El Partido Socialista y Podemos sufrieron el peor resultado posibles en las elecciones municipales y autonómicas. “Estamos en una marea de la derecha en España“, celebró el PP, que deberá gobernar en algunos ayuntamientos con VOX.

El gobierno socialista de España, dirigido por el presidente Pedro Sánchez, sufrió un duro revés en las elecciones municipales celebradas este domingo, después de que el centro-derechista Partido Popular obtuviera la mayoría de los votos. 

Por primera vez desde la vuelta a la democracia, el PP gobernará en más ayuntamientos que el PSOE a nivel municipal en el país, luego de que los socialistas perdieran varias de las regiones que gobernaban. “Estamos en una marea de la derecha en España“, celebró el PP, quien en soledad o con VOX pasará a gobernar en cientos de municipios.

El flamante líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que España “ha iniciado un nuevo ciclo político”, y que esta elección marcó el fin del gobierno de Sánchez. “Hemos ganado con claridad y hemos dado el primer paso para un nuevo ciclo político que vamos a abrir con todos y para todos en España“, remató.

Estas elecciones muestran que “las ganas de cambio y esa alternativa (del PP) es absolutamente imparable” para las legislativas, celebró la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

El PP fue la lista más votada en Madrid, Valencia, Extremadura, Baleares, Murcia, Aragón, La Rioja y Cantabria, donde podrá gobernar en soledad o en algunos casos con una alianza con VOX.

El Partido Socialista (PSOE) perdió 15 de las 22 capitales de provincia en las que gobierna, entre ellas “feudos” socialistas como Sevilla, la mayor ciudad de Andalucía, Valladolid, Castellón y Palma, todos bastiones que la formación de Sánchez dominaba hace décadas.

También perdieron en Valencia, donde forman parte del gobierno municipal de la alianza Compromís, de la cual ya no serán parte. Tampoco lograron ser primera fuerza en Barcelona, donde se impuso la lista de Xavier Trias, y el independentismo seguirá gobernando sin tener que aliarse con el PSOE.

“No es lo que esperábamos tras estas semanas de campaña electoral y evidentemente tenemos que hacer también una reflexión de cara a los próximos meses”, admitió la portavoz del Partido Socialista (PSOE), Pilar Alegría. 

Con un porcentaje escrutado superior al 95% en estas ciudades, los socialistas perdieron Sevilla, Huelva y Granada de modo que, de las capitales andaluzas solo conservan la alcaldía de Jaén. Tampoco pudieron ganar en Cádiz, donde a última hora el recuento de votos dio mayoría al PP, según Europa Press.

El PSOE también sufrió una importante derrota en las capitales de la Comunidad Valenciana, especialmente en la ciudad de Valencia. 

La derrota también vino de la mano del comunista partido Unidas Podemos (UP), que co-gobierna a nivel nacional con el PSOE a través de la vicepresidente Yolanda Díaz. La formación de extrema izquierda obtuvo menos del 1% de los votos a nivel nacional y no obtuvo un resultado destacable en ninguna parte del país.

Es el peor desempeño desde la fundación de la agrupación de la mano del ex vicepresidente Pablo Iglesias y el resultado ha dejado a los “podemitas” al borde de desaparecer como partido. Las próximas elecciones nacionales serán una prueba de fuego que determinará si el partido sigue existiendo o se desarma.

Por último, el derechista VOX obtuvo un 7,2% de los votos totales, un buen resultado teniendo en cuenta que el partido tiene mucha fuerza a nivel nacional pero no había logrado desembarcar localmente en los municipios.

Además, logró importantes resultados en municipios como Cantabria y Valencia, donde el PP deberá buscar formar gobierno sumando a VOX a la coalición. El crecimiento en cantidad de votos comparado con la última elección municipal para VOX fue del 200%.

La izquierda oficialista en la Comunidad Autónoma declaró que expropiará entre 50 y 70 viviendas en jurisdicciones de “fuerte demanda”, destruyendo por completo la garantía de los derechos de propiedad en la región.

El Gobierno de Pere Aragonès anunció la que probablemente sea su medida más extremista en lo que va del mandato: se expropiarán entre 50 y 70 viviendas vacías sobre jurisdicciones catalogadas como “áreas de fuerte demanda de vivienda”, todo esto amparándose en las disposiciones previstas por la Ley de Vivienda de 2020.

Para esta disposición el Gobierno catalán asignó un total de hasta cinco millones de euros para llevar a cabo la expropiación, sin importar si esta cifra es suficiente o no para compensar realmente el valor de mercado de las propiedades afectadas. 

El proceso se llevará a cabo independientemente de si se llega a un acuerdo con los usuarios afectados. La normativa prevé un “procedimiento de urgencia” que consuma la expropiación de todos modos en el caso de que no se llegue a un acuerdo con el propietario de la vivienda en cuestión, a partir de un plazo de tres meses. 

