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Entregándole España a los independentistas, Pedro Sánchez logra aprobar su "Decreto Anticrisis" con fuertes medidas socialistas

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Rompiendo las máquinas de votación para conseguir media hora más para negociar con los catalanes, el Gobierno socialista de España logró que se apruebe por un voto de diferencia una masiva reforma económica y judicial que Sánchez sacó por decreto.

El Congreso español fue esta semana el escenario de una nueva jornada esperpéntica en la que el presidente socialista Pedro Sánchez ratificó su acuerdo con los partidos independentistas catalanes, vascos y gallegos para que le aprueben sus "decretos anticrisis".

Tras lograr su investidura presidencial a través de un acuerdo de amnistía a los golpistas independentistas, así como la reciente entrega del Ayuntamiento de Pamplona al partido heredero de la banda terrorista ETA, este miércoles ha escenificado una nueva concesión a los independentistas sin precedentes en la historia reciente de España.

Los decretos que firmó Sánchez en diciembre tenían que ser votados este miércoles 10 de enero en el Poder Legislativo. Entre ellos, se impulsó una suba de impuestos a la banca, a las empresas energéticas y a las "grandes fortunas".

Como contrapartida, se elevó el subsidio al desempleo, se extiendió la rebaja del IVA a alimentos básicos, y se empezó a subsidiar el 100% de la tarifa del transporte público nacional y del 50% en el transporte público autonómico.

Por otro lado, se votaban los decretos que dieron inicio en diciembre al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) donde Sánchez reformó el sistema judicial, la función pública, el régimen local y el mecenazgo.

Durante toda la mañana de votación, los independentistas catalanes del partido del fugado de la justicia, Carles Puigdemont, se habían mantenido fuertes en su intacta intención de voto en contra de los decretos.

Las caras del equipo de gobierno de Sánchez mostraban una amarga desesperación ya que se abocaban al primer gran fracaso de su nueva legislatura. Sin embargo, apenas treinta minutos antes de la hora límite para finalizar la votación, la Presidente del Congreso, la socialista Francina Armengol, anunciaba que “por sobrecarga del sistema, se ha ralentizado durante unos minutos el sistema de votación telemática, y se va a alargar el periodo de votación hasta las tres y media para que todo el mundo pueda ejercer el derecho al voto”.

Inmediatamente, miembros del Partido Popular denunciaron que esperaban que este incidente no "sirviese para que el Gobierno ganase tiempo en sus negociaciones". Curiosamente, mientras los técnicos entraban a arreglar las máquinas, los dirigentes del PSOE y los de los partidos independentistas estaban reunidos negociando acaloradamente.

Fue justamente en este “tiempo extra” cuando el equipo de gobierno de Sánchez logró alcanzar un acuerdo in extremis con el partido independentista Junts per Catalunya, el cual finalmente se abstuvo de votar y permitió que por 172 votos positivos contra 171 negativos, Sánchez aprobara los decretos.

No deja de ser significativo que hace apenas dos meses el Congreso despidió a sus doce informáticos independientes tercerizados y los sustituyó por funcionarios del Estado, uno de los cuales se marchó acusando públicamente a Sánchez de querer controlar el sistema de votaciones.

El estado español, a la venta

El partido Junts, aunque alineado con la extrema izquierda en su intento golpista y secesionista de España, mantiene económicamente una posición más bien centrista, por lo que, a priori, se oponía a las medidas socialista de izquierda de Sánchez.

Si el partido de Puidgemont votaba en contra, los decretos se caerían con 178 votos en contra. Fue así que Sánchez aprovechó los minutos añadidos para otorgar una serie de concesiones a los independentistas fuera de cualquier cálculo político racional sostenido hasta la fecha.

En primer lugar, el partido de Puigdemont logró eliminar el artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permitía a los jueces españoles elevar trámites jurídicos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo cual podría haber sido un canal potencialmente utilizado en los próximos meses para obstruir la pactada amnistía a los golpistas.

Hasta hace apenas unos días, el propio Sánchez afirmaba públicamente que este artículo “no se puede eliminar porque se trata de la transposición de una directiva europea”. El gobierno de Sánchez protagonizó así otro súbito cambio de opinión.

Por otro lado, Sánchez acordó cambios en la Ley de Sociedades de Capital, una ansiada modificación por parte de los independentistas. Desde el golpe de Estado perpetrado por los catalanes en 2017 en la Comunidad española de Cataluña, muchas de las principales empresas de la región se habían marchado buscando refugio en otras regiones de España ante la inseguridad jurídica que planteaban las políticas independentistas. Con esta reforma de la Ley, se busca forzar a estas empresas a volver de nuevo a Cataluña.

Por si todo esto fuera poco, Sánchez además otorgó las competencias sobre inmigración a Cataluña, medida abiertamente inconstitucional que, según advierten los juristas, supone “reconocer, de facto, la independencia de Cataluña”.

