Las reformas laborales implementadas en Grecia desde 2021 y España a mediados del año pasado avanzaron en direcciones opuestas, y en consecuencia los resultados también fueron dispares. La creación de empleo en la economía española se estanca en comparación al dinamismo de la economía helena.

Desde mediados del año 2012 fue muy común observar que la tasa de desocupación de España fuese sistemáticamente menor a la que sufría la economía griega. Por aquel entonces el Gobierno del Partido Popular llevó adelante una reforma laboral que flexibilizó enormemente la legislación, mientras que los sucesivos Gobiernos socialdemócratas en Grecia se caracterizaron por trabajar en contra del empleo.

Pero esta tendencia de los últimos años parece haber llegado a su fin. Entre mayo y junio de 2021 el Gobierno del derechista Kyriakos Mitsotakis implementó una ambiciosa reforma para la flexibilización laboral, incluyendo el lanzamiento de modalidades de contratación más flexibles y menores cargas patronales sobre las empresas.

El Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez en España hizo todo lo contrario, logró la aprobación de una reforma laboral a mediados de 2022, con el objetivo de endurecer más las regulaciones laborales y anular los postulados de la reforma de Rajoy 10 años atrás.

Y si bien la nueva legislación española mantuvo la mayor parte del organigrama anterior, se incluyeron algunas cláusulas muy distorsivas como por ejemplo la eliminación de los límites por ultra-actividad de convenios colectivos y la eliminación de algunas modalidades de contratación temporal habilitadas, entre otros cambios.

Con todo esto, la tasa de desocupación de España se estancó en el 12% de la población económicamente activa de referencia en septiembre, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). El desempleo llegaba al 12,7% al momento del lanzamiento de la reforma, con lo cual no se registró ninguna mejora significativa pese a las promesas del oficialismo.

Desde el punto de vista de Grecia la desocupación retrocedió al 9,9% al término del mes de octubre, oficialmente el primer registro por debajo de los dos dígitos en los últimos 14 años. El desempleo superaba el 15% antes del lanzamiento de la nueva legislación laboral, retrocedió 5 puntos porcentuales desde entonces.

El desempleo de la economía griega acumula un total de 20 meses situándose por debajo del indicador homólogo en España. Grecia se encamina a normalizar la situación laboral  del país después del shock violento que representó la Gran Recesión internacional, pero España aún se encuentra muy lejos de poder aspirar a aquel 8% de desocupación que registraba antes de la crisis.

Las mayores rigideces nominales en el mercado laboral suponen un gran problema para el crecimiento a largo plazo. Impiden la eficiente adaptación de shocks exógenos (como por ejemplo lo fue la pandemia en 2020), y más aún para países que delegaron su política monetaria en una entidad supranacional como es el caso de España y Grecia.

Cuanto más severas sean las rigideces de la legislación laboral, más difícil será el ajuste por la vía de los precios (en este caso los salarios), y más grande será el ajuste que se traslada por la vía de las cantidades (la cantidad de personas sin trabajo).

La cantidad de personas bajo el umbral de “riesgo de pobreza” alcanzó al 26,3% de la población al término del año 2022, la misma cifra que ocupó Grecia, y solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. La pobreza en términos de poder de compra de energía casi se duplicó desde que Sánchez llegó al poder en 2018.

La economía española demuestra un dinamismo cada vez más bajo y rezagado con respecto al promedio de la Unión Europea. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez introdujo reformas que desalientan el crecimiento económico y la generación de empleo, entre ellas la reforma tributaria de 2020 y la reforma laboral sancionada durante el año pasado.

La cantidad de personas en “riesgo de pobreza” alcanzó al 26,3% de la población en 2022, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España. Se llegó a un récord de hasta el 27,6% en 2021, principalmente impulsado por el incremento de la tasa de inflación a niveles anormales.

El riesgo de pobreza sigue siendo aún más elevado que el 26,1% que heredó la administración socialista en 2018, y acumuló una suba sustancial con respecto al 25,3% del año 2019. De esta manera, España se convirtió en el tercer país más empobrecido de Europa junto con Grecia (que registró la misma cifra en 2022), y solo por detrás de Rumanía (34,4%) y Bulgaria (32,2%).

La distribución del riesgo de pobreza no es uniforme en toda España. En las islas Canarias el riesgo de pobreza llegó al 36,3%, en la Comunidad de Andalucía alcanzó al 36% de la población, en Extremadura llegó al 35,9%, Castilla-La Mancha registró un 32%, en Murcia el riesgo superó el 31%, mientras que en la Comunidad Valenciana superó cómodamente el 27%.

Se debe tener en cuenta que se entiende por “riesgo de pobreza” a una métrica que mide cuántas personas tienen ingresos bajos (atado a un determinado umbral que fija el INE) con respecto al ingreso promedio de la población, con lo cual es una medida de pobreza relativa (desigualdad) o no pobreza absoluta.

Pero aún así, la pobreza absoluta también aumentó en la España de Pedro Sánchez. El 22,1% de la población española experimentó dificultades para llegar a fin de mes con su salario en 2022, ligeramente por encima del 21,6% registrado en 2021. Por otra parte, el 8,7% de la población sufrió dificultades económicas severas al término del año pasado, cuando este umbral no supera el 7,9% en 2019.

La pobreza en términos de poder de compra de energía se disparó brutalmente tras el shock de precios internacionales provocado por la Guerra de Ucrania, la inflación desatada por el Banco Central Europeo, y la disfuncional política energética de Pedro Sánchez que encarece tanto los costos mayoristas como las tarifas públicas que perciben los consumidores.

