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España

Nissan se va de España y el gobierno amenaza con expropiación en medio de un paro

Nissan anunció el cierre de una fábrica en Cataluña por la crisis económica del coronavirus y el gobierno español no descarta la expropiación de la empresa para evitar el despido de los trabajadores. El gremio está de paro desde el 4 de mayo.

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Luego de 40 años en Cataluña, la multinacional Nissan anunció que se va de la región. Esta decisión dejará a 3.000 empleados sin trabajo en Barcelona, sumado a unos 20.000 empleos afectados de manera indirecta, y con un coste de entre 600 y 1.000 millones de euros.

Según informó la agencia Reuters, Nissan está próximo a anunciar el cierre de todas sus fábricas en Europa (posee también fábricas en Reino Unido). 

La multinacional había anunciado, previamente, el recorte de una quinta parte a su capacidad de producción para ayudar a recortar sus costos fijos en 2.800 millones de dólares, en línea con su plan de reducir tamaño y mejorar su eficiencia tras publicar sus primeras pérdidas en 11 años debido a la crisis económica debida a la pandemia del coronavirus.

El plan de Nissan consistiría en retirarse del Viejo Continente para centrarse en China, Estados Unidos y Japón, mercados en los que posee el mayor volumen de ventas de vehículos a nivel mundial; en Japón es también el segundo mayor fabricante de automóviles, sólo después de Toyota.

De todos modos la salida no será total: tratarán de mantener una presencia en Europa a través de esfuerzos intensivos con sus SUVs, Qashqai y Juke. Además, Nissan planea aumentar las ventas en Tailandia y Filipinas que, con Australia, generan aproximadamente el 90% de las ventas y ganancias en la región, excluyendo China, Japón e India.

En tanto, el presidente de Nissan para Europa, Gianluca de Ficchy, dijo a la prensa que las plantas cerradas tenían un bajo índice de uso y que la producción no habría mejorado con el montaje de nuevos modelos. 

A raíz del cierre de la fábrica de Nissan en España y el reclamo de la oposición, el vicepresidente Pablo Iglesias ha sugerido como una opción “perfectamente posible” la nacionalización de esta empresa, junto con la de Alcoa en Galicia, que también está al borde de cerrar por los efectos de la cuarentena. Una medida similar a la anunciada esta semana en Argentina por el gobierno de Alberto Fernandez.

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Desde el opositor PP, Pablo Casado arremetió contra el gobierno por la hipocresía del presidente Sánchez, que hace poco prometió evitar el cierre de la empresa y ahora, tras fracasar en sus intenciones, recurre a la locura comunista de la estatización.

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Según el gobierno español, saldría más barato apostar por Barcelona (300 millones de euros) que cerrar esta planta; aún así la multinacional considera que ni siquiera con un nuevo modelo la planta podría ser rentable. 

El mencionado “plan de reestructuración”, es producto de la alianza entre Nissan y Renault (quien cabe mencionar, es dueño del 43.4% de Nissan) quienes planearon reducir en un 20% su capacidad de producción en el mundo de aquí al año 2022. 

Según el plan de ajuste, los vehículos comerciales que actualmente se fabrican en la Zona Franca de Barcelona serán producidos por las fábricas de Renault en Francia, con el fin de mejorar la rentabilidad de la alianza en su conjunto. Mientras tanto, los trabajadores de Nissan en Cataluña están en huelga indefinida desde el 4 de mayo.

A su vez, Renault cerró una fábrica en el norte de Francia, en Maubeuge, donde cientos de personas se manifestaron protestando por esta decisión, y planea cerrar tres plantas más. De ellas, la de Flins-sur-Seine, por ejemplo, con 2.600 empleados.

El plan de Renault, ya anticipado desde el mes de febrero, incluye el despido de 15.000 personas en todo el mundo, totalizando 4.600 en Francia. Este plan serviría para ahorrarle a la compañía unos 2.000 millones de euros, luego de registrar pérdidas en 2019 por primera vez en diez años y ver sus ingresos muy agravados tras la crisis económica actual.

El Estado francés, primer accionista de Renault con un 15% del capital, prevé garantizar un préstamo bancario de 5.000 millones de euros para mantener la compañía a flote. Las tres plantas que Renault posee en España, en Valladolid, Palencia y
Sevilla, sin embargo, no se verían afectadas por este futuro reajuste.

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España

Con Pedro Sánchez, España se convirtió en la única economía de la Eurozona que pierde inversiones

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El Banco Central Europeo confirmó que España obtuvo el peor rendimiento de la eurozona en la dinámica de la inversión. La actividad económica no logró recuperarse del shock por la pandemia, y ya se aproxima a una nueva desaceleración con inflación. 

