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Europa

Suecia y Finlandia oficialmente buscarán ingresar a la OTAN en mayo, temen una "invasión de Rusia"

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Rompiendo con décadas de neutralidad, Sanna Marin y Magdalena Andersson, las primeras ministras de Finlandia y Suecia respectivamente, aplicarán para convertirse en socios plenos de la OTAN.

Las primeras ministras de Suecia Finlandia acordaron presentar solicitudes de membresía simultáneas a la alianza de la OTAN a mediados de mayo, informaron los medios nórdicos.

El diario finlandés Iltalehti dijo el lunes que "Estocolmo había sugerido que los dos países indicaran su voluntad de unirse el mismo día", y que Helsinki había aceptado inmediatamente. La idea de hacerlo en simultáneo es porque temen, según sus propias palabras, que Rusia ataque al país que tarde más que el otro en ingresar a la OTAN.

Si bien es poco probable que el Kremlin decida atacar estos dos países al norte de Europa, es claro que una vez adentro de la OTAN es prácticamente imposible que Rusia ponga sus ojos en ellos, ya que implicaría entrar en guerra con Estados Unidos y toda Europa.

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dijo que su país, que comparte una frontera de 1.300 km con Rusia, buscará unirse a la alianza "bastante rápido, en semanas, no en meses", a pesar de que el proceso para ingresar al bloque militar suele tardar incluso años.

Su homóloga sueca, Magdalena Andersson, dijo que Suecia tenía que estar “preparada para todo tipo de acciones de Rusia” y que “todo había cambiado” cuando Moscú atacó a Ucrania.

La respuesta del Kremlin fue inmediata, y este fin de semana empezó a mover algunas tropas al Mar Báltico, donde dijo que se vería obligado a “restaurar el equilibrio militar” fortaleciendo sus defensas en la frontera que comparte con Finlandia e incluso dijo que no descartan el despliegue de armas nucleares, si los dos países deciden abandonar décadas de nuetralidad uniéndose a la OTAN.

Tanto Suecia como Finlandia son los únicos dos países de la región que rechazaron sumarse a la OTAN cuando ésta decidió avanzar sobre el este de Europa en 1997, aunque sí se convirtieron en "socios no alineados" de la OTAN, participando en ejercicios e intercambiando inteligencia, cuando se unieron a la Unión Europea en 1995.

Las autoridades suecas dijeron que las solicitudes simultáneas podrían presentarse en la semana del 16 de mayo, coincidiendo con la visita a Estocolmo del presidente finlandés Sauli Niinistö.

Encuestas de opinión recientes han mostrado que un 68% de los finlandeses están a favor de unirse a la alianza, más del doble de la cifra anterior a la invasión, mientras un 12% está vehementemente en contra. Las encuestas en Suecia sugieren una mayoría más escueta, apenas el 51% de los suecos respaldan la membresía.

Estas adhesiones, dejarán una Europa completamente polarizada, entre los aliados a Rusia y los aliados de la OTAN, una suerte de Guerra Fría que parece estar más caliente que nunca.

España

Locura socialista: El Gobierno de Pedro Sánchez quiere reducir la jornada laboral, sin reducción de sueldos y sin un acuerdo con las empresas

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Sumar, una coalición de partidos de extrema izquierda que forma parte del gobierno de Pedro Sánchez, llevará al Congreso un proyecto para la reducción de la jornada laboral para "trabajar menos".

El portavoz del partido Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, anunció este martes que presentarán un proyecto de ley para impulsar la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, algo que harán con o sin el apoyo del sector privado, como el propio presidente Pedro Sánchez había prometido previamente.

"Si no se logra mediante el diálogo social, lo llevaremos al Congreso de los Diputados", dijo en una forma de amenaza hacia los empresarios Errejon, que forma parte de la coalición de gobierno socialista junto con el PSOE y Podemos.

De esta manera, el Gobierno ahora busca reducir la jornada laboral de 40 a 38,5 horas semanales este año y a 37,5 horas en 2025. Esta iniciativa es impulsada por la líder de Sumar, Yolanda Díaz, actual vicepresidente de España y quien además encabeza el Ministerio de Trabajo, posición desde la cual está liderando las negociaciones entre sindicatos y patronal sobre esta medida.

"Estamos hablando de una discusión política que tiene un impacto directo e inmediato en la vida cotidiana de los españoles", resaltó Errejón, un joven dirigente que se acostumbró a cobrar sin trabajar, durante la rueda de prensa en el Congreso. Con datos falsos, afirmó que esta medida cuenta con el respaldo de "más de dos tercios de la ciudadanía española".

