El desequilibrio financiero del gigantesco Estado francés se acercó nuevamente a los 5 puntos del PBI en el segundo trimestre del año, y se mantuvo en crecimiento desde mediados del año pasado. Los extravagantes subsidios a la energía y las nuevas ayudas sociales son el eje del problema.

El Gobierno del presidente Emmanuel Macron demostró no tener ninguna vocación por reformas el sistema económico francés, cada vez más desgastado. El déficit financiero total del sector público llegó a representar casi el 5% del PBI en el segundo trimestre de 2023, llegando así a la cifra más alta desde la salida de la pandemia.

Cerca de 2 puntos porcentuales se corresponden con el pago de intereses de la deuda pública, con lo cual el resultado primario del Gobierno alcanzó un déficit del 3% del PBI al cierre de la primera mitad del año, el más importante de los últimos 5 trimestres.

Los desequilibrios ya acumulan cuatro trimestres de crecimiento consecutivos, a medida que el Gobierno desplegó una serie de subsidios sobre las tarifas energéticas (similar a lo que hacen Argentina y Venezuela), y amplió el gasto en transferencias sociales de manera ininterrumpida desde 2018 (en respuesta a las protestas de la extrema-izquierda).

Nuevamente, el Gobierno francés se mantiene en un rango de déficit que incumple abiertamente los criterios de convergencia de Maastricht, algo que Francia viene descendiendo desde hace al menos una década. De hecho, las proyecciones oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas de Francia sugieren que no se respetarán los parámetros de Maastricht hasta el año 2027.

La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings decidió rebajar la calidad de los títulos soberanos de Francia de “AA” a “AA-” a partir de mayo, en respuesta a la inacción fiscal que demuestra el presidente Macron. La última vez que Francia enfrentó una rebaja crediticia semejante fue en el año 2012, como el último efecto rezagado de lo que fue la brutal crisis internacional que estalló en 2008.

La reforma previsional del oficialismo no solo no resuelve el problema fiscal intertemporal del sector público (no logró adecuar los parámetros del sistema al envejecimiento poblacional), sino que tampoco implica resultados para el corto plazo debido al excesivo gradualismo con el que fue diseñada.

La Comisión Europea incrementó notablemente la presión sobre los Estados miembros para que vuelvan a ajustar sus finanzas públicas, y para el caso francés ya están en la mira un total de 10.000 millones de euros en gastos superfluos que se deberán recortar.

El presidente Macron prometió no aumentar ningún impuesto en lo que resta de su administración, pero todo indica que traicionará (otra vez) a sus votantes y se verá obligado a hacerlo ante la negativa de corregir los desequilibrios por la vía de las erogaciones. 

Muchos de estos nuevos impuestos llegan apañados por la “agenda verde”, como las tasas sobre los peajes y los viajes en avión, mientras que otros se justifican con la agenda de la izquierda europea, como el impuesto “extraordinario” para las grandes fortunas y los gravámenes sobre las transacciones financieras.

El Gobierno francés propone implementar una nueva tasa general para los viajes en avión low-cost, con el fin de alentar los viajes en tren y profundizar la agenda alarmista climática en Europa.

El presidente Emmanuel Macron volvió a arremeter contra los viajes en avión, esta vez proponiendo aumentar el peso regulatorio de la Unión Europea para establecer una tarifa mínima en contra de la actividad de los vuelos low-cost.

Se busca desalentar abiertamente este tipo de actividades, reduciendo los viajes en avión e incentivando artificialmente los viajes en tren para distancias cortas. El proyecto presentado ante la Comisión Europea demanda una lucha contra el “dumping social y medioambiental”, con excusas muy similares a las que Francia utilizó para boicotear cuatro tratados de libre comercio hasta la fecha (y entre ellos con el Mercosur).

El ministro francés de Transportes, el socialista Clément Beaune, menospreció públicamente las decisiones que toma la gente sobre los medios de transporte que elige utilizar, y advirtió que “En un momento de transición ecológica ya no es posible pagar billetes de avión de 10 euros”.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) rápidamente advirtió por el severo impacto que tendrán las medidas socialistas sobre el mercado europeo. Las tarifas mínimas podrían conseguir una reducción de hasta el 24% de los vuelos totales, pero esto solamente conseguiría una reducción neta en torno al 3,8% de todas las emisiones que atañen al sector. 

