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Europa

Meloni le ganó la pulseada a Macron y logró retirar la defensa del aborto en la declaración conjunta del G7

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La líder italiana prevaleció sobre las intenciones del mandatario de Francia y la Agenda 2030 de la Unión Europea al eliminar esta sección del texto, que se consideraba una "línea roja".

En un duro golpe para la Agenda 2030, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en su rol en la presidencia del G7 de este año, ha logrado eliminar de la declaración conjunta de los líderes el respaldo explícito al aborto, que había propuesto introducir el mandatario francés Emmanuel Macron.

Este punto estuvo presente en el comunicado final de la cumbre anterior, la de Hiroshima en 2023, cuando la líder italiana no tenía injerencia para intentar cambiar el contenido. También influyó la presencia de los derechistas Javier Milei y Narendra Modi, presidentes de Argentina y la India, respectivamente.

Meloni y Macron han protagonizado una pulseada diplomática con declaraciones contrapuestas y puntos de vista divergentes sobre este tema. La controversia estalló justo el día en que llegó el papa Francisco, siendo la primera vez que un pontífice asiste al G7.

Meloni presionó a los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido para sacar el apartado en favor de la defensa del "aborto" que habían incluido el año pasado, utilizando la palabra explícita en el texto.

"Reafirmamos nuestro pleno compromiso de lograr una salud y derechos sexuales y reproductivos integrales para todos, abordando además el acceso al aborto legal y seguro y a la atención postaborto", rezaba el nefasto texto acordado en Japón el año pasado.

El debate sobre el aborto se ha convertido en un punto de fricción entre las potencias durante la cumbre anual en Italia, país gobernado por Giorgia Meloni desde octubre de 2022. Por el momento, la defensa de la vida prevalece, y la palabra "aborto" no estará presente, optando en su lugar por "garantizar los derechos sexuales y reproductivos".

Los negociadores de la Unión Europea (UE), grandes defensores de la nefasta agenda asesina, presentes en la cumbre del G7, defienden lo acordado en Hiroshima por considerarlo "más específico". Un alto funcionario estadounidense indicó que el G7 respaldará en su declaración final un lenguaje similar al de la cumbre anterior en cuanto a la defensa de los derechos reproductivos, pero no confirmó si se incluirá nuevamente la referencia al "acceso a un aborto seguro y legal", lo que implica que no se animaron a ir en contra de la voluntad de Meloni.

El presidente estadounidense Joe Biden, presente en la cumbre, ha destacado el derecho al aborto como un tema central de su campaña electoral de noviembre, buscando todo el apoyo posible de votantes de izquierda y sectores progresistas, debido al desastroso desempeño en sus funciones como mandatario estadounidense. Esto ocurre después de que en junio de 2022 el Tribunal Supremo, dominado por jueces conservadores, derogara el fallo "Roe contra Wade", lo cual ha generado molestia en los sectores defensores de la muerte de las futuras generaciones.

Al ser preguntado por periodistas, Macron, gran defensor de la práctica abortiva, expresó su "lamento" por la ausencia de la palabra "aborto" en la declaración, señalando las "diferentes sensibilidades" sobre el tema, especialmente después de que Francia incluyera el "derecho" al aborto en su Constitución. Estas declaraciones molestaron a Meloni, quien es una gran defensora de la vida, y acusó a Macron de hacer "campaña electoral" en un lugar inapropiado.

"No hay razón para discutir sobre temas en los que hemos estado de acuerdo durante mucho tiempo. Y creo que es profundamente equivocado, en tiempos difíciles como estos, hacer campaña utilizando un foro tan valioso como el G7", argumentó fenomenalmente Meloni. Ella no se guardó nada, e insistió en que la controversia era "totalmente infundada" y que la declaración actual "recuerda a la de Hiroshima, donde el año pasado ya aprobamos la necesidad de garantizar que el aborto sea ‘seguro y legal’".


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

España

VOX rompe todos sus gobiernos de coalición con el PP en el interior de España luego de que aceptara el ingreso de inmigrantes ilegales

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Abascal confirmó la ruptura de Vox en los cinco gobiernos autonómicos que mantiene con el PP: “Si Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá el. Nosotros no vamos a hacerlo”.

El partido de derecha de España, VOX, ha establecido su línea roja con el centroderechista Partido Popular (PP) y ha decidido romper las coaliciones en los cinco gobiernos autonómicos que compartían: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Extremadura.

Los funcionarios que responden a Santiago Abascal, lider de VOX, tomaron esta decisión después de que el líder del PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo, aceptara una propuesta de Pedro Sánchez de repartir cerca de 400 inmigrantes ilegales entre las comunidades autónomas.

La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo Nacional de VOX, para romper "inmediatamente" las coaliciones autonómicas con el PP y retirar el apoyo parlamentario a los populares en las cinco comunidades autónomas donde gobernaban juntos. La reunión tuvo lugar a las 18:30 horas en la sede nacional de VOX en Madrid.

