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A un día de la elección más importante de Madrid, los candidatos cierran sus campañas y las encuestas marcan un contundente triunfo de la derecha

Este 4 de mayo los madrileños irán a las urnas en una elección donde se juega el futuro del Partido Popular al frente de la Comunidad, luego de que la gobernadora Isabel Díaz Ayuso sufriera una traición de parte del centrista Ciudadanos.

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A principios del mes pasado, ante una inminente traición del partido Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, la gobernadora Isabel Diaz Ayuso tomo la medida de urgencia de llamar a elecciones anticipadas para evitar una moción de censura que permita la llegada de la izquierda al gobierno autónomo.
Con una firma, destituyó a los seis consejeros que Ciudadanos tenía en el gobierno regional, ordenó la disolución de la Asamblea y decidió llamar a elecciones para este 4 de mayo.

Desde entonces las encuestas han mostrado una gran desaprobación hacia el partido naranja, que no ha parado de bajar, ubicándose por debajo del 5% a un día de la elección, dejando prácticamente afuera del Parlamento madrileño.

Desde el llamado a elecciones en marzo, el partido de derecha VOX ha perdido mucho apoyo al "voto útil", en el que los votantes de derecha votan por el PP a pesar de simpatizar por VOX, debido a que el sistema d’hont beneficia más a los que están primeros, y con unos pocos votos más el partido podría obtener muchos más escaños. 

Sin embargo, VOX se ha mantenido con una importante base de votos en torno al 10%, lo que le aseguraría entre 13 y 15 escaños, los suficientes para que Ayuso necesite de su apoyo para formar gobierno con 66 escaños en el Congreso de Madrid.

Actualmente, según las encuestas, que suelen subestimar el voto de derecha, el PP junto a VOX cortejaría 73 bancas, más del necesario para formar gobierno, mientras que toda la izquierda unida llegaría a 63. Ciudadanos se quedaría afuera de la Asamblea.

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Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular, centro-derecha)

Isabel Díaz Ayuso, líder del PP Madrid, ha logrando en los últimos años convertirse en una figura propia que hoy tiene más peso en la consciencia de los madrileños que las mismas siglas del PP.

Su trayectoria política se remonta al año 2006, cuando consiguió formar parte del equipo de comunicación de la Consejería de Justicia e Interior de Madrid. Pero no fue hasta el 2011 que comenzó su participación en comicios electorales cuando se postuló a diputada de la Asamblea de Madrid, donde consiguió ser nominada como la Portavoz del PP hasta el año 2017.

Luego decidió dar un paso al Ejecutivo y en 2019, luego de una feroz campaña, logró acceder al poder en Madrid a pesar de haber salido en segundo lugar, habiendo perdido 20% de votos a Ciudadanos y 9% a VOX. Hoy todo este voto "naranja" ha vuelto a las filas del PP y Ayuso lidera cómodamente con más de 40 puntos.

Ayuso se disputa su continuidad en la cabeza del gobierno madrileño, pero también se disputa la continuidad del Partido Popular como principal fuerza de derecha, puesto que VOX ha venido incrementando su base electoral año tras año, sacándole muchos votos a la formación popular.

En un pequeño mitin, Diaz Ayuso finalizó su campaña dando un mensaje de unidad, afirmando que sin importar las diferencias, sus enemigos no son otros españoles, sino más bien el virus y el paro. También invitó a sus adversarios a que copien el modelo madrileño, pero que en Madrid, este modelo no se toca.

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Rocío Monasterio (Vox, derecha)

