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El Rey emérito Juan Carlos I abandonó España mientras renace el espíritu republicanista

El antiguo rey de España anunció su marcha del país y se habría exiliado a República Dominicana, en medio de múltiples denuncias de corrupción contra su persona, un supuesto amorío y un renacido espíritu separatista y republicano en la Nación.

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El pasado 3 de agosto, el rey emérito español Juan Carlos I, de la casa Borbón, abandonó España, país al cual gobernó por casi cuatro décadas y media, habiendo sido un gran impulsor de la democracia, de la monarquía parlamentaria y de la unidad de la Nación española.

Juan Carlos fue, junto con el ex presidente Adolfo Suárez y el ex presidente parlamentario Torcuato Fernández Miranda, uno de los máximos artífices de la Transición Española. Proceso por el cual se pasó de la dictadura franquista a la monarquía parlamentaria que impera en la actualidad.

En junio de 2014, por cuestiones de salud y un deseo de renovación en la Corona, abdicó al trono y fue sucedido por su hijo, el actual rey Felipe VI. Juan Carlos conservó el título de rey emérito y una gran porción de la sociedad española lo recuerda con gran estima.

Sin embargo, este papel se ha visto eclipsado en los últimos años debido a múltiples denuncias de corrupción contra su persona, un amorío y un renacido espíritu separatista y republicano en la Nación.

En 2019, Juan Carlos I comunicó que abandonaba definitivamente la vida institucional,​ y a principios de este año, el rey Felipe VI le canceló la asignación presupuestaria que venía percibiendo de la Casa del Rey, para calmar las fuertes críticas en su contra. 

Todo culminó con su exilio de España. Se desconoce a ciencia cierta a dónde se fue. Fuentes oficiales comunicaron que pasó por Oporto, Portugal, en la noche del 3 de agosto, y luego se dirigió al continente americano, aunque no hubo información oficial al respecto.

Fuentes extraoficiales, sin embargo, confirman que el Juan Carlos ya está en República Dominicana, en uno de los hoteles de lujo más importantes del país, que pertenecen a un amigo de extrema confianza, el empresario Pepe Fanjul.

Casa de Campo, situado en La Romana, Santo Domingo.

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Esta sorprendente decisión se rumoreaba días atrás, pero fue confirmada por la misma Casa de la Monarquia Española, el día 3 de agosto, cuando se anunció una carta que Juan Carlos le había dejado a su hijo, el Rey.

Las acusaciones de corrupción y amoríos contra el Rey emérito

Distintos medios de izquierda, por varios años, han denunciado que Juan Carlos había aceptado sobornos de la realiza Saudí por casi 100 millones de dólares, a una cuenta oculta que tenía el Rey en Suiza.

Ya en 2012, había trascendido que el Rey Juan Carlos I sufrió una rotura de cadera en un safari de lujo en Botsuana, invitado por un empresario saudí, mientras España estaba en una de las crisis económicas más importantes de los últimos tiempos, solo eclipsada por el actual derrumbe económico.

Estos vínculos con la clase alta de Arabia Saudita se convirtieron en un escándalo cuando en 2018 los diarios OkDiario y El Español filtraron audios de la empresaria alemana Corinna Larsen diciendo que fue utilizada por el Rey para ser la intermediaria en casos de corrupción con Arabia Saudita. Larsen es acusada desde 2012 de ser la amante de Juan Carlos, quien todavía sigue casado con la reina Sofia.

Corinna, además, habría sido quien gestionó el fondo SSIF, a través del cual la realeza Saudí le pagó al Rey Juan Carlos. Este caso empezó a ser investigado el pasado 3 de marzo por las autoridades de Ginebra a partir de los audios que fueron filtrados.

El 4 de agosto, la asociación independentista catalana Ómnium Central, apuntó contra el exilio del Rey emérito y le demandó a la Corte Suprema que ordenara su captura internacional para que no se escape de sus delitos.

La respuesta del Tribunal Supremo fue contundente: no se puede ordenar la captura de una persona que no está siendo investigada. Para la Justicia española, estas acusaciones no ameritan una causa abierta en su contra, y mucho menos, el peligro de fuga.

No ha lugar a lo interesado, toda vez que nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene condición de investigado“, respondió en un comunicado el Tribunal Supremo.

Las denuncias en contra el exilio de Juan Carlos son tan efímeras, que incluso el académico chileno, Alejandro San Francisco, experto en corrupción de alto perfil y un gran crítico de las monarquías europeas, asegura que “el Rey no está fuera de la ley”.

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Los partidos políticos de España tomaron esta noticia con diferentes posturas. En el caso de los partidos de tendencia izquierdista, como el partido Podemos, no dudaron en aprovechar su oportunidad de criticar al antiguo monarca por corrupción y a su vez de tildarlo de cobarde por tratar de huir de un posible juicio por parte de la justicia suiza.

El partido Podemos tiene una clara tendencia republicanista y aboga por la disolución de la monarquía española.

