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Para blindar al vicepresidente Iglesias, Sánchez lanza una Reforma Judicial "a la Argentina"

La alianza de gobierno entre el socialista PSOE y el comunista Podemos busca ampliar su dominio del Estado obteniendo control total de la Corte Suprema de la Justicia y blindar al vicepresidente Pablo Iglesias del Caso Dina.

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Mientras España atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas, con la economía desplomándose, una cuarentena que va y viene y un caos político sin precedentes, el hábil Presidente socialista, Pedro Sánchez, ha decidido aprovechar la incertidumbre y avanzar sobre el Poder Judicial.
En una maniobra que recuerda a más de uno a la propuesta del kirchnerismo sobre la Corte Suprema argentina, el pasado 13 de octubre anunció sus intenciones de cambiar a las autoridades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ponerlo bajo el control del Ejecutivo.
El objetivo principal de la reforma es cambiar la composición del organismo, que se encarga, en teoría, de velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. El CGPJ, comparable en Argentina, por ejemplo, con el Consejo de la Magistratura, es una piedra angular de la autonomía de los tribunales.

El proyecto de ley fue presentado en el Congreso de los Diputados, donde Sánchez afirmó que las reformas se llevarán a cabo de forma exprés, "en menos de dos meses", sin buscar el consenso parlamentario, y que "no será necesario el control de órganos constitucionales para esta reforma". 

Actualmente, los vocales del CGPJ son elegidos por el Parlamento, y con esta reforma, según confirmaron los portavoces de PSOE (Adriana Lastra) y Podemos (Pablo Echenique),se le dará entrada al organismo a vocales respaldados por sus partidos para "reflejar mejor la actual composición del Congreso". En otras palabras, se quieren designar más jueces socialistas y podemitas.

La Reforma consiste en eliminar la necesidad de mayoría reforzada de tres quintos de los diputados para aprobar a los 12 miembros del CGPJ, mayoría que actualmente PSOE+Podemos no poseen. El objetivo de la ley es pasar a la aprobación de vocales por mayoría simple, una mayoría que PSOE+Podemos si poseen, y así poder elegir miembros a su gusto sin necesidad de consenso.

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De todos modos, uno de los principales objetivos de este proyecto es blindar de la justicia al actual Vicepresidente, el comunista líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se encuentra involucrado en el "Caso Dina".

El Caso Dina es un verdadero escándalo en la política española. La causa tiene origen en noviembre de 2015, cuando la por entonces asesora y secretaria personal de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, denunció el robo de su teléfono móvil. Años después, el comisario José Manuel Villarejo fue detenido y se encontró que él poseía imágenes que sólo podrían haber salido de la tarjeta del móvil sustraído.
En aquel entonces, se creía que Villarejo había estado espiando y conspirando ilegalmente contra Podemos. En marzo de 2019, Pablo Iglesias se presentó como perjudicado, pero durante la investigación se supo que en realidad durante todo 2016, la tarjeta había estado en posesión del mismo Iglesias.
Según las declaraciones de los testigos, el máximo responsable del grupo Zeta, Antonio Asensio, personalmente le entregó a Pablo Iglesias la tarjeta en enero de 2016, que había llegado a la redacción de Interviú a través de una fuente anónima.
En 2017, Iglesias le devolvió la tarjeta a Dina, contándole que él la tenía pero que no había accedido a los datos que ésta contenía. En julio de ese año, el medio OKDiario publicó capturas de conversaciones privadas de Pablo Iglesias que se habrían hecho con ese teléfono celular, lo que hizo que Bousselham pidiera que se investigara su robo y, tan solo unos meses después, en enero de 2017, Iglesias le devolvió la tarjeta.

Dina ha dado varias versiones al juez sobre el estado en el que Pablo Iglesias le entregó la tarjeta de memoria: primero dijo que se la devolvió rota, pero más tarde declaró que pudo acceder a su contenido ni bien la recuperó y que, al intentar volver a usarla, quedó inutilizable, tras lo que la envió a una empresa en Gales para que la intentaran arreglar.