Monasterio es la epítome de la candidata outsider, puesto a que se afilió a VOX en 2014 pero no participó activamente de la formación hasta las elecciones de 2019, cuando encabezó las listas del partido derechista en las elecciones a la Asamblea de MadridAntes de eso se había desarrollado durante 20 años en el sector privado
Su familia era propietaria del ingenio azucarero "Manuelita" y de la Compañía Azucarera Atlántica del Golfo en Cuba, hasta que tuvieron que escapar de la revolución comunista que terminó expropiando sus propiedades. 
Una vez en España, Monasterio estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, especializándose en ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. En su carrera profesional trabajó en múltiples estudios de arquitectura de renombre, obtuvo importantes premios como el Premio Acsa Internacional, y el Premio "Proyecto del Jardín de San Francisco el Grande de Madrid".
En el año 2000 fundó su propia empresa dedicada a la búsqueda y desarrollo de proyectos innovadores de arquitectura, la empresa "Rocio Monasterio y Asociados", dos años después, logró hacerse socia de la Luxury Rentals SL.
Todo esto la hizo conocer las enormes trabas burocráticas y los problemas que el Estado le impone al sector privado, en un ámbito tan importante como el de la construcción. A parte de sus vivencias en Cuba, su matrimonio con Iván Espinosa, uno de los tres líderes de VOX, confirmó su tendencia política anti-comunista.
La candidata de VOX, en una de sus últimas actos de campaña se presentó en Campo Real a solidarizarse con "la España que madruga", con los españoles que están sacando adelante sus negocios, y en donde los partidos de izquierda no se atreven a poner un pie
Su campaña se basó en promover la apertura de la economía y ponerle fin a la cuarentena, afirmando que todos los trabajos son esenciales, ya que sin trabajo los españoles no comen. "Hay que acabar con todas las restricciones", explicó en su último evento de campaña, en Plaza de Colón, junto a Santiago Abascal, presidente del partido a nivel nacional, quien fue a Madrid a apoyar a su candidata.

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Mónica García (Más Madrid, izquierda ecologista)

La candidata del partido progresista se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad en la Complutense de Madrid. Su vida política inició desde el activismo en la calle, participando en una serie de protestas en defensa de la salud pública entre los años 2012 y 2013, siendo portavoz de la AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid)
Forma parte en las listas del partido de Íñigo Errejón desde 2019, cuando por diversos motivos se separaron del comunista Podemos. Antes de la división, ya había sido elegida diputada en Madrid el año 2015 por Podemos, convirtiéndose en la Presidente del Grupo Parlamentario comunista en 2017.
Como líder regional del partido, rechazó la oferta de Podemos de presentar listas conjuntas con Pablo Iglesias a la cabeza, argumentando que "las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos".
García tiene una agenda centrada en el cambio climático y en contra del actual modelo educativo de Madrid. "La educación madrileña es excluyente y condena a los niños y niñas del sur a la pobreza", asegura. "Tenemos un sistema que castiga a las clases sociales más bajas".

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Ángel Gabilondo (PSOE, izquierda)

Si bien el PSOE históricamente fue un partido de centro-izquierda en España, incluso con una incursión en el liberalismo en la década del 90, desde la llegada de figuras como José Luis Rodríguez Zapatero Pedro Sánchez, la formación socialdemócrata ha dado un giro total a la extrema izquierda socialista.
Ángel Gabilondo es un ejemplo perfecto de este giro, y representa hoy una candidatura de izquierda, en sintonía con Más Madrid y Podemos.
A pesar de ya haber sido candidato en 2015 y 2019, cuando obtuvo el primer lugar con 37 escaños en la Asamblea, se estima que en estas elecciones perderá como mínimo 5 bancas
Estas elecciones, se estima que perdería 5 escaños como mínimo, puesto las encuestas lo ubican entre un 19% o 21% de intención de voto, siendo uno de los peores desempeños electorales del partido socialista y quedándose bastante más abajo del 27,31% que los había llevado a representar la primera fuerza política de la región hace tan solo dos años.

Gabilondo centró toda su campaña en ataques a Ayuso y el PP, acusándolos de ser una extrema derecha confrontativa y hablando lo menos posible de la pandemia, ya que su partido, que gobierna a nivel nacional, ha hecho un desastre tanto con el sistema sanitario como con la economía.

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Pablo Iglesias (Podemos, comunismo)

A pesar de haberse licenciado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Iglesias jamás ejerció de abogado. En cambio, se dedicó principalmente a la carrera de periodista en prensa militante obrera y estudió Artes y Comunicación en una universidad privada en Suiza.

Después de los comicios del 2019, Iglesias logró un histórico resultado con su partido Podemos, de corte comunista, y, a pesar de haberlos criticado duramente en campaña, se alió con el PSOE para formar un gobierno de coalición por primera vez en la historia de España.

