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Para blindar al vicepresidente Iglesias, Sánchez lanza una Reforma Judicial “a la Argentina”

La alianza de gobierno entre el socialista PSOE y el comunista Podemos busca ampliar su dominio del Estado obteniendo control total de la Corte Suprema de la Justicia y blindar al vicepresidente Pablo Iglesias del Caso Dina.

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Mientras España atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas, con la economía desplomándose, una cuarentena que va y viene y un caos político sin precedentes, el hábil Presidente socialista, Pedro Sánchez, ha decidido aprovechar la incertidumbre y avanzar sobre el Poder Judicial.
En una maniobra que recuerda a más de uno a la propuesta del kirchnerismo sobre la Corte Suprema argentina, el pasado 13 de octubre anunció sus intenciones de cambiar a las autoridades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ponerlo bajo el control del Ejecutivo.
El objetivo principal de la reforma es cambiar la composición del organismo, que se encarga, en teoría, de velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. El CGPJ, comparable en Argentina, por ejemplo, con el Consejo de la Magistratura, es una piedra angular de la autonomía de los tribunales.

El proyecto de ley fue presentado en el Congreso de los Diputados, donde Sánchez afirmó que las reformas se llevarán a cabo de forma exprés, “en menos de dos meses“, sin buscar el consenso parlamentario, y que “no será necesario el control de órganos constitucionales para esta reforma“. 

Actualmente, los vocales del CGPJ son elegidos por el Parlamento, y con esta reforma, según confirmaron los portavoces de PSOE (Adriana Lastra) y Podemos (Pablo Echenique),se le dará entrada al organismo a vocales respaldados por sus partidos para “reflejar mejor la actual composición del Congreso“. En otras palabras, se quieren designar más jueces socialistas y podemitas.

La Reforma consiste en eliminar la necesidad de mayoría reforzada de tres quintos de los diputados para aprobar a los 12 miembros del CGPJ, mayoría que actualmente PSOE+Podemos no poseen. El objetivo de la ley es pasar a la aprobación de vocales por mayoría simple, una mayoría que PSOE+Podemos si poseen, y así poder elegir miembros a su gusto sin necesidad de consenso.

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De todos modos, uno de los principales objetivos de este proyecto es blindar de la justicia al actual Vicepresidente, el comunista líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se encuentra involucrado en el “Caso Dina“.

El Caso Dina es un verdadero escándalo en la política española. La causa tiene origen en noviembre de 2015, cuando la por entonces asesora y secretaria personal de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, denunció el robo de su teléfono móvil. Años después, el comisario José Manuel Villarejo fue detenido y se encontró que él poseía imágenes que sólo podrían haber salido de la tarjeta del móvil sustraído.
En aquel entonces, se creía que Villarejo había estado espiando y conspirando ilegalmente contra Podemos. En marzo de 2019, Pablo Iglesias se presentó como perjudicado, pero durante la investigación se supo que en realidad durante todo 2016, la tarjeta había estado en posesión del mismo Iglesias.
Según las declaraciones de los testigos, el máximo responsable del grupo Zeta, Antonio Asensio, personalmente le entregó a Pablo Iglesias la tarjeta en enero de 2016, que había llegado a la redacción de Interviú a través de una fuente anónima.
En 2017, Iglesias le devolvió la tarjeta a Dina, contándole que él la tenía pero que no había accedido a los datos que ésta contenía. En julio de ese año, el medio OKDiario publicó capturas de conversaciones privadas de Pablo Iglesias que se habrían hecho con ese teléfono celular, lo que hizo que Bousselham pidiera que se investigara su robo y, tan solo unos meses después, en enero de 2017, Iglesias le devolvió la tarjeta.

Dina ha dado varias versiones al juez sobre el estado en el que Pablo Iglesias le entregó la tarjeta de memoria: primero dijo que se la devolvió rota, pero más tarde declaró que pudo acceder a su contenido ni bien la recuperó y que, al intentar volver a usarla, quedó inutilizable, tras lo que la envió a una empresa en Gales para que la intentaran arreglar.

El 7 de octubre, en su afán de determinar quien dejó inutilizable la tarjeta, el juez encargado del caso le pidió a la Corte Suprema que le abra una investigación al Vicepresidente por daños informáticos.

Izq: el vicepresidente Pablo Iglesias. Der: Dina Bousselham.

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El juez encargado del polémico caso, cree que Iglesias simuló un delito para poder acceder a la información privada de su más cercana militante, ya que sospechaba que ella estaba filtrando información del partido.

