Las reformas laborales implementadas en Grecia desde 2021 y España a mediados del año pasado avanzaron en direcciones opuestas, y en consecuencia los resultados también fueron dispares. La creación de empleo en la economía española se estanca en comparación al dinamismo de la economía helena.

Desde mediados del año 2012 fue muy común observar que la tasa de desocupación de España fuese sistemáticamente menor a la que sufría la economía griega. Por aquel entonces el Gobierno del Partido Popular llevó adelante una reforma laboral que flexibilizó enormemente la legislación, mientras que los sucesivos Gobiernos socialdemócratas en Grecia se caracterizaron por trabajar en contra del empleo.

Pero esta tendencia de los últimos años parece haber llegado a su fin. Entre mayo y junio de 2021 el Gobierno del derechista Kyriakos Mitsotakis implementó una ambiciosa reforma para la flexibilización laboral, incluyendo el lanzamiento de modalidades de contratación más flexibles y menores cargas patronales sobre las empresas.

El Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez en España hizo todo lo contrario, logró la aprobación de una reforma laboral a mediados de 2022, con el objetivo de endurecer más las regulaciones laborales y anular los postulados de la reforma de Rajoy 10 años atrás.

Y si bien la nueva legislación española mantuvo la mayor parte del organigrama anterior, se incluyeron algunas cláusulas muy distorsivas como por ejemplo la eliminación de los límites por ultra-actividad de convenios colectivos y la eliminación de algunas modalidades de contratación temporal habilitadas, entre otros cambios.

Con todo esto, la tasa de desocupación de España se estancó en el 12% de la población económicamente activa de referencia en septiembre, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). El desempleo llegaba al 12,7% al momento del lanzamiento de la reforma, con lo cual no se registró ninguna mejora significativa pese a las promesas del oficialismo.

Desde el punto de vista de Grecia la desocupación retrocedió al 9,9% al término del mes de octubre, oficialmente el primer registro por debajo de los dos dígitos en los últimos 14 años. El desempleo superaba el 15% antes del lanzamiento de la nueva legislación laboral, retrocedió 5 puntos porcentuales desde entonces.

El desempleo de la economía griega acumula un total de 20 meses situándose por debajo del indicador homólogo en España. Grecia se encamina a normalizar la situación laboral  del país después del shock violento que representó la Gran Recesión internacional, pero España aún se encuentra muy lejos de poder aspirar a aquel 8% de desocupación que registraba antes de la crisis.

Las mayores rigideces nominales en el mercado laboral suponen un gran problema para el crecimiento a largo plazo. Impiden la eficiente adaptación de shocks exógenos (como por ejemplo lo fue la pandemia en 2020), y más aún para países que delegaron su política monetaria en una entidad supranacional como es el caso de España y Grecia.

Cuanto más severas sean las rigideces de la legislación laboral, más difícil será el ajuste por la vía de los precios (en este caso los salarios), y más grande será el ajuste que se traslada por la vía de las cantidades (la cantidad de personas sin trabajo).

La cantidad de personas bajo el umbral de “riesgo de pobreza” alcanzó al 26,3% de la población al término del año 2022, la misma cifra que ocupó Grecia, y solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. La pobreza en términos de poder de compra de energía casi se duplicó desde que Sánchez llegó al poder en 2018.

La economía española demuestra un dinamismo cada vez más bajo y rezagado con respecto al promedio de la Unión Europea. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez introdujo reformas que desalientan el crecimiento económico y la generación de empleo, entre ellas la reforma tributaria de 2020 y la reforma laboral sancionada durante el año pasado.

La cantidad de personas en “riesgo de pobreza” alcanzó al 26,3% de la población en 2022, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España. Se llegó a un récord de hasta el 27,6% en 2021, principalmente impulsado por el incremento de la tasa de inflación a niveles anormales.

El riesgo de pobreza sigue siendo aún más elevado que el 26,1% que heredó la administración socialista en 2018, y acumuló una suba sustancial con respecto al 25,3% del año 2019. De esta manera, España se convirtió en el tercer país más empobrecido de Europa junto con Grecia (que registró la misma cifra en 2022), y solo por detrás de Rumanía (34,4%) y Bulgaria (32,2%).

La distribución del riesgo de pobreza no es uniforme en toda España. En las islas Canarias el riesgo de pobreza llegó al 36,3%, en la Comunidad de Andalucía alcanzó al 36% de la población, en Extremadura llegó al 35,9%, Castilla-La Mancha registró un 32%, en Murcia el riesgo superó el 31%, mientras que en la Comunidad Valenciana superó cómodamente el 27%.