De esta forma, VOX se retira de estos gobiernos con la renuncia de los 5 vicegobernadores y la dimisión de decenas de ministros que estaban cumpliendo funciones en esas regiones. "Anunciarán su dimisión y VOX pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España", declaró Abascal ante los medios.

La razón de la ruptura fue la decisión de las comunidades autónomas de acoger a 400 inmigrantes ilegales que estaban en Canarias y Ceuta debido al colapso de recursos para atenderlos. El PP acordó con el PSOE la "distribución por comunidades" en una reunión celebrada el miércoles en Tenerife.

"Es imposible pactar con quien no quiere hacerlo", argumentó Abascal, acusando a Feijóo de intentar "imponer políticas de fronteras abiertas" y advirtiendo que "nadie ha votado" a VOX ni al PP para mantener la "invasión" de inmigrantes ilegales en España.

Tras el anuncio, la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, manifestó que el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, anunciará este viernes "la nueva reestructuración del Gobierno de Aragón", redistribuyendo las competencias. Además, la también vicepresidente segunda aseguró que el PP "seguirá gobernando" y resaltó que pronto harán "un balance de estos meses de gobierno con proyectos y logros positivos".

Por otro lado, el presidente popular de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, calificó la decisión de VOX como "injustificada e incomprensible", y se justificó diciendo que su comunidad autónoma ha cumplido con el pacto con los de Abascal y ha garantizado "estabilidad".

Mañueco formó gobierno con el derechista Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta, hace dos años y medio. "Es una decisión injustificada e incomprensible, enmarcada en la estrategia nacional de VOX, que ha antepuesto sus intereses electorales a los de los castellanos y leoneses", afirma erróneamente el Ejecutivo en un comunicado que confirma la comparecencia de Fernández Mañueco este viernes.

Tras el anuncio de la ruptura entre la formación de centroderecha y la derecha, el diputado de VOX, Javier Ortega Smith, defendió que su partido está "unido". "Somos un partido unido y cada vez más fuerte", afirmó al salir de la reunión de urgencia.

Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías en las que PP y VOX gobernaban en coalición acogerían un total de 110 migrantes ilegales: Aragón, 20; Castilla y León, 21; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; y Murcia, 30. Baleares, donde los populares gobiernan en minoría gracias al apoyo externo de VOX por un acuerdo de investidura sin formar parte del gobierno, acogería 10.

El jueves por la mañana, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, lamentó la "deriva" de VOX y acusó al partido de "buscar excusas" para "romper" sus pactos con el PP en las comunidades autónomas. De esa manera, niega los errores de su partido y le echa la culpa a VOX, el único partido que cumplió con las promesas electorales.


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España

Contra las cuerdas: El juez le avisa a la esposa de Pedro Sánchez que será detenida si no acude a declarar

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La declaración del empresario relacionado con Begoña Gómez se llevará a cabo el próximo 15 de julio mediante videoconferencia desde el hospital donde actualmente se encuentra internado.

La siguiente comparecencia clave en el caso Begoña Gómez será la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, cuya relación con la esposa del presidente del Gobierno está siendo investigada por el juez.

El magistrado Juan Carlos Peinado advirtió a Gómez que deberá asistir presencialmente a esa citación, que se realizará por videoconferencia desde el hospital donde se encuentra ingresado el testigo. Si no asiste, se podría dictar una orden de detención contra ella.

La declaración de Barrabés está programada para el próximo 15 de julio. El empresario testificará desde el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde permanece internado por motivos de salud. Tanto el juez como las partes implicadas seguirán la vista desde las instalaciones del Juzgado de Instrucción número 41, en los juzgados de Plaza de Castilla.

La testifical de Barrabés se incorporará al caso como prueba preconstituida, lo que requiere la presencia de la persona investigada, en este caso, la esposa del presidente español, Begoña Gómez.

Por esta razón, según confirman fuentes jurídicas, el juez Juan Carlos Peinado dictó una resolución en la que avisa a la esposa de Pedro Sánchez que tiene el “deber de comparecer” junto a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. En el documento, se menciona que “de no hacerlo, ni alegar causa justa que se lo impida, podrá convertirse esta citación en orden de detención”. El documento fue redactado antes de la comparecencia de Begoña Gómez en el juzgado el pasado viernes y aparece firmado por la investigada.

En caso de que, tal como está previsto, Gómez acuda a Plaza de Castilla el próximo lunes, tendrá que presentarse en el juzgado hasta tres veces en un lapso de apenas 15 días. La primera vez fue el pasado viernes, cuando su declaración como investigada fue suspendida y aplazada al próximo 19 de julio. El juez instructor tomó esta decisión debido a que la investigada no había sido notificada de una segunda querella incorporada al procedimiento, presentada por la asociación Hazte Oír.