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) ha afirmado luego del acuerdo que “asistimos al desguace del Estado en materia de seguridad. Esta cesión no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades. Al contrario, la medida anunciada hoy responde a aplicación de un criterio de conveniencia política”.

Para finalizar el botín, los independentistas del partido del fugado de la justicia Puigdemont logran una mayor concesión de millones de euros por parte del Estado español a partir de la publicación inmediata de las “balanzas fiscales”, la asunción por parte del estado central de todas las bonificaciones al transporte de la región, así como el reconocimiento explícito de los “Derechos históricos de Cataluña”.

España

No sabe como justificarse: La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se negó a declarar en la primera jornada del juicio

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El abogado de Begoña respaldó a la investigada por corrupción, afirmando que le "aconsejó" agarrarse a su derecho a no declarar, aunque “no tenía nada que esconder”.

Begoña Gómez se ha negado a declarar este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado, quien la investiga por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios.

Apenas diez minutos después del inicio del juicio, el magistrado la dio por finalizada una vez que la esposa de Pedro Sánchez confirmó que haría uso de su derecho a no declarar.

Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, comunicó al juez que su representada no iba a declarar. El magistrado insistió en que debía ser la investigada quien se lo hiciera saber, a lo que Begoña Gómez respondió desde el banco de los acusados: “No, no voy a declarar”.

En declaraciones a los medios de comunicación que cubrían la comparecencia, Camacho explicó que la esposa de Pedro Sánchez “no ha declarado no porque tenga algo que esconder, no porque no quiera dar explicaciones, sino porque su defensa se lo ha recomendado”.

Según el letrado, “el procedimiento carece de objeto alguno en este momento” y “se ha quedado sin contenido” porque los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés fueron enviados a la Fiscalía Europea y, para la defensa de Gómez, ese es el objeto de investigación. Además, criticó al juez Juan Carlos Peinado por hacer su trabajo, afirmando que esta llevando a cabo una “investigación expansiva” que “cada vez se extiende más”.

Sobre el informe aportado recientemente al juzgado por la Universidad Complutense de Madrid sobre una posible apropiación irregular del software de la cátedra que codirigía la esposa de Pedro Sánchez, en el que el centro de estudios concluye que por el momento no se pueden acreditar ilegalidades por falta de datos, Camacho ha tildado de “sorprendentes algunas de sus afirmaciones”.

Gómez llegó al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid a las 10:12 horas. Durante los pocos metros que separaban el ascensor de la puerta del juzgado, estuvo acompañada por cuatro agentes de los servicios de seguridad de Moncloa y su abogado, vestida con un traje negro. Media hora antes, la esposa del presidente del Gobierno español había llegado a los juzgados de Plaza de Castilla en un vehículo oficial, escoltada por un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional.

Vox, que encabeza las acusaciones populares personadas en la causa, anunció tras la comparecencia que pedirá al juez que cite a Pedro Sánchez en calidad de testigo. “Si su mujer se ampara en su derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo”, reclamó el europarlamentario de Vox, Jorge Buxadé.

Por su parte, el resto de los acusadores (Iustitia Europa, Hazte Oír, Manos Limpias y Movimiento de Regeneración Política de España) han criticado el “costo económico” que ha supuesto el enorme dispositivo de seguridad desplegado por el juicio de Gómez, así como las “extremas medidas de seguridad” tomadas en el interior de los juzgados de Plaza de Castilla. “Nos hemos sentido coaccionados. Cada vez que se acercaba Begoña nos rodeaban”, señaló el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán.

Al igual que ocurrió el pasado 5 de julio, una treintena de ciudadanos se concentraron en las inmediaciones de la Plaza de Castilla para protestar contra Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Entre las proclamas se escucharon frases como “Juan Carlos Peinado, estamos a tu lado” y “ladrones”.


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Después del frío saludo, Pedro Sánchez le ordenó al diario El País iniciar una "investigación" sobre Dani Carvajal para ensuciar su imagen

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"El País" publicará una investigación sobre los negocios y el patrimonio de Dani Carvajal para ensuciar su imagen. La razón de esta investigación es el frío saludo del jugador español para con el presidente español.

El diario El País ha iniciado una campaña en contra de Dani Carvajal tras el frío saludo que tuvo con Pedro Sánchez, el cual le causó un profundo enojo.

Desde ese medio, afín al Gobierno español, se ha lanzado una investigación con la intención de difundir información sobre el patrimonio y los negocios del futbolista del Real Madrid, con el objetivo de ensuciar su imagen.

En las últimas horas, la redacción de El País ha contactado con el entorno cercano del jugador, preguntando por los negocios y propiedades que Carvajal tiene a su nombre. Entre las revelaciones se encuentra la propiedad de un local en Puerto Banús, que Carvajal posee junto a Joselu Mato, su compañero en la Selección y cuñado, ya que ambos están casados con gemelas.

Apenas unas horas después de la recepción de Sánchez a los campeones de Europa, la maquinaria se ha puesto en marcha para desacreditar la imagen de un futbolista que, dentro y fuera del campo, siempre se ha mostrado ejemplar. La campaña ha comenzado con la revelación de datos en la prensa sobre sus negocios, y no se descarta que el siguiente paso sea ordenar una inspección de Hacienda.