Un reciente informe del Banco Central Europeo (BCE) alertó por el deterioro de las condiciones económicas para los países del viejo continente. La autoridad monetaria pronosticó una importante desaceleración que tendrá lugar entre el último trimestre de 2022 y el primero de 2023, un hecho que podría conducir a una recesión abierta para el próximo año. 

El BCE estimó que existen al menos 4 ejes que amenazan con conducir a la economía europea por el camino de la recesión: el alza inflacionaria, el fin del arrastre estadístico post-covid, el endurecimiento de la política monetaria y la falta de confianza en el rumbo de la economía

Pero dentro de los países que conforman la eurozona, España cosechó los peores resultados acerca de la inversión y el crecimiento. El país se transformó en el único que registró una caída abierta de la inversión bruta interna fija (inversión en capital físico) en la región. 

La inversión en bienes de capital, excluyendo la construcción, se recuperó notoriamente en los países de la UE y creció un promedio de 1,8% en el segundo trimestre. Sin embargo, España fue el único país del euro que no registró ningún crecimiento en este sector y las empresas dejaron de invertir

Lo mismo ocurre para la evolución de la actividad económica general. Mientras que el nivel de actividad promedio para los 27 países que integran la Unión Europea logró recuperar los niveles que tenía en 2019, en España sucedió lo opuesto: el PBI español acumula una caída del 2,5% desde el cuarto trimestre de 2019

Incluso economías abiertamente estancadas desde 2008, como Grecia e Italia, lograron compensar el shock provocado por la pandemia en 2020 y ya operan en niveles similares a los que tenían en los últimos tres meses del año 2019. 

Las políticas fiscales expansivas impulsadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez incrementaron notoriamente el desequilibrio fiscal y la necesidad de nuevo endeudamiento, pero no generaron mayores efectos positivos sobre la actividad económica. El PBI no logró regresar a su tendencia de crecimiento anterior, pese a los masivos estímulos fiscales aprobados entre 2020 y 2021. 

Por otra parte, y a diferencia de la mayor parte de las economías desarrolladas, el Gobierno socialista impulsó una reforma tributaria para subir los impuestos en 2021 y endureció la legislación laboral. Ambas modificaciones limitaron la recuperación de la actividad económica y el mercado laboral.

La tasa máxima del impuesto a las Ganancias (conocido como IRPF) aumentó al 47% a partir de 2021 para personas físicas, volviendo así a su nivel más alto registrado desde 2015. Por su parte, la reforma laboral añade regulaciones para centralizar la negociación colectiva, eliminó modalidades de trabajo flexibles y erradicó todos los límites para la ultra-actividad de convenios.

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Economía

Sánchez importa las ideas kirchneristas a España: Se estudia un nuevo impuesto a las “grandes fortunas”

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El Gobierno socialista quiere anular las desgravaciones tributarias aplicadas en comunidades autónomas gobernadas por la oposición. El nuevo impuesto patrimonial comenzaría a regir a partir de 2023. 

En una contienda por profundizar la sangría tributaria en España, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez rescató una propuesta del partido extremista de izquierda, Unidas Podemos, para aplicar un impuesto a las “grandes fortunas” similar al impuesto patrimonial que se aplica actualmente

Se trata de una iniciativa explícitamente preparada para boicotear las desgravaciones tributarias en comunidades autónomas gobernadas por la oposición del Partido Popular (PP)

En concreto, Andalucía presidida por Juan Manuel Moreno, Murcia dirigida por Fernando López Miras y Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, fueron las comunidades autónomas que decidieron suprimir el impuesto al patrimonio. 

Además de profundizar la recaudación tributaria del Estado nacional, el Gobierno de Sánchez pretende penalizar y socavar la competencia fiscal entre comunidades autónomas, en beneficio de aquellas regiones gobernadas por el PSOE que mantienen impuestos más altos y un menor nivel de competitividad.

Pese a las intenciones del proyecto, y aún minada la competencia entre regiones dentro del país, las medidas de Sánchez penalizan los incentivos para la entrada de capitales a España, en detrimento de otros países con menores impuestos al patrimonio. 

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno socialista preparará un impuesto patrimonial especial y de índole “temporal” sobre todas y cada una de las comunidades que decidieron suprimir el suyo, por lo que la desgravación tributaria no será percibida por los contribuyentes

El nuevo tributo entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2023, y gravará las tenencias de activos del mismo modo en que lo hace el impuesto al patrimonio tradicional en el país. 

