La desregulación laboral de Grecia se contrapone con la reforma socialista del Gobierno español, que avanza en dirección opuesta. España volvió a liderar la tasa de desocupación y caída de actividad sobre los países de la OCDE. 

Mientras el gobierno de Kyriakos Mitsotakis impulsó una reforma laboral integral sobre la economía griega en mayo de 2021, la administración socialista de Pedro Sánchez hizo lo propio en España pero en una dirección diametralmente opuesta.

Los dos países, que tienen en común haber tenido una de sus peores crisis entre 2009 y 2013, eligieron dos caminos completamente opuestos para salir de sus problemas económicos, y las diferencias están a la vista más de 10 años después.

La mayor desregulación laboral en Grecia permitió aceitar la creación de puestos de trabajo formales en el sector privado, dinamizar la reactivación de la actividad económica y permitir que la desocupación cayera casi 5 puntos porcentuales desde el lanzamiento de la reforma. 

El desempleo griego representó el 10,8% de la población activa al término de enero de 2023, el resultado más bajo observado desde diciembre del año 2009.

Por el contrario, el socialismo español logró la aprobación de una contra-reforma laboral para desarticular parcialmente los avances concretados por las flexibilizaciones lanzadas a partir de 2012. Como cabría de esperar, las políticas opuestas produjeron resultados muy diferentes. 

La tasa de desocupación española ascendió al 13% de la población activa en el mes de enero, acumulando así un aumento de 0,4 puntos porcentuales desde el lanzamiento del nuevo régimen laboral. La caída del desempleo se paralizó completamente a partir de mayo del año pasado, y desde entonces no hace más que aumentar. 

Se registraron un total de 2,9 millones de personas desempleadas en España, y su relación con respecto a la población activa ya es la más elevada de todos los países que conforman la OCDE.

La reforma socialista está cosechando los peores resultados de las economías desarrolladas. De los 38 países que integran la OCDE, 12 de los mismos registran niveles de desempleo relativamente estables y 7 observan una situación cercana al pleno empleo (entre ellos Canadá, Estados Unidos y Alemania). 

España parece demostrar una excepción a la regla, y se perfila como una de las pocas economías que no solo registra un aumento paulatino del desempleo, sino que además tampoco logró recuperar el nivel de actividad previo al shock por la pandemia. 

La OCDE registró un total de 33,2 millones de personas sin trabajo, pero a pesar de tener una población poco significativa en comparación al total, España ocupó el tercer lugar en cantidad bruta de personas sin empleo, solo por detrás de Estados Unidos (con una población de 332 millones de personas) y Turquía (que supera los 84 millones de habitantes).

La población española representa hasta el 4,57% del total de los países de la organización, y al mismo tiempo se reserva hasta el 9,21% del total de los desocupados, casi duplicando su participación demográfica relativa. Antes de la reforma socialista del presidente Sánchez, los desocupados españoles representaban hasta el 8,37% del total de la OCDE en 2021.

El PP abandonó a VOX y decidió abstenerse en la moción de censura contra el gobierno socialista del PSOE y Podemos.

Después de dos jornadas donde se debatió la moción de censura presentada por el diputado Ramón Tamames y el partido de derecha VOX, este miércoles finalmente se realizó la votación y como era de esperarse, solo sus legisladores votaron a favor.

Los 52 diputados de VOX más un ex diputado de Ciudadanos que hoy forma bloque con el partido derechista dieron el resultado final: 53 votos a favor, muy lejos de la mayoría absoluta de 175 positivos que se necesitaban para una destitución.

Por su parte, el Partido Popular (PP) y otras fuerzas opositoras se negaron a dar su voto positivo, y hubo 91 abstenciones de su lado, partiendo a la oposición y demoliendo cualquier posibilidad de que triunfe la moción.

De todos modos, a pesar de la masiva crisis económica y social que atraviesa España, y que el oficialismo reporta su peor desempeño en las encuestas en una década, el oficialismo sigue más unido que nunca. Con 201 votos en contra, el Gobierno selló su triunfo contra el intento de destitución.

Santiago Abascal, presidente de VOX y principal promotor de la moción, ha asegurado que con esta iniciativa pretendían “retratar a uno de los peores gobiernos” de la historia de España y “mostrar la continuidad de la mentira de Pedro Sánchez“.

Por su parte, la diputada y ministra de Economía del gobierno, María Jesús Montero, ha señalado al PP por seguir “destinando sus recursos” a pactar con “la ultraderecha“, definiendo las últimas dos jornadas como un “espectáculo” poco constructivo.

Los 350 diputados del Congreso ya han elegido el futuro de España para los próximos meses.

✅ Sólo 53 votos a favor de la concordia, la reconciliación, el sentido común y elecciones inmediatas.

El resto han decidido, por acción u omisión, que Sánchez siga más tiempo en Moncloa. pic.twitter.com/rJTmpLzXhI

— VOX 🇪🇸 (@vox_es) March 22, 2023

A pesar de que el PSOE, Podemos y los otros partidos de izquierda demostraron una unidad que parecía imposible tan solo unos días atrás, todas las encuestas marcan una brutal derrota de la coalición gobernante en las venideras elecciones del 14 de mayo.

En cambio, el PP, que de la mano de su líder Alberto Núñez Feijóo se muestra como una formación más de derecha pero sin jugársela en contra del gobierno como VOX, lidera las encuestas y, salvo una sorpresa, será el próximo presidente de España.

