Se trata de la primera rebaja crediticia para una economía desarrollada desde los remates de la Gran Recesión Internacional en 2008. El déficit fiscal de Francia volvió a aumentar y el Presidente no presentó ningún tipo de plan para estabilizar el crecimiento explosivo de la deuda pública.

Una de las agencias calificadoras de riesgo con mayor prestigio a nivel internacional, la firma Fitch Ratings, decidió rebajar la clasificación de los títulos soberanos franceses de largo plazo de “AA” a “AA-“, con lo cual la deuda del país europeo retrocedió oficialmente a la cuarta categoría prevista dentro del nivel de “inversión” de activos.

Esto es un hecho extremadamente raro para una economía desarrollada y que solo se produce en muy contadas excepciones. La última vez que Francia enfrentó una rebaja crediticia semejante fue en el año 2012, como el último efecto rezagado de lo que fue la brutal crisis internacional que estalló en 2008.

El problema de la economía francesa sigue siendo el mismo: el Gobierno no ofrece ningún tipo de garantía para ordenar las finanzas públicas, y con ello poder estabilizar el ratio de la deuda pública con respecto al tamaño de la economía nacional. El presidente Emmanuel Macron incumplió sus promesas y elevó irresponsablemente el déficit fiscal hasta los niveles más altos desde 2012.

Incluso antes del impacto por la pandemia, el déficit fiscal de Francia había aumentado del 2,3% del PBI en el último trimestre de 2018 al 3,3% para el tercer trimestre de 2019. Una vez superada la pandemia el resultado fiscal se moderó del 9% al 4,1% del producto, pero nuevamente volvió a crecer desde el tercer trimestre del año pasado y ya supera el 4,7% del PBI.

El presidente Macron desplegó un programa de subsidios energéticos y sociales como respuesta a cambio de precios relativos que provocó el conflicto en Ucrania, y esto no hizo más que profundizar todavía más el problema fiscal. Con la sola excepción de Ucrania (que opera bajo una economía de guerra), Francia se convirtió en el país europeo con el mayor nivel de gasto público en relación al PBI (hasta el 58,13% en diciembre de 2022).

El Fondo Monetario Internacional estima que el déficit francés superará el 5,3% del PBI para fin de año, y si bien se espera una tenue moderación en los próximos cinco años a raíz de la reforma previsional, el desequilibrio previsto en ningún momento atravesará la barrera del 3,8% del producto. 

Las tímidas reformas del presidente Macron no garantizan la responsabilidad fiscal en absoluto, pese al violento grado de conflictividad que generaron. De hecho, el FMI sugiere que Francia de ninguna manera no podrá llegar al superávit primario por lo menos en los próximos cinco años. Sin contabilizar la carga por intereses de deuda pública, la última vez que los gastos primarios del Estado francés pudieron cubrirse con recursos genuinos fue en el año 2001.

El informe de la calificadora Fitch demostró preocupación por la inestabilidad política del país y la continuidad de las reformas para aliviar el déficit fiscal, ya que incluso un aumento perfectamente racional, gradual e incluso modesto sobre la edad jubilatoria provocó reacciones desmesuradas en sectores radicalizados de izquierda en la sociedad francesa.

“El estancamiento político y los movimientos sociales (violentos) suponen un riesgo para la agenda reformista de Macron, y podrían crear presiones para una política fiscal más expansiva o una reversión de las reformas anteriores”, sentenció Fitch. 

Las autoridades francesas han confirmado que procesarán a tres manifestantes anti-Macron por las acusaciones de que señalaron al asediado presidente con el dedo medio.

Francia cumplió este lunes, seis meses de protestas ininterrumpidas desde el anuncio del presidente Emmanuel Macron que reformaría la ley de jubilacion para subir la edad de retiro a 65 años, que ha sido introducida por decreto y sostenida por el Tribunal Constitucional.

Desde entonces, el gobierno macronista ha decidido lanzar una brutal campaña del miedo arrestando a todos los manifestantes posibles, incluso valiéndose de leyes antiguas que no se usaban hace siglos para poder justificar su detención.

Según un informe de BFMTV, Macron le ha pedido a sus fiscales que procesen a dos hombres y una mujer que le levantaron el dedo medio del “fuck you” al presidente durante su visita a Sélestat a principios de esta semana. Todos serán juzgados en septiembre.

Se los acusa de haber infringido una ley draconiana en el país que prohíbe las declaraciones o gestos que “afecten la dignidad personal o el respeto debido a un funcionario público de alto rango”. Según el Código Penal francés, tal delito conlleva fuertes penas, incluida una multa de 15.000 euros y potencialmente hasta un año de prisión, según confirmó un jurista entrevistado por la emisora La Chaîne Info.

La legislación no se usaba hace décadas, y proviene de una época en Francia muy distinta a la actual. Los insultos a Macron y a la figura presidencial son la norma, y hace meses que las calles de París y otras importantes ciudades están repletas de violentos y agresivos manifestantes.