Asimismo, se detectó que un total de 189 viviendas cumplen formalmente con los requisitos para que el Gobierno regional pueda justificar aún más expropiaciones, tanto en propiedad de personas particulares como de sociedades. La mayor parte de los tenedores de estos pisos son bancos o fondos de inversión, con lo cual se desalienta profundamente la inversión en el sector de la construcción sobre la Comunidad Autónoma.

Este acto supone una lisa y llana violación a los derechos de propiedad en la Comunidad Autónoma, que cada año expulsa cada vez más inversores potenciales. Mediante esta maniobra el Gobierno llevará a cabo una suerte de alquiler “social”.

Se trata de una medida incluso más extremista que un ahorro forzoso propiamente dicho, ya que los propietarios son directamente despojados de sus inmuebles. Las viviendas expropiadas pasarán a la administración del Instituto Catalán del Suelo (INCASOL).

Se verán afectados un total de 14 municipios a lo largo y ancho de Cataluña: Cornellá de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallés, Rubí, Vic, Viladecans, Vilanova y la Geltrú (Barcelona), Figueras, Lloret de Mar, Salt (Gerona), Reus, Roda de Berá y Tarragona y Valls (Tarragona) respectivamente.

La región de Cataluña ostenta la peor dinámica inversora de los últimos años. La inversión extranjera directa en la Comunidad representó los 3.883 millones de euros al cierre de 2022, un valor extremadamente bajo en comparación con regiones más atractivas y competitivas en España como la Madrid (con 17.225 millones de euros) y el País Vasco (5.515 millones de euros) que le arrebató el segundo lugar a Cataluña por primera vez en décadas.

De hecho, la inversión foránea en Cataluña se desplomó un 53,24% desde el máximo registrado en 2016, mientras que en el mismo período la inversión extranjera en la Comunidad de Madrid se disparó más de 40% y en el País Vasco el salto llegó al 159%.

La economía española atraviesa importantes dificultades para sostener el crecimiento de la actividad real. El Gobierno socialista profundizó los desequilibrios fiscales, aumentó la presión tributaria e incrementó el peso regulatorio del Estado en los mercados.

El gobierno de Pedro Sánchez no tiene mucho que mostrar en vista a las elecciones generales. La economía española se convirtió en un caso paradigmático en Europa: aún no logra recuperarse del shock provocado por la pandemia en 2020, y el ingreso per cápita permanece estancado desde hace 16 años. Junto con Grecia e Italia en la delantera, España registra los peores resultados de la zona Euro.

El PBI español todavía acumula una caída del 1,32% con respecto al nivel que tenía en el cuarto trimestre de 2019. Asimismo, corrigiendo por el aumento de la población la caída asciende al 2,06%. El ingreso real por habitante solamente creció un 0,4% desde el segundo trimestre de 2007 y hasta el primero del año 2023.

España acumula una brecha de hasta el 12,4% en comparación a la evolución del PBI estadounidense desde el primer trimestre del año 2000, mientras que la misma comparación con Alemania arroja un diferencial del 7,23%. Lo mismo ocurre con respecto al dinamismo de Francia, Holanda, Bélgica e incluso Portugal.

Y si bien la actividad recuperó al menos la mayor parte del nivel perdido durante la pandemia, las finanzas públicas no pudieron retornar a la situación previa al 2020. El déficit fiscal del Gobierno español escaló al 4,81% del PBI en el cuarto trimestre del año pasado, una cifra holgadamente superior en comparación al 3,1% observado en el último cuarto de 2019.

Las sucesivas reformas tributarias llevadas a cabo por el Gobierno socialista consiguieron aumentar la recaudación efectiva del 39,2% del PBI en 2019 al casi el 43% para el cuarto trimestre de 2023, pero ni así fue suficiente para paliar el brutal incremento del gasto público.

El tamaño del Estado en la economía se expandió vigorosamente y pasó de representar el 42,3% del PBI en 2019 al 47,8% de acuerdo a las últimas cifras disponibles para el año pasado. Se trata del nivel más elevado desde 2013, sin contabilizar el impacto fiscal que provocó la pandemia por la incursión de gastos extraordinarios y de emergencia.

La calificación crediticia de los bonos soberanos españoles aún sigue muy por debajo de la que había entre 2001 y 2010. Según el sondeo elaborado por la agencia Moody’s la deuda española se mantiene estable en la categoría “baa1” que se asocia con un “grado medio de riesgo”, un parámetro que está lejos de los elevados estándares observados en otras economías desarrolladas como Alemania y Estados Unidos. 

No solamente se incrementó el stock de deuda pública desde que España perdió su tendencia de crecimiento histórica, sino que además cada bono adicional colocado en los mercados mantiene una reputación cada vez más baja. Sin crecimiento y con desequilibrios fiscales crecientes, las perspectivas para el sostenimiento de la deuda pública de España son pesimistas.