Si se demuestra que la información que estaba en posesión del comisario Villarejo fue otorgada por Pablo Iglesias, en su afán de crear una falsa ilusión de persecución política y sacar un rédito electoral, el líder comunista podría enfrentar una condena de hasta 9 años de prisión por los delitos de “revelación de secretos”, “simulación de delito” y “daños informáticos”.

La revelación de secretos es un delito contemplado en el artículo 197 del Código Penal español, e implica penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. Además, la simulación de delito está penado con entre 6 meses y 2 años de prisión. Por último, el delito de daños informáticos puede acarrear desde 6 meses a 3 años de prisión. En total, Pablo Iglesias se podría enfrentar a una pena de hasta 9 años de prisión si se le imputara y condenara.

Sin embargo, para esto deben ocurrir dos cosas, que la Justicia federal lo impute y lo condene, y que el Congreso de los Diputados lo desafuere. Para blindar al Vicepresidente de la condena, Pedro Sánchez y las demás autoridades del Gobierno han lanzado esta reforma, que trata de presionar al Tribunal Supremo y evitar cualquier tipo de sorpresa en la sentencia.

Por otro lado, del desafuero se encargan los líderes parlamentarios del PSOE y Podemos, quienes trabajan en formar un bloque que apoye a Pablo Iglesias y evite que la oposición vote por quitarle la inmunidad legal.

Socios en crimen: Pablo Iglesias y Pedro Sánchez co-gobiernan con el puño firme y la oposición silenciada.

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Sin embargo, no será tan fácil para Sánchez aprobar esta Reforma Judicial. La oposición, generalmente muy dividida en términos políticos, esta vez dejó sus diferencias de lado y se unió en repudio del proyecto.

El Partido Popular (PP) y VOX aseguraron que recurrirán al Tribunal Constitucional para que se expida sobre la propuesta y frene este atropello de la separación de poderes.

Por su parte, los diputados de VOX, aseguraron que tienen preparado un plan de resistencia en caso de que Sánchez se salga con las suyas. Macarena Olona, Secretaria General parlamentaria, ha manifestado: Se aprobará y los 52 [diputados] de VOX en el Congreso recurriremos ante el Constitucional. Frente a su totalitarismo, resistencia“.

Por Alfonso Lorenzo de Olmos, para La Derecha Diario.

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España

VOX reitera su rechazo al Pase Sanitario en España: “Solo buscan el control social”

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El partido de derecha española llama a la ciudadanía a levantarse ante las restricciones de derechos y libertades, y rechazar cualquier tipo de pasaporte covid.

El partido de derecha VOX ha reiterado su rechazo al pase sanitario y ha animado a los ciudadanos a desprenderse del miedo y levantarse ante la medida inconstitucional.

Únicamente nos queda desprendernos del miedo, cuando nos quitemos el miedo recuperaremos la dignidad como pueblo”, revindicó esta semana en rueda de prensa la secretaria general de VOX en el Congreso, Macarena Olona, que ha denunciado que el pasaporte covid en España solo funciona como un “instrumento de control social que restringe los derechos y libertades de los ciudadanos”.

Olona aclaró que ella está vacunada con esquema completo contra el Covid-19, pero luchará para que los “españoles libres” que elijan no vacunarse puedan no hacerlo.

“Como española nacida libre y vacunada con pauta completa, podría obtener el certificado covid y mis derechos no se verían limitados; sin embargo, me niego a someter el ejercicio de mis derechos y libertades a la exhibición de ningún certificado“, advirtió.

España tiene cerca del 90% de su población con esquema completo, pero aún así el gobierno socialista de Pedro Sánchez está decidido en implementar el pase sanitario para discriminar a ese 10% de los españoles que han elegido no hacerlo.

Es una medida inconstitucional y discriminatoria. Animo a todos los españoles a despojarse del miedo y sumarse a esta defensa de derechos y libertades“, reivindicó Olona.

Las autoridades de VOX anunciaron al final de la conferencia que recurrirá a todas las leyes y ordenamientos autonómicos para enfrentar a los gobiernos que implanten el pasaporte covid u otro tipo de restricciones que a su juicio vulneran el ordenamiento jurídico, como ya hicieron con leyes de Canarias y Galicia.

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España

Abascal se reúne en Brasil con Jair Bolsonaro y la derecha brasileña se suma al Foro de Madrid

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El líder de VOX desembarcó en Brasil para dialogar con Jair y Eduardo Bolsonaro sobre extender alianzas en toda la Iberósfera entre movimientos políticos de derecha.

El líder de VOX, Santiago Abascal, viajó a Brasil este fin de semana para participar de la cumbre “Brasil profundo” organizada por el Instituto Conservador-Liberal, dirigido por Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo menor del presidente brasileño.