A preguntas de los periodistas, el abogado Antonio Camacho aseguró que Begoña Gómez acudió al juzgado “dispuesta a declarar si el juez aclaraba cuáles eran los hechos objeto de investigación”. También explicó que el magistrado les informó sobre la existencia de una segunda querella que no había sido notificada a la defensa. “Por lo tanto, hemos solicitado que no declarara”, lo que, según el letrado, era “la mejor decisión no solo para el derecho de defensa de la investigada, sino para la defensa del Estado de Derecho y una sociedad avanzada democráticamente”.

En uno de sus autos, el juez instructor aclaró ante el recurso de la defensa de Gómez que la investiga por “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España, contenidos en la denuncia inicial de Manos Limpias, con exclusión de los hechos relativos a los contratos adjudicados a la UTE de Juan Carlos Barrabés por Red.es, que están en manos de la Fiscalía Europea”.

Ante una gran concentración de personas que protestaban contra Pedro Sánchez y su esposa, el presidente español ordenó a la Policía Nacional desplegar un fuerte "dispositivo de seguridad" con una veintena de furgones de las Unidades de Intervención Policial (UIP), cuyos agentes, junto con los de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), controlaron el entorno de la sede judicial. Este despliegue obligó a cortar parcialmente el tráfico y el tránsito de ciudadanos.

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Francia

El comunista Nuevo Frente Popular que viene de ganar las elecciones en Francia, pide un "impuestazo" del 90% a los ricos

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El Nuevo Frente Popular, aliado a Emmanuel Macron, propone implementar un impuesto del 90 por ciento sobre los ingresos anuales superiores a 400.000 euros y reducir la edad de jubilación.

El Nuevo Frente Popular de Francia, partido de extrema izquierda que ganó de las elecciones legislativas del pasado domingo, planea recurrir a la típica estrategia de la izquierda para generar ingresos: un "impuestazo" para los más ricos.

La coalición de izquierda ha dejado claro que su intención es implementar una tasa del 90% para las rentas más altas, similar a algunas medidas de anteriores líderes franceses como François Hollande, ex presidente de la República entre 2012 y 2017, aunque sin tener mucho éxito .

En esta ocasión, el desafío para el Nuevo Frente Popular (NFP) será aún mayor, ya que no controlan el Palacio del Elíseo, ocupado por Emmanuel Macron, quien, mediante una "campaña del miedo" contra la derecha, similar a la realizada por Sergio Massa a Javier Milei, ha logrado infundir temor en la población francesa, lo que resultó en un desempeño mejor de lo esperado en estas elecciones.

El programa del NFP incluye varias medidas populistas: una tasa impositiva del 90 por ciento sobre ingresos anuales superiores a 400.000 euros, una reducción en la edad de jubilación de 64 a 60 años, la congelación de precios de “bienes esenciales”, un aumento del 14 por ciento en el salario mínimo y compromisos de gasto de al menos 150.000 millones de euros en tres años, según destaca el diario The Times en su análisis post-electoral.

El diario francés Le Figaro ha recopilado opiniones de expertos que cuestionan la constitucionalidad de algunas de estas medidas fiscales, sugiriendo que podrían ser rechazadas. Según este periódico, diversas opciones fiscales planteadas por el Nuevo Frente Popular en su "contrato legislativo" han sido objeto de críticas por parte de economistas y analistas, preocupados por sus posibles consecuencias económicas y cuestionando su viabilidad práctica.

Entre las propuestas más discutidas se encuentra la idea de "aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta a 14 tramos", un proyecto cuyos detalles aún no están completamente definidos. Este plan recuerda al programa de Jean-Luc Mélenchon, quien en 2022 propuso una escala de impuestos que iba desde el 1% para ingresos entre 0 y 10.292 euros, hasta el 90% para ingresos superiores a 411.683 euros.

El equipo de campaña de La Francia Insumisa ha indicado que estos límites podrían cambiar esta vez, afirmando que "las tasas y umbrales exactos de cada tramo se determinarán en consulta con los interlocutores sociales y expertos fiscales para garantizar la eficacia y justicia de esta reforma".

Las medidas fiscales del NFP no solo buscan aumentar los ingresos del Estado mediante el robo al sector privado, sino también "redistribuir" la riqueza y reducir las "desigualdades". La historia reciente muestra que este tipo de propuestas suelen ser difíciles de materializar debido a la oposición de diversos grupos sociales, que saben muy bien el desastre económico que causarían.

Además, la propuesta de reducir la edad de jubilación y aumentar el salario mínimo también enfrenta grandes desafíos. Estos cambios requieren un manejo responsable de los recursos públicos, algo imposible para la izquierda, y una estrategia seria para incrementar los ingresos del estado, evitando impactos negativos en la economía, como la inflación o la caída de la competitividad.

El compromiso de gastar 150.000 millones de euros en tres años representa una mala noticia para el contribuyente francés, quien será la verdadera víctima de todo esto, teniendo que pagar, con el fruto de su trabajo, las demagogias de los políticos.

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