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Francia

“Francia Relanza”: el nuevo plan de Macron para salir de la crisis con un guiño a la derecha y al ecologismo

El gobierno francés lanzó un nuevo plan para reactivar la economía del país, con una reindustrialización del sector privado local, un plan para fomentar el empleo y una transición ecológica de acuerdo a la Agenda 2030. Un poco para la derecha y para la izquierda.

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El Presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó oficialmente el jueves un nuevo plan económico al que nombróFrancia Relanza“, a través del cual planea invertir 100.000 millones de euros en respuesta a la caída de la actividad económica que Francia venía sufriendo desde 2019, pero que se vio acentuada significativamente por el coronavirus.

El plan se enfocará en “recuperar la soberanía industrial y sanitaria” y de reactivar la actividad empresarial a través de incentivos económicos enfocados exclusivamente en empresas francesas.

En lo que parece un plan copiado de la agenda del opositor Frente Nacional de Le Pen en la campaña del 2017, se esconde un enorme componente político. La imagen del Presidente se encontraba en mínimos históricos antes de la pandemia, con un año ininterrumpido de las “Marchas de los Chalecos Amarillos“, una economía débil y un problema serio de inmigración, su popularidad se había derrumbado abajo del 20%.

Pero la pandemia le terminó jugando a favor. La inevitable crisis económica que había causado fue enmascarada por la crisis global del coronavirus, y la exitosa salida de la cuarentena entre mayo y junio, que a la fecha todavía no ha tenido mayores complicaciones, terminaron poniendo al Presidente de centro-izquierda como uno de los únicos en valorar las libertades individuales de sus ciudadanos en todo el mundo.

De esta manera, ahora Macron busca capitalizar con los nuevos apoyos que ha encontrado hacia la derecha, y su plan económico, aunque con pocas probabilidades de éxito, será un gran guiño a los sectores más nacionalistas.

Algunas de las medidas de las que consta el plan son: 
  • Una baja impositiva en lo equivalente a 20.000 millones de euros que se concretará en el plazo de dos años con una reducción de 10 mil millones por año entre 2021 y 2022,.
  • Un paquete de ayudas directas a las empresas nacionales con un presupuesto de 35.000 millones de euros.
  • Un plan de empleo para jóvenes menores de 25 años, que se espera que sume más de 160.000 nuevos trabajos para 2021, con beneficios fiscales para las empresas que contraten este segmento de la población activa.

El presidente Emmanuel Macron.

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La iniciativa apunta también, específicamente, a reindustrializar el país, buscando la relocalización de industrias que están en el exterior hacia el territorio nacional, propuesta que se la robó directamente al Presidente norteamericano, Donald Trump. En junio de este año, ya había coqueteado con la idea cuando manifestó su voluntad de relocalizar todo el proceso de producción del paracetamol a Francia.

Siendo Francia el segundo país europeo que más impuesto cobra a las empresas industriales en Europa, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, afirmó mientras comunicaba sobre el plan, que: Si se desea que las empresas industriales se establezcan en Francia, no tendrían que pagar, incluso antes de obtener ganancias, cinco veces más impuestos a la producción que en Alemania“.

Volviendo a mencionar la Agenda 2030 de la ONU, la hoja de ruta de todos los políticos globalistas de Europa, Macron declaró que “Preparar la Francia de 2030 no es subvencionar los sectores en dificultades, es invertir”.

Por su parte, el nuevo Primer Ministro francés, Jean Castex, reveló las tres patas del proyecto en conferencia de prensa: competitividad y reindustrialización de las empresas, cohesión social a través de restablecer el nivel de empleo, y una transición ecológica a un país “más verde”. 

Castex fue recientemente designado por Macron tras la renuncia de Édouard Philippe, que eligió volver a ser alcalde de Le Havre antes de quedar pegado a un Gobierno en caída.

Jean Castex presentando el programa “Francia Relanza”.

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Las tres patas del plan tienen cada una asignada una cantidad de recursos, que deberán ser usados hasta 2022 para “relanzar” Francia.

El plan para estimular la competitividad e innovación de las empresas recibirá 35 mil millones
de euros, la transición ecológica recibirá unos 30 mil millones de euros y los planes de empleo, cohesión social y territorial otros 35 mil millones de euros.

De los 100.000 millones de euros que movilizará el Gobierno para este programa, 40.000 millones provienen de la ayuda económica que envió la Unión Europea y el Banco Central Europeo para afrontar la pandemia, por lo que Macron deberá primero conseguir la aprobación del Eurogrupo.