Aún así, el Gobierno se reservó la divulgación de mayores detalles respecto al mínimo no imponible del impuesto, aunque el que rige actualmente fija un piso de 700.000 euros anuales. Tampoco se mencionó ningún plazo provisorio para la vigencia del impuesto, aunque se anticipó que éste podrá ser prorrogado arbitrariamente en el futuro. 

El aumento de la recaudación para el Gobierno central no se condice una mayor disciplina fiscal, ya que el socialismo impulsó la suspensión de las reglas fiscales en el país y el techo legal a las erogaciones de gasto público

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España

Barcelona: Un hombre acusado de violencia doméstica se cambió de género y se libra de una perimetral

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Una jubilada se quedó sin protección legal contra un hombre que la había golpeado y abusado luego de que los Mossos advirtieran que se cambió el género en el Registro Civil.

Un insólito caso ha despertado la furia de los catalanes y ha dejado en evidencia la inutilidad de las leyes de género. Una mujer de Barcelona, de nombre Carmen, se ha quedado sin el amparo de la Ley de Violencia Machista porque su ex pareja, a la que acusó en la justicia por violencia doméstica, se ha cambiado de género. Ahora ya no es Agustín sino Julia, y legalmente no puede ser restringido por la ley que aprobó el socialismo en España.

Carmen denunció el pasado 15 de agosto que Agustín la golpeaba, la insultaba ferozmente y la agredía física y psicológicamente, incluso después de haberse separado. Pidió que le pongan una perimetral y entró en la protección de la Ley de Violencia Machista.

Sin embargo, hace una semana Agustín cambió legalmente su género, y como la ley española obliga a tratar a un hombre que dice ser una mujer como una mujer en todas sus capacidades, la Ley de Violencia Machista dejó de aplicar, y la orden de restricción quedó nulificada.

Inmediatamente, Agustín volvió a la misma casa, de la que es también dueño, y hace una semana que volvieron a convivir en la misma casa. Carmen dijo a El Mundo que está viviendo un infierno, y no puede irse a vivir sola porque no cuenta con los recursos para irse.

Por razones de seguridad, El Mundo no publicó su edad, pero aclaró que tiene una pensión de jubilación no contributiva, único ingreso que mantiene actualmente. La pareja comenzó su noviazgo en 2011, cuando andaban “en sus cincuentas”, ambos venían de otras relaciones.

En 2020, según relata Carmen, Agustín comenzó a cambiar. “Quería ponerse ropa interior femenina en momentos íntimos. Pensé que podía ser fetichismo pero después me decía que se sentía mujer y me pidió permiso para hormonarse“, contó.

Le dije que si él quería ese camino, yo le acompañaría pero como amiga, nunca como pareja porque soy heterosexual“, recuerda. A Agustín no le gusto, y ahí es cuando comenzaron, según Carmen, las violencias.

El punto de inflexión se produjo el 15 de agosto cuando Carmen llegó a casa tras pasar la tarde cuidando de sus nietos de otro matrimonio. Ella había estado durmiendo en otra habitación, que tenía un candado, pero cuando ese día el candado de su habitación estaba forzado y todas sus cosas, revueltas. Fue a pedir explicaciones a Agustín. “Después de decirme ‘a callar, coño’, empezó a darme empujones, golpes, me intentó quitar el móvil. Yo tenía sangre y arañazos”.

La mujer fue al hospital para tratar sus lesiones y pidió un parte médico para poder así denunciarle. Después de que la denuncia haya sido aceptada, fue notificada por los Mossos d’Esquadra que no pudieron cursar la denuncia al advertir que Agustín se había cambiado de género.

“Cuando me senté delante del agente me comunicó con sorpresa que mi ex pareja tenía, ahora, nombre de mujer a efectos oficiales”, explicó. “Me dijo que no hay más nada que puedan hacer, que la justicia trataría el caso como una agresión de una mujer a otra, como si fuera una pelea entre amigas“.

Según la documentación a la que pudo acceder El Mundo, Agustín pasó a llamarse Julia en el Registro Civil tras haberlo solicitado un mes antes. En aquella primera visita, presentó el correspondiente peritaje psicológico que “acreditaba” que llevaba dos años con la intención de modificar su género. También cambió su género en su DNI y el resto de documentos oficiales. Lo hizo sin informar a nadie y mucho menos a Carmen.

A pesar de todo, y que Agustín asegura estar hormonándose, no se viste como mujer, no usa peluca ni ningún atuendo o atributo que pudiera identificarla como de ese género. “A fines de agosto un día me dejó fuera del departamento por más de cinco horas, no me quería dejar entrar. Tuvieron que venir los mossos y tampoco quería abrir. Cuando lo hizo, los mossos ven a un hombre vestido de hombre, pero no pueden actuar porque la ley dice que es mujer“.

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