Tras las elecciones de julio, España se enfrenta a una de las peores crisis políticas de su historia. Pedro Sánchez está destruyendo el Estado de Derecho con tal de conseguir una reelección.

El 23 de julio de 2023 se celebraron las elecciones generales en España, tanto para el Congreso como para el Senado. Estas elecciones se llevaron a cabo en esta fecha porque Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno español, las adelantó para frenar la caída de su partido tras la debacle socialista del “28-M”, fecha en la que hubo elecciones municipales y regionales en gran parte de España, donde la izquierda tuvo uno de sus peores resultados en la historia.

Todas las encuestas indicaban la posibilidad de sumar una mayoría absoluta entre el centro-derecha (Partido Popular) y los conservadores de Vox. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y la derecha se quedó a tan solo 5 escaños de lograr la mayoría absoluta.

¿Qué pasó para que la derecha no lograra una victoria que parecía asegurada? El PP, en vez de darle el golpe de gracia al PSOE, se dedicó a menospreciar y lanzar una fuerte campaña en contra de Vox. Esto dio a entender que la relación de ambos partidos era complicada, y muchos indecisos que a lo mejor quiso votar al PP o a Vox se acabó absteniendo, ya que una mala relación podía poner en riesgo la gobernabilidad del país.

Además, el PP de Feijóo dijo en reiteradas ocasiones que su socio prioritario si necesitaba los votos iba a ser el PSOE, cosa que aún pudo ahuyentar aún más los posibles votantes. Asimismo, la campaña horrorosa del PP, que ya daba por sentado que iban a ganar, y que no tenía ningún mensaje claro, sólo “echar a Sánchez de la Moncloa”, hizo que finalmente la izquierda pudiese formar gobierno, respaldándose en los partidos separatistas de Cataluña.

Desde las elecciones, y especialmente en los últimos 33 días, de manera continua, el pueblo español se manifiesta día tras día en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El motivo de estas manifestaciones es la amnistía que quiere aprobar el gobierno de Pedro Sánchez.

La amnistía tiene un único objetivo: que Sánchez pueda ser presidente del gobierno español, ya que no hay otra configuración de partidos que lo lleven a la reelección. Han intentado disimularlo con diferentes relatos, pero al fin y al cabo, Sánchez quiere aprobar esta amnistía porque sabe que depende de los partidos independentistas catalanes para ser presidente, no por otra razón.

De hecho, antes de las elecciones, todo cargo del PSOE negaba rotundamente que iban a aprobar la amnistía, es más, ellos decían que era un ataque flagrante contra la ley. Sin embargo, después de las elecciones, tuvieron que reconvertir el discurso para intentar vender a sus votantes y a la población que la amnistía traería paz y concordia a Cataluña y a España.

Hay que ser muy claros: la amnistía implica eliminar todo delito que hayan cometido los responsables políticos del referéndum ilegal en España y el intento de independencia del año 2017. Además, de perdonar actos vandálicos del grupo “CDR” y “Tsunami Democràtic”, dos organizaciones que han sido responsables de atacar propiedad tanto pública como privada.

Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, fue el que huyó a Bruselas para salir impune. Ahora, si esta amnistía se aprueba, Puigdemont podrá volver y tendrá vía libre para poder ser candidato de nuevo a Presidente de la Generalitat e intentar hacer otro referéndum, esta vez, el objetivo sería hacer un referéndum acordado como el caso escocés o de Quebec.

La gente puede estar a favor o en contra de un referéndum, pero lo que no se puede defender es saltarse la constitución española y el aviso de todas las asociaciones de jueces que alertan sobre la peligrosidad que tiene esta ley, así como el precedente que se crea.

Es saltarse la separación de poderes y cargarse el Estado de Derecho, ya que está eliminando todo el proceso judicial hecho con anterioridad. Asimismo, en el acuerdo entre el partido de Puigdemont (JUNTS) y el PSOE, existe la afirmación de que hubo “lawfare”, es decir, la instrumentalización de la justicia con fines políticos.

Vox ha sido el único partido que ha intentado parar este golpe a la separación de poderes, algo que será realmente difícil, ya que la mayoría de los medios de comunicación mainstream están con Sánchez.

Asimismo, el Partido Popular, que teóricamente es el líder de la oposición por número de escaños, no ha apoyado en ningún momento estas concentraciones que está habiendo en Ferraz contra Sánchez. Vox, sin embargo, está intentando por todos los medios internacionalizar el conflicto.