En detalle, se gastarán:

  • €6,7 mil millones para fomentar el empleo juvenil.
  • €7,6 mil millones para impedir que las empresas despidan a sus trabajadores durante lo que resta de la pandemia.
  • €1 mil millones para la formación profesional y la reconversión laboral.
  • €250 millones para modernizar los mataderos.
  • €200 millones para ayudar a los bosques a adaptarse al cambio climático.
  • €1,2 mil millones para el desarrollo de una dieta más sana.
  • €1 mil millones para subsidiar las empresas de la llamada “economía circular”.
  • €300 millones para la rehabilitación de terrenos baldíos.
  • €1 mil millones para transporte (incluye €4,7 para el tren y €1,2 para bicicletas).
  • €7 mil millones para renovación energética en pos de una matriz energética renovable.
El componente ecologista de este programa también tiene sus objetivos políticos. Mientras se trata de retener el apoyo de los simpatizantes del Partido Verde, sentimiento que viene agarrando mucha tracción en Europa, también se quiere cumplir con las metas “verdes” de la Unión Europea, para facilitar las negociaciones sobre el 40% del financiamiento que depende de ellos.

Esquema del gobierno para la financiación de “Francia Relanza”.

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Francia

Encuesta CSA: El 70% de los franceses ahora rechaza la inmigración libre y pide controles fronterizos

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A diferencia de los números de encuestas del 2017, ahora más de siete de cada diez personas en Francia están a favor de una reducción “considerable” en la cantidad de inmigrantes que ingresan al país.

El Instituto CSA en una nueva encuesta divulgada por la emisora francesa CNEWS, que tuvo lugar el día viernes 29 de Julio, reveló que el 71% de los entrevistados cree que la tasa de inmigración en Francia debe reducirse “significativamente”, en comparación con el 28% que no está de acuerdo.

Esto es un cambio radical a una encuesta similar del año 2017, cuando justamente el resultado fue inverso. Casi el 70% estaba de acuerdo con una política migratoria de fronteras abiertas. Pero 5 años después, los efectos del multiculturalismo forzado han cambiado la percepción de la población francesa.

El cambio se ve especialmente en quienes se catalogan como “Centristas“. Dentro de este grupo, un 67% está a favor de proteger las fronteras y reducir la inmigración no-europea al país. Hace algunos años, los centristas defendían por abrumadora mayoría la migración libre.

Como era de esperar, dentro de quienes se identifican como de “Izquierda“, un 53% dijo que la inmigración libre debería mantenerse. Aunque el número parece alto, en encuestas del 2016 y del 2017, esta categoría respondía en más de un 80% en favor de la libre inmigración.

Las opiniones más definitivas fueron expresadas por quienes se identifican de “Derecha“, el 94% de los encuestados quiere asegurar las fronteras y reducir la inmigración en el país. Incluso si se excluye a la categoría llamada “Extrema Derecha” por la encuestadora, el porcentaje sigue siendo del 90%.

En total, la encuesta encontró que un total del 71% en todos los grupos apoyaba reducir la inmigración y asegurar las fronteras, una mayoría masiva y asentada que los políticos insisten que no existe.

Este masivo cambio de percepción sobre la problemática de la inflación se vio en las elecciones de este año entre Macron y Le Pen. La derechista ganó un masivo apoyo en comparación con el resultado que obtuvo en 2017, y aunque no fue suficiente para vencer a Macron, se hizo notorio un cambio de paradigma.

Además, el propio Macron adoptó una agenda contraria a la libre inmigración. A pesar de que en 2017 hizo campaña argumentando que Francia era una nación globalista y que controlar la migración era “racista”, este año el presidente lanzó un paquete de medidas para controlar la inmigración y forzar la inclusión cultural de los inmigrantes musulmanes.

Curiosamente, según la encuesta, la edad no fue un factor determinante en los resultados, ya que el 70% de los menores de 35 años deseaba una reducción en la inmigración en comparación con el 74% de los mayores de 65 años, diferencias que no son significativas.

El creciente sentimiento contra la inmigración en los adultos más jóvenes se reflejó también en las elecciones legislativas. Aunque Le Pen no logró derrocar al exbanquero en las elecciones presidenciales, su partido arrasó con un resultado sorprendente en las elecciones a la Asamblea Nacional de junio, en las que la Reunión Nacional (RN) obtuvo 89 escaños, comparado a los 8 que había obtenido en 2017.