Además de eso, la selección española le prohibió a Sánchez el ingreso a su vestuario al momento de ganar la Eurocopa, algo que no le cayó nada bien al mandatario español. Carvajal fue el primero en saludar fríamente al presidente, y aunque sus compañeros mostraron una actitud similar, los focos se centraron en él. Por eso, la ira del Gobierno socialista se ha enfocado en él. La imagen viral de Carvajal saludando fríamente a Sánchez se ha convertido en un meme contra el presidente.

El futbolista del Real Madrid es uno de los capitanes del equipo y también de la selección. Debutó con el conjunto blanco en agosto de 2013 y desde entonces es un fijo en el once inicial. Desde su primera convocatoria con la selección en 2014, también es indiscutible con España, habiéndose perdido grandes citas únicamente por lesiones. Campeón de la Champions en seis ocasiones con el Real Madrid, es uno de los líderes de la España que acaba de levantar el título continental en Alemania y uno de los deportistas más influyentes del país.

Actualmente, Carvajal tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2025, con un salario de ocho millones de euros por temporada. En esta temporada, también terminó su relación con Nike, con quien había estado desde sus inicios en el fútbol hace más de una década, y firmó un nuevo contrato de patrocinio con Puma, convirtiéndose en una de las principales imágenes de la firma alemana.

El malestar en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en Moncloa con el futbolista es tremendo, debido a la imagen humillante que se ha proyectado del presidente Sánchez. Carvajal es además uno de los futbolistas de más peso en la selección y, como se mencionó anteriormente, durante la Eurocopa se decidió en el vestuario que el jefe del Ejecutivo no bajara a saludarlos tras el partido.

Apenas 48 horas después de ese polémico saludo, los medios afines al Gobierno socialista han comenzado una caza de brujas contra el futbolista. Desde El País ya han iniciado su ofensiva contra la figura de Carvajal, quien se ha convertido en una resistencia en contra del socialismo de Sánchez tras proclamarse campeón de Europa con España.


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La pauta oficial llegó a España: Pedro Sánchez soborna con €100 millones a los medios para tapar sus casos de corrupción

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El presidente español anunció un subsidio de 100 millones de euros para los medios de comunicación que se arrodillen ante él, buscando tapar las causas de corrupción que lo involucran a él, a su esposa, y a su hermano.

El socialista Pedro Sánchez anunció su intención de "regenerar" el sector de los medios de comunicación precisamente cuando comenzaron a surgir noticias que afectaban a su Gobierno y su entorno. Su objetivo era claro, silenciar a esas voces o, al menos, transmitir a los periodistas que está dispuesto a todo con tal de eliminar las informaciones y críticas que no le favorecen.

Todo comenzó cuando un juez inició una investigación sobre su esposa, Begoña Gómez, por presuntos actos de corrupción. Lo que siguió a esto fueron excusas poco convincentes, victimismo exagerado y argumentos engañosos.

El pasado 17 de julio, Sánchez anunció ante el Congreso la aprobación de un programa de subsidios de 100 millones de euros para supuestamente "facilitar la digitalización de los medios de comunicación, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa, así como reforzar su ciberseguridad". Además, insistió en que estas medidas han sido apoyadas en el Parlamento Europeo por "todas las fuerzas políticas" salvo la "extrema derecha".

Lo que resulta curioso es que estas empresas ya son en su mayoría digitales, desde las grandes televisiones hasta las radios locales, lo que lleva a pensar que con estos subsidios busca comprar el silencio y el apoyo de los medios.

El presidente español anunció sus autoritarias intenciones durante los primeros días de mayo, hizo algunos adelantos vagos en junio, y compareció en el Parlamento en julio para reiterar que será a partir de septiembre cuando comenzará a regir esta norma.

Este no es un momento cualquiera, dado que la justicia española investiga a su mujer y a su hermano. Frente a esta realidad, se decide por esta estrategia para intimidar a la prensa independiente, entregando 100 millones de euros para quienes le sean leales.

Además de esto, el Gobierno español va a obligar a que los medios de comunicación hagan públicos a sus accionistas directos, con el objetivo de poder tenerlos controlados y vigilados.

El autoritario líder español se excusó diciendo que este plan de "regeneración" incluirá un refuerzo de los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía. Explicó que los medios deben ser "libres" y poder desarrollar su "propia línea editorial".

Su estilo y su plan de acción recuerdan al que implementó la condenada por corrupción, Cristina Fernández de Kirchner, en 2009, cuando promovió su "ley de medios". En aquel entonces, aseguró falsamente que la nueva legislación pretendía "acabar con el monopolio que ejercen ciertos grupos económicos sobre la información" y promover la "pluralidad" en el sector.

Curiosamente, su iniciativa surgió en un momento en el que la prensa había encontrado casos de corrupción vinculados al matrimonio Kirchner-Fernández.

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