Así, Iglesias logró convertirse en Vicepresidente de Pedro Sánchez, quien ejerció el cargo con una fuerte impronta autoritaria. Sin embargo, en una extraña decisión, el pasado 15 de marzo anunció su renuncia a la vicepresidencia para postularse a las regionales de este 4 de mayo, con la esperanza de generar un gran revuelo y atraer más votos a su formación, que estaba al borde de desaparecer según las encuestas.

Hoy, se posiciona con un 7% de votos, y por lo menos 10 bancas en la Asamblea. Si bien parece que cumplió su objetivo, su decisión fue muy extraña, ya que en el mejor de los casos, lograría formar un gobierno en Madrid con el PSOE, y se convertiría en vicegobernador de la Comunidad, habiendo pasado de vicepresidente de la nación a vicepresidente de una región.

En uno de sus actos finales, dio un discurso lleno de reivindicaciones al comunismo y al feminismo, incluso asegurando en una entrevista radial que entre comunismo y libertad (dos conceptos que según él se contraponen), él elegía comunismo.

Al mismo tiempo, mientras estaba rodeado de "podemitas" en su cierre de campaña, Iglesias se burlaba de los pedidos de los trabajadores de reducir las restricciones y dejarlos ir a trabajar, mientras no portaba un barbijo, afirmando que él si sabía lo que significaba la "libertad".

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Edmundo Bal (Ciudadanos, centro)

Edmundo Bal es un abogado de carrera que ingresó a la política de la mano de Albert Rivera en 2019, en un intento fracasado de entrar al Congreso.

Sin embargo, consiguió obtener el escaño de Rivera después de que el entonces presidente del partido renunciara. Rápidamente fue nombrado portavoz de la agrupación en el Parlamento, manteniéndose allí durante la ausencia de Inés Arrimadas, la actual presidente de Ciudadanos.

La agrupación "naranja" nació en Cataluña hace ya casi una década, habiendo aparecido como un partido liberal, con una novedosa manera de hacer política en redes sociales y convirtiéndose en la primera voz del anti-separatismo en la región.

En aquél entonces, Ciudadanos era considerado un partido de centro-derecha, y en vez de hablar de temas sociales se centraba en propuestas de economía liberal y en combatir el separatismo regionalista. Esto los catapultó a la fama y la popularidad.

Pero duró poco. Rivera no supo cómo posicionar su partido con la aparición de VOX, una agrupación con una clara impronta conservadora y de derecha, más novedoso y con mejor trabajo en redes.

Ciudadanos se convirtió en el "partido de la moderación", y terminó basando su agenda en críticas al PP por unirse con VOX. Esto llevó a un enorme descontento entre sus votantes, quienes no entendían cómo una agrupación de centro-derecha pasó a querer combatir más a la derecha a la misma izquierda.

Pero la traición en marzo, aliándose con el PSOE para intentar destituir a Ayuso fue la gota que rebalsó el vaso. Los votantes vieron cómo la dirigencia del partido arriesgó poner a los comunistas separatistas en el poder de Madrid con tal de perjudicar al PP y a VOX. 

El partido se desplomó en las encuestas. Pasó de haber obtenido 20% del voto popular en 2019, a no poder reunir el 5% de intención de voto necesario para entrar en la Asamblea, quedándose completamente fuera del legislativo madrileño y perdiendo los 17 escaños que tiene en la composición actual.

El candidato Edmundo Bal dio fin a su campaña en medio de una pequeña multitud de personas, en donde afirmaba que el mayor problema en España era la división, que a su juicio, era la que se había llevado empleos y oportunidades, y no así las restricciones.


Por Máx Pérez, para La Derecha Diario.

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España

El Gobierno socialista de España ordenó bloquear Telegram en el país, como ocurre en Cuba, Irán, Pakistán y China

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Luego de que la plataforma de chat se negara a entregar datos personales de sus usuarios al Gobierno español, y cerrar miles de canales de difusión, la justicia ordenó su bloqueo.

La red de mensajería Telegram es la principal alternativa a WhatsApp en todo el mundo, y no solo lo es como una opción con más funcionalidades, si no que otorga un mayor nivel de encriptación y privacidad en los mensajes que se comparten.

Es por esto que se usa a nivel mundial para esconderse de gobiernos opresores que utilizan la justicia para perseguir opositores, como cada vez ocurre más incluso en democracias liberales como Brasil, Canadá o España.

