La izquierda española propone un aumento generalizado de impuestos para cubrir al menos una parte del déficit futuro previsto para la seguridad social. El régimen de reparto requiere cada vez más ajustes y recortes para mantener un mínimo grado de solvencia. 

Como ocurre con cualquier sistema previsional de reparto, el envejecimiento poblacional y la baja de la natalidad provocan un desequilibrio prácticamente irresoluble que obliga a actualizar (y ajustar) los parámetros básicos del sistema para así postergar el esperado derrumbe.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez propuso una su reforma de pensiones con el objetivo de compensar el aumento del gasto público previsto para esta partida, que se elevará del 12% del PBI en 2023 hasta el 15% del producto para 2050 (acorde a proyecciones sugerentes). 

La propuesta recibió el visto bueno de la Comisión Europea en Bruselas, que no cuestionó los métodos del Gobierno sino que simplemente se limitó a constatar que el déficit se verá atenuado en los próximos años. Cabe resaltar que la reforma no ofrece una solución definitiva: el sistema no podrá ser solvente por sí mismo con ingresos propios, y deberán emprenderse nuevos ajustes y re-parametrizaciones en el futuro.

Los principales puntos de la reforma socialista

El Gobierno creará un “mecanismo de solidaridad intergeneracional” por medio del cual se aumentará la tasa de seguridad social en un 0,6% para todos los trabajadores sin excepción, por lo que España pasará de tributar un 36,25% en estos conceptos a 36,85% a partir de la entrada en vigencia de la reforma.

La alícuota del aumento impositivo se distribuirá de la siguiente manera: un 0,5% será costeado por los aportes patronales de las empresas, y el 0,1% restante se restará de la nómina salarial de los trabajadores. De esta forma, los aportes patronales empresariales ascenderán al 30,4% (una de las tasas más altas de Europa) y los trabajadores deberán resignar hasta un 6,45% de su salario mensual, además del pago de otros impuestos como el IRPF.

Con la reforma de Sánchez, las empresas españolas deberán soportar la séptima tasa impositiva sobre la contratación más alta del mundo, solo por debajo de Francia, Eslovaquia, Bélgica, República Checa, Estonia y Suecia. Sin lugar a dudas, este hecho supone un fuerte desaliento para la contratación formal y un factor que estimula las elevadas tasas de desocupación que sufre el país. 

Esta aplicación tributaria inicial no se mantendrá en el tiempo, sino que se estipula un aumento hasta 2029. En efecto, el aumento de las cargas sociales se duplicará entre 2023 y 2029, y escalará hasta el 1,2% para ese mismo año. La distribución será la siguiente: las empresa soportará una alícuota adicional del 1% y las nóminas salariales el 0,2% restante.

Pero el sablazo fiscal no se termina. Todos aquellos trabajadores que cuenten con ingresos anuales superiores a los 54.000 euros estarán sujetos a un impuesto especial de “solidaridad” forzosa, que representará el 1% sobre el salario a partir de 2023. La tasa se incrementará progresivamente año tras año, y alcanzará un máximo del 6% para 2045.

Se trata de un gravámen que se sumará como un “recargo” a la tasa del impuesto a las Ganancias convencional (conocido como IRPF en España). De este modo, la carga tributaria máxima de España ascenderá al 68% cuando finalice la reforma previsional. Cerca de 1.300.000 personas se verán dramáticamente afectadas por el aumento de la carga tributaria, sin ningún tipo de contraprestación en su pensión futura. 

La reforma solamente limita la capacidad de crecimiento del país, sino que deteriora la competitividad española frente a otras economías y fundamental impone más rigideces sobre el mercado laboral. 

Médicos de Sanidad Pública la diagnosticaron con “disforia de género” con sólo 15 años, y le recetaron operaciones donde le extirparon los pechos y el útero sin supervisión psiquiátrica. “Me arruinaron la vida”.

Por fin los medios tradicionales empiezan a hablar sobre los efectos adversos de la implementación radical en la Salud Pública de la ideología de género. El medio español, El Mundo, presentó al mundo el caso de Susana Domínguez.