Macron recurre a esta porción del Código Penal que no tiene asidero en la actual conformación de una democracia liberal, y busca cualquier excusa para poder tapar las críticas a su gobierno.

Esta no es la primera vez que las autoridades apuntan a miembros del público francés por insultar a Macron, habiendo arrestado a una mujer el mes pasado por decirle “basura” al presidente en una publicación en sus redes sociales.

Se dice que la mujer fue arrestada por tres policías que se presentaron en su casa por una de sus publicaciones en línea, que supuestamente la mostraba frente a un graffiti burlándose de Macron que las autoridades ahora dicen que ella misma hizo, aunque no pudieron demostrarlo.

Tal afirmación es negada por la mujer, que ahora se enfrenta a una pena máxima de 15.000 euros y un año de prisión si un tribunal francés la declara culpable de insultar a Macron.

Ya contra las cuerdas a raíz de las continuas protestas en el país, el líder francés ha comenzado a recorrer su país con la esperanza de recuperar el favor del público, que se ha vuelto contra el mandatario a pesar de haberlo votado por amplia mayoría hace menos de un año.

Lo odian pero lo votan, y poco después de consolidar un 55% del voto contra la derechista Marine Le Pen, Macron ahora ha visto caer su popularidad a su punto más bajo desde que llegó a la presidencia en 2017. Con apenas 25% de los encuestados diciendo que apoyan su gobierno.

Mientras tanto, tanto la derecha de Le Pen como la izquierda de Melénchon crecen en popularidad a pasos agigantados. Las encuestas hoy sugieren que Le Pen ganaría la presidencia si se celebraran elecciones en el país ahora mismo.

El Gobierno impulsó una serie de medidas diseñadas para contener el shock energético tras la guerra entre Rusia y Ucrania, pero el costo fiscal está desequilibrando las finanzas del sector público y engrosando el endeudamiento. El FMI recomienda un ajuste sobre el Estado elefantiásico francés.

Los desequilibrios fiscales del Estado francés encarecen el acceso al crédito doméstico e internacional, prometen engrosar el stock de la deuda pública a mediano y largo plazo, y confirman una amenaza directa para la estabilización de los precios.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Emmanuel Macron llevaron al déficit fiscal al 4,73% del PBI al cierre del cuarto trimestre de 2022, acumulando un salto de 0,6 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de ese año. Francia no logró retornar a la posición fiscal previa a la pandemia, a pesar de que el nivel de actividad sí consiguió recuperarse (aunque permanece estancada desde hace 6 meses).

El aumento del desequilibrio del sector público responde a una fuerte expansión del gasto público total, que escaló del 57,5% del PBI en junio de 2022 al 58,13% en diciembre. Las erogaciones superan holgadamente al nivel que tenían antes de la pandemia (alrededor del 55% del PBI), mientras que la recaudación total se mantuvo relativamente constante desde entonces.

El aumento del gasto público se vio aparejado por las medidas implementadas por Macron en un intento por “contener” el shock de precios energéticos que generó la guerra en Ucrania. La restricción de la oferta de gas ruso provocó un cambio de precios relativos que encareció dramáticamente las tarifas residenciales y el costo de la producción para el sector industrial francés. 

El Gobierno respondió al shock extendiendo las transferencias directas programadas desde 2020 por la pandemia, reduciendo temporalmente los impuestos a los combustibles y extendiendo los subsidios a las empresas. También se implementaron controles de precios para una canasta de hasta 500 productos de consumo por 90 días, y topes en los precios de las tarifas de electricidad y gas residencial (medidas análogas al kirchnerismo).

Las medidas desbarataron las finanzas públicas, en un momento extremadamente delicado porque urge la necesidad de reordenar el déficit para estabilizar el ratio de la deuda sobre el PBI (algo que se vio afectado por el impacto del covid en 2020). El Gobierno francés mantiene el tamaño del Estado más grande de Europa, con la sola excepción de Ucrania (que debe afrontar una carga sideral en gastos de índole militar).

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) le recomendó al Gobierno permitir un mayor ajuste desde el punto de vista del gasto público, en áreas abiertamente deficientes en donde se gasta una mayor cuantía que el promedio europeo. Todo esto apuntaría a concretar una mayor consolidación fiscal para estabilizar el crecimiento de la deuda. 

“Esto podría comenzar aprovechando la eliminación gradual del apoyo pandémico para comenzar a reducir el déficit fiscal modestamente en 2023. Otras áreas para la reforma fiscal podrían incluir áreas donde el gasto supera con creces el de sus pares o donde los resultados son deficientes, incluidas las exenciones de impuestos, los beneficios sociales, la atención médica y el gasto subnacional”, explica el informe del FMI. 

Sin embargo, el oficialismo viró a la izquierda y se muestra frontalmente opositor a permitir mayores reestructuraciones del gasto público y más abierto con las nacionalizaciones y los controles de precios. La única muestra de austeridad provino de la reforma previsional para contener el crecimiento del déficit a largo plazo, algo indispensable para evitar un desequilibrio fiscal incontenible en los próximos años.