Los conservadores de Portugal ganan las elecciones mientras aumenta la derecha populista. El partido Chega cuadriplicó su número de escaños.

La Alianza Democrática (AD), de centroderecha, ganó las elecciones generales del domingo en Portugal, con el 29,5% de los votos y quedándose con 79 de 230 bancas en el Parlamento, convirtiéndose en la primera fuerza.

Luis Montenegro será el próximo Primer Ministro, destronando al socialista António Costa, que gobierna Portugal hace más de 8 años. Aunque permanece la gran incógnita sobre si Montenegro podrá gobernar en soledad o deberá aliarse a otras fuerzas.

Si bien no tiene mayoría propia, fácilmente podrá gobernar si decide unirse al derechista Chega, el partido de André Ventura, aliado de VOX en España y apodado el “Trump portugués”. Obtuvo el cuádruple de votos que en la última elección, 18,1%, y obtuvo un total de 48 bancas.

También podría unirse en coalición con el minoritario partido Iniciativa Liberal, liderado por Rui Rocha, también de centroderecha, que obtuvo el 5,1% de los votos y 8 bancas. Entre las tres fuerzas, tendrían 135 bancas, una super-mayoría que permitiría pasar todas las reformas.

El Partido Socialista (PS), histórica fuerza de izquierda que gobernó 15 de los últimos 20 años y que disputaba la reelección, obtuvo una derrota aplastante. Consiguió solamente el 28,6% de los votos y pudo renovar solo 77 bancas. Actualmente tiene 120 diputados, por lo que significó una pérdida de 43 escaños.

El resultado subraya una inclinación política hacia la derecha en toda Europa, como ya se vio en Italia, en Holanda, en Noruega, y en menor medida, en España. Portugal había sido considerado durante mucho tiempo “inmune” al ascenso del populismo de derecha en todo el continente, con el socialismo ganando múltiples elecciones desde la irrupción de este movimiento en 2015.

Los minoritarios Bloque Izquierdista y la Coalición Democrática Unitaria (CDU) obtuvieron 4,5% de los votos (5 bancas) y 3,3% (4 bancas) respectivamente; ambas coaliciones de partidos comunistas marginales que también se desplomaron en las urnas.

El líder de Pedro Nuno Santos, admitió su derrota luego de que los resultados arrojaran que ni toda la conjunción de partidos de izquierda pudiera formar gobierno, y descartó un gobierno de coalición con la AD.

Tras el arresto de múltiples funcionarios de su gobierno y empresarios amigos, António Costa anunció su dimisión en medio de una masiva investigación de la Fiscalía de Portugal por corrupción en su gobierno, a partir de aceptar coimas en un proyecto medioambiental de hidrógeno verde.

El socialista António Costa, primer ministro de Portugal desde 2015, presentó oficialmente su renuncia este martes tras darse a conocer que la Fiscalía General ha abierto un proceso penal contra él y varios miembros de su Gabinete por delitos de corrupción vinculados a negocios en el sector del litio y el hidrógeno verde.

“En estas circunstancias, obviamente, presenté mi dimisión a su excelencia el presidente de la República“, afirmó Costa en televisión nacional, expresando también que el cargo de primer ministro no es compatible con la “sospecha de la práctica de cualquier acto criminal”.

“La dignidad de las funciones de Primer Ministro no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad, su buena conducta y menos todavía sobre la sospecha de la práctica de cualquier acto criminal”, afirmó Costa en el comunicado oficial televisado dirigido a la población de su país.

En Portugal el presidente es un cargo ceremonial, mientras que el primer ministro es quien encabeza el Poder Ejecutivo, por lo que la salida de Costa, quien domina la política portuguesa hace casi una década, se convirtió en un fuerte shock en el país europeo.

El líder del Partido Socialista, junto con varios miembros de su Gabinete, están siendo investigados por la Fiscalía por crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias, en negocios del sector del litio y el hidrógeno.

El procedimiento ordinario de dimisión estipula que Costa debe presentar su dimisión ante al presidente de la República, Marcelo Rebelo Sousa. En este contexto, luego de aceptar la dimisión, resta saber si el Jefe de Estado se decidirá o no por disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Otra opción, menos probable, sería que el Partido Socialista, con mayoría en el Parlamento, presentase otro candidato.

De haber nuevas elecciones, Costa ha dicho que no se presentará en los comicios, dado que “los procesos criminales raramente son rápidos. Es una etapa de la vida que se cierra y que la cierro con la cabeza erguida, con la conciencia tranquila y con la misma determinación de servir a los portugueses que cuando asumí este cargo”.

