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España

Excesos de autoridad y censura en redes sociales: el ministro del Interior español contra las cuerdas

Crece la tensión entre la Guardia Civil y el Ministerio del Interior después de filtrarse información de cómo el gobierno sociocomunista español viola la separación de poderes.

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La segregación en la Guardia Civil no tiene fin. Tras el cese ayer de los responsables de Migración en Canarias y Gibraltar y del Jefe de información de Madrid, hoy ha salido a la luz una nota secreta donde la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, deja por escrito una orden del ministro de Interior en la que se ordena el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por no pasarle al Ministerio un informe sobre una investigación secreta en curso, llevada a cabo por un tribunal español.

¿Supondrán estos hechos la dimisión de un ministro que ha estado usando a las fuerzas de seguridad españolas al más puro estilo chavista? 

El cese del jefe de la Unidad Central Operativa y del coronel Pérez de los Cobos.

Al poco de llegar al Ministerio del Interior, Marlaska destituyó al Jefe de la UCO alegando “pérdida de confianza” en un momento en que dicha unidad investigaba un caso de corrupción que implicaba al PSOE, partido que lidera Pedro Sánchez, quien recientemente había accedido al gobierno pactando, para ello, con comunistas, batasunos e independentistas.

Pérez de los Cobos ya llevaba un tiempo en la cuerda floja. Este reputado coronel y antiguo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, fue el encargado de ir a Cataluña a poner orden durante el golpe de estado de octubre de 2017. 

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Estaba claro que el máximo dirigente del operativo que acabó con la intentona golpista no era bien visto por los actuales socios de la coalición sociocomunista del gobierno y, por ello, en cuanto han podido, se lo han quitado de en medio. En este caso han alegado una “pérdida de confianza debido a su negativa a dar un informe que se encontraba bajo secreto”.

Esto ha provocado, además, la dimisión de Laurentino Ceña, el número 2 del cuerpo armado.

Poco antes de estos sucesos, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil realizó declaraciones a la prensa, en donde admitía la censura del gobierno en redes sociales. Estas no sentaron bien en la Moncloa, desde donde atribuyeron estos comentarios a “un lapsus por parte del uniformado”.

Esta nota filtrada, sin dudas genera un escándalo sin precedentes en el Ministerio del Interior, y vuelve necesaria la dimisión del ministro, que ha usado a las fuerzas policiales para sus fines políticos. Incluso, en la red social Twitter, muchos comienzan a preguntarse: ¿debe dimitir Marlaska?

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Economía

Díaz Ayuso avanza con una histórica desregulación económica sobre la Comunidad de Madrid

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La presidente de la Comunidad de Madrid anunció la eliminación de casi cuarenta procedimientos administrativos y barreras legales sobre la actividad empresarial dentro de la región. 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso en representación del Partido Popular (PP), continúa apostando por una agenda diametralmente contraria a la de Pedro Sánchez a nivel nacional. 

Ayuso aprobó una histórica desregulación sobre la actividad empresarial, sobre la cual se eliminan casi 40 certificaciones, procedimientos legales, inscripciones, autorizaciones previas y comunicaciones que desalentaban la radicación de empresas en la comunidad. 

La nueva Ley de Mercado Abierto estipula que las empresas y los profesionales en la Comunidad de Madrid no tendrán ninguna otra imposición adicional solo por el hecho de operar dentro de la región, y se limitarán a cumplir las determinaciones dispuestas por el Estado nacional.

Entre otros beneficios, quedan eliminadas regulaciones como la certificación adicional de productos ecológicos a la hora comerciar en el mercado minorista, o la inscripción al Registro Inmobiliario de la Comunidad de Madrid para sociedades realizan estos trámites en otras jurisdicciones. 

Se eliminan todas y cada una de las regulaciones, trámites y permisos previos sobre la actividad en residuos no peligrosos de construcción y demolición de obras, se liberaliza completamente el asentamiento de laboratorios en la Comunida de Madrid, y se determina la libre operación de actividades profesionales sin burocracia previa (como el caso de los veterinarios o los tatuadores). 

El nuevo marco normativo entró en vigor a partir del 1 de octubre, y garantiza un mayor dinamismo del PBI regional por un monto equivalente de hasta 4.000 millones de euros. Las proyecciones apuntan a que la economía podría responder a la desregulación con una expansión cercana al 1,6%, un hecho con el potencial para generar 50.000 nuevos puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid

De esta manera, y bajo el liderazgo de Ayuso, Madrid se convirtió en la primer comunidad autónoma en haber desregulado completamente las cadenas adicionales sobre la oferta en su jurisdicción. 

En lo que va de su administración, la presidente Ayuso también impulsó la desregulación inmobiliaria a través del cambio de la Ley de Suelo para favorecer la concesión de permisos urbanísticos, y el Decreto Ómnibus por medio del cual se eliminaron cargas administrativas obsoletas que se heredaban del siglo pasado.

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España

Con Pedro Sánchez, España se convirtió en la única economía de la Eurozona que pierde inversiones

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El Banco Central Europeo confirmó que España obtuvo el peor rendimiento de la eurozona en la dinámica de la inversión. La actividad económica no logró recuperarse del shock por la pandemia, y ya se aproxima a una nueva desaceleración con inflación. 