El 7 de octubre, en su afán de determinar quien dejó inutilizable la tarjeta, el juez encargado del caso le pidió a la Corte Suprema que le abra una investigación al Vicepresidente por daños informáticos.

Izq: el vicepresidente Pablo Iglesias. Der: Dina Bousselham.

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El juez encargado del polémico caso, cree que Iglesias simuló un delito para poder acceder a la información privada de su más cercana militante, ya que sospechaba que ella estaba filtrando información del partido.

Si se demuestra que la información que estaba en posesión del comisario Villarejo fue otorgada por Pablo Iglesias, en su afán de crear una falsa ilusión de persecución política y sacar un rédito electoral, el líder comunista podría enfrentar una condena de hasta 9 años de prisión por los delitos de "revelación de secretos", "simulación de delito" y "daños informáticos".

La revelación de secretos es un delito contemplado en el artículo 197 del Código Penal español, e implica penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. Además, la simulación de delito está penado con entre 6 meses y 2 años de prisión. Por último, el delito de daños informáticos puede acarrear desde 6 meses a 3 años de prisión. En total, Pablo Iglesias se podría enfrentar a una pena de hasta 9 años de prisión si se le imputara y condenara.

Sin embargo, para esto deben ocurrir dos cosas, que la Justicia federal lo impute y lo condene, y que el Congreso de los Diputados lo desafuere. Para blindar al Vicepresidente de la condena, Pedro Sánchez y las demás autoridades del Gobierno han lanzado esta reforma, que trata de presionar al Tribunal Supremo y evitar cualquier tipo de sorpresa en la sentencia.

Por otro lado, del desafuero se encargan los líderes parlamentarios del PSOE y Podemos, quienes trabajan en formar un bloque que apoye a Pablo Iglesias y evite que la oposición vote por quitarle la inmunidad legal.

Socios en crimen: Pablo Iglesias y Pedro Sánchez co-gobiernan con el puño firme y la oposición silenciada.

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Sin embargo, no será tan fácil para Sánchez aprobar esta Reforma Judicial. La oposición, generalmente muy dividida en términos políticos, esta vez dejó sus diferencias de lado y se unió en repudio del proyecto.

El Partido Popular (PP) y VOX aseguraron que recurrirán al Tribunal Constitucional para que se expida sobre la propuesta y frene este atropello de la separación de poderes.

Por su parte, los diputados de VOX, aseguraron que tienen preparado un plan de resistencia en caso de que Sánchez se salga con las suyas. Macarena Olona, Secretaria General parlamentaria, ha manifestado: "Se aprobará y los 52 [diputados] de VOX en el Congreso recurriremos ante el Constitucional. Frente a su totalitarismo, resistencia".

Por Alfonso Lorenzo de Olmos, para La Derecha Diario.

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España

El Gobierno socialista de España ordenó bloquear Telegram en el país, como ocurre en Cuba, Irán, Pakistán y China

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Luego de que la plataforma de chat se negara a entregar datos personales de sus usuarios al Gobierno español, y cerrar miles de canales de difusión, la justicia ordenó su bloqueo.

La red de mensajería Telegram es la principal alternativa a WhatsApp en todo el mundo, y no solo lo es como una opción con más funcionalidades, si no que otorga un mayor nivel de encriptación y privacidad en los mensajes que se comparten.

Es por esto que se usa a nivel mundial para esconderse de gobiernos opresores que utilizan la justicia para perseguir opositores, como cada vez ocurre más incluso en democracias liberales como Brasil, Canadá o España.

Es en este último país que Telegram ha caído en desgracia. Este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó bloquear Telegram de forma cautelar en respuesta a una denuncia de Mediaset, Antena 3, Movistar y Egeda, quienes acusan al sistema de mensajería de alojar contenido protegido por derechos de autor sin permiso.

La decisión ha sido adoptada por Pedraz después de que los responsables del sistema de mensajería no respondieran a los requerimientos del magistrado. Cabe aclarar que es política de la empresa creada por dos rusos opositores a Putin que no entregan ninguna información a ningún gobierno, con el fin de respetar los derechos a la privacidad de sus usuarios.

