La desregulación laboral de Grecia se contrapone con la reforma socialista del Gobierno español, que avanza en dirección opuesta. España volvió a liderar la tasa de desocupación y caída de actividad sobre los países de la OCDE. 

Mientras el gobierno de Kyriakos Mitsotakis impulsó una reforma laboral integral sobre la economía griega en mayo de 2021, la administración socialista de Pedro Sánchez hizo lo propio en España pero en una dirección diametralmente opuesta.

Los dos países, que tienen en común haber tenido una de sus peores crisis entre 2009 y 2013, eligieron dos caminos completamente opuestos para salir de sus problemas económicos, y las diferencias están a la vista más de 10 años después.

La mayor desregulación laboral en Grecia permitió aceitar la creación de puestos de trabajo formales en el sector privado, dinamizar la reactivación de la actividad económica y permitir que la desocupación cayera casi 5 puntos porcentuales desde el lanzamiento de la reforma. 

El desempleo griego representó el 10,8% de la población activa al término de enero de 2023, el resultado más bajo observado desde diciembre del año 2009.

Por el contrario, el socialismo español logró la aprobación de una contra-reforma laboral para desarticular parcialmente los avances concretados por las flexibilizaciones lanzadas a partir de 2012. Como cabría de esperar, las políticas opuestas produjeron resultados muy diferentes. 

La tasa de desocupación española ascendió al 13% de la población activa en el mes de enero, acumulando así un aumento de 0,4 puntos porcentuales desde el lanzamiento del nuevo régimen laboral. La caída del desempleo se paralizó completamente a partir de mayo del año pasado, y desde entonces no hace más que aumentar. 

Se registraron un total de 2,9 millones de personas desempleadas en España, y su relación con respecto a la población activa ya es la más elevada de todos los países que conforman la OCDE.

La reforma socialista está cosechando los peores resultados de las economías desarrolladas. De los 38 países que integran la OCDE, 12 de los mismos registran niveles de desempleo relativamente estables y 7 observan una situación cercana al pleno empleo (entre ellos Canadá, Estados Unidos y Alemania). 

España parece demostrar una excepción a la regla, y se perfila como una de las pocas economías que no solo registra un aumento paulatino del desempleo, sino que además tampoco logró recuperar el nivel de actividad previo al shock por la pandemia. 

La OCDE registró un total de 33,2 millones de personas sin trabajo, pero a pesar de tener una población poco significativa en comparación al total, España ocupó el tercer lugar en cantidad bruta de personas sin empleo, solo por detrás de Estados Unidos (con una población de 332 millones de personas) y Turquía (que supera los 84 millones de habitantes).

La población española representa hasta el 4,57% del total de los países de la organización, y al mismo tiempo se reserva hasta el 9,21% del total de los desocupados, casi duplicando su participación demográfica relativa. Antes de la reforma socialista del presidente Sánchez, los desocupados españoles representaban hasta el 8,37% del total de la OCDE en 2021.

La tasa de desocupación cayó al 10,8% en enero de este año, conformando así la cifra más baja desde noviembre de 2009. La reforma laboral de Mitsotakis facilitó la contratación formal y facilita la reactivación económica. 

El mercado laboral de Grecia respondió favorablemente a la reforma laboral del ministro Kyriakos Mitsotakis, lanzada en mayo de 2021. Desde entonces, las mismas tasas de crecimiento en el PBI se tradujeron en aumentos cada vez mayores en el crecimiento del empleo y la disminución de la desocupación.

La Autoridad Estadística Helénica confirmó que la tasa de desocupación cayó al 10,8% en enero de 2023, por lo que cosecha una fuerte baja de 4,8 puntos porcentuales desde la puesta en marcha de la nueva legislación laboral. Asimismo, el desempleo cayó 6,7 puntos porcentuales desde la llegada de la derecha al poder en julio de 2019. 

La tasa de desocupación es oficialmente la más baja desde noviembre de 2009, y las proyecciones para fin de año sugieren que Grecia arribará a un solo dígito de desempleo por primera vez en 15 años. No se veía una situación similar desde antes del shock provocado por la Gran Recesión Internacional de 2008 y la crisis inmobiliaria desarrollada en ese país. 

El empleo en la población menor a 25 años fue uno de los más significativamente beneficiados por la desregulación laboral. El desempleo juvenil representó el 28,9% en diciembre del año pasado, mientras que antes de la reforma superaba el 36%. El indicador sobre este segmento etario marca la cifra más reducida desde 2010.