Se debe tener en cuenta que se entiende por “riesgo de pobreza” a una métrica que mide cuántas personas tienen ingresos bajos (atado a un determinado umbral que fija el INE) con respecto al ingreso promedio de la población, con lo cual es una medida de pobreza relativa (desigualdad) o no pobreza absoluta.

Pero aún así, la pobreza absoluta también aumentó en la España de Pedro Sánchez. El 22,1% de la población española experimentó dificultades para llegar a fin de mes con su salario en 2022, ligeramente por encima del 21,6% registrado en 2021. Por otra parte, el 8,7% de la población sufrió dificultades económicas severas al término del año pasado, cuando este umbral no supera el 7,9% en 2019.

La pobreza en términos de poder de compra de energía se disparó brutalmente tras el shock de precios internacionales provocado por la Guerra de Ucrania, la inflación desatada por el Banco Central Europeo, y la disfuncional política energética de Pedro Sánchez que encarece tanto los costos mayoristas como las tarifas públicas que perciben los consumidores.

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE reveló que el 17,7% de los hogares españoles no se pueden permitir mantener una temperatura adecuada en invierno, una medida de “pobreza energética”. 

Sánchez asumió la dirección del país en 2018 cuando la pobreza energética sólo alcanzaba al 9,6% de la población, casi se duplicó en 5 años de gestión. Escaló al 11,1% en 2020 y al 15,2% en 2021, todo esto antes de que se desatara la guerra entre Rusia y Ucrania.

El Gobierno socialista no dudó en avasallar las instituciones para retener el poder. Manteniendo el Gobierno en complicidad con el terrorismo y el independentismo, Sánchez anunció la suba de 15 impuestos adicionales a los 54 que ya subió desde 2019.

El presidente socialista Pedro Sánchez logró mantenerse en el poder por 4 años más luego de pactar gobernabilidad con grupos terroristas y partidos vinculados al independentismo catalán y vasco.

Este miércoles, en su inauguración, el líder de izquierda anunció un impuestazo “con perspectiva social” que implica 15 medidas fiscales para subir los impuestos, que se suman a las 54 que ya aprobó desde el año 2019.

La economía española pierde dinamismo con respecto al crecimiento del promedio de la Unión Europea, y está a medio camino de convertirse en uno de los principales infiernos fiscales del bloque. 

Los primeros aumentos se deben a la modificación del Impuesto sobre la Renta (IRPF). El Gobierno propone aumentar la tasa del 26% al 27% sobre las ganancias de capital por sobre un importe de más de 200.000 euros anuales, y establecer una tasa máxima del 28% sobre las ganancias de más de 300.000 euros anuales.

Se propone, además, elevar la cuña fiscal efectiva sobre el IRPF autonómico, limitando las deducciones vigentes y retrasando el valor real del mínimo no imponible al no ajustarlo debidamente por la inflación acumulada de los últimos años. La cuota de los empleados autónomos no dejó de aumentar desde 2019, muy alejado del discurso de Sánchez alegando gravar únicamente a los “ricos”.

El Gobierno prepara una nueva modificación sobre el impuesto de Sociedades para limitar las compensaciones legales por la percepción de pérdidas. Se propone adoptar el impuesto mínimo corporativo con una tasa del 15%, a fin de poder tributar a las empresas incluso cuando sus resultados dieran pérdidas en algún trimestre. Este impuesto se aplica a los ingresos contables, y no a las ganancias propiamente dichas.

La reforma tributaria del socialismo español propone una mayor generalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ejemplo eliminando exenciones sobre alimentos y productos de primera necesidad, tarifas de electricidad, tarifas de gas, o por las ventas de productos vinculados a la salud. Todo esto, que hasta ahora no estaba gravado por el impuesto, podría tener una alícuota que va del 4% al 21% dependiendo del producto o servicio.

Se incrementará también la recaudación fiscal por los llamados “impuestos especiales”. El gravámen especial aplicado a la electricidad aumentará del 0,5% al 5,11% entre 2024 y 2025, mientras que se ratificó la continuidad del impuesto a los plásticos de un solo uso (que entró en vigencia a partir de este año).

Se ratificó la continuidad del Impuesto “Temporal” de Solidaridad a las Grandes Fortunas, el cual grava exactamente la misma base imponible que el impuesto al Patrimonio (muy similar al impuesto a la Riqueza que lanzó el kirchnerismo en Argentina). Se trata de un gravámen que establece una alícuota máxima del 3,5% sobre los patrimonios alcanzados en la escala superior.

El objetivo de estas medidas es incrementar drásticamente la recaudación consolidada del Gobierno español, para así cerrar la brecha fiscal que actualmente supera el 4,3% del PBI según las últimas estimaciones del Banco Central Europeo (BCE). El ajuste recaerá sobre los españoles, y no sobre el Estado.