El presidente Fernando López Miras anticipó un acuerdo para simplificar y rebajar las tasas del IRFP local, reducir los impuestos sobre el patrimonio, y ampliar las bonificaciones para jóvenes y familias numerosas.

La alianza del Partido Popular (PP) y VOX en múltiples Comunidades Autónomas demostró ser útil para reformar los sistemas impositivos y devolverle recursos a los contribuyentes. Esta vez le tocó a la Región de Murcia, en donde ambos partidos retienen la mayoría con un total de 30 legisladores.

El Gobierno presidido por Fernando López Miras anunció una triple rebaja fiscal, con el objetivo de apuntalar el poder adquisitivo de los contribuyentes, facilitar el acceso a la vivienda y fomentar activamente la natalidad en España en lugar de seguir apostando por la inmiobración ilegal y descontrolada.

La primera reforma tendrá lugar sobre el IRFP autonómico local, que actualmente mantiene un total de 12 tramos con tasas marginales que van del 9,6% al 22,7% respectivamente. La reforma promete un especial énfasis en los tramos de ingresos medios y bajos.

“Reduciremos el IRPF en los tramos de los salarios medios y bajos. Además, ampliaremos la deducción del IRPF por conciliación en hogares con hijos menores de 12 años, aumentando su cuantía en el caso de familias numerosas o monoparentales”, anunció el presidente López Miras.

Se trata de la segunda reforma impositiva que baja el IRFP en los últimos dos años, luego de la anunciara un recorte en torno al 4,1% sobre los primeros cuatro tramos del impuesto en septiembre del año pasado y con vigencia a partir de este año.

Se buscará ampliar el margen de deducciones para los hogares con hijos menores de 12 años, aumentando progresivamente para el caso de familias numerosas. El incentivo a la natalidad se vuelve algo cada vez más común en los sistemas impositivos europeos.

Por otra parte, la coalición PP-VOX propone la alícuota del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), actualmente fijado en el 8% para las transacciones de mayor valor, y una tasa reducida del 3% aplicada para las adquisiciones de inmuebles para vivir (llamadas viviendas habilitadas).

“Reduciremos las trabas burocráticas y legislativas para todos los ciudadanos de la región con el objetivo de agilizar los trámites y establecer un marco para defender la libertad de todos los ciudadanos”, anticipó el presidente de la Comunidad Autónoma.

La reforma propone ampliar las bonificaciones del ITP para la compra de viviendas habituales, especialmente para jóvenes que buscan emanciparse, parejas jóvenes y familias numerosas. Esto también funciona como un incentivo para la natalidad nacional.

El Gobierno de Carlos Mazón se valió del apoyo parlamentario de VOX para lanzar una normativa que bonifica el 99% del impuesto, eliminándolo para todos los fines prácticos. Las arcas públicas le devolverán a los valencianos un monto de hasta 350 millones de euros anuales.

Tras el triunfo de la derecha valenciana en las elecciones del mes de mayo, el Gobierno de coalición entre el PP y VOX, presidido por Carlos Mazón, resolvió eliminar los impuestos al patrimonio en la Comunidad Autónoma como su primera medida de gran envergadura.

Se resolvió la bonificación del 99% sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), todo esto sobre las transferencias entre padres e hijos, entre cónyuges, y entre nietos y abuelos. El impuesto se mantendrá para todos los casos restantes, pero a fines prácticos será casi totalmente erradicado para la mayor parte de la población valenciana.

El oficialismo catalogó la medida como el “fin del impuesto a la muerte”. Se elimina la doble tributación a la cual estaban expuestos los ciudadanos de la Comunidad de Valencia, ya que debían pagar impuestos sobre la acumulación de activos que fueron formados por ingresos que ya pagaron impuestos múltiples veces (tanto directos por el IRPF como indirectos a través del IVA).

Se estima que la eliminación del impuesto tendrá un costo fiscal anual en torno a los 354 millones de euros, una suma de dinero que volverá a las manos de la sociedad.

“Vamos a aprobar algo muy importante, un compromiso muy especial que es la aprobación del proyecto de ley por el que vamos a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. Se acaba el impuesto a la muerte para los hijos, para los cónyuges, para los padres en la Comunitat Valenciana”, expresó Carlos Mazón.

