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Bajo las regulaciones anteriores, el HUD podía mantener indefinidamente una asistencia de alquiler proporcional para estos hogares, incluso cuando algunos integrantes no eran elegibles. La nueva disposición establece que ese tipo de ayuda tendrá carácter temporal y estará condicionado a que se verifique la situación de todos los miembros de la familia que viven en la vivienda.
Además, cualquier persona que declare ser ciudadana estadounidense deberá presentar documentación apropiada para acreditar su condición. De esta manera, el gobierno busca fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los recursos federales lleguen exclusivamente a quienes tienen derecho a recibirlos.
El HUD señaló que actualmente sus programas habitacionales atienden aproximadamente al 25% de los hogares elegibles que necesitan una vivienda adecuada, una cifra que refleja la fuerte demanda de asistencia y la presión sobre los recursos disponibles.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) finalizó una nueva regulación que exige a los solicitantes y beneficiarios de viviendas financiadas por el gobierno federal demostrar que son ciudadanos estadounidenses o que cuentan con un estatus migratorio legal que los habilita para recibir asistencia. La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, busca cerrar vacíos en los controles de elegibilidad y evitar que personas que no cumplen los requisitos accedan a beneficios financiados por los contribuyentes.
La nueva normativa, anunciada por HUD el pasado martes, establece procedimientos de verificación obligatorios para todos los solicitantes y residentes que reciben asistencia a través de determinados programas habitacionales. La regulación entrará en vigor el 14 de diciembre.
Entre los programas alcanzados se encuentran las viviendas públicas administradas por HUD, los subsidios de alquiler del programa Sección 8, los programas de subvenciones para el desarrollo habitacional y la asistencia para alquileres contemplada en la Sección 236.
El gobierno de Trump presentó una regulación que exigirá demostrar ciudadanía estadounidense o estatus migratorio legal para acceder a viviendas subsidiadas
Uno de los principales objetivos de la disposición es impedir que inmigrantes que no reúnen las condiciones legales para recibir beneficios federales aprovechen la presencia de familiares elegibles para acceder indirectamente a viviendas subsidiadas. Esta práctica se conoce como hogares de estatus migratorio mixto y permite que personas sin derecho a la asistencia compartan una unidad habitacional con ciudadanos estadounidenses u otros residentes que sí cumplen los requisitos.
El Departamento de Vivienda aseguró que bajo gobiernos anteriores se podía mantener asistencia para la vivienda de forma indefinida, hasta para aquellos que no resultaban elegibles
El secretario del HUD, Scott Turner, defendió la decisión y sostuvo que los contribuyentes estadounidenses no deben financiar beneficios destinados a personas que no cumplen los requisitos legales mientras ciudadanos vulnerables esperan durante años para recibir ayuda.
''Es inaceptable que los veteranos estadounidenses sin hogar, las personas discapacitadas, los adultos mayores y las víctimas de violencia doméstica permanezcan en listas de espera mientras inmigrantes ilegales y personas no elegibles defraudan nuestro sistema. Los contribuyentes estadounidenses ya no pagarán la factura'', afirmó Turner en el comunicado oficial.
La decisión también se apoya en una auditoría realizada conjuntamente por el HUD y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que identificó a casi 200.000 residentes de viviendas subsidiadas cuyos registros de elegibilidad estaban incompletos o no permitían determinar con certeza su situación.
El secretario de Vivienda del gobierno de Trump defendió el bolsillo de los contribuyentes frente a un abuso cometido por los inmigrantes ilegales
Trump busca eliminar beneficios para inmigrantes no elegibles
La regulación se enmarca en la orden ejecutiva firmada por Trump en febrero de 2025, titulada ''Poner fin a la financiación de fronteras abiertas con dinero de los contribuyentes''.
La disposición instruyó a los organismos federales a mejorar sus sistemas de verificación para garantizar que los beneficios financiados con fondos públicos no lleguen a extranjeros que ingresaron ilegalmente al país o que permanecen en Estados Unidos sin autorización.
Turner ya había advertido el 29 de agosto, mediante una carta dirigida a las autoridades locales de vivienda, que debían presentar documentación sobre la ciudadanía o el estatus migratorio elegible de los residentes de viviendas financiadas por HUD y de quienes reciben vales de alquiler de la Sección 8. También señaló que las entidades que no cumplan podrían enfrentar medidas de aplicación, incluida la revisión de sus fondos federales.
El presidente estadounidense instruyó a Turner a mejorar los sistemas de verificación de los programas de vivienda asequible
En Estados Unidos, aproximadamente 2.000 autoridades locales administran los vales de la Sección 8, mediante los cuales unos 2,3 millones de hogares reciben asistencia para pagar el alquiler cada año. El acceso a estos beneficios está limitado a ciudadanos estadounidenses y otras personas con presencia legal que cumplan los requisitos establecidos.
Con la nueva regulación, el gobierno de Trump busca reforzar la supervisión del gasto público, cerrar mecanismos que considera vulnerables al fraude y priorizar a los ciudadanos y residentes legalmente habilitados que necesitan asistencia habitacional. La administración sostiene que, ante la elevada demanda y las largas listas de espera, los recursos de los contribuyentes deben destinarse a quienes cumplen las condiciones exigidas por la ley.
