El Gobierno de Trump busca restablecer un programa que permite deportar a inmigrantes a terceros países con garantías contra la persecución y la tortura.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió este jueves a la Corte Suprema que permita nuevamente al gobierno aplicar su programa de deportaciones a terceros países, una herramienta que la administración del presidente Donald Trump considera necesaria para ampliar las alternativas disponibles para ejecutar órdenes de expulsión.
La solicitud busca suspender una decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito que bloqueó las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para enviar a determinados deportados a países que no fueron incluidos originalmente en sus órdenes de remoción. El caso, conocido como DHS v. D.V.D., vuelve así al máximo tribunal en medio de la disputa judicial sobre el alcance de las facultades del gobierno en materia migratoria.
El programa permite que Estados Unidos remueva a una persona hacia un tercer país cuando ese gobierno ofrece garantías diplomáticas de que el deportado no será perseguido ni sometido a tortura. Para la administración Trump, este mecanismo amplía la capacidad de hacer cumplir las órdenes de deportación cuando el país de origen no recibe al individuo o existen dificultades para concretar su traslado directamente.
El gobierno de Trump le pidió a la Corte Suprema que le permita reanudar las deportaciones de inmigrantes ilegales y criminales a terceros países
El gobierno republicano ya consiguió respaldo de la Corte Suprema en dos oportunidades anteriores relacionadas con este programa, ambas mediante el denominado expediente de emergencia. Ahora, el Departamento de Justicia busca que el máximo tribunal vuelva a intervenir para impedir que la decisión del Primer Circuito paralice la política mientras continúa el litigio.
La presentación fue dirigida formalmente a la jueza demócrata Ketanji Brown Jackson, quien tiene asignada la supervisión de las solicitudes de emergencia provenientes del Primer Circuito. Sin embargo, el procurador general de Estados Unidos, John Sauer, solicitó que Jackson remita el pedido al pleno de la Corte si considera que no corresponde suspender individualmente la decisión del tribunal inferior.
La estrategia tiene relevancia porque Jackson votó contra el gobierno en las dos ocasiones anteriores en las que el programa llegó a la Corte Suprema. Una consideración por parte de los nueve jueces permitiría que la nueva solicitud sea evaluada por todo el tribunal y no únicamente por la magistrada responsable de las apelaciones de emergencia de esa jurisdicción.
El procurador general de los Estados Unidos pidió a la jueza demócrata Ketanji Brown Jackson que remita el caso elevado por el Primer Circuito al pleno de la corte
La administración Trump ha convertido la ampliación de las deportaciones y el fortalecimiento de la aplicación de las leyes migratorias en uno de los ejes de su política migratoria. Dentro de esa estrategia, la posibilidad de recurrir a terceros países ofrece a las autoridades una alternativa adicional para ejecutar órdenes de remoción cuando el traslado al país de origen resulta complicado.
El nuevo pedido ante la Corte Suprema pretende mantener disponible esa herramienta mientras se resuelve definitivamente la disputa legal. La intervención del máximo tribunal será determinante para establecer si el gobierno puede continuar utilizando las garantías diplomáticas para trasladar deportados a terceros países durante el desarrollo del proceso judicial.
