La primera ministra Mette Frederiksen anunció un plan de integración cultural forzosa, donde se llevará a los inmigrantes africanos y árabes a zonas densamente pobladas por ciudadanos daneses.

El gobierno de Dinamarca anunció el pasado 19 de julio la demolición de varios guetos de inmigrantes ilegales y trasladar a los residentes a otros lugares en un intento por acabar con las “sociedades paralelas” que han llevado a una alta tasa de criminalidad en el país, notable en los últimos años, desde la crisis migratoria de 2015 en adelante.

“Las áreas habitacionales cuentan con más de mil residentes, de los cuales más del 50% tienen nacionalidad o herencia no occidental”, informó el gobierno de Mette Frederiksen, que a pesar de pertenecer al izquierdista Partido Social Demócrata, se ha visto forzada a actuar en contra de la crisis migratoria.

Si bien en el comunicado no se especificó su procedencia, los guetos mencionados tienen una amplia mayores de inmigrantes africanos y árabes, especialmente de Libia y Siria. Según el gobierno, estas personas no se han integrado con la cultura danesa, están desempleadas desde su llegada al país, viven a base de planes sociales del Estado, tienen un bajo nivel de educación, ya que se niegan a ir a escuelas laicas, y muchos tienen condenas penales.

La medida, denominada “gran experimento de vivienda“, está basada en las políticas de desegregación que se aplicaron en Estados Unidos en la década del 70. Medidas gubernamentales como el busing fueron altamente criticadas en su momento pero fueron exitosas en forzar la cultura americana y la nacionalidad estadounidense en comunidades que llevaban segregadas por casi dos siglos.

El objetivo del gobierno es el mismo, y si bien ha iniciado deportaciones de muchos inmigrantes ilegales sirios, su horizonte es asimilarlos completamente en la cultura danesa. Para esto se harán desalojos forzosos y se transportarán a estas personas a barrios con altas densidades de daneses, para formar comunidades más mixtas, aunque con un límite de no más del 30% de personas de origen no occidental por ciudad o pueblo.

En el gueto de Gellerupparken, por ejemplo, se demolerán más de 1.000 casas, y unos 5.000 residentes deberán ser reubicados, en Mjølnerparken, casi 11.000 personas serán reubicadas en otras partes del país.

Muchos de estos guetos se habían convertido en “Zonas Prohibidas” (“No-Go-Zones“), llamados así porque la policía le había informado al gobierno alrededor del 2018 que ya no tenía más el control de estos barrios y se negaba a entrar si apoyo militar.

En aquél momento, el moderado Lars Rasmussen, ideólogo de la ola migratoria que ahora están padeciendo los daneses, había ordenado una política similar, y el país escandinavo logró reducir el número de guetos de 22 en 2018 a 15 en 2020. 

El costo neto de la inmigración “no occidental” a Dinamarca fue estimada por el Ministerio de Hacienda en unos 5.000 millones de dólares al año, considerando los gastos sociales, de salud y de servicios que el Estado tiene que afrontar por su presencia, para una comunidad que tan solo tiene el 15% de sus miembros trabajando en blanco.

“La cifra se basa en el gasto estatal en servicios públicos relacionados con la inmigración y los beneficios sociales que reciben los inmigrantes, incluido el gasto en salud, cuidado de niños, educación y cultura”, informó el reporte de Hacienda.

Es importante destacar que el dato no factoriza el hecho que la presencia de estos inmigrantes ilegales eleva la tasa de criminalidad, y el gobierno se ha visto obligado a expandir considerablemente su gasto en seguridad, por lo que el costo total de la crisis migratoria es incluso mayor.

Más allá de las posibles críticas que lleguen a recibir de los países miembros de la Union Europea, Dinamarca demuestra que hasta el gobierno más izquierdista puede hacer lo correcto cuando la situación se vuelve crítica, y no le temblará el pulso para seguir aplicando su política de control migratorio.

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Por Alfonso Lorenzo de Olmos, para La Derecha Diario.

Dos terroristas sirios residentes en Dinamarca ligados al ISIS fueron detenidos con todos los materiales necesarios para producir explosivos.

Dos terroristas que vivían en Dinamarca y con vínculos con el Estado Islámico (ISIS) fueron detenidos por planificar un atentado terrorista con explosivos en el Tour de France, la carrera de ciclismo más importante del mundo, que se iba a celebrar en julio.

Los dos hombres, de 23 años, eran oriundos de Siria y fueron allanados por la Policía danesa en su departamento, donde se los encontró con los materiales necesarios para hacer una bomba TATP, también conocida como “Madre de Satán”.

Esta bomba usa peróxido de hidrógeno, líquido para encendedores, ácido de batería y acetona, para crear un tipo de explosivo caracterizado por su alta inestabilidad y que ha sido usada en los ataques terroristas del 7/7 del 2005 en Londres, Inglaterra.