Por otra parte, el partido liberal Ciudadanos y el centro-derechista Partido Popular salieron a apoyar la decisión de Juan Carlos I y manifiestan su apoyo hacia la monarquía.

El Partido Popular, a su vez, publicó un comunicado manifestando su respeto por el Rey emérito y la unidad Nacional.

Por último, el partido de derecha VOX ha sido muy contundente con su rechazo a la persecución política con Juan Carlos I.

El presidente del partido, Santiago Abascal, lanzó un ataque al Gobierno, recordó que no hay que distraerse de la corrupción y del socialismo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias y que seguirán trabajando para lograr sacarlos del poder.

Por su parte, el portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa, defendió el sistema de Monarquía Republicana y advirtió que el actual Gobierno aboga por su destrucción total, y la transición a un país comunista.

Por Alfonso Lorenzo de Olmos, para La Derecha Diario.

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Economía

Madrid es la excepción al fracaso socialista del resto de España: Acapara el 75% de la inversión extranjera en el país

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La Comunidad Autónoma sigue el rumbo diametralmente opuesto al que traza el socialismo a nivel nacional. Los bajos impuestos, la desregulación y la seguridad jurídica sentaron las bases del mayor éxito de España. 

El Ministerio de Hacienda español informó que la Comunidad de Madrid volvió a liderar la afluencia de capitales en el país. 3 de cada 4 euros de inversión internacional en España están localizados exclusivamente en Madrid, que se perfila como una región atractiva por excelencia para la iniciativa privada.

La presidente de la Comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso, presentó un programa para seguir desgravando la inversión internacional, que compromete una reducción del 20% sobre el tramo autonómico del IRPF a modo de deducción.

El flujo de inversión extranjera hacia Madrid se duplicó en lo que va de la administración Ayuso, escalando al 9,7% de crecimiento medio anual. Se trata de una cifra que supera holgadamente la medida registrada para la totalidad de España, que alcanza un crecimiento aproximado al 8% cada año. 

La nueva reforma sobre el impuesto a la renta local no solamente pretende profundizar la llegada de capitales, sino que se propone en particular aminorar el efecto recesivo provocado por las medidas del Gobierno socialista a nivel nacional.

El presidente Pedro Sánchez resolvió la aprobación del “impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas”, un tributo que ahora pretende ser de carácter permanente. Se trata de un instrumento que grava los márgenes del sector bancario y la industria eléctrica (en plena crisis energética), y que contribuye a la ralentización de la actividad económica. 

Sólo por la imposición de este impuesto, se estima que se desalentó la llegada de hasta 1.200 millones de euros anuales en inversión extranjera directa sobre la Comunidad de Madrid. Se comprometen miles de puestos de trabajo por el cese del arribo de ahorro externo.

La deducción presentada por Ayuso compensa parcialmente las medidas socialistas de Sánchez, y dota de mayor competitividad relativa a la Comunidad de Madrid frente a otras jurisdicciones con tratamientos tributarios menos generosos con la inversión privada. 

Las decisiones de la Presidente también fueron justificadas en virtud de la responsabilidad fiscal de Madrid. Cerca de 700 millones de euros de recaudación son explicados cada año exclusivamente por la tributación sobre la inversión extranjera (directa o indirectamente).

El impuesto de Sánchez implica más recaudación para el Gobierno central, pero desde el punto de vista de Madrid solo genera una pérdida recaudatoria por la disminución de la base imponible de los tributos locales. Resultaba imperativo ofrecer algún tipo de incentivo fiscal para evitar perder el flujo normal de inversiones, y de esa forma mantener la base imponible de los impuestos aún a costa de disminuir sus alícuotas.

La Comunidad de Madrid se convirtió en una aspiradora de inversión internacional y recapitalización constante, como resultado de un esquema tributario competitivo y una economía mayormente desregulada en comparación con otras jurisdicciones.

Las jurisdicciones administradas por el socialismo español demuestran un muy pobre desempeño a la hora de atraer capital extranjero para invertir. Por ejemplo, la región de Cataluña solo concentra el 9,5% de la inversión internacional total de España a pesar de que el tamaño de su economía es de los más importantes en el país.

Otras Comunidades autónomas como Navarra y Valencia solo representan el 8,5% y el 3,5% de la inversión extranjera total respectivamente, ambas jurisdicciones regidas por autoridades socialistas que desconfían de la iniciativa privada y retienen a los contribuyentes en un infierno tributario.

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Economía

Ayuso vuelve a bajar los impuestos en Madrid: Anunció una deducción del 20% para la inversión extranjera

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El Gobierno local pretende generar incentivos fiscales para el asentamiento de nuevos contribuyentes y emprendedores no residentes en Madrid. La ampliación de la base imponible podría sobrecompensar la pérdida de recursos por la deducción, incrementando la recaudación.