Por otro lado, el portavoz del grupo plurinacional celebró que finalmente se vaya a someter a votación esta semana el decreto que incluye la reforma del subsidio por desempleo. Esta medida tiene como objetivo aumentar la cantidad y la cobertura de esta prestación, "beneficiando" a más de 700,000 personas, y perjudicando a millones de trabajadores españoles que deberán financiar estas medidas con su propio bolsillo.

"No solo es una política social absolutamente necesaria para quienes más lo necesitan, sino que también continúa con la fórmula exitosa que está impulsando las tasas de crecimiento económico en España", destacó Íñigo Errejón, quien parece vivir en una realidad paralela, negando el aumento de la pobreza, la indigencia, y de la inflación que estas medidas de izquierda están logrando.

"La gente quiere trabajar menos para vivir mejor, manteniendo los salarios. Esta es la clave de la reforma que vamos a impulsar, asegurando que los salarios se mantengan, al igual que hacemos con el salario mínimo, lo que contribuirá a elevar todos los salarios", destacó Díaz, quien a su vez afirmó que su intención es tener listo el acuerdo "antes del verano".

Para la izquierda, resulta muy fácil ser solidarios con el bolsillo ajeno, además de no darse cuenta de la destrucción económica que estas medidas generarán, sobre todo con las pequeñas y medianas empresas, quienes no cuentan con el capital suficiente para sostener esta demagogia populista, y que probablemente terminen cerrando y echando a sus trabajadores.

En la misma línea, esta mañana el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, expresó su posición a favor y especialmente instó a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a aceptar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Álvarez subrayó que este paso es fundamental para luego negociar las condiciones que harán efectiva la reducción del tiempo de trabajo, incluyendo el aumento de las horas extraordinarias.

Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido que solicitará revertir cualquier modificación en la jornada laboral si no se llega a un acuerdo al respecto con las empresas y posteriormente hay un cambio de Gobierno.

"No puedo negarle al Gobierno, en este caso a la ministra, la facultad que pueda tener de cambiar las normas si el Parlamento así lo aprueba. Pero tengo la libertad de decir que no considero eso como diálogo social", señaló Garamendi durante su intervención en el seminario organizado esta semana por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

"Si tienen muy claro qué ley quieren hacer, que la hagan, pero no estaremos de acuerdo. Y cuando haya un cambio de Gobierno, pediremos que se modifique", advirtió el presidente de la patronal, subrayando que "estas decisiones a medio y largo plazo tienen consecuencias".

Durante su intervención, Garamendi ha caracterizado la relación actual con el Ministerio dirigido por Yolanda Díaz como un "monólogo social", criticando que el Gobierno les acuse de no saber dialogar si no aceptan la primera propuesta que se les presenta.

En cuanto a la propuesta de reducción de la jornada laboral que promueve Yolanda Díaz, Garamendi ha afirmado que "nunca se ha discutido en un convenio colectivo sobre la semana laboral, siempre se ha tratado en términos anuales, lo que demuestra que estamos frente a un planteamiento ideológico y no pragmático".

El presidente de la CEOE también ha subrayado que se presta poca atención al comercio minorista cuando se aborda la reforma laboral. "Ya no es solo una cuestión de salario, sino también de la propia organización del trabajo (…). Para estas pequeñas empresas que tienen un promedio de cinco empleados, realmente no creo que esto les vaya a gustar si no está acordado en las mesas de negociación de cada convenio", añadió.

El representante de las empresas españolas enfatizó la necesidad de reducir la ideología para mejorar el funcionamiento de las cosas. Además, hizo un llamado a la "responsabilidad, tranquilidad, prudencia y moderación", así como a la estabilidad política, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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España

Pedro Sánchez se desespera y anuncia un plan para "acabar con la impunidad" de los medios independientes

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El presidente español busca asegurarse el control total sobre los medios de comunicación y la narrativa pública, silenciando a las voces opositoras y poniendo fin a la libertad de prensa.

El presidente español, Pedro Sánchez, ha anunciado que tomará medidas contra lo que él llama "pseudomedios", refiriéndose a los medios de comunicación independientes que aún no se han alineado con sus ambiciones de poder, en lo que podrían ser leyes represivas similares a las de la dictadura venezolana.

Hace unos meses, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó una controvertida normativa llamada "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares", con el objetivo de imponer su ideología comunista en los medios de comunicación y redes sociales.