También se prepara la eliminación total (a través de una bonificación del 100%) del Impuesto al Patrimonio, uno de los tributos más distorsivos de la región. Por esta última quita se estima un costo fiscal anual de hasta 80 millones de euros.

La tercera apuesta del Gobierno de la derecha valenciana será la rebaja generalizada de todas las alícuotas del IRPF autonómico, que actualmente fija tasas progresivas que van del 10% al 29,5% en 11 tramos. La tasa marginal máxima que aplica esta Comunidad es la más elevada de toda España.

Se propone una reforma para achatar el impuesto para combatir la distorsión de la economía, simplificar la cantidad de tramos y permitir reducciones sustanciales especialmente sobre las alícuotas aplicadas a los ingresos medios y bajos.

Todo esto permitiría apuntalar la competitividad fiscal de la región, incentivar el asentamiento de capitales y de inversión extranjera directa, y en última instancia fomentar activamente el crecimiento de la economía a través de políticas del lado de la oferta.

El Gobierno de Pedro Sánchez elevó la tasa máxima que grava los patrimonios del 2,5% al 3% para los años fiscales 2022 y 2023, y ahora propone llevarla hasta el 4%. Son las tasas impositivas más altas en la historia de España, y las más extremas en toda la OCDE.

España se convirtió en un auténtico infierno fiscal para el asentamiento de capitales, el ahorro y el desarrollo de la inversión privada. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez incrementó notoriamente la tasa marginal máxima del impuesto al patrimonio hasta el 3,5%, el umbral más alto de la historia del país.

Como se trata de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, en la práctica dichas jurisdicciones tienen la potestad de modificarlo a discreción y en algunas regiones alcanzó niveles incluso más altos, como por ejemplo Extremadura que aplica una tasa máxima del 3,75%.

Bajo la gestión de Sánchez, la tasa máxima aumentó del 2,5% al 3,5%, y la tasa media para gravar los patrimonios escaló del 1,2% al 1,3% respectivamente. No conforme con todo esto, el Gobierno también estableció el “impuesto solidario a las grandes fortunas” con tasas del 1,7% al 3,5%, diseñado especialmente para combatir las exenciones fiscales en las Comunidades Autónomas que deciden no aplicar el impuesto (como Madrid o Andalucía).

Los gravámenes al patrimonio son extremadamente distorsivos, y fomentan la huida de capitales del país. Muchos países europeos decidieron abandonarlo, entre ellos Alemania, Suecia, Finlandia, Reino Unido, Austria, Irlanda, Grecia y Portugal, entre muchos otros. Esto implica una pérdida de competitividad notable en perjuicio del atractivo inversor de España.

La mayor parte de estos países contaban originalmente con un tributo similar al español, pero decidieron abolirlos progresivamente entre las décadas de 1980 y 1990. El caso de Japón resalta entre los demás, ya que el país decidió eliminar este impuesto desde el año 1953.

Asimismo, los gravámenes aplicados en España son extremadamente altos en términos comparativos. La tasa marginal máxima en Francia asciende al 1,5% (la mitad que en España), en Noruega se establece una alícuota superior del 1,1%, los Países Bajos aplican una tasa impositiva que oscila entre el 0,56% y el 1,78%, mientras que en Italia la tarifa más alta no supera el 0,2% para residentes y el 0,76% sobre bienes en el exterior.

España lidera cómodamente el ranking mundial en lo que respecta al gravamen sobre el patrimonio, aunque algunos países como Argentina llegaron a aplicar tasas superiores al 5% durante la pandemia, junto con recargos extraordinarios para bienes declarados en el exterior.

El socialismo español pretende expandir todavía más el brutal hachazo fiscal, y propone aumentar la tasa marginal máxima del impuesto hasta el 4%. Esta decisión podría comprometer seriamente la competitividad fiscal de España frente a otros países, incluso de la UE.

Sánchez propone, además, elevar la tasa marginal más alta del impuesto IRPF del 47% actual al 52%, y fue el propio Sánchez el que autorizó la última suba del tributo partiendo del 45% en plena pandemia.