La tasa de ocupación creció del 57,2% de la población de referencia en el segundo trimestre de 2021 al 60,65% en el tercer trimestre del año pasado. El salto en la cantidad de ocupados sobrecompensó el incremento de la actividad económica, lo cual es evidencia del mayor peso de la intensidad del trabajo en la producción. En años anteriores, la economía se inclinó por actividades capital-intensivas debido a las dificultades en la contratación. 

La ocupación no solo se recuperó completamente del impacto por la pandemia, sino que registró los niveles más elevados desde el cuarto trimestre de 2008. Las vacantes laborales del país crecieron un 99,68% desde el segundo trimestre de 2021, y llegaron a las 24.324 en septiembre del año pasado. 

La reforma laboral incluyó la creación de nuevas modalidades de trabajo más flexibles para favorecer la contratación focalizada, como el nuevo marco legal para el teletrabajo. También se determinó una rebaja de cargas sociales: pasaron del 24,81% al 22,54% desde 2021 para las empresas, y del 15,75% al 14,12% sobre la nómina salarial de los trabajadores.

También se impulsó una mayor descentralización de las negociaciones laborales. Los cambios permiten a los trabajadores negociar con sus empleadores jornadas extendidas si así desean hacerlo, y el límite legal aumenta de 8 a 10 horas pero sin aumentar el límite semanal fijado en 40 horas.

Se contrató la asesoría de Bank of America, JP Morgan Stanley y el Deutsche Bank para la privatización aeroportuaria más importante del país. La operación podría significar una acreencia valuada en hasta 1.000 millones de euros.

El Gobierno de Kyriakos Mitsotakis anunció la contratación de la asesoría del Bank of America, JP Morgan Stanley y el Deutsche Bank para poder valuar la participación accionaria del 30% del Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos (también conocido como aeropuerto de Atenas). 

La valuación constituye el paso previo indispensable para la privatización del aeropuerto más importante del país. Con la venta de la participación del 30% de la institución, el Estado griego se desprendería de sus tenencias para dar paso a la iniciativa privada.

La reapertura de la economía y la fuerte reactivación de la actividad económica son factores que despiertan el apetito inversor en Grecia. El aeropuerto de Atenas registró un alza del 7,7% en la cantidad de vuelos realizados durante el año 2022, y se consolidó como uno de los 40 aeropuertos europeos que logró superar la cantidad de pasajeros transportados con respecto al 2019.

Se estima que cerca del 40% del paquete accionario del aeropuerto ya está en manos de AviAlliance, una firma internacional gestora de aeropuertos con sede en Düsseldorf, y comúnmente conocida por adquirir participaciones en aeropuertos privatizados en todo el mundo. Hasta ahora, existe un acuerdo tentativo para elevar la participación de AviAlliance hasta el 50%.

El Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helénica (HRADF) estima que la primera oferta pública para la venta del aeropuerto podría llevarse a cabo en el primer semestre de 2023. La asesoría de las firmas financieras contratadas sugiere que la venta del 30% del paquete accionario del aeropuerto le significaría una acreencia al Estado griego de entre 800 y hasta 1.000 millones de euros.

Los ingresos por privatizaciones son comúnmente utilizados para cancelar pagos por única vez, como por ejemplo los vencimientos del capital de la deuda externa. La disciplina fiscal de Grecia permitió la exitosa cancelación de la totalidad de la deuda con el FMI en abril del año pasado, así como una sustancial reducción del stock bruto con otros acreedores.

Solamente en lo que va de la gestión del Gobierno de la derecha griega, el stock total de la deuda pública se redujo en 8 puntos porcentuales del PBI, principalmente por el ordenamiento fiscal y los ingresos de las privatizaciones. 

El déficit fiscal consolidado de Grecia volvió a reducirse en el tercer trimestre del año pasado y representó el 2,08% del PBI. Se acumuló un ajuste de casi 10,5 puntos del producto desde el primer trimestre de 2021. El mayor ordenamiento de las finanzas públicas permite trazar un sendero previsible para las empresas y los inversores internacionales en Grecia. 

Con el programa económico del ministro Mitsotakis, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un ajuste del gasto público por el 4,22% del PBI para 2023, y el arribo de un superávit primario equivalente al 0,88% del producto.