La administración de Meloni inició el sendero de reformas estructurales que Italia necesita, apuntando a rebajar la presión fiscal y eliminar las barreras para el crecimiento después de casi dos décadas de estancamiento secular. El desempleo se redujo al umbral más bajo de los últimos 14 años.

Este 25 de septiembre se cumple exactamente un año desde el triunfo histórico de Giorgia Meloni en las elecciones generales de 2022, iniciando un camino de reformas estructurales para revertir el estancamiento que sufre la economía italiana desde principios de la década del 2000.

Meloni logró la aprobación de la reforma del sistema tributario para rebajar las alícuotas sobre los ingresos de personas físicas y sociedades. También consiguió el respaldo parlamentario para flexibilizar y modernizar la legislación laboral, y emprendió un ambicioso ajuste al gigantesco “Estado de Bienestar” que asfixia al país.

En vista al año 2024, la Presidenta de Italia prometió abordar los cambios pendientes en el sistema impositivo para continuar con las rebajas sobre la clase media y las empresas, así como desarrollar un combate frontal contra la inmigración legal en el país.

Il 25 settembre di un anno fa dagli italiani arrivava una indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia. Abbiamo dato il massimo per raggiungere la vittoria, consapevoli che quella non sarebbe stata un punto d’arrivo ma un punto di partenza. A distanza… pic.twitter.com/KRS62aAzr7

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 25, 2023

Las reformas que conquistó Meloni en sus primeros meses de gestión

Reforma tributaria

El Gobierno de la “Coalición de centroderecha” consiguió aprobar un total de dos reformas que avanzan en una dirección clara: el objetivo es pasar de un sistema de tasas progresivas sobre los ingresos de personas físicas (sumamente distorsivo) a uno que aplique una tasa unificada y rebajada, lo que se conoce como “flat-tax”. 

Este sistema fue propuesto en múltiples oportunidades en los países desarrollados, por ejemplo durante las administraciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre muchos otros. Actualmente tiene vigencia en algunos países, por ejemplo en Rusia desde el año 2002 por iniciativa de Vladimir Putin.

El impuesto sobre la renta IRPF mantenía hasta 5 escalas progresivas en 2021 que iban del 23% al 43% respectivamente. Para el año fiscal 2022 el sistema se redujo a 4 categorías, en las cuales se rebajaron considerablemente las tasas aplicables para los ingresos medios y bajos.

Más tarde la reforma tributaria de 2023, ratificada por el Senado italiano en agosto, nuevamente modificó el sistema para imponer solo 3 categorías. Se estableció una tasa del 23% para ingresos de hasta 15.000 euros anuales, 27% para el umbral de 15.000 a 50.000 euros, y finalmente una tasa marginal superior del 43% para ingresos más elevados. Nuevamente, el alivio fiscal recayó sobre las categorías medias y bajas.

La apuesta para el año fiscal 2024 será volver a profundizar la simplificación del sistema tributario hasta converger, eventualmente, a una tasa unificada. Se apunta a consolidar una tasa única y reducida para el año fiscal 2027. De esta manera, las distorsiones generadas por el impuesto serían virtualmente eliminadas y se estimularía de una mejor manera el crecimiento de la oferta laboral.

Reforma laboral

El Gobierno avanzó con una fuerte desregulación de los contratos de duración determinada. El decreto de Meloni anunciado el día 1° de mayo, el día del trabajador a nivel internacional, dispuso la ampliación de 12 a 24 meses el límite para este tipo de contratos.

Se ampliaron los incentivos fiscales para la contratación de jóvenes menores de 30 años que no estudian ni trabajan, principalmente mediante una reducción de cargas patronales a cargo del empleador. Meloni anunció una histórica reforma sobre la tasa de impuesto de sociedades, aplicable sobre las utilidades no distribuidas.

En Italia se pagaba una tasa media del 24%, pero tras la reforma de Meloni se creó una alícuota preferencial del 15% aplicada para empresas que declaren una ampliación de su planta permanente de personal.

El mercado laboral respondió positivamente a todos los cambios que se fueron acumulando desde octubre del año pasado. La tasa de desocupación retrocedió al 7,6% de la población activa al término de julio, registrando los valores más bajos desde 2009. La tasa de ocupación alcanzó el 61,3% de la población total de referencia, dos puntos porcentuales por encima del nivel que había antes de la pandemia.

