Tras el arresto de múltiples funcionarios de su gobierno y empresarios amigos, António Costa anunció su dimisión en medio de una masiva investigación de la Fiscalía de Portugal por corrupción en su gobierno, a partir de aceptar coimas en un proyecto medioambiental de hidrógeno verde.

El socialista António Costa, primer ministro de Portugal desde 2015, presentó oficialmente su renuncia este martes tras darse a conocer que la Fiscalía General ha abierto un proceso penal contra él y varios miembros de su Gabinete por delitos de corrupción vinculados a negocios en el sector del litio y el hidrógeno verde.

“En estas circunstancias, obviamente, presenté mi dimisión a su excelencia el presidente de la República“, afirmó Costa en televisión nacional, expresando también que el cargo de primer ministro no es compatible con la “sospecha de la práctica de cualquier acto criminal”.

“La dignidad de las funciones de Primer Ministro no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad, su buena conducta y menos todavía sobre la sospecha de la práctica de cualquier acto criminal”, afirmó Costa en el comunicado oficial televisado dirigido a la población de su país.

En Portugal el presidente es un cargo ceremonial, mientras que el primer ministro es quien encabeza el Poder Ejecutivo, por lo que la salida de Costa, quien domina la política portuguesa hace casi una década, se convirtió en un fuerte shock en el país europeo.

El líder del Partido Socialista, junto con varios miembros de su Gabinete, están siendo investigados por la Fiscalía por crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias, en negocios del sector del litio y el hidrógeno.

El procedimiento ordinario de dimisión estipula que Costa debe presentar su dimisión ante al presidente de la República, Marcelo Rebelo Sousa. En este contexto, luego de aceptar la dimisión, resta saber si el Jefe de Estado se decidirá o no por disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Otra opción, menos probable, sería que el Partido Socialista, con mayoría en el Parlamento, presentase otro candidato.

De haber nuevas elecciones, Costa ha dicho que no se presentará en los comicios, dado que “los procesos criminales raramente son rápidos. Es una etapa de la vida que se cierra y que la cierro con la cabeza erguida, con la conciencia tranquila y con la misma determinación de servir a los portugueses que cuando asumí este cargo”.

El escándalo estalló en pocas horas en la mañana de este martes, ya que todas las investigaciones habían estado siendo mantenidas en secreto para evitar la influencia del Poder Ejecutivo. El día comenzó en Lisboa con la detención de dos personas del círculo más estrecho de Costa por irregularidades cometidas en la concesión de la explotación de yacimientos de litio y de proyectos de hidrógeno verde.

A primera hora fueron arrestados Vítor Escária, jefe de Gabinete del Gobierno, y el empresario Diogo Lacerda Machado, gran amigo de Costa, quien estuvo a cargo de la expropiación y estatización de la aerolínea portuguesa TAP.

Además, en los días anteriores fueron detenidos el alcalde del Municipio de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y dos empresarios de la sociedad Start Campus, que promovía un proyecto en Sines que está siendo investigado por lavado de dinero y tráfico de influencias.

Por último, el ministro de Infraestructuras, João Galamba, ha sido imputado y en cualquier momento podría ser arrestado, mientras otros miembros del Ejecutivo, incluido el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente, también están siendo investigados.

La Fiscalía de Portugal ha justificado las detenciones ya que “existe peligros de fuga, continuidad de actividad criminal, perturbación de la investigación y del orden y tranquilidad política”, según un comunicado oficial, el cual también informó que los detenidos prestarán declaración en un interrogatorio judicial para aplicarles las medidas de coacción.

En paralelo, el Ministerio Público y la Policía de Portugal realizaron 42 allanamientos, que incluyeron la residencia oficial del primer ministro del Palacio de São Bento, los ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente, la Cámara Municipal de Sines, varios organismos públicos municipales, 17 domicilios y cinco despachos de abogados.

Por su parte, la Fiscalía reveló que el primer ministro estaba siendo objeto de una investigación autónoma desarrollada por el Tribunal Supremo por su papel en el impulso a los negocios relacionados con la transición energética.

“En el curso de las investigaciones surgió, además, el conocimiento de la invocación por sospechosos del nombre y de la autoridad del primer ministro y de su intervención para desbloquear procedimientos en este contexto”, señala la nota.

Asimismo, el Ministerio ha dicho que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en los casos de corrupción. Se están investigando, por un lado, una serie de concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, y, por el otro, un megaproyecto en el área de hidrógeno verde en Sines, cuyas inversiones podrían llegar a superar los 1,5 mil millones de euros.