Pero Feijóo necesitará el apoyo de VOX para ascender a la presidencia, ya que a pesar de su triunfo, necesitará una votación por mayoría simple para que el Congreso apruebe su gobierno. Si bien el PP confirmó que no tiene intenciones de formar un gobierno de coalición con VOX, sí le pedirá su voto y, para esto, deberá ofrecerles algún cargo en la presidencia parlamentaria, como ocurrió recientemente en Madrid.

Esto, de todos modos, dependerá de la cantidad de votos que obtenga VOX. Si en las elecciones que tendrán lugar en menos de dos meses logra una importante cantidad de diputados, al PP no le quedará otra opción que ofrecer un gobierno de coalición con el partido de derecha, dándole cargos de ministros y distintas dependencias.

¿Quién es Ramón Tamames? El político que recorrió todo el espectro político hasta llegar a VOX

La moción de censura tenía como objetivo destituir al presidente socialista Pedro Sánchez y reemplazarlo por una figura de la oposición; así el propio Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, cuando destituyó a Mariano Rajoy.

El nombre del candidato a presidente de esta moción de censura era Ramón Tamames, un aliado de VOX que tenía un perfil de consenso, muy distinto a Abascal que responde a los espacios más de derecha.

Tamames, un famoso historiador y economista español de 89 años, empezó su carrera como un dirigente comunista, pero a lo largo de toda su trayectoria, fue saltando de partido en partido, cada vez corriéndose más hacia la derecha, hasta que finalmente terminó en VOX.

El líder de esta moción de cnesura acumula a sus espaldas un viaje por todo el espectro político: comenzó como líder en el Partido Comunista de España (PCE) y, tras pasar por el más moderado Izquierda Unida (IU) como co-fundador, acabó en el conservador Centro Democrático y Social (CDS) para llegar ahora al acuerdo con VOX para presentarse como candidato independiente dentro del partido de derecha.

La izquierda española propone un aumento generalizado de impuestos para cubrir al menos una parte del déficit futuro previsto para la seguridad social. El régimen de reparto requiere cada vez más ajustes y recortes para mantener un mínimo grado de solvencia. 

Como ocurre con cualquier sistema previsional de reparto, el envejecimiento poblacional y la baja de la natalidad provocan un desequilibrio prácticamente irresoluble que obliga a actualizar (y ajustar) los parámetros básicos del sistema para así postergar el esperado derrumbe.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez propuso una su reforma de pensiones con el objetivo de compensar el aumento del gasto público previsto para esta partida, que se elevará del 12% del PBI en 2023 hasta el 15% del producto para 2050 (acorde a proyecciones sugerentes). 

La propuesta recibió el visto bueno de la Comisión Europea en Bruselas, que no cuestionó los métodos del Gobierno sino que simplemente se limitó a constatar que el déficit se verá atenuado en los próximos años. Cabe resaltar que la reforma no ofrece una solución definitiva: el sistema no podrá ser solvente por sí mismo con ingresos propios, y deberán emprenderse nuevos ajustes y re-parametrizaciones en el futuro.

Los principales puntos de la reforma socialista

El Gobierno creará un “mecanismo de solidaridad intergeneracional” por medio del cual se aumentará la tasa de seguridad social en un 0,6% para todos los trabajadores sin excepción, por lo que España pasará de tributar un 36,25% en estos conceptos a 36,85% a partir de la entrada en vigencia de la reforma.

La alícuota del aumento impositivo se distribuirá de la siguiente manera: un 0,5% será costeado por los aportes patronales de las empresas, y el 0,1% restante se restará de la nómina salarial de los trabajadores. De esta forma, los aportes patronales empresariales ascenderán al 30,4% (una de las tasas más altas de Europa) y los trabajadores deberán resignar hasta un 6,45% de su salario mensual, además del pago de otros impuestos como el IRPF.

Con la reforma de Sánchez, las empresas españolas deberán soportar la séptima tasa impositiva sobre la contratación más alta del mundo, solo por debajo de Francia, Eslovaquia, Bélgica, República Checa, Estonia y Suecia. Sin lugar a dudas, este hecho supone un fuerte desaliento para la contratación formal y un factor que estimula las elevadas tasas de desocupación que sufre el país. 

Esta aplicación tributaria inicial no se mantendrá en el tiempo, sino que se estipula un aumento hasta 2029. En efecto, el aumento de las cargas sociales se duplicará entre 2023 y 2029, y escalará hasta el 1,2% para ese mismo año. La distribución será la siguiente: las empresa soportará una alícuota adicional del 1% y las nóminas salariales el 0,2% restante.

Pero el sablazo fiscal no se termina. Todos aquellos trabajadores que cuenten con ingresos anuales superiores a los 54.000 euros estarán sujetos a un impuesto especial de “solidaridad” forzosa, que representará el 1% sobre el salario a partir de 2023. La tasa se incrementará progresivamente año tras año, y alcanzará un máximo del 6% para 2045.

Se trata de un gravámen que se sumará como un “recargo” a la tasa del impuesto a las Ganancias convencional (conocido como IRPF en España). De este modo, la carga tributaria máxima de España ascenderá al 68% cuando finalice la reforma previsional. Cerca de 1.300.000 personas se verán dramáticamente afectadas por el aumento de la carga tributaria, sin ningún tipo de contraprestación en su pensión futura. 

La reforma solamente limita la capacidad de crecimiento del país, sino que deteriora la competitividad española frente a otras economías y fundamental impone más rigideces sobre el mercado laboral.