Desde Matto Grosso, Abascal habló junto a diputado Bolsonaro y el eurodiputado español Hermann Tertrsch y convocó una “alianza de todos los patriotas del mundo” como parte de una visita que dijo tenía como objetivo aprender de una “nación que no se rinde“.

Los patriotas de ambos lados del Atlántico tenemos la responsabilidad histórica de brindar a nuestros pueblos un horizonte de prosperidad“, afirmó Abascal.

El derechista alertó sobre la “amenaza narcocomunista” y la “cultura del marxismo” y defendió “los valores supremos de la tradición, la autoridad, la jerarquía y la mancomunidad“.

La izquierda no ha podido arruinar Brasil ni en España los movimientos separatistas dividirnos“, agregó y destacó que Brasil “ha sabido plantar cara” al ex presidente y corrupto Lula da Silva y ha sabido defender sus derechos frente a las organizaciones internacionales, que dicen a las naciones “cómo tienen que legislar y cómo tienen que vivir”.

En ese tono, sostuvo que “hay que desenmascarar al Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla y enviar sus recetas criminales al basurero de la historia“.

Abascal también se reunió con el presidente Jair Bolsonaro, a quien le propuso sumar al movimiento que lo sigue en Brasil a la alianza internacional de partidos políticos de derecha que está armando, principalmente en la Iberósfera (España, Portugal, y toda América Latina).

El viaje de Abascal se dio al mismo tiempo que Pablo Casado, líder del Partido Popular (PP) de España y su principal rival en la oposición, hizo una gira por Argentina, Uruguay y Chile, en busca de alianzas con partidos de centro como el PRO, el Partido Nacional o la coalición Chile Vamos, para poder hacer un contrapeso al Foro de Madrid que está lanzando VOX.

La derecha española viene reforzando su presencia en América Latina, primero con su desembarco en México donde reunió con opositores a López Obrador y ahora estrechando lazos con el bolsonarismo.

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España

Caso Juana Rivas: Violencia feminista de una madre a sus hijos que conmociona a España y desafía un indulto presidencial

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La mujer que se convirtió en ídola del colectivo feminista golpeó y permitió que abusen de sus hijos, según reveló un juez que se niega a dejarla en libertad tras el indulto de Pedro Sánchez.

Mientras el caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado por su madre y su pareja lesbiana en La Pampa, ha conmocionado a toda la Argentina, del otro lado del Atlántico un caso extremadamente similar azota a España, con el condimento de que la abusadora es idolatrada por el colectivo feminista.

Juana Rivas es una española nacida en Granada, quien mantuvo una relación amorosa con Francesco Arcuri, un italiano del sur de Cerdeña. Se conocieron en el año 2004 en Londres y tuvieron un hijo en el año 2005 que los dejó unidos sentimentalmente. Se trasladaron a Granada en 2006, donde convivieron juntos durante tres años y tuvieron un segundo hijo.

Esos 3 años terminaron siendo un infierno de abuso físico y psicológico para Arcuri. En 2009, la situación estalló. Rivas acudió a un hospital y denunció maltrato por parte de su pareja, asegurando que éste le había pegado y roto la mano. El parte médico mostró que no tenía daños físicos ostentables.

Sin embargo, Arcuri fue arrestado inmediatamente por la denuncia de Rivas. Examinado por el médico forense del Juzgado Número 1 de Granada, se observó que en realidad era Arcuri quien tenía hematomas en un muslo y en la cadera, así como erosiones en pantorrilla y cuello, indicios claros de violencia de ella a él.

​Se llegó a un acuerdo de conformidad entre ambos por decisión del propio Arcuri en contra de los consejos de su abogado. Arcuri admitió el delito de lesiones en el ámbito familiar, a pesar de no haberlo cometido, y Rivas fue absuelta de cualquier delito. Arcuri sería condenado a tres meses de prisión y a una orden de alejamiento de un año y tres meses.​ Este sería solamente el preludio.

EL CASO JUANA RIVAS - Page 11 - Foro Loco
Arcuri y Rivas en Italia

Rivas secuestra a los hijos y se escapa a España

En 2013 Rivas y Arcuri retoman la relación, y nuevamente, tres años después, estallaría todo de vuelta. En mayo de 2016, Juana Rivas abandona Cerdeña, la provincia italiana donde estaban viviendo, y se marcha a Maracena, Granada, junto a sus dos hijos, bajo el pretexto de ver a su familia.

Asesorada por el Centro de la Mujer de Maracena, en julio de 2016 Juana Rivas presenta la primera denuncia ante la Guardia Civil de Maracena por presuntos maltratos físicos y psicológicos infligidos por Francesco Arcuri, por hechos ocurridos en Italia, y le avisa al padre que se va a quedar en España y que nunca más va a ver a sus hijos.