En menos de 60 días, Sánchez ha seguido esta línea chavista y ahora está pensando en su propia versión de esta legislación para combatir lo que denomina "bulos y desinformación", argumentando que es para "salvaguardar la convivencia pacífica y la democracia", la típica excusa de un potencial dictador.

La reacción de Sánchez surge tras la publicación de informaciones relacionadas con los casos de corrupción que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Azagra. El presidente considera urgente "acabar con la impunidad" y planea modificar la ley orgánica sobre el derecho al honor y a la rectificación.

Sánchez basa su razonamiento en afirmaciones falsas, como la supuesta victoria electoral cuando en realidad ha perdido todas las elecciones. Según él, su investidura cediendo a los chantajes de partidos proetarras, golpistas, separatistas y comunistas le otorga una especie de representación de la soberanía popular que justifica su autoridad casi tiránica.

Cualquier crítica a sus políticas es tildada de negar su victoria electoral, y quienes defienden la democracia son vistos como parte de la "máquina del fango". En la cúspide de esta "máquina" estarían Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Santiago Abascal, líder de Vox.

El artículo 20 de la Constitución española establece que el ejercicio de los derechos de expresión, difusión de pensamientos e ideas, así como el acceso a información veraz, no puede ser objeto de censura previa. La prensa libre tiene la responsabilidad moral de denunciar públicamente los abusos de poder, incluso cuando estos involucran a figuras tan prominentes como el presidente del Gobierno.

Las informaciones sobre los casos de corrupción que afectan a la esposa y al hermano de Sánchez son verídicas, como lo demuestra su imputación y la investigación judicial en curso. Incluso en ausencia de estas imputaciones, la prensa tiene el deber de señalar conductas moralmente censurables, como el aprovechamiento de la posición de poder para beneficio personal de familiares.

El prefijo "pseudo" que Sánchez utiliza para referirse a los medios de comunicación independientes sugiere falsedad, siendo sus antónimos genuino, auténtico o verdadero. De esta forma, el mandatario español busca descalificar a las voces disidentes, para que no cuenten verdades como las de que Sánchez obtuvo su doctorado con fraude, que fue un ganador ficticio en las elecciones de julio, y que sus promesas electorales carecen de credibilidad.

Intentar suprimir la difusión de abusos de poder es antidemocrático, al igual que negociar con grupos terroristas, otorgar indultos a golpistas o colaborar con auténticos comunistas.

Todas estas acciones han sido posibles debido a que, en realidad, Sánchez muestra una conducta pseudo-democrática, respaldada aún por votantes que podrían considerarse pseudo-inteligentes.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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España

La democracia española en peligro: Pedro Sánchez quiere meter preso a un periodista opositor por criticar a un ministro

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El Gobierno de Pedro Sánchez busca meter preso a Vito Quiles, un periodista independiente que reportó la utilización de un vehículo oficial por parte de Óscar Puente, para asistir a un recital de Taylor Swift.

El presidente español Pedro Sánchez, en medio de un escándalo de corrupción en el que tanto su esposa como él están siendo investigados por malversación de fondos y tráficos de influencias, ahora decidió empezar a perseguir periodistas, amenazando a la democracia, la libertad de expresión, y la libertad de presa.

La víctima de persecución política se llama Vito Quiles, un periodista independiente crítico del gobierno de español, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sanchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift.

Ante esto, la Policía Nacional española denunciará a Quiles ante la Fiscalía por un tuit contra Óscar Puente en el que difundía la matrícula del vehículo oficial. La denuncia contra el periodista y jefe de prensa de Alvise Pérez se basará en fotografías y vídeos que Quiles utiliza para compartir la información en redes sociales. Para el Gobierno español, esto representa un "riesgo para la seguridad de miembros del Gobierno y de la Policía al mostrar matrículas y detalles de los operativos".

El mensaje de Quiles contra Puente provocó la autoritaria respuesta del ministro, que lo llamó "saco de mierda". "Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro", publicó Puente en su cuenta de X (Twitter).

Esto representa una grave violación de libertad de prensa en España, sobre todo con la frase "voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro", que es una clara amenaza hacia el periodista, por el simple hecho de hacer su trabajo y revelar la enorme cantidad de corrupción dentro del gobierno de Sánchez.

Esta no es la primera vez que Quiles expone el modo de actuar de los miembros del Gobierno. Hace dos semanas, difundió un video en el que Óscar Puente había utilizado