Es en este último país que Telegram ha caído en desgracia. Este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó bloquear Telegram de forma cautelar en respuesta a una denuncia de Mediaset, Antena 3, Movistar y Egeda, quienes acusan al sistema de mensajería de alojar contenido protegido por derechos de autor sin permiso.

La decisión ha sido adoptada por Pedraz después de que los responsables del sistema de mensajería no respondieran a los requerimientos del magistrado. Cabe aclarar que es política de la empresa creada por dos rusos opositores a Putin que no entregan ninguna información a ningún gobierno, con el fin de respetar los derechos a la privacidad de sus usuarios.

Pedraz, titular de Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional, considera esta medida "necesaria, idónea y proporcional" porque, según él, no existe alternativa que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados.

El juez cuenta con el aval del presidente socialista Pedro Sánchez, quien viene criticando a Telegram hace años, denunciando que "allí se albergan grupos neonazis y extremistas", incluso a pesar de que tiene redes de difusión en dicha plataforma.

Telegram tiene unos 900 millones de usuarios en todo el mundo, según las últimas cifras oficiales publicadas por Pável Dúrov, el multimillonario ruso fundador de la compañía. En España, tiene unos 8,5 millones de usuarios, y la usa a diario aproximadamente un 20% de la población, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Dúrov creó Telegram en 2013, poco después de que Vladimir Putin le obligaría a vender VK (el Facebook ruso) y exiliarse del país por negarse a suministrar datos personales de ciudadanos ucranianos a los servicios de seguridad de Rusia.

En la actualidad la sede oficial de Telegram se encuentra en Dubái, donde Dúrov firmó un contrato con el gobierno emiratí para tener total privacidad en sus servidores. Su compromiso con la privacidad es tan alto que incluso se ha negado a cerrar grupos de difusión de Hamás, no porque defienda su accionar (incluso ha condenado al grupo terrorista en múltiples ocasiones) pero por su compromiso a no violar la libertad de expresión absoluta.

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España

El Congreso de España modificó el reglamento y todos los documentos oficiales del Legislativo estarán escritos en "lenguaje inclusivo"

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Para llevar a cabo esta reescritura en lenguaje inclusivo se modificó el grueso de los 207 artículos del Reglamento del Congreso.

En una acción impulsada por el presidente Pedro Sánchez, la presidencia del Congreso de los Diputados de España ha lanzado un nuevo reglamento que impone el uso obligatorio de "lenguaje inclusivo" en toda la documentación oficial.

Ya el propio nombre del Poder Legislativo cambiará, pasando a ser oficialmente "el Congreso de los Diputados y las Diputadas", y todo el Reglamento de los Diputados (que pasará a llamarse "Reglamento del Congreso" para evitar ponerle género al documento) estará escrito en inclusivo.

En el proyecto de ley, que ya fue votado y aprobado en septiembre del año pasado, se ordenaba que, en el plazo más breve posible se acometiera una revisión del texto del Reglamento “para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género”. Este nuevo reglamento entrará en vigencia este martes.

Los críticos señalan que cambiar la terminología según imperativos políticos y no una necesidad real de la sociedad hará que la redacción de los documentos públicos y las discusiones sean difíciles de manejar, generando mucha confusión entre los interlocutores.

Entre otras cosas, los sustantivos para presidente y secretario se han cambiado por el nombre de la institución para evitar la referencia de género a la persona. En vez de decir "el presidente", se deberá decir "quien ocupa la presidencia", y así.

Por ejemplo, actualmente el artículo 31 establece que “el presidente declarará abierta la sesión y uno de los secretarios dará lectura al Real Decreto de convocatoria, a la lista de Diputados electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de los electos diputados que puedan verse afectados por su resolución.”

La versión inclusiva dice de otra manera, “la presidencia declarará abierta la sesión y una de las personas que ocupan la Secretaría leerá el Real Decreto de convocatoria, a la lista de cargos electos y a los recursos contencioso-electorales presentada, indicando quiénes podrían resultar afectados por su resolución”.

El lenguaje "inclusivo" ya se incorporó a las regulaciones a finales del año pasado, cuando se agregaron artículos tras la aprobación del Parlamento para permitir el uso en el Congreso de las lenguas cooficiales del país (lenguas regionales como el catalán y el vasco). La ley también incluía un mandato para actualizar todo el texto a un lenguaje inclusivo, que ahora está a punto de obtener la aprobación del parlamento y su publicación final.