Según el testimonio de la defensa de Arcuri, y ratificado por el juez que emitirá la sentencia de julio de 2018, la intención de Rivas habría sido obtener la Renta Activa de Inserción para mujeres maltratadas y así poder asentarse en España.​

En diciembre de 2016, Rivas vuelve a interponer una denuncia contra su ahora ex pareja por maltratos. Al mismo tiempo, el día 14 de diciembre, el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Granada ordena a Rivas la “inmediata restitución” de los niños con su padre de vuelta a Italia. Esta resolución pasó a ser firme en abril de 2017, después de que Arcuri emitiera y obtuviera la guardia y custodia de los menores por el Tribunal de Cagliari en junio de 2017.

​A partir de entonces el caso obtiene atención internacional. La justicia italiana reclama que los niños deben ser devueltos al padre, mientras el gobierno español, comandado por el socialista Pedro Sánchez, se declara en favor de Rivas y promete ayudarla a combatir hasta la última instancia.

Francisca Granados, responsable de la Secretaría de Igualdad de Maracena, organiza una rueda de prensa junto a Juana Rivas donde anuncia su oposición a la entrega de los niños, y el respaldo del gobierno. El 26 de julio, Rivas se oculta junto a sus hijos.

El abogado de Francesco Arcuri solicita una orden de detención internacional contra Juana Rivas en la que alega delitos de desobediencia, violencia psicológica habitual contra los hijos, y delito contra la administración de justicia. Asimismo, afirma que Rivas se hallaría en un estado de “desequilibrio emocional” y representaría un riesgo para los hijos en común, que ya llevaban 2 años sin ver a su padre.​

El colectivo feminista, rápidamente se pronunció en favor de Juana Rivas, y la elevaron a un nivel de heroína feminista en contra del yugo partiarcal. Bajo el hashtag #JuanaEstaEnMiCasa, se lleva a cabo una ola de manifestaciones por todo el territorio español en apoyo a Rivas, que se convierte en una exponente de las víctimas de violencia de género.

El 27 de julio de 2018 la locura llegaría a su fin. Juana Rivas se entregó a la justicia y terminaría condenada a cinco años de prisión, seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad, 30.000 euros de indemnización a su expareja y el pago de los costes judiciales. Los hijos fueron devueltos al padre, con quien viven hasta el día de hoy.

En un momento de lucidez, Rivas se entregó a la justicia y devolvió a los hijos.

La locura no termina: el indulto de Pedro Sánchez

Tres años después, y con Rivas siendo para muchos la más alta referente feminista y víctima de un sistema judicial partiarcal, el presidente Pedro Sánchez la indultó, reduciendo su pena y habilitándola nuevamente a ejercer la patria potestad.

El indulto parcial fue concedido el 16 de noviembre de este año, y el colectivo feminista estalló de alegría, organizando tendencias en redes sociales pidiendo que ahora Rivas vaya por la tenencia de los hijos y pida la cárcel de su ex pareja..

Sin embargo, esta semana, el magistrado del Penal 1 de Granada emitió un comunicado asegurando que de oficio se negaría a suspender la cárcel por el indulto.

El juez, que había mantenido por secreto de sumario muchos de los detalles de la causa, contó que Rivas fue hallada culpable de golpear violentamente a sus hijos, e incluso abusar sexualmente de ellos.

“La mujer es un peligro para sus hijos y no se ha arrepentido en ningún momento. En repetidas ocasiones, estando los hijos bajo su custodia, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor“​, sostuvo en el comunicado.

La denegación de la libertad a Juana Rivas se vuelve contra Dolores Delgado
Rivas al recibir el indulto

“Este hecho”, sigue el magistrado, “se ha venido omitiendo de forma explícita por no afectar a la intimidad del menor, pero debe quedar expuesto en el estado al que ha llegado la causa, como verdadera razón que crea desconfianza por la posibilidad de que la acusada pueda aprovechar cualquier beneficio penitenciario que implique libertad plena de movimiento para que vuelva a retener a los menores bajo su guarda y a que vuelvan a ser puestos en peligro por un deficiente ejercicio, y desde luego, no va a ser este Juzgado el que lo posibilite, en la medida de las competencias que tiene atribuidas“.

El caso ha dejado expuesto al colectivo feminista, que prioriza el género de la persona que defiende antes que su culpabilidad en delitos tan sensibles como este. El caso Juana Rivas por lo menos servirá como ejemplo de que la mujer también es capaz de agredir física y psicológicamente a su pareja y/o a los hijos, y la justicia debe ser siempre quien determine quién es culpable y quien no, una potestad que nunca debe tener una turba violenta de feministas resentidas.

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