En primer lugar, la llegada del famoso periodista estadounidense, Tucker Carlson, hizo que muchas personas de Estados Unidos se enterarán de lo que estaba sucediendo en España, haciendo eco en todos los seguidores de Carlson de Europa. En segundo lugar, ECR (grupo europeo al que pertenece Vox) ha hecho una campaña en la Unión Europea para que sepan lo que está pasando e intentar pararlo a través del organismo supranacional.

No obstante, los españoles tienen poca confianza en la ayuda del resto de Europa, y las autoridades de la UE se han desvinculado y han dicho que se trata de un asunto interno, algo que es correcto, que los burócratas no se metan en asuntos de política interna, pero demuestra una gran hipocresía, ya que sí se meten en la política interna de otros países, como es el caso de Hungría y Polonia, tan solo por tener una agenda conservadora.

Las elecciones europeas de 2024 pueden ser un gran avance para parar este golpe a la democracia, de hecho, esto no es una cosa de izquierdas o de derechas, es algo de sentido común, ningún gobernante puede atentar contra la Constitución, mentir deliberadamente sobre que no ibas a hacer y luego hacer totalmente lo contrario.

Europa necesita que los patriotas sean la primera fuerza política, algo que podría lograrse si los dos bloques de derecha, el ECR y el ID, se juntaran, además de la entrada de Fidesz, podría dejar en jaque mate al Parlamento Europeo.

Existen diferencias entre ambos bloques, e incluso algunas líneas rojas entre los partidos, pero la unión de los patriotas es la única que puede reconducir el rumbo del Viejo Continente. La derecha, los verdaderos conservadores, están comenzando a ganar en toda Europa y en el mundo, lo vimos en Italia, en Suecia, en Finlandia y ahora lo hemos visto en Los Países Bajos y Argentina.

El año que viene, puede pasar lo mismo en Rumanía con el partido AUR, en Portugal con la entrada de Chega en el gobierno y en Estados Unidos si vuelve Trump. Además, de estar atento a sitios como Alemania, donde AfD está ganando cada vez más fuerza.

Europa debe de ser una Europa libre y sin ninguna agenda impuesta, dejar de ser vasallos de Estados Unidos y rechazar serlo de Rusia o China. Europa debe tener su propia agenda, recuperar su soberanía y ser la Europa grande y fuerte que siempre fue, sin someterse a ninguna superpotencia y reconvertirse como una, pero no una Europa unificada y federal, sino una Europa fuerte de naciones soberanas y libres.

Pese a las expectativas de Lula, Lacalle Pou y la Comisión Europea, el canciller Santiago Cafiero ratificó que la Argentina no firmará el acuerdo entre ambos bloques comerciales, dejando en manifiesto el rechazo del kirchnerismo a la apertura comercial.

Después de casi 20 años de negociaciones, y en particular las últimas rondas llevadas a cabo en los últimos 4 años, finalmente el Gobierno kirchnerista confirmó a través de Santiago Cafiero que Argentina no firmará el acuerdo Mercosur-Unión Europea este miércoles 6 de diciembre.

Esta decisión fue anticipada por el actual Canciller pese a las expectativas positivas que tenía el Gobierno de Lula da Silva en Brasil, Lacalle Pou en Uruguay y Ursula von der Leyen en representación de la Comisión Europea. La negativa argentina conducirá a una nueva y tortuosa ronda de negociaciones que recaerá sobre el gobierno de Javier Milei, pero se pierde la posibilidad de que se concrete en el corto plazo.

Cafiero explicó que “no están dadas las condiciones para firmar un acuerdo”, y resaltó la vocación del Gobierno kirchnerista por sostener la protección arancelaria para la industria local, en perjuicio de los millones de consumidores argentinos que se ven obligados a pagar bienes más caros y de peor calidad en relación a las importaciones europeas.

El Mercosur aplica un rango tarifario para las importaciones de extra-zona que alcanza al 35%, y en el caso argentino esta tasa máxima se aplica comúnmente para productos de indumentaria, automóviles y tecnología. Por otra parte, el recargo arancelario de Argentina asciende a un máximo del 42,5% considerando la carga por el Impuesto PAIS, y hasta un 65% en el caso de bienes suntuarios.

Bajo la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa, la Argentina retornó a los niveles de protección arancelaria más drásticos de los últimos 34 años. Y esto se suma al arsenal de medidas de restricción cuantitativas, entre ellas el fatídico sistema SIRA implementado por Massa desde septiembre del año pasado.

Desde el punto de vista europeo, el Gobierno de Emmanuel Macron se mostró como un frontal opositor a cualquier tipo de apertura comercial con América Latina. El mandatario francés alegó que el pacto “no toma en cuenta la biodiversidad y el clima”, pero lo cierto es que esto constituye solo excusa estéril para evitar la rebaja de aranceles en el sector agropecuario francés.