El caso que hizo explotar la política en Portugal

La operación que ha desatado la crisis política en Portugal se enmarca en una investigación del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, que comenzó a finales de 2019 tras una denuncia anónima para dilucidar si se habían producido tratos especiales hacia empresas portuguesas (EDP, Galp y REN) para explotar un negocio de hidrógeno verde en Sines, un gran polo industrial fomentado durante la primera gestión del gobierno socialista.

El proyecto inicial para exportar hidrógeno verde a Holanda había sido presentado por un empresario holandés en el verano de 2019, antes de que el Gobierno implicase públicamente a las tres empresas lusas. Además, en la causa se investigan las concesiones para explotar litio en Montalegre.

Las irregularidades salpican al otro gran proyecto de explotación de litio en Covas do Barroso, a pocos kilómetros de la frontera con Galicia, que obtuvo este año la autorización de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, a pesar de recibir cerca de un millar de alegaciones y un informe contrario de un relator de la ONU. El lugar es, además, el único espacio portugués declarado Patrimonio Agrario Mundial por la FAO.

La Agencia de Medio Ambiente dio luz verde en mayo al proyecto de la empresa británica Savannah Lithium, pese a reconocer en su informe que pondrá en peligro la declaración del organismo de Naciones Unidas. “Las afectaciones directas o indirectas, incluyendo los impactos residuales, impuestos por la elevada presión de proyectos sobre el área, puede comprometer la clasificación de Patrimonio Agrícola Mundial. Se considera además que no existe compatibilidad y posibilidad relevante de integración paisajística del proyecto en el territorio”, observaba la agencia portuguesa en su declaración.

De esta manera, se empezó a investigar si no hubo coimas a cambio de la aprobación rápida de estos pedidos, y la evidencia parece ser concreta porque a pesar de las presiones del Gobierno para evitar cualquier tipo de investigación judicial, éstas han marchado su curso.

La Procuraduría General de la República confirmó a comienzos de enero que estaba en marcha una investigación bajo secreto judicial sobre negocios relacionados con el litio y el hidrógeno verde. Tras ser preguntado por este proceso, el ministro Galamba respondió: “Nunca fui escuchado sobre ese proceso absurdo, exactamente porque es absurdo y vacío”, según recuerda este martes el diario Público.

Por esta operación, el anterior ministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernández, tuvo las comunicaciones intervenidas por orden judicial. En cuatro de las varias conversaciones interceptadas fue grabado el primer ministro, que podría ser el próximo en caer preso.

Especialmente una de las grabacios, registrada el 28 de diciembre de 2020, en la que se escucha a Costa y su ministro discutir los negocios del litio y del hidrógeno verde, la posibilidad de atraer fondos comunitarios si se apura el trámite y el dinero que podrían quedarse de los miles de millones de dólares en inversiones, según publicó la revista Expresso.

La administración socialista lanzó una inédita ley de viviendas que amenaza dramáticamente a cada uno de los cimientos del mercado inmobiliario. Se aprobaron una serie de medidas que desalientan la oferta y la construcción de nuevas viviendas.

El Gobierno socialista de António Costa logró que el Parlamento de Lisboa apruebe una nueva “Ley de viviendas”, introduciendo fuertes y severas regulaciones sobre el mercado inmobiliario.

El socialismo decretó la anulación del régimen de “visas de oro”. Este sistema permitía que inversores extranjeros no residentes pudieran destinar capital para la construcción y alquiler de viviendas dentro del país, permitiendo ampliar la oferta de Portugal y financiada con ahorro externo, sin necesidad de comprometer otras inversiones haciendo uso del crédito doméstico.

A partir de la reforma, se prohíbe la autorización de residencia para extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea, con lo cual este mecanismo de canalización de inversión extranjera directa quedará completamente bloqueado para el mercado inmobiliario y el sector de la construcción de viviendas privadas. 

Se terminó la prohibición de nuevas licencias para inmuebles turísticos provenientes de la inversión de las visas de oro. Solamente podrán renovarse en caso de que el inversor extranjero en cuestión decida radicarse permanentemente en la vivienda, o si el inmueble es colorado en el mercado de alquiler “de manera permanente”. 

Se trata de una iniciativa muy similar a la que llevó a cabo el ministro Justin Trudeau en Canadá, quién también decretó fuertes restricciones y prohibiciones para la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros no residentes. Pero las medidas de Portugal avanzaron mucho más allá de lo que se implementó en Canadá. 

Con una retórica típicamente socialsita, el ministro Costa anunció un programa de construcción de viviendas estatales, comprometiendo una gasto de hasta 900 millones de euros para inmuebles hasta el año 2026. 