En total, la fuerte caída en la cantidad de vuelos totales provocará una reducción de hasta 102 millones de euros anuales de facturación, y la eliminación de hasta 1.800 puestos de trabajo en el sector privado formal. Frente a un costo económico sideral para la industria aeronáutica, los beneficios ambientales serán insignificantes.

El presidente francés ya adoptó un arsenal de medidas en contra de la aeronavegación. En el mes de mayo decretó la prohibición de todos los vuelos de cabotaje de corta distancia que pudieran ser sustituidos por viajes en tren de hasta dos horas y media.

No conforme con esto, Macron avanzó incluso más allá y hacia la primera semana del mes  de agosto anunció un nuevo impuesto para los viajes en avión, esta vez de carácter general y sin ninguna excepción. Las nuevas tarifas entrarán en vigencia a partir de 2024, y constituyen un recargo por encima del “impuesto Chirac” aprobado desde 2005.

En la misma línea que Macron, el Primer Ministro de los Países Bajos Mark Rutte (que aún permanece provisoriamente en el cargo a pesar de la disolución de su Gobierno) propuso medidas aún más drásticas, entre las cuales se incluye la introducción de cupos para la cantidad de vuelos anuales en la UE a partir de 2024.

La región con el menor crecimiento económico en el mundo y con el mayor peso del Estado en relación al PBI, sigue incrementando la presión regulatoria en detrimento de la facilidad para hacer negocios.

El proteccionismo visceral del Gobierno francés ya propició el Brexit del Reino Unido, la caída del acuerdo comercial con el Mercosur, el acuerdo con países asiáticos y el acuerdo con países del norte de Sudámerica.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron ha mantenido una impronta visceralmente proteccionista desde el 2017, contraria a cualquier tipo de transformación productiva sobre la desgastada economía del país.

Desde su llegada al poder, Macron se niega a rebajar aranceles y restricciones cuantitativas sobre las importaciones agrícolas de origen no europeo, y ha boicoteado múltiples acuerdos que el resto de la Unión Europea (UE) buscaba realizar.

La UE aplica una tasa arancelaria promedio nominal del 13,7% para cereales (con tarifas máximas de 68%), un aranceles promedio en torno al 38,4% sobre la importación de productos lácteos (el nivel más alto llega al 133%), 10% para plantas, frutas y vegetales, 24,6% sobre el azúcar y 17% para productos de origen animal.

La Unión Europea también establece cuotas arancelarias que alcanzan hasta el 13,5% de sus importaciones anuales, y el 23% de las líneas arancelarias se ven alcanzadas por regímenes de importación especial (por ejemplo aranceles que se aplican una vez superada una determinada cantidad de importación en el mercado).

La mayor parte de todas estas restricciones son abiertamente patrocinadas por Francia, y la Unión prácticamente no ha firmado nuevos acuerdos comerciales desde la llegada de Macron al poder en el año 2017, a pesar de que en su primera campaña presidencial despotricó y prometió eliminar todas las tarifas comerciales, pero terminó elevándolos a los niveles más altos en décadas.

El estancamiento en el proceso de apertura comercial de la Unión Europea es uno de los tantos factores que contribuyen a la desaceleración general del nivel de actividad y las exportaciones. Esto se suma al peligroso envejecimiento poblacional, las altas tasas impositivas y el creciente peso regulatorio, fundamentalmente debido a la agenda climática.

Francia fue sin lugar a dudas el principal protagonista en boicotear la apertura al comercio internacional. El país galo no solamente es el mayor opositor al acuerdo entre el Mercosur, sino que también consiguió boicotear un acuerdo con Estados Unidos en marzo de 2019, bloqueó un acuerdo comercial con Australia en 2021, y consiguió aplazar las negociaciones con Nueva Zelanda por un año hasta la firma de un convenio en julio de 2023.

El excesivo proteccionismo de Francia y el boicot sistemático a todas las iniciativas aperturistas de los socios restantes de la UE fue una de las principales razones que justificó el Brexit del Reino Unido.

Sin las ataduras de la UE, el Reino Unido logró concretar el demorado acuerdo de libre comercio con Australia en diciembre de 2021. También firmó un acuerdo comercial para liberar restricciones arancelarias con Japón en noviembre de 2020, más tarde firmó otro acuerdo con Ecuador en febrero de 2021 y otro más con Colombia en mayo de 2022.

Ninguno de estos tratados podría haberse llevado a cabo en presencia del constante obstruccionismo francés, condenando a Europa a la pérdida de miles de puestos de trabajo potenciales.