El arresto se realizó el mes pasado, y ahora la Corte de Copenhague ratificó la sentencia, presentando como pruebas los materiales que tenían en posesión y los vínculos de los acusados con ISIS, descubiertos a través de sus redes sociales y sus historiales de internet.

Los terroristas tuvieron de cómplice a una mujer de 40 años, que fue declarada inocente en el cargo de planificación de atentado pero se le adjudicó la culpabilidad de financiarlos sin dolo.

Sobre la mujer recayó un cargo de financiamiento al terrorismo, por un envío de 1.000 dólares estadounidenses al Estado Islámico en Siria.

Ella se justificó afirmando que simplemente le envió dinero a una fundación que pedía donaciones caritativas para musulmanes con carencias económicas en Europa, y que se vio influenciada por un supuesto video que vio en Facebook. La fundación no existe y la mujer fue engañada en la financiación del terrorismo.

Los agentes de seguridad no pudieron determinar en qué puntos precisos de la carrera pensaban posicionar las bombas, aunque se sabe que sería en una de las zonas del comienzo de la carrera, que arranca en Copenhague del 1ro al 3 de julio y terminará en París el 24 de julio.

Lo que también se descubrió en el juicio fue que estos dos hombres ya habían cometido un atentado en Dinamarca, cuando incendiaron en llamas un colectivo en la ciudad de Amager.

Por este delito no habían sido arrestados, y se demostró una enorme falencia en las políticas de seguridad del país nórdico, que sigue pagando con sangre la ola migratoria que aceptó entre 2015 y 2020.

Se aprobó por unanimidad un paquete de medidas en favor del aumento del gasto militar, subiéndolo hasta el 2% del PBI como recomienda la OTAN, e incluso pidiendo a Estados Unidos que establezca bases militares en Dinamarca

Los principales partidos de Dinamarca, desde la izquierda hasta la derecha llegaron a un amplio consenso y firmaron esta semana un acuerdo que estipula serios avances en materia militar y de Defensa, además de ciertas consideraciones respecto a la guerra ruso-ucraniana.

“El mundo ha cambiado en los últimos diez días. Hay una Europa distinta después del 24 de febrero“, dijo Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, en la presentación del paquete de medidas.

En el acuerdo, se estipula, con un plazo máximo hasta 2033, un incremento del gasto militar hasta el 2% del PBI, como recomienda la OTAN, y como exigió en varias ocasiones el ex presidente norteamericano Donald Trump, sin lograr ser oído por sus socios europeos que lo tildaban de “violento,” a pesar de sus esfuerzos en favor de la paz global.

Adicionalmente a esta suba del presupuesto de Defensa, se aprobó un extra de 1.000 millones de dólares para gastar de manera inmediata destinados a gastos relacionados con la ayuda humanitaria y esfuerzos diplomáticos.

A su vez, se acordó celebrar el 1ro de junio de este año un referéndum sobre si Dinamarca debe acceder al PCSD (Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea), el tratado del bloque comunitario para el desarrollo y adquisición de capacidades militares cooperativas.

Inclusive, Mette Frederiksen afirmó que el gobierno danés entabla actualmente conversaciones con las autoridades de Estados Unidos en las que intenta establecer un nuevo acuerdo de defensa y cooperación bilateral, con la posibilidad del despliegue de tropas norteamericanas en territorio nacional.

Por otro lado, en este paquetazo de leyes aprobadas por unanimidad hay otras vinculadas al conflicto Rusia-Ucrania, en las que se acordó eliminarán todas las importaciones de gas ruso a efecto inmediato, como una medida para sumarse al bloque occidental en esta disputa geopolítica contra Rusia.

Frederiksen, líder del Partido Socialdemócrata, y que siempre había tenido un discurso pacifista, esta vez no dudó en mostrarse a favor de Ucrania desde el estallido de la guerra, incluso participando en una manifestación frente a la embajada rusa en Copenhague, capital danesa, en la que dio un discurso alentando a sus conciudadanos a ir al campo de batalla a pelear junto al Ejército ucraniano.

Con esta posición tomada, los partidos firmantes del acuerdo coincidieron en el comienzo de una búsqueda de exención legal para permitir a los refugiados ucranianos ser exentos de la Ley de Joyería, haciendo que no sean considerados como refugiados legalmente y evitando que sean afectados por la controversial ley.

La Ley de Joyería, aprobada en 2016, antes de la asunción de Frederiksen en 2019, estipula que las autoridades nacionales puedan requisar dinero y objetos de valor de los refugiados que soliciten asilo en el país, con la finalidad de usar estos bienes económicos para financiar los costos de su asilo.

Esta legislación fue una concesión de los liberales durante el gobierno de Lars Løkke Rasmussen a la derecha, que estaba creciendo a pasos agigantados en las elecciones y exigía que se deje de gastar dinero público en traer inmigrantes ilegales al país. Pero hoy la misma derecha apoyó el acuerdo y concedió que los ucranianos refugiados de la guerra no sean abarcados por la ley.