Un reciente informe del Banco Central Europeo (BCE) alertó por el deterioro de las condiciones económicas para los países del viejo continente. La autoridad monetaria pronosticó una importante desaceleración que tendrá lugar entre el último trimestre de 2022 y el primero de 2023, un hecho que podría conducir a una recesión abierta para el próximo año. 

El BCE estimó que existen al menos 4 ejes que amenazan con conducir a la economía europea por el camino de la recesión: el alza inflacionaria, el fin del arrastre estadístico post-covid, el endurecimiento de la política monetaria y la falta de confianza en el rumbo de la economía

Pero dentro de los países que conforman la eurozona, España cosechó los peores resultados acerca de la inversión y el crecimiento. El país se transformó en el único que registró una caída abierta de la inversión bruta interna fija (inversión en capital físico) en la región. 

La inversión en bienes de capital, excluyendo la construcción, se recuperó notoriamente en los países de la UE y creció un promedio de 1,8% en el segundo trimestre. Sin embargo, España fue el único país del euro que no registró ningún crecimiento en este sector y las empresas dejaron de invertir

Lo mismo ocurre para la evolución de la actividad económica general. Mientras que el nivel de actividad promedio para los 27 países que integran la Unión Europea logró recuperar los niveles que tenía en 2019, en España sucedió lo opuesto: el PBI español acumula una caída del 2,5% desde el cuarto trimestre de 2019

Incluso economías abiertamente estancadas desde 2008, como Grecia e Italia, lograron compensar el shock provocado por la pandemia en 2020 y ya operan en niveles similares a los que tenían en los últimos tres meses del año 2019. 

Las políticas fiscales expansivas impulsadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez incrementaron notoriamente el desequilibrio fiscal y la necesidad de nuevo endeudamiento, pero no generaron mayores efectos positivos sobre la actividad económica. El PBI no logró regresar a su tendencia de crecimiento anterior, pese a los masivos estímulos fiscales aprobados entre 2020 y 2021. 

Por otra parte, y a diferencia de la mayor parte de las economías desarrolladas, el Gobierno socialista impulsó una reforma tributaria para subir los impuestos en 2021 y endureció la legislación laboral. Ambas modificaciones limitaron la recuperación de la actividad económica y el mercado laboral.

La tasa máxima del impuesto a las Ganancias (conocido como IRPF) aumentó al 47% a partir de 2021 para personas físicas, volviendo así a su nivel más alto registrado desde 2015. Por su parte, la reforma laboral añade regulaciones para centralizar la negociación colectiva, eliminó modalidades de trabajo flexibles y erradicó todos los límites para la ultra-actividad de convenios.

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Economía

Sánchez importa las ideas kirchneristas a España: Se estudia un nuevo impuesto a las “grandes fortunas”

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El Gobierno socialista quiere anular las desgravaciones tributarias aplicadas en comunidades autónomas gobernadas por la oposición. El nuevo impuesto patrimonial comenzaría a regir a partir de 2023. 

En una contienda por profundizar la sangría tributaria en España, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez rescató una propuesta del partido extremista de izquierda, Unidas Podemos, para aplicar un impuesto a las “grandes fortunas” similar al impuesto patrimonial que se aplica actualmente

Se trata de una iniciativa explícitamente preparada para boicotear las desgravaciones tributarias en comunidades autónomas gobernadas por la oposición del Partido Popular (PP)

En concreto, Andalucía presidida por Juan Manuel Moreno, Murcia dirigida por Fernando López Miras y Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, fueron las comunidades autónomas que decidieron suprimir el impuesto al patrimonio. 

Además de profundizar la recaudación tributaria del Estado nacional, el Gobierno de Sánchez pretende penalizar y socavar la competencia fiscal entre comunidades autónomas, en beneficio de aquellas regiones gobernadas por el PSOE que mantienen impuestos más altos y un menor nivel de competitividad.

Pese a las intenciones del proyecto, y aún minada la competencia entre regiones dentro del país, las medidas de Sánchez penalizan los incentivos para la entrada de capitales a España, en detrimento de otros países con menores impuestos al patrimonio. 

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno socialista preparará un impuesto patrimonial especial y de índole “temporal” sobre todas y cada una de las comunidades que decidieron suprimir el suyo, por lo que la desgravación tributaria no será percibida por los contribuyentes

El nuevo tributo entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2023, y gravará las tenencias de activos del mismo modo en que lo hace el impuesto al patrimonio tradicional en el país. 

Aún así, el Gobierno se reservó la divulgación de mayores detalles respecto al mínimo no imponible del impuesto, aunque el que rige actualmente fija un piso de 700.000 euros anuales. Tampoco se mencionó ningún plazo provisorio para la vigencia del impuesto, aunque se anticipó que éste podrá ser prorrogado arbitrariamente en el futuro. 

El aumento de la recaudación para el Gobierno central no se condice una mayor disciplina fiscal, ya que el socialismo impulsó la suspensión de las reglas fiscales en el país y el techo legal a las erogaciones de gasto público

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