El resultado sorpresa del partido populista de derecha, en combinación con una fuerte actuación entre la extrema izquierda, hizo que el presidente Macron perdiera su mayoría gobernante en el parlamento francés y tuviera que acordar con la centroderecha de Los Republicanos.

La preocupación por el tema de la inmigración fue central en las campañas de Le Pen, quien incluso prometió llamar un referéndum sobre inmigración si ganaba las elecciones, argumentando que los sucesivos gobiernos franceses han ignorado la voluntad del pueblo e impuesto la migración masiva al país sin su consentimiento.

Tras las elecciones a la Asamblea Nacional, Le Pen destacó el papel de la inmigración en la victoria y dijo: “Es cierto que nos sorprendió gratamente la movilización de nuestros compatriotas y este deseo de que la inmigración, la inseguridad, la lucha contra el islamismo no desaparezcan de la Asamblea Nacional”.

El Islam radical se ha convertido cada vez más en un tema candente en Francia, que ha experimentado una serie de ataques yihadistas de alto perfil en los últimos años, incluida la decapitación de Samuel Paty, un profesor de Historia de secundaria que mostró a su clase un dibujo satírica de Mahoma durante una clase sobre libertad de expresión.

Los problemas asociados con la migración masiva, incluida la suba en índices de crimen y de terrorismo, incluso han generado fuertes tensiones civiles. El año pasado, un grupo de generales retirados amenazaron con un golpe de Estado y advertirieron que el país puede caer en una guerra civil si el gobierno no rechaza la islamización del país.

Francia está dentro de las 193 naciones que firmaron los acuerdos globales de la Migración y de Refugiados en 2018, promovidos por las Naciones Unidas. Esto le quita la posibilidad de cerrar sus fronteras sin consecuencias políticas y económicas de la ONU.


Por Alfonso Lorenzo de Olmos, para La Derecha Diario.

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Francia

La derecha y la izquierda francesa se unieron para derribar el pase sanitario de Macron en el Congreso de Francia

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El gobierno quería institucionalizar el pase sanitario para viajar dentro del país y en las fronteras, pero el derechista Rally Nacional y el izquierdista NUPES se unieron para rechazar la propuesta de ley.

Los parlamentarios de la oposición rechazaron el proyecto de Ley de Covid que pretendía institucionalizar el pase sanitario de vacunación contra el COVID para viajar dentro y fuera de Francia más allá del 31 de julio, cuando expira el decreto que firmó Macron a principio de año.

La coalición gobernante de Francia, Juntos, no logró obtener la mayoría en las elecciones parlamentarias de junio, y debió respaldarse en el centroderechista Los Republicanos para mantener a la primera ministra Élisabeth Borne.

Pero a pesar de su apoyo, no logró la mayoría para aprobar esta controvertida ley. Diputados de todo el espectro político, incluido el partido de Marine Le Pen, el derechista Rally Nacional, y la coalición de izquierda de Jean-Luc Melenchon, el comunista NUPES, unieron fuerzas por primera vez en la historia legislativa para bloquear este proyecto.

En total, 219 diputados votaron en contra de la institucionalización del pase de salud para viajes tanto internos entre las diferentes provincias como internacionales, y solo 195 votaron a favor. Además, hubo 142 abstenciones o ausencias.

Si bien el oficialismo de Juntos y Los Republicanos tiene un total de 312 bancas, mucho más que las 289 que necesita para la mayoría simple, no todos los diputados republicanos votaron a favor, con muchos decidiendo abstenerse.

Los Republicanos no entró en una alianza formal con el gobierno, y simplemente prometió apoyar las leyes más importantes como el Presupuesto Anual y la elección del primer ministro, lo cual quiere decir que no todas las leyes que envíe Macron serán aprobadas automáticamente.

Pero la coalición gobernante tampoco se vio favorecida por el hecho de que actualmente no cuenta con los 21 diputados nombrados recientemente para funciones ministeriales, para los cuales, según el código electoral, se debe esperar al menos 30 días para reemplazar en el Congreso.

Rally Nacional y NUPES, dos partidos que se encuentran en el opuesto del espectro político, celebraron de pie el rechazo histórico a esta ley. Ambos tienen un total de 164 diputados (89 la derecha y 75 la izquierda), que se respalda en otro bloque comunista, el GDR, que tiene 22 diputados, y hay otros 16 diputados independientes, mayormente outsiders populistas, que también votan en contra del gobierno en este tipo de proyectos.