Recorte del “Estado de Bienestar”

El ajuste al tamaño del sector público comenzó a través de las onerosas transferencias sociales que el Estado italiano otorgaba para personas que realmente no las necesitaban. El gigantesco peso del “Estado de bienestar” requiere una presión fiscal que resulta incompatible con el crecimiento, por lo que la reestructuración es de suma importancia.

Meloni anunció la quita de subsidios para un total de 202.000 personas entre julio y agosto, todo esto a cuenta del programa “Renta Ciudadana”. En el recorte no fueron incluidas aquellas familias con hijos menores de edad, o con algún integrante en situación de discapacidad que requiere de constante asistencia económica.

Todas las personas que percibieron este subsidio del Estado, en perfectas condiciones de trabajar, pero que rechazaron por lo menos dos ofertas laborales concretas, fueron despojadas de los beneficios. Asimismo, el Gobierno ofreció un Apoyo para la Formación y el Trabajo (SFL por sus siglas en italiano) para facilitar su incorporación al mercado laboral en los próximos meses.

El recorte de estas partidas presupuestarias es fundamental para concretar la meta fiscal del año 2023, que pretende recortar a la mitad el déficit financiero del Gobierno consolidado.

La líder de la derecha italiana Giorgia Meloni prometió tomar “medidas extraordinarias” para hacer frente a la afluencia de inmigrantes, mientras la Unión Europea rechaza cerrar sus fronteras.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció “medidas extraordinarias” después de que Lampedusa, una isla italiana cerca del norte de África, se viera invadida la semana pasada por casi 10.000 inmigrantes ilegales africanos en menos de 72 horas.

El gobierno local inmediatamente declaró el estado de emergencia, dado que la isla ya tenía sobrepoblación con 6.000 habitantes, incluso antes de que llegara esta nueva ola migratoria que triplicó la población en cuestión de días.

A pesar de su promesa de campaña de endurecer las políticas migratorias, Meloni ha estado atada de manos por la Unión Europea, la organización supranacional que no solo se encarga de la moneda y las políticas comerciales de los países miembros, si no que también de su política fronteriza.

De esta manera, Meloni le pidió formalmente a la Unión Europea que realice un bloqueo naval en el Mar Mediterráneo, para frenar de cuajo la ola de inmigrantes. Sin embargo, después de una vista en conjunto de Meloni y la presidente del Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen, el gobierno con sede en Bruselas rechazó la petición.

Por ley de la Unión Europea, Italia no tiene permitido deportar a estos inmigrantes, quienes al tocar tierra en Lampedusa son considerados refugiados de guerra y tienen permiso a quedarse en Europa y aplicar para la ciudadanía.

Para descongestionar la isla, Meloni ha estado moviendo a los más de 10.000 inmigrantes en ferry de Lampedusa a Sicilia y otros puertos, para así poder trasladarlos a la Italia continental. Pero la movilización es lenta y no hace nada para resolver el problema subyacente: la Unión Europea obliga a Italia a tener fronteras completamente abiertas.

Esperando que sigan llegando inmigrantes africanos a Italia, el gobierno de Meloni lanzó una serie de medidas extraordinarias, entre ellos la extensión del tiempo en que un inmigrante ilegal puede permanecer detenido en Italia, elevándolo de 12 a 18 meses.

También ordenó la inmediata construcción de nuevos centros de detención para retener a todos los nuevos inmigrantes que van llegando, ya que la falta de capacidad siempre ha sido un problema en Italia y esto ha llevado incluso a que gobiernos anteriores tuvieran que dejar a los inmigrantes libres por falta de espacio.

En junio de este año, Meloni estuvo junto a Von der Leyen y el dictador de Túnez, Kais Saied, en la capital del país africano, donde las tres partes firmaron un acuerdo prometiendo ayuda económica a cambio de ayuda para impedir las salidas.

Si bien esto tuvo efectos inmediatos y en julio y agosto bajó la inmigración, septiembre vio la explosión migratoria más grande en años, y el régimen tunecino parece incapaz de detener a sus propios habitantes de arriesgarse a cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa.