Pedraz, titular de Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional, considera esta medida "necesaria, idónea y proporcional" porque, según él, no existe alternativa que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados.

El juez cuenta con el aval del presidente socialista Pedro Sánchez, quien viene criticando a Telegram hace años, denunciando que "allí se albergan grupos neonazis y extremistas", incluso a pesar de que tiene redes de difusión en dicha plataforma.

Telegram tiene unos 900 millones de usuarios en todo el mundo, según las últimas cifras oficiales publicadas por Pável Dúrov, el multimillonario ruso fundador de la compañía. En España, tiene unos 8,5 millones de usuarios, y la usa a diario aproximadamente un 20% de la población, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Dúrov creó Telegram en 2013, poco después de que Vladimir Putin le obligaría a vender VK (el Facebook ruso) y exiliarse del país por negarse a suministrar datos personales de ciudadanos ucranianos a los servicios de seguridad de Rusia.

En la actualidad la sede oficial de Telegram se encuentra en Dubái, donde Dúrov firmó un contrato con el gobierno emiratí para tener total privacidad en sus servidores. Su compromiso con la privacidad es tan alto que incluso se ha negado a cerrar grupos de difusión de Hamás, no porque defienda su accionar (incluso ha condenado al grupo terrorista en múltiples ocasiones) pero por su compromiso a no violar la libertad de expresión absoluta.

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España

El Congreso de España modificó el reglamento y todos los documentos oficiales del Legislativo estarán escritos en "lenguaje inclusivo"

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Para llevar a cabo esta reescritura en lenguaje inclusivo se modificó el grueso de los 207 artículos del Reglamento del Congreso.

En una acción impulsada por el presidente Pedro Sánchez, la presidencia del Congreso de los Diputados de España ha lanzado un nuevo reglamento que impone el uso obligatorio de "lenguaje inclusivo" en toda la documentación oficial.

Ya el propio nombre del Poder Legislativo cambiará, pasando a ser oficialmente "el Congreso de los Diputados y las Diputadas", y todo el Reglamento de los Diputados (que pasará a llamarse "Reglamento del Congreso" para evitar ponerle género al documento) estará escrito en inclusivo.

En el proyecto de ley, que ya fue votado y aprobado en septiembre del año pasado, se ordenaba que, en el plazo más breve posible se acometiera una revisión del texto del Reglamento “para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género”. Este nuevo reglamento entrará en vigencia este martes.

Los críticos señalan que cambiar la terminología según imperativos políticos y no una necesidad real de la sociedad hará que la redacción de los documentos públicos y las discusiones sean difíciles de manejar, generando mucha confusión entre los interlocutores.

Entre otras cosas, los sustantivos para presidente y secretario se han cambiado por el nombre de la institución para evitar la referencia de género a la persona. En vez de decir "el presidente", se deberá decir "quien ocupa la presidencia", y así.

Por ejemplo, actualmente el artículo 31 establece que “el presidente declarará abierta la sesión y uno de los secretarios dará lectura al Real Decreto de convocatoria, a la lista de Diputados electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de los electos diputados que puedan verse afectados por su resolución.”

La versión inclusiva dice de otra manera, “la presidencia declarará abierta la sesión y una de las personas que ocupan la Secretaría leerá el Real Decreto de convocatoria, a la lista de cargos electos y a los recursos contencioso-electorales presentada, indicando quiénes podrían resultar afectados por su resolución”.

El lenguaje "inclusivo" ya se incorporó a las regulaciones a finales del año pasado, cuando se agregaron artículos tras la aprobación del Parlamento para permitir el uso en el Congreso de las lenguas cooficiales del país (lenguas regionales como el catalán y el vasco). La ley también incluía un mandato para actualizar todo el texto a un lenguaje inclusivo, que ahora está a punto de obtener la aprobación del parlamento y su publicación final.