La primera ministra Elisabeth Borne recurrió a Twitter para criticar la inusual alianza de la oposición. “Este es un momento serio. Al unir fuerzas para votar en contra de las medidas para proteger a los franceses contra el covid, los partidos de la oposición están impidiendo cualquier control fronterizo contra el virus”, escribió. Una frase bastante irónica considerando que Borne ha dicho en el pasado que los controles fronterizos son “racistas y xenofóbicos”.

El proyecto de ley asegura que Francia está atravesando la “séptima ola de covid” y que está en camino de convertirse en una enfermedad endémica, por lo que se necesita crear una ley que le dé facultades al Ejecutivo para enfrentar el virus de manera sistémica y no coyunturalmente.

El pase sanitario seguirá siendo requerido para comer en restaurantes, entrar a cines y demás actividades cotidianas, una política que no requiere de la aprobación del Congreso, pero ya no podrá ser pedido a quienes viajen entre las provincias francesas, ni en los puntos de ingreso/egreso del país.

A pesar del rechazo en general, se aprobó en particular un artículo que introduce la posibilidad de extender el uso de la base de datos de pruebas de Covid de Francia SI-DEP y su sistema de alerta a los contactos cercanos de personas con Covid hasta el 31 de marzo de 2023. 

El nuevo ministro de Salud de Francia, François Braun, ha dicho que el gobierno hará todo lo posible para restablecer la parte rechazada del proyecto, y que el Senado todavía puede salvar la ley si hace algunas modificaciones y la vuelve a enviar a la Asamblea, donde ya los 21 diputados elevados a ministros estén reemplazados y Los Republicanos otorguen un mayor apoyo.

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Economía

Más nafta al fuego: Macron quiere inyectar 20.000 millones de euros para combatir la inflación

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Demostrando un absoluto analfabetismo económico, el Gobierno francés ampliará notablemente el gasto público e inundará la economía de euros, como una supuesta respuesta al salto inflacionario.

La inflación interanual de Francia llegó al 5,8% en el mes de junio, la más alta registrada en ese país desde julio de 1985. Si bien es uno de los niveles de inflación más modestos de la Unión Europea, el aumento de precios se transformó en una de las principales preocupaciones para la población y para el Gobierno galo.

El nivel de inflación interanual aumentó casi 6 puntos con respecto al año 2020, y este efecto resultó de la excesiva inyección de liquidez por parte del Gobierno francés. El Estado emitió títulos de deuda para financiar un histórico incremento del gasto público, que trepó del 55,3% del PBI en el cuarto trimestre de 2019 hasta el 62,3% del PBI en el segundo trimestre de 2021.

Los bonos públicos franceses, así como los de muchos otros países de la UE, fueron rescatados por el Banco Central Europeo mediante una estrategia conocida como “Quantitative easing”. Al no verse revertido el proceso, el exceso de oferta de euros generó el alza inflacionaria.

El Gobierno de Emmanuel Macron decidió ignorar prácticamente todo lo que sucedió y se prepara para lanzar otro masivo programa de estímulo por 20.000 millones de euros, como una supuesta herramienta para “recomponer el poder adquisitivo”.

El paquete fiscal pretende subsidiar el nivel de tarifas energéticas como realiza Argentina desde hace años, lanzar nuevos cheques de asistencia directa para hogares, y producir aumentos irresponsables en los haberes de jubilaciones y pensiones.

Las pensiones y jubilaciones podrían obtener un aumento anticipado del 4%, no previsto en la fórmula previsional del sistema de seguridad social. Además, Macron quiere aumentar un 4% las becas estudiantiles y lanzar “cheques alimentarios” por un valor básico de 100 euros, con un adicional de 50 euros por cada hijo. El programa comenzará a regir a partir del mes de septiembre.

Se postergará la meta para la reducción del déficit fiscal y la reducción del gasto público, y el Gobierno deberá acudir o bien a los mercados de crédito internacional o bien al propio Banco Central europeo para colocar más endeudamiento y obtener recursos frescos.

El Gobierno postula que el aumento de la inflación no se debe a los desequilibrios monetarios, sino que responde pura y exclusivamente a la guerra en Ucrania y la “especulación empresarial”.

Muy contrariamente a la tesitura de Macron, los mercados financieros esperan que las medidas generen aún más inflación y más desaceleración del crecimiento económico. La falta de disciplina fiscal podría incluso precipitar una caída en la demanda de dinero, generando así una situación de “dominancia fiscal” con serios riesgos para la estabilidad de precios. 

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