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE reveló que el 17,7% de los hogares españoles no se pueden permitir mantener una temperatura adecuada en invierno, una medida de “pobreza energética”. 

Sánchez asumió la dirección del país en 2018 cuando la pobreza energética sólo alcanzaba al 9,6% de la población, casi se duplicó en 5 años de gestión. Escaló al 11,1% en 2020 y al 15,2% en 2021, todo esto antes de que se desatara la guerra entre Rusia y Ucrania.

El Tribunal Constitucional declaró nulo el último presupuesto del gobierno de Scholz debido a que se excede el limite de deuda. El líder socialdemócrata ahora presionó a sus aliados liberales para pasar una ley que modifique la Constitución.

En la última semana y media reinó un clima de caos político total en Alemania, luego de que la Justicia declare inconstitucional el uso de 60 mil millones de euros del presupuesto para la agenda climática, ya que excede el límite de deuda. La decisión jurídica desató una crisis presupuestaria, obligando al gobierno a congelar todos los gastos federales y poniendo al borde del colapso a la coalición que lidera el socialista Olaf Scholz.

Cabe recordar que el actual gobierno alemán se compone de una coalición entre socialdemócratas, miembros del Partido Verde, y liberales progresistas del partido FDP. Los continuos roces entre la agenda socialista y liberal de los partidos gobernantes han llevado a un estallido presupuestario.

Tras ceder en la negociación interna y contradiciendo sus declaraciones iniciales sobre “acostumbrarse a gastar menos y ser más eficientes“, ahora el ministro de finanzas Christian Lindner, perteneciente al liberal FDP, anunció que el próximo miércoles presentará en el Parlamento un presupuesto suplementario para el 2023.

El nuevo presupuesto de Lindner incluirá la suspensión al freno de deuda, o Schuldenbremse, una regla fiscal agregada a la Constitución en 2009, luego de la crisis financiera internacional, que buscaba restringir el déficit presupuestario estructural a nivel federal al 0,35% del PBI, limitando así la emisión de deuda pública.

Lindner, principal figura del partido liberal FDP dentro del gobierno, comunicó a los medios que el proyecto de presupuesto ha sido consensuado con el canciller Olaf Scholz, del partido socialdemócrata SPD, y el vicecanciller y ministro de economía Robert Habeck, del partido ambientalista de Los Verdes y principal impulsor de esta medida.

La aprobación en el Parlamento será clave para mostrar la estabilidad o el fin de una coalición tripartita que, desde su asunción en 2021, ha tenido variadas divisiones internas y ha sido criticada por la opinión pública. Las próximas elecciones federales son en 2025 y hasta ahora las encuestas de opinión indicarían un cambio en el gobierno.

El partido de derecha Alternativa para Alemania, AfD por sus siglas en alemán, con una agenda anti inmigratoria y de derecha, ha sido la formación política que más ha crecido en el último año.

Propiciado por el estancamiento económico, los altos precios en la energía y un creciente descontento con el abordaje de la cuestión inmigratoria, el partido pasó de una participación marginal en el Parlamento a medir más de 20 puntos en la reconocida encuesta de DeutschlandTrend, colocándose en segundo lugar tras los democristianos, y a ganar sus primeros gobiernos locales.

Son los altos precios de la electricidad y el gas uno de los motivos por los cuales el gobierno buscará abandonar la disciplina fiscal de la que Alemania es paladín. “Ahora hay claridad jurídica sobre cómo debemos abordar los fondos especiales y los préstamos de emergencia“, dijo el ministro de Finanzas Lindner quien fue la principal persona detrás de la recolocación de los fondos en contra de la cuál falló el Tribunal Constitucional alemán.

El presupuesto presentará una excepción al “freno de la deuda” que había sido suspendido por primera vez entre 2020 y 2022 por la crisis del COVID-19 pero que se suponía volvería a aplicarse este año. Las negociaciones para el presupuesto 2024 todavía están demoradas y lo más probable es que el gobierno no alcance a aprobarlo antes de que termine el año. Esta incertidumbre ha interrumpido todas las licitaciones y negociaciones gubernamentales que involucren gastos planeados para el año que viene.

En el medio de este desajuste fiscal se encuentra el fondo especial de 100 mil millones de euros para la modernización de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa dijo que los fondos del proyecto aprobado en 2022, para le cuál ya se han realizado varios desembolsos, están “exentos del congelamiento presupuestario”.

A pesar de esto, compañías alemanas contratistas de defensa todavía no están seguras de que esto sea así. Las dudas están puestas sobre todo en 20 mil millones de euros incluidos en proyectos de largo plazo cuya financiación requiere autorización gubernamental.

La crisis podría perjudicar a la economía europea en general, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París. “Si hay menos inversión y gasto en Alemania en los próximos años por la menor disponibilidad de dinero, habrá inevitablemente un impacto en la economía de la UE“, dijo a Reuters el jefe de la oficina de Alemania de la OCDE, Robert Grundke.

El sector siderúrgico alemán sumó su voz al creciente nerviosismo, advirtiendo que el fallo judicial habría puesto en duda más de 40.000 millones de euros en inversiones previstas. Estos comentarios resaltan una gran incertidumbre entre las empresas industriales de Alemania, que ya están luchando con una inflación y tasas de interés altas y miran cada vez más hacia mercados más favorables como Estados Unidos.

Con información de Radar Internacional (https://radarint.com)