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Economía

El socialismo quiebra España: A pesar de todos los aumentos impositivos, el déficit español sigue superando los niveles previos a la pandemia

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Sánchez había prometido que su sablazo fiscal promovería la reducción de los desequilibrios del Gobierno, pero nada de esto se vio reflejado en la realidad. La sociedad española se encuentra cada vez más ahogada por un Estado elefantiásico.

La recaudación impositiva de España alcanzó los niveles más altos desde la situación previa a la gran recesión internacional de 2008, pero aún así las finanzas públicas del Gobierno permanecen completamente desequilibradas.

El presidente Pedro Sánchez impulsó un sablazo impositivo en plena pandemia con la promesa de equilibrar el déficit, pero nada de esto sucedió en realidad. En la práctica, las erogaciones del Estado español se incrementaron aún más que los ingresos, y para el tercer trimestre del año pasado el déficit primario español se ubicó en el 2% del PBI. Antes del estallido de la pandemia, el desequilibrio previo al pago de intereses solamente alcanzaba el 0,78% del PBI, y el 0,4% del producto cuando Sánchez asumió la dirección del país.

Por otra parte, el déficit financiero total de España escaló al 4,36% del PBI en el tercer trimestre de 2023, muy por encima de los 3 puntos porcentuales que se registraban antes de la pandemia, y nuevamente por encima del déficit de 2,8 puntos porcentuales de mediados de 2018.

Sin importar desde qué punto se inicien las comparaciones, la administración socialista condujo a España por el camino del déficit fiscal y el endeudamiento. Los sucesivos “estímulos” desplegados por el Gobierno para alentar el ritmo de la actividad económica tampoco dieron mayores resultados, ya que España perdió (otra vez) su tendencia de crecimiento previa a la pandemia.

La administración Sánchez deja montado un país que crece a un ritmo sustancialmente menor en comparación al 2018, con mayores desequilibrios fiscales desde el punto de vista del Estado, y con una mayor presión impositiva para los ciudadanos españoles.

Desde 2021 en España comenzó a regir una tasa máxima a cuenta del IRPF en torno al 47% para rentas superiores a los 300.000 euros anuales (suba de 2 puntos), y 45% para rentas superiores a los 200.000 euros (una suba de 3 puntos con respecto al esquema anterior).

La reforma socialsita sobre el impuesto de Sociedades redujo el nivel de deducciones permitidas, y estableció un impuesto mínimo sobre los ingresos contables, el cual se aplica independientemente de si la empresa incurrió en pérdidas netas durante el ejercicio de la actividad.

En octubre de 2020 Sánchez aprobó el impuesto sobre los servicios digitales (IMD), un gravamen del 3% sobre todos los servicios imponibles operando en España como por ejemplo los que brinda Google, Amazon, Apple, etc. Esto produjo un aumento prácticamente automático en los costos de las empresas españolas, que cuentan con un alto grado de digitalización.

El socialismo introdujo también el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), que aplica una tasa del 0,2% sobre la compra y venta de acciones en la bolsa. Son gravadas todas aquellas transacciones realizadas con títulos emitidos por empresas de nacionalidad española que cotizan en mercados regulados, y siempre y cuando su capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros.

Se promulgó un impuesto a las ganancias extraordinarias de dos años para los bancos y las empresas de energía, con tasas de entre el 1,2% y el 3,5% aplicadas sobre cualquier ganancia nominal en estas empresas que fueran mayores a las que declararon en el año 2019 (el Gobierno no ajustó los montos por la tasa de inflación en el período comprendido).

 Finalmente, se aprobó el llamado “Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas” con vigencia a partir de 2023, una medida casi calcada del Impuesto a la Riqueza creado por el kirchnerismo en Argentina en el año 2020. Este impuesto se superpuso con el ya muy elevado gravamen sobre el patrimonio, y convirtió a España en un verdadero infierno fiscal para el asentamiento de capitales.

Para los montos superiores a los 10 millones de euros el recargo espacial sobre el patrimonio alcanza al 3,5%, y considerando que el promedio de la tasa impositiva patrimonial en las Comunidades Autónomas es el 3%, la tasa consolidada llegaría al 6,5% y es una de las más altas del mundo.

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