no existir advertencia previa ni intento de interceptación menos agresivo.
La posible imputación contra Raúl Castro reabre un caso que durante décadas ha sido objeto de controversia política y jurídica. Durante los hechos, Fidel Castro era el dictador del país y Raúl Castro ocupaba el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo que lo situaba en la cadena de mando militar responsable de la respuesta aérea cubana.
Estados Unidos ha sostenido históricamente que las decisiones militares del régimen en ese periodo no pueden desvincularse del liderazgo político y militar del país. Bajo esa lógica, la eventual acusación buscaría establecer responsabilidades de mando en una operación que resultó en la muerte de civiles.
Durante la dictadura de Fidel Castro, Raúl Castro estaba al mando de las fuerzas armadas, siendo responsable de manera directa del incidente
Por su parte, el gobierno cubano ha defendido la actuación militar, argumentando que las aeronaves violaron el espacio aéreo nacional y representaban una amenaza potencial. Fidel Castro afirmó en su momento que la orden de interceptación respondía a la necesidad de proteger la soberanía del país frente a incursiones que, según La Habana, podían estar vinculadas a actividades de sabotaje.
Sin embargo, la versión cubana ha sido cuestionada por diversos organismos internacionales. Además del informe de la OEA, múltiples análisis independientes han señalado inconsistencias en la justificación del uso de fuerza letal, especialmente considerando que las avionetas eran civiles y que no estaban armadas. Estas conclusiones han alimentado durante años las críticas hacia la conducta del gobierno cubano en el incidente.
Uno de los implicados indirectamente en el caso, Gerardo Hernández, fue condenado en Estados Unidos por conspiración para asesinato. Las autoridades estadounidenses lo señalaron como miembro de una red de espionaje que habría informado sobre los vuelos de ''Brothers to the Rescue'' a los servicios de inteligencia cubanos. Hernández fue sentenciado a cadena perpetua, aunque fue liberado en 2014 como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países.
Gerardo Hernández fue condenado a prisión perpetua en los Estados Unidos, pero fue luego liberado en un intercambio de prisioneros en 2014
La eventual acción judicial contra Raúl Castro también se enmarca en un contexto de mayor presión política de Washington sobre el gobierno cubano. En los últimos meses, la administración estadounidense ha endurecido su postura hacia La Habana, incluyendo medidas económicas más estrictas y advertencias a terceros países que mantengan comercio energético con la isla.
Estas políticas han contribuido a agravar la ya delicada situación económica de Cuba, que enfrenta escasez de combustible, dificultades de abastecimiento y una prolongada crisis energética. Washington, por su parte, sostiene que la responsabilidad recae en el propio sistema político cubano, al que acusa de limitar las libertades económicas y políticas del país.
El posible procesamiento de Raúl Castro también reaviva el debate sobre la rendición de cuentas en regímenes autoritarios. Durante décadas, el régimen cubano ha sido señalado por concentrar el poder político y militar en un reducido círculo de dirigentes, sin mecanismos independientes y democráticos de supervisión judicial o control institucional.
EL gobierno de Trump ha incrementado de forma exhaustiva la presión contra la dictadura cubana, y planea llevar a Castro a la justicia
El debate político también se ha intensificado en Estados Unidos, especialmente en el estado de Florida, donde sectores del exilio cubano han presionado durante años para que los responsables del incidente sean llevados ante la justicia. Legisladores republicanos han respaldado públicamente la iniciativa, argumentando que se trata de un caso de justicia pendiente desde hace casi tres décadas.
El gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial sobre la posible acusación. En ocasiones anteriores, La Habana ha rechazado este tipo de iniciativas, calificándolas como motivadas políticamente y orientadas a aumentar la presión internacional contra el país.