El escándalo estalló en pocas horas en la mañana de este martes, ya que todas las investigaciones habían estado siendo mantenidas en secreto para evitar la influencia del Poder Ejecutivo. El día comenzó en Lisboa con la detención de dos personas del círculo más estrecho de Costa por irregularidades cometidas en la concesión de la explotación de yacimientos de litio y de proyectos de hidrógeno verde.

A primera hora fueron arrestados Vítor Escária, jefe de Gabinete del Gobierno, y el empresario Diogo Lacerda Machado, gran amigo de Costa, quien estuvo a cargo de la expropiación y estatización de la aerolínea portuguesa TAP.

Además, en los días anteriores fueron detenidos el alcalde del Municipio de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y dos empresarios de la sociedad Start Campus, que promovía un proyecto en Sines que está siendo investigado por lavado de dinero y tráfico de influencias.

Por último, el ministro de Infraestructuras, João Galamba, ha sido imputado y en cualquier momento podría ser arrestado, mientras otros miembros del Ejecutivo, incluido el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente, también están siendo investigados.

La Fiscalía de Portugal ha justificado las detenciones ya que “existe peligros de fuga, continuidad de actividad criminal, perturbación de la investigación y del orden y tranquilidad política”, según un comunicado oficial, el cual también informó que los detenidos prestarán declaración en un interrogatorio judicial para aplicarles las medidas de coacción.

En paralelo, el Ministerio Público y la Policía de Portugal realizaron 42 allanamientos, que incluyeron la residencia oficial del primer ministro del Palacio de São Bento, los ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente, la Cámara Municipal de Sines, varios organismos públicos municipales, 17 domicilios y cinco despachos de abogados.

Por su parte, la Fiscalía reveló que el primer ministro estaba siendo objeto de una investigación autónoma desarrollada por el Tribunal Supremo por su papel en el impulso a los negocios relacionados con la transición energética.

“En el curso de las investigaciones surgió, además, el conocimiento de la invocación por sospechosos del nombre y de la autoridad del primer ministro y de su intervención para desbloquear procedimientos en este contexto”, señala la nota.

Asimismo, el Ministerio ha dicho que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en los casos de corrupción. Se están investigando, por un lado, una serie de concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, y, por el otro, un megaproyecto en el área de hidrógeno verde en Sines, cuyas inversiones podrían llegar a superar los 1,5 mil millones de euros.

El caso que hizo explotar la política en Portugal

La operación que ha desatado la crisis política en Portugal se enmarca en una investigación del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, que comenzó a finales de 2019 tras una denuncia anónima para dilucidar si se habían producido tratos especiales hacia empresas portuguesas (EDP, Galp y REN) para explotar un negocio de hidrógeno verde en Sines, un gran polo industrial fomentado durante la primera gestión del gobierno socialista.

El proyecto inicial para exportar hidrógeno verde a Holanda había sido presentado por un empresario holandés en el verano de 2019, antes de que el Gobierno implicase públicamente a las tres empresas lusas. Además, en la causa se investigan las concesiones para explotar litio en Montalegre.

Las irregularidades salpican al otro gran proyecto de explotación de litio en Covas do Barroso, a pocos kilómetros de la frontera con Galicia, que obtuvo este año la autorización de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, a pesar de recibir cerca de un millar de alegaciones y un informe contrario de un relator de la ONU. El lugar es, además, el único espacio portugués declarado Patrimonio Agrario Mundial por la FAO.

La Agencia de Medio Ambiente dio luz verde en mayo al proyecto de la empresa británica Savannah Lithium, pese a reconocer en su informe que pondrá en peligro la declaración del organismo de Naciones Unidas. “Las afectaciones directas o indirectas, incluyendo los impactos residuales, impuestos por la elevada presión de proyectos sobre el área, puede comprometer la clasificación de Patrimonio Agrícola Mundial. Se considera además que no existe compatibilidad y posibilidad relevante de integración paisajística del proyecto en el territorio”, observaba la agencia portuguesa en su declaración.

De esta manera, se empezó a investigar si no hubo coimas a cambio de la aprobación rápida de estos pedidos, y la evidencia parece ser concreta porque a pesar de las presiones del Gobierno para evitar cualquier tipo de investigación judicial, éstas han marchado su curso.

La Procuraduría General de la República confirmó a comienzos de enero que estaba en marcha una investigación bajo secreto judicial sobre negocios relacionados con el litio y el hidrógeno verde. Tras ser preguntado por este proceso, el ministro Galamba respondió: “Nunca fui escuchado sobre ese proceso absurdo, exactamente porque es absurdo y vacío”, según recuerda este martes el diario Público.

Por esta operación, el anterior ministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernández, tuvo las comunicaciones intervenidas por orden judicial. En cuatro de las varias conversaciones interceptadas fue grabado el primer ministro, que podría ser el próximo en caer preso.