Meloni resucitó los llamados de un bloqueo naval total al norte de África para evitar que los traficantes de personas lancen sus barcos de contrabando al Mediterráneo. La realidad es que los inmigrantes le entregan todos sus ahorros a traficantes para que los suban a sus barcos y luego los arrojen en el medio del Mediterráneo.

Esta peligrosa estrategia es recompensada por diferentes ONGs de rescate que se ubican en la zona, muchas veces en connivencia con los traficantes, para inmediatamente rescatarlos del agua, y valiéndose de los tratados de la Unión Europea, los llevan directamente a la isla más cercana, que suele ser Lampedusa, convirtiéndolos automáticamente en refugiados de guerra.

Esta aceitada máquina ha permitido un masivo éxodo de africanos hacia Europa desde que estalló la Primavera Árabe en 2011, cuando surgió el Estado Islámico (ISIS) y cientos de miles de personas de Libia, Túnez, Egipto, Marruecos y Argelia emprendieron el peligroso viaje a Italia.

En 2015, se calculó que hay por lo menos 1 millón de africanos que llegaron de esta manera viviendo en Italia, con el número estimado en ya 2 millones para 2023. Cabe recordar que antes de la Primavera Árabe se contabilizaba en menos de 200.000, por lo que hubo un crecimiento demográfico africano del 900% en la última década en Italia.

El bloque europeo rezagó su tasa de crecimiento desde la crisis internacional de 2008, y jamás logró retornar a la normalidad. El impacto de las políticas fiscales y monetarias durante la pandemia siguen teniendo efecto negativo todavía.

El modelo de “Estado de Bienestar” en las economías que conforman la Unión Europea da indicios de agotamiento. El nivel de vida de la población ya no mejora año tras año, a diferencia de lo que ocurre en otros países desarrollados como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

La actividad económica de la Eurozona a duras penas consiguió un magro crecimiento del 0,1% en el segundo trimestre del año, después de haberse expandido por una cuantía similar en el primer trimestre. La economía alemana ya entró oficialmente en recesión, y otros países como Francia y España experimentan una situación de estancamiento secular notable.

Las previsiones para este año sugieren que la UE en su totalidad solo podrá crecer como mucho hasta un 0,6% con respecto al 2022. En contraste, las estimaciones sugieren un crecimiento del 1,6% para Estados Unidos y Australia, 1,5% para Canadá y Corea del Sur, y un 1,3% para Japón, entre otros ejemplos. La única excepción al estancamiento europeo es Irlanda, que podría llegar a registrar una expansión superior al 5% anual.

Al mismo tiempo en que la actividad deja de crecer, la tasa de inflación dista mucho de volver a ser “normal”. El IPC de la Eurozona marcó una variación interanual del 5,3% en agosto, y las estimaciones de Bloomberg para la totalidad del año sugieren que los precios aumentarán un 5% respecto del año anterior.

La tasa de inflación continúa arrojando valores que fácilmente duplican a los que había antes de la pandemia. El arsenal de estímulos fiscales y monetarios fue efectivo para amortiguar el impacto meramente inicial de la pandemia, pero fueron inútiles a la hora de reactivar el crecimiento de la economía.

El keynesianismo volvió a fracasar. La mayor parte de los cheques otorgados durante la pandemia fueron ahorrados en un primer momento (las personas se dieron cuenta de que era un ingreso meramente transitorio), y de estas forma se mitigó el “estímulo” que se pretendía dar.

Por otra parte, al momento de la reapertura de actividades estos cheques fueron progresivamente desahorrados, y como las políticas monetarias y fiscales continuaron siendo lapsas hasta mediados de 2022, la inflación se abrió camino con facilidad.

El Plan de Crecimiento y Empleo sancionado en el año 2009, junto con el Plan Juncker, el Nuevo Pacto Verde y el programa Europa Próxima Generación, son solo algunos ejemplos de los muchos planes de “estímulo fiscal” que finalmente fracasaron en revertir el estancamiento relativo de Europa frente a otras regiones del mundo.

Las metas fiscales dispuestas en los acuerdos de Maastricht tampoco pudieron ser cumplidas en tiempo y forma por ninguno de los miembros de la UE. Ni siquiera Alemania logró completar estos objetivos de déficit y deuda pública a través del tiempo.