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Economía

El socialismo quiebra España: A pesar de todos los aumentos impositivos, el déficit español sigue superando los niveles previos a la pandemia

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Sánchez había prometido que su sablazo fiscal promovería la reducción de los desequilibrios del Gobierno, pero nada de esto se vio reflejado en la realidad. La sociedad española se encuentra cada vez más ahogada por un Estado elefantiásico.

La recaudación impositiva de España alcanzó los niveles más altos desde la situación previa a la gran recesión internacional de 2008, pero aún así las finanzas públicas del Gobierno permanecen completamente desequilibradas.

El presidente Pedro Sánchez impulsó un sablazo impositivo en plena pandemia con la promesa de equilibrar el déficit, pero nada de esto sucedió en realidad. En la práctica, las erogaciones del Estado español se incrementaron aún más que los ingresos, y para el tercer trimestre del año pasado el déficit primario español se ubicó en el 2% del PBI. Antes del estallido de la pandemia, el desequilibrio previo al pago de intereses solamente alcanzaba el 0,78% del PBI, y el 0,4% del producto cuando Sánchez asumió la dirección del país.

Por otra parte, el déficit financiero total de España escaló al 4,36% del PBI en el tercer trimestre de 2023, muy por encima de los 3 puntos porcentuales que se registraban antes de la pandemia, y nuevamente por encima del déficit de 2,8 puntos porcentuales de mediados de 2018.

Sin importar desde qué punto se inicien las comparaciones, la administración socialista condujo a España por el camino del déficit fiscal y el endeudamiento. Los sucesivos “estímulos” desplegados por el Gobierno para alentar el ritmo de la actividad económica tampoco dieron mayores resultados, ya que España perdió (otra vez) su tendencia de crecimiento previa a la pandemia.

La administración Sánchez deja montado un país que crece a un ritmo sustancialmente menor en comparación al 2018, con mayores desequilibrios fiscales desde el punto de vista del Estado, y con una mayor presión impositiva para los ciudadanos españoles.

Desde 2021 en España comenzó a regir una tasa máxima a cuenta del IRPF en torno al 47% para rentas superiores a los 300.000 euros anuales (suba de 2 puntos), y 45% para rentas superiores a los 200.000 euros (una suba de 3 puntos con respecto al esquema anterior).

La reforma socialsita sobre el impuesto de Sociedades redujo el nivel de deducciones permitidas, y estableció un impuesto mínimo sobre los ingresos contables, el cual se aplica independientemente de si la empresa incurrió en pérdidas netas durante el ejercicio de la actividad.

En octubre de 2020 Sánchez aprobó el impuesto sobre los servicios digitales (IMD), un gravamen del 3% sobre todos los servicios imponibles operando en España como por ejemplo los que brinda Google, Amazon, Apple, etc. Esto produjo un aumento prácticamente automático en los costos de las empresas españolas, que cuentan con un alto grado de digitalización.

El socialismo introdujo también el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), que aplica una tasa del 0,2% sobre la compra y venta de acciones en la bolsa. Son gravadas todas aquellas transacciones realizadas con títulos emitidos por empresas de nacionalidad española que cotizan en mercados regulados, y siempre y cuando su capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros.

Se promulgó un impuesto a las ganancias extraordinarias de dos años para los bancos y las empresas de energía, con tasas de entre el 1,2% y el 3,5% aplicadas sobre cualquier ganancia nominal en estas empresas que fueran mayores a las que declararon en el año 2019 (el Gobierno no ajustó los montos por la tasa de inflación en el período comprendido).

 Finalmente, se aprobó el llamado “Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas” con vigencia a partir de 2023, una medida casi calcada del Impuesto a la Riqueza creado por el kirchnerismo en Argentina en el año 2020. Este impuesto se superpuso con el ya muy elevado gravamen sobre el patrimonio, y convirtió a España en un verdadero infierno fiscal para el asentamiento de capitales.

Para los montos superiores a los 10 millones de euros el recargo espacial sobre el patrimonio alcanza al 3,5%, y considerando que el promedio de la tasa impositiva patrimonial en las Comunidades Autónomas es el 3%, la tasa consolidada llegaría al 6,5% y es una de las más altas del mundo.

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