Especialmente una de las grabacios, registrada el 28 de diciembre de 2020, en la que se escucha a Costa y su ministro discutir los negocios del litio y del hidrógeno verde, la posibilidad de atraer fondos comunitarios si se apura el trámite y el dinero que podrían quedarse de los miles de millones de dólares en inversiones, según publicó la revista Expresso.

El gobierno de extrema izquierda que gobierna Portugal decretó la expropiación del uso de viviendas que permanezcan más de 100 días sin ocupación. Se instrumentará un programa de control de alquileres, y quedará prohibida la construcción de nuevas viviendas para arrendamiento turístico.

El gobierno comandado por el primer ministro António Costa, un recalcitrante socialista que llegó al poder con una coalición de centroizquierda pero que en los últimos años giró a la extrema izquierda, anunció el lanzamiento de su propia Ley de Alquileres.

Esto marca un verdadero retroceso histórico para el mercado inmobiliario, y un pésimo precedente para la seguridad jurídica en Europa. Por primera vez en 38 años, Portugal volverá a regular intensivamente el mercado de la vivienda y apostará por recetas obsoletas del siglo pasado.

Valiéndose de su mayoría en las cámaras legislativas, el Partido Socialista de Portugal tendría vía libre para la aprobación de los cambios más ambiciosos de su agenda política, la más violenta de las últimas 4 décadas.

La Ley de Alquileres portuguesa

El gobierno de extrema izquierda anunció que habrá una “rápida expropiación de uso” de todas las viviendas del país, ya sean departamentos o casas particulares, que se encuentren sin ocupación por un período igual o superior a los 100 días.

Con estas expropiaciones, el gobierno quiere forzar a los propietarios a dar en alquiler sus viviendas a cualquier precio que encuentren, para evitar perder su propiedad. Quienes finalmente no pongan en alquiler sus casas o departamentos, éstas pasarán a control municipal, que será responsable de gestionar su alquiler a las clases más bajas.

Cabe aclarar que la definición de “propiedad ociosa” es ambigüo, y muchas viviendas que son utilizadas por los portugueses que tienen más de una propiedad (muy común en Portugal tener una casa en una ciudad y otra en la costa) caerán bajo estas expropiaciones si no son puestas en alquiler.

A partir de la sanción de la ley, todos los contratos de alquiler tendrán un período mínimo de duración de 5 años, y los propietarios no podrán desalojar a los inquilinos en situaciones de impago, ya que según esta nueva ley, el Estado asumirá el costo de las mensualidades no percibidas por el propietario.

No conforme con esto, el Estado portugués podrá incluso obligar a los propietarios a reformar las viviendas intervenidas a fin de prepararlas para su arrendamiento forzoso, y se prevé desplegar fondos públicos municipales (con un costo completamente arbitrario e incierto) a estos efectos.

La nueva ley también expanderá los poderes del Estado para dar vía libre a la policía para disponer de desalojos en caso de ser necesario, sea de inquilinos problemáticos o de propietarios que no quieren entregar sus viviendas al Gobierno.

Las medidas palidecen incluso considerando estándares de economías en vías de desarrollo, y amenazan con destruir el mercado de vivienda en el país. Los incentivos para la construcción de nuevas propiedades se desmoronarán peligrosamente, considerando que si la propiedad no puede ser alquilada al precio proyectado será expropiada. Esto condenará al país a un lento y agónico proceso de descapitalización como el que sufrieron otras economías socialistas. 

La nueva legislación que todavía debe ser votada en el Parlamento de Portugal pero que certeramente será aprobado, establecerá un nuevo techo máximo legal para la actualización de los contratos de alquiler, del mismo modo en que ocurre actualmente en países como Argentina, Venezuela y Cuba.

Independientemente de las condiciones de oferta y demanda del mercado, e independientemente de las objeciones tanto de inquilinos como de propietarios, el Estado fijará un tope similar a la evolución pasada del IPC para actualizar los alquileres. El alquiler de viviendas no podrá subir más que el promedio general de la inflación minorista.

El Poder Ejecutivo decretará, además, la prohibición casi absoluta de las nuevas viviendas para el alquiler turístico en todo el país. Solamente habrá una única excepción y es la construcción de alojamientos en zonas rurales, aquellas cuya densidad demográfica sea considerablemente menor a la media nacional. 

La radicalización sin precedentes del Partido Socialista de Portugal, que a pesar de su nombre había sido históricamente un partido de centroizquierda moderada que no había tocado mucho las reformas liberales de Aníbal Cavaco Silva en los 90s, deteriora dramáticamente los derechos de propiedad en Portugal, la estabilidad de las reglas de juego para la inversión productiva y la seguridad jurídica.