El presidente Donald Trumprescindirá 810 millones de dólares en fondos federales aprobados por el Congreso que iban a ser destinados a programas relacionados con inmigrantes indocumentados e iniciativas centradas en la raza. Lo hará utilizando una maniobra presupuestaria conocida como "rescisión de bolsillo" (pocket rescission).
La medida fue informada este viernes por el New York Post, y el proceso es más o menos así: una rescisión es la cancelación de dinero que el Congreso ya ha asignado pero que aún no se ha gastado, y de acuerdo a la Ley de Control de Incautaciones de 1974, el presidente puede solicitar esta medida. Pero si el Congreso -que tiene 45 días de sesión continua para actuar sobre la solicitud- no la aprueba, entonces los fondos deben ser gastados.
No obstante, la táctica utilizada por el gobierno de Trump se centra en explotar un vacío legal temporal de esta ley del 74 y solicitar a propósito la rescisión cuando quedan menos de 45 días para finalizar el año fiscal. De esta forma, el Congreso no tiene los 45 días completos para debatir antes de que acabe el año fiscal, por lo que los fondos caducan y se cancelan de forma permanente. Con esta congelación, se evita que el dinero sea gastado en estos programas zurdos.
Hasta el momento, ningún tribunal judicial se ha pronunciado definitivamente sobre la legalidad de esta maniobra, conocida popularmente como Rescisión de Bolsillo (Pocket Rescission). Trump ya ha empleado esta estrategia en agosto de 2025 para congelar unos 4.900 millones de dólares en fondos de ayuda exterior, con la Casa Blanca describiendo la medida como el primer uso del mecanismo en casi 50 años.
La movida fue impugnada el año pasado en los tribunales, pero la Corte Supremapermitió que el gobierno trumpista continuara reteniendo los fondos mientras avanzaba el litigio. Al final, el alto tribunal no resolvió si la cuestión de fondo era ilícita o no.
Trump ha aplicado reglas aún más estrictas en temas migratorios. El 18 de septiembre, por ejemplo, extendió por otro año las restricciones a los trabajadores no inmigrantes H-1B, exigiéndole a los empleadores que buscan traer a ciertos trabajadores al país realizar un pago de 100.000 dólares basándose en el argumento de que el programa había sido explotado para reemplazar a los trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera barata.
También, el gobierno estableció este mes una mayor discrecionalidad para que los oficiales de inmigración determinen si es probable que ciertos solicitantes se conviertan en una "carga pública" para el gobierno estadounidense y soliciten beneficios gubernamentales una vez estando en territorio norteamericano. La regla busca que los solicitantes sean autosuficientes y que no emigren en busca de subsidios.
Trump explota un vacío legal para evitar que el Congreso malgaste los fondos federales en iniciativas que no valen la pena.