Se anunciaron medidas subsidiarias para el pago de alquileres e hipotecas. Esto resulta en un paquete ampliamente contradictorio entre medidas. Asimismo, el Gobierno avanzará en la eximición del “impuesto sobre las plusvalías de amortización” para hipotecas de viviendas propias, fomentando aún más la demanda de estos instrumentos.

El mercado financiero de crédito será virtualmente intervenido. El Gobierno obligará a las entidades bancarias a ofrecer hipotecas a largo plazo con tasas fijas. Supone un beneficio importante para aquellos que ya lograron suscribir créditos a largo plazo, pero un castigo para aquellos que aún no lo hicieron, ya que los bancos contraerán severamente la oferta de crédito inmobiliario disponible. 

Se penaliza sistemáticamente la oferta de inmuebles para el alquiler o para su venta, pero al mismo tiempo incentiva la demanda por medio de subsidios. El esquema lanzado promete generar un virtual desequilibrio entre oferta y demanda, cuya única corrección posible será vía precios. 

De los 17 ministros, 9 serán encabezados por mujeres. Costa deja atrás los Gabinetes técnicos y llena los cargos con socios políticos.

El tercer mandato del socialista António Costa se pone en marcha tras la jura del nuevo Gabinete de ministros el pasado 6 de abril. A pesar de ser miembro del Partido Socialista, Costa había mantenido desde su llegada al poder gabinetes con cuadros técnicos poco politizados.

Sin embargo, esto parece haber quedado en el pasado. Tras haber crecido sustancialmente en las últimas elecciones, celebradas el pasado 30 de enero, Costa decidió esta vez llenar su Gabinete de figuras políticas de su partido con poca o nula experiencia en el área asignada.

Costa ha decidido reducir de 19 a 17 los ministerios en lo que calificó como un Gobierno “de concentración” para hacer frente a la recuperación económica tras la pandemia. El número de secretarías de Estado también se ha reducido, en este caso de 50 a 38. Hasta ahí llegan las buenas noticias para los portugueses.

El primer ministro se ha paseado por todos los medios celebrando que por primera vez en la historia, el Gabinete tiene más mujeres que hombres. De los 17 ministerios, 9 pasaron a estar controlados por mujeres.

Las sorpresas del nuevo gabinete están dadas  por el nombramiento de Fernando Medina, ex alcalde de Lisboa, como nuevo Ministro de Hacienda. Medina perdió las elecciones en 2021 donde buscaba su reelección, y muchos creen que esta designación es un premio consuelo.

Medina es licenciado en Economía, pero jamás ha ejercido de economista. Entre los años 2000 y 2002, asesoró al entonces primer ministro António Guterres, pero en materia de educación y ciencia, no economía. Luego en 2005, fue Secretario de Empleo en el Ministerio de Trabajo.

Otra designación polémica es la de Ana Mendes Godinho como Ministra de Trabajo, una abogada que previamente sirvió como Secretaria de Turismo, también prácticamente sin experiencia en el rubro.

Joao Gomes Cravinho, un ministro de perfil técnico que ocupaba la cartera de Defensa, fue traspasado a la de Asuntos Exteriores, sin mayores explicaciones más que por motivos políticos.

Un cargo altamente cuestionado será el de Catarina Sarmento e Castro en el Ministerio de Justicia reemplazando a la prestigiosa jurista Francisca van Dunem. Catarina es una abogada sin experiencia política, y su designación responde casi con certeza al hecho de que es la hija de un importante dirigente del Partido Socialista.

Por último, el mediático Pedro Adao e Silva estará al frente del Ministerio de Cultura. Pedro es un comentarista político muy famoso que recientemente ingresó al Partido Socialista, llevando una importante cantidad de votos a la agrupación oficialista.

Costa gobernará con mayoría absoluta y con una oposición debilitada pero más beligerante, con la derecha de Chega como tercera fuerza política en el Parlamento, partido que busca emular el crecimiento explosivo que tuvo VOX tras llegar al Legislativo de España. 

Portugal lleva más de dos décadas marcado por el bajo crecimiento, la baja productividad y los bajos salarios, con varios gobiernos del Partido Socialista en ese tiempo.

Costa, quien dirige el país desde 2015, prometió una recuperación económica rápida tras la pandemia del Covid-19, pero ahora se enfrenta a una situación adversa, alta inflación, recesión económica, alto desempleo, un gasto público peligrosamente elevado, y las consecuencias internacionales de la invasión rusa de Ucrania.

El gabinete socialista se prepara para empezar el mandato gastando unos frescos 45.000 millones de euros en planes sociales para ayudar a reactivar la economía. Gran parte de este dinero será girado por el Fondo de Emergencias de la Unión Europea.