El mayor uso relativo de carbono en las exportaciones del Mercosur no sería un problema para la Unión Europea, porque la Comisión aprobó el lanzamiento del llamado Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) precisamente para contrarrestar este efecto, aunque con perjuicios para los productores en América Latina. 

Aún así, y pese a que el sistema CBAM ofrece una solución concreta para las demandas de Macron, Francia se niega a firmar el pacto y ya boicoteó hasta 4 acuerdos comerciales desde 2017. 

Bloqueó el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos en 2019, logró rechazar un amplio acuerdo con Australia en 2021, y aplazó las negociaciones con Nueva Zelanda hasta mediados de 2022 aunque en esta oportunidad no logró boicotearlo. Francia se valió de todas las excusas posibles, climáticas o no, para poder frenar acuerdos a discreción.

Cabe resaltar que la UE aplica una tasa arancelaria promedio nominal del 13,7% para cereales (con tarifas máximas de 68%), un arancel promedio en torno al 38,4% sobre la importación de productos lácteos (el nivel más alto llega al 133%), 10% para plantas, frutas y vegetales, 24,6% sobre el azúcar y 17% para productos de origen animal.

También establece cuotas arancelarias que alcanzan hasta el 13,5% de sus importaciones anuales, y el 23% de las líneas arancelarias se ven alcanzadas por regímenes de importación especial (por ejemplo aranceles especiales que se aplican cuando se supera una determinada cantidad de importación en el mercado).

Las reformas laborales implementadas en Grecia desde 2021 y España a mediados del año pasado avanzaron en direcciones opuestas, y en consecuencia los resultados también fueron dispares. La creación de empleo en la economía española se estanca en comparación al dinamismo de la economía helena.

Desde mediados del año 2012 fue muy común observar que la tasa de desocupación de España fuese sistemáticamente menor a la que sufría la economía griega. Por aquel entonces el Gobierno del Partido Popular llevó adelante una reforma laboral que flexibilizó enormemente la legislación, mientras que los sucesivos Gobiernos socialdemócratas en Grecia se caracterizaron por trabajar en contra del empleo.

Pero esta tendencia de los últimos años parece haber llegado a su fin. Entre mayo y junio de 2021 el Gobierno del derechista Kyriakos Mitsotakis implementó una ambiciosa reforma para la flexibilización laboral, incluyendo el lanzamiento de modalidades de contratación más flexibles y menores cargas patronales sobre las empresas.

El Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez en España hizo todo lo contrario, logró la aprobación de una reforma laboral a mediados de 2022, con el objetivo de endurecer más las regulaciones laborales y anular los postulados de la reforma de Rajoy 10 años atrás.

Y si bien la nueva legislación española mantuvo la mayor parte del organigrama anterior, se incluyeron algunas cláusulas muy distorsivas como por ejemplo la eliminación de los límites por ultra-actividad de convenios colectivos y la eliminación de algunas modalidades de contratación temporal habilitadas, entre otros cambios.

Con todo esto, la tasa de desocupación de España se estancó en el 12% de la población económicamente activa de referencia en septiembre, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). El desempleo llegaba al 12,7% al momento del lanzamiento de la reforma, con lo cual no se registró ninguna mejora significativa pese a las promesas del oficialismo.

Desde el punto de vista de Grecia la desocupación retrocedió al 9,9% al término del mes de octubre, oficialmente el primer registro por debajo de los dos dígitos en los últimos 14 años. El desempleo superaba el 15% antes del lanzamiento de la nueva legislación laboral, retrocedió 5 puntos porcentuales desde entonces.

El desempleo de la economía griega acumula un total de 20 meses situándose por debajo del indicador homólogo en España. Grecia se encamina a normalizar la situación laboral  del país después del shock violento que representó la Gran Recesión internacional, pero España aún se encuentra muy lejos de poder aspirar a aquel 8% de desocupación que registraba antes de la crisis.

Las mayores rigideces nominales en el mercado laboral suponen un gran problema para el crecimiento a largo plazo. Impiden la eficiente adaptación de shocks exógenos (como por ejemplo lo fue la pandemia en 2020), y más aún para países que delegaron su política monetaria en una entidad supranacional como es el caso de España y Grecia.

Cuanto más severas sean las rigideces de la legislación laboral, más difícil será el ajuste por la vía de los precios (en este caso los salarios), y más grande será el ajuste que se traslada por la vía de las cantidades (la cantidad de personas sin trabajo).