La administración del presidente Donald Trump obtuvo una nueva victoria judicial el jueves, después de que un tribunal federal rechazara el intento de la congresista demócrata LaMonica McIver de evitar un proceso penal por su participación en un enfrentamiento físico con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva Jersey. La decisión representa otro revés para la legisladora progresista, que podría enfrentar cargos relacionados con una confrontación ocurrida en un centro de detención migratoria en 2025.
El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos denegó la solicitud de McIver para que se reconsiderara el fallo emitido en agosto de 2026, que permitió que al menos dos de los tres cargos en su contra continuaran adelante. La resolución del jueves mantiene vigente esa determinación y debilita los esfuerzos de la congresista por utilizar su inmunidad legislativa para eludir responsabilidades penales.
McIver, representante demócrata por Nueva Jersey, había argumentado que sus acciones durante el incidente estaban protegidas por la Cláusula de Discurso o Debate de la Constitución estadounidense, que otorga determinadas protecciones a los integrantes del Congreso para que puedan desempeñar sus funciones legislativas sin interferencias indebidas del Poder Ejecutivo.
La justicia estadounidense negó los argumentos de una diputada demócrata acusada de agredir a agentes migratorios
Sin embargo, un panel de tres jueces rechazó ese argumento en una votación dividida de dos contra uno. Los magistrados concluyeron que las conductas que se le atribuyen no estaban relacionadas con el proceso legislativo ni podían quedar amparadas por las protecciones constitucionales reservadas a las actividades parlamentarias.
La legisladora socialista reaccionó con fuertes críticas contra el presidente Trump y el Departamento de Justicia, al que acusó de utilizar el sistema judicial con fines políticos.
''Donald Trump continúa enviando advertencias a los demócratas en el Congreso y a todos los niveles del poder, pero el caso que están construyendo contra mí va mucho más allá de una advertencia. Debido a un Departamento de Justicia convertido en un arma política y a que me atreví a hacer mi trabajo y supervisar al ICE, enfrento 17 años de prisión'', afirmó en un comunicado.
También calificó la decisión como decepcionante y aseguró que ella y sus abogados están evaluando todas las alternativas legales disponibles.
El caso se remonta a mayo de 2025, cuando un grupo de funcionarios demócratas realizó una visita sin previo aviso al centro de detención migratoria Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey. Lo que comenzó como una inspección terminó en un enfrentamiento entre legisladores y agentes federales, en medio de las tensiones por las operaciones migratorias del gobierno de Trump.
El episodio también derivó en el arresto del alcalde de Newark, Ras Baraka, quien había participado en la visita.
El alcalde demócrata de Newark, Nueva Jersey, fue arrestado durante los enfrentamientos de McIver y las fuerzas de seguridad
McIver fue imputada por tres cargos, entre ellos agresión y obstrucción de agentes federales. Según los documentos judiciales, la congresista habría golpeado con el antebrazo a un agente que intentaba detener a Baraka. En otro episodio, presuntamente utilizó ambos antebrazos para golpear a un funcionario cuando regresaba al interior del área de acceso restringido de Delaney Hall.
Al analizar el primer cargo, el tribunal coincidió con la decisión de una instancia inferior y determinó que la intervención de McIver durante el arresto del alcalde no tenía una conexión reconocible con ninguna función legislativa protegida constitucionalmente.
Respecto del segundo cargo, los jueces sostuvieron que empujar a otras personas y golpearlas de manera deliberada tampoco constituye una actividad vinculada al proceso legislativo.
''Al igual que los actos imputados en el primer cargo, las acciones de abrirse paso por la fuerza y golpear a alguien son inequívocamente ajenas a la actividad legislativa'', escribieron los dos magistrados que respaldaron la decisión.
La decisión de la justicia representó una nueva victoria en los tribunales para el gobierno de Donald Trump
El juez Thomas Ambro expresó su desacuerdo y defendió la posición de McIver. En su opinión disidente, sostuvo que impedir el acceso de una legisladora a una instalación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede obstaculizar una inspección de supervisión parlamentaria. No obstante, esa postura no logró modificar el resultado del fallo.
El enfrentamiento legal todavía podría llegar a la Corte Suprema si McIver decide continuar impugnando los cargos. Mientras tanto, la congresista deberá afrontar las consecuencias de un proceso que vuelve a colocar bajo escrutinio los límites de la supervisión legislativa sobre las operaciones migratorias federales.