La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a contrastar con el rumbo del Gobierno socialista a nivel nacional y firmó una nueva reducción impositiva para fomentar la inversión empresarial y aceitar la competitividad frente a otras regiones.

Madrid es actualmente la Comunidad Autónoma líder en la recuperación laboral, y una de las localidades con mayor crecimiento per cápita de España como resultado de su posición privilegiada en competitividad tributaria. Las nuevas medidas impositivas apuntan a profundizar esta tendencia.

Ayuso anunció una deducción del 20% sobre la cuota del IRPF local para la inversión en todo tipo de activos, con la sola excepción de bienes inmuebles. Se trata de un alivio fiscal para cualquier inversor extranjero que decida radicar capitales en la Comunidad Autónoma, y de esa manera dinamizar activamente la actividad económica. 

La consolidación del ahorro es sin lugar a dudas la primera de las fases en el desarrollo económico. La deducción a la radicación de capitales pretende atraer caudales de ahorro desarrollado en otras partes del mundo, para que el paso hacia inversión y consumo se desarrolle en Madrid. 

Para las empresas, la radicación de fondos desde el exterior supone una reducción sobre el costo de endeudamiento con el sistema financiero local. Esto abarata la generación de inversión real en industria, servicios, construcción, etc. 

Asimismo, desde el punto de vista de las familias también se percibirán beneficios vía el abaratamiento del crédito. Por ejemplo, la reducción genuina de las tasas de interés para créditos inmobiliarios impacta directamente sobre el nivel de vida de los hogares, facilitando el acceso a la vivienda propia. También se produce un “efecto contagio” sobre el resto de las Comunidades Autónomas de España, ya que se interrelacionan un gran número de transacciones.

Pero sin lugar a dudas los resultados locales en Madrid contrastan con el estancamiento generalizado que sufre España desde que la llegada del socialismo al poder en 2018. El país no logró recuperarse del shock por la pandemia, el nivel de actividad sigue por debajo del que había en el último trimestre de 2019

Las medidas fiscales irresponsables, el aumento de la carga tributaria a partir de 2021 y la contra-reforma laboral de 2022, fueron solo algunas de las medidas de Pedro Sánchez que limitan la oferta agregada de España y retrasan la reactivación.

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Economía

Fracasan las políticas socialistas en España: Después de 2 años, la economía no se recupera de la pandemia

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El “impuestazo” de Pedro Sánchez enfrió el ritmo de la recuperación económica de España, y el PBI aún acumula una caída del 2% en comparación con el cuarto trimestre de 2019. 

La economía de España perdió completamente su dinamismo y no logra recuperarse del shock provocado por la pandemia. El PBI real registró un magro repunte de tan solo el 0,23% en el tercer trimestre de 2022, y todavía se encuentra un 2% por debajo del nivel que tenía en diciembre de 2019.

España se perfila como la economía de la UE con la menor tasa de crecimiento post-pandemia, ya que incluso Grecia e Italia consiguieron superar los niveles de actividad previos al shock de 2020. La situación es aún peor si se considera que desde el año 2008 España sólo ha logrado crecer un 4,3% en términos reales.

Las políticas socialistas del Gobierno de Pedro Sánchez no sólo no dieron ningún tipo de resultado para la reactivación, sino que más bien fomentaron activamente el enfriamiento de la actividad. Los millonarios programas de estímulo fiscal vía inyección de gasto público no se tradujeron en resultados palpables sobre el PBI ni la industria manufacturera.

Evolución del PBI español entre 2005 y 2022.

El “impuestazo” de Pedro Sánchez

El Gobierno del socialismo elevó la tasa máxima del IRPF al 47% en 2021, aplicado para ingresos anuales superiores a los 300.000 euros, la alícuota más elevada desde 2015. Esto limitó gravemente la competitividad fiscal de España frente a otros países.

Asimismo, el Gobierno gravó con una tasa de hasta el 26% a los rendimientos del ahorro por encima de los 200.000 euros anuales, redujo la deducción de aportes por planes de pensiones de los 8.000 euros hasta sólo 2.000, y evitó actualizar los montos nominales del impuesto la renta para personas físicas por la evolución de la inflación. Estas medidas afectaron principalmente a la clase media española.

Las empresas también se vieron afectadas por la voracidad fiscal de Sánchez. A partir de 2021 se aplicó una tasa corporativa del 15% sobre las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), y a partir del período fiscal 2022 se implementó la tasa mínima corporativa del 15% sobre los ingresos contables

En otras palabras, se le prohibió a las empresas la posibilidad de deducir hasta un mínimo del 15% de los ingresos contables declarados. Independientemente de si el balance cierra con pérdidas, deben abonar el impuesto como parte de los egresos contables del ejercicio. 

El socialismo apuntó contra los patrimonios, impulsó un aumento del 2,5% al 3,5% de la tasa marginal máxima aplicada sobre montos de más de 10 millones de euros anuales, y España se rezagó como el único país de la Unión Europea que todavía sigue cobrando este impuesto distorsivo. 

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