En 2014, la joven de entonces 15 años, recibió un diágnostico de disforia de género por parte de su psicólogo, quien dio luz verde para que la niña empiece su tratamiento de “cambio de género”. En los años posteriores, le dieron un arsenal de hormonas y con tan solo 17 años, le extirparon los pechos y el útero.

Cuando cumplió 21 años, en medio de la pandemia, se dio cuenta que todo lo que hizo fue una gran equivocación. Seis años después y decenas de cirugías luego, sus problemas mentales, que incluían depresión y trastorno esquizoide, seguían. En ese mismo momento, le pidió un turno a su psicológo para discutir su situación.

Según le cuenta a El Mundo, le explicó al psicólogo que ella nunca fue “un chico en el cuerpo de una chica”, como él la había tratado de convencer. “Yo soy una mujer, tengo serios trastornos pero nada tienen que ver con la transexualidad“, le recriminó.

“Y entonces el psicólogo me dijo: ‘Ya empezamos, ya empezamos…’“, cuenta hoy Susana. “¡Parecía que le molestaran mis problemas! Yo era una adolescente con problemas y él mi terapeuta, pero solo le importaba si era transexual o no“, aseguró preocupada.

El costo de semejante error había sido enorme. De una sesión a otra, en esos seis años, a Susana le habían quitado sus pechos y su útero, además de recibir una avalancha de hormonas masculinas. Su cuerpo había sido modificado de forma irreversible y sus problemas mentales habían sido empeorados.

Nada de esto ayudó a su depresión. Afortunadamente su madre, a pesar de haber permitido que carnearan a su hija en cirugías solo comparables con la locura médica de la lobotomía, siguió consultando con otros profesionales de la salud para que la ayudaran.

Susana sufrió varios intentos de suicidio, y a medida que los médicos le convertían el cuerpo en un disfraz de hombre, su condición empeoraba. Esto terminó cuando un médico le identificó rasgos de trastorno del espectro autista; y el tratamiento que se le recetó, por fin empezó a mejorar su condición.

En su relato, también involucra a su psiquiatra, una médica que la empezó a atender a sus 15 años en simultáneo con su psicólogo, quien también “confirmó” que sufría de disforia de género y aprobó las cirugías como un tratamiento adecuado para solucionar sus problemas mentales.

Susana, hoy, relata aquel choque con la realidad: “La encaré, años después, y ella me dijo: ‘Ay, pero si tú estabas muy segura, estabas muy segura’. Pero yo tenía solo 15 años. No estaba segura de nada. ¿Cómo me dejaron hacer eso? ¿Cómo podía estar segura de lo que quería para el resto de mi vida a esa edad?“.

La madre contó al mismo medio que han interpuesto una reclamación contra el Servicio Gallego de Salud por “mala praxis”, ya que aseguran que le dieron un diagnóstico incorrecto de disforia de género, le aplicaron un tratamiento brutal que no era acorde a su condición, y nunca le comunicaron que lo que le estaban haciendo era irreversible.

“Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo se arregla esto?“, dijo furiosa la madre en la entrevista. “Mi hija ya no tiene aparato reproductor, ni femenino ni masculino. Lleva años tomando hormonas masculinas, y ahora deberá tomarlas femeninas para regresar, en la medida de lo posible, a su ser original. Los daños son prácticamente irreversibles“.

Es la primera vez que una denuncia de este tipo se presenta en España, y es el paso previo a una potencial demanda en los tribunales que indefectiblemente terminará impactando en la legislación.

El infierno que atravesó Susana fue posible gracias a la Ley Trans que rige en Galicia desde 2014, aprobada por el gobernador Alberto Núñez Feijóo, ahora presidente del PP y quien desesperadamente busca los votos de la derecha ahora para llegar a la presidencia de España en las elecciones de noviembre; estos casos perjudican fuertemente esta nueva faceta “derechista” que quiere vender.

En 2020, en el Reino Unido, una mujer, Keira Bell, consiguió por hechos similares una millonaria indemnización al sistema de salud público, y posteriormente el Gobierno británico decidió cambiar la legislación para que nunca más ocurriera algo así, además de cerrar el hospital donde se la convenció que debía cambiar de género.

La Justicia británica decidió que a los 15 años, la misma edad que tenía también Susana cuando comenzó su proceso, Bell no tenía madurez suficiente para tomar una decisión así. Ahora, en el Reino Unido, las personas deben tener por lo menos 18 años para dar consentimiento a este tipo de operaciones.

Desde el 1° de enero entraron en vigencia los gravámenes especiales y de “emergencia” sobre la industria bancaria y la actividad energética, dos sectores estratégicos para el país. El PBI aún no logra recuperarse del shock por la pandemia, y permanece dos trimestres en completo estancamiento. 

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez volvió a aumentar la presión tributaria de España, convirtiendo al país en uno de los infiernos fiscales más grandes de Europa. No conforme con la reforma tributaria de 2021, a partir del mes de enero entraron en vigencia dos impuestos especiales: el impuesto temporal a la Energía y gravamen especial a la industria bancaria.

Ambos impuestos fueron catalogados como “transitorios” y con carácter de “emergencia”, pero llegan en un momento extremadamente delicado para el sector privado. El PBI español no volvió a recuperar los niveles que tenía en el cuarto trimestre de 2019, uno de los peores desempeños no solo en las economías desarrolladas y la OCDE, sino también dentro de Europa. 

El PBI creció solamente un 0,2% en el tercer trimestre del año pasado, y otro 0,2% en el cuarto. Se acumularon 6 meses de estancamiento incesante, y las perspectivas para el año 2023 son aún peores debido al fuerte endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Sin lugar a dudas, aumentar los impuestos en estas circunstancias sólo profundiza el ciclo económico en lugar de suavizarlo. 

Impuesto a la energía

El Gobierno estableció una alícuota del 1,2% que grava las ventas de eléctricas, petroleras y gasistas que hayan obtenido ingresos superiores a 1.000 millones de euros anuales en los balances contables del año 2019. 

El impuestazo de Sánchez llegó con un rezago con respecto a la situación que se pretendía gravar. Al momento de la aprobación del impuesto, se alegó que las empresas energéticas disfrutaban de un shock de precios relativos a nivel internacional tras el estallido de la guerra en Ucrania, y por tales efectos se aprobaba un impuesto al respecto. 

Pero este escenario terminó en 2021. Para 2022, el precio de los principales commodities enfrentó una fuerte corrección bajista respecto al año pasado, y los impuestos de Sánchez entran en vigencia cuando disminuyen los ingresos efectivos de las empresas energéticas y cuando aumentaron. 

No solamente se paralizaron inversiones millonarias en energías renovables, sino que además la competitividad de España se vio fuertemente rezagada. En este sentido, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), la empresa REPSOL y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) se pronunciaron públicamente contra las medidas del Gobierno, y demandan la derogación de un régimen tributario que a todas luces quedó obsoleto. 

Impuesto a la industria bancaria

Probablemente el impuesto más distorsivo aprobado por la administración Sánchez sea el que se aplica a la banca. El sistema bancario funciona como el corazón de cualquier economía, y el crédito es un elemento indispensable para la actividad. 

Sánchez logró la aprobación de una tasa del 4,8% sobre los ingresos contables de los bancos por un período de 2 años. De igual forma que hizo Joe Biden en Estados Unidos, el impuesto no se ciñe sobre el margen de beneficios sino que ataca directamente a los ingresos nominales sin importar los gastos o incluso si existen pérdidas.

Del margen de beneficios publicados por el balance contable de los bancos en el 2022, solamente por el nuevo impuesto se consumió hasta el 20%. El sablazo fiscal a los bancos es uno de los más drásticos en la historia del país, y deteriora los incentivos para provisión de crédito inmobiliario a las familias y préstamos para financiar proyectos a las empresas.

En definitiva, los bancos trasladan una parte de sus pérdidas impositivas al resto del sistema, en donde se ven afectadas familias y empresas, debido a la falta de incentivos para el desarrollo de una actividad tan crucial como la que desempeñan.

El impuesto corporativo para la media de empresas en España representa el 25% de las utilidades no distribuidas, pero para los bancos se aplica una tasa especial del 30%. Entre los impuestos a depósitos captados, a las tasas aplicadas y a los actos jurídicos, los bancos deben pagar en impuesto prácticamente la mitad de los beneficios que declaran. El nuevo tributo eleva el margen efectivo de tributación hasta el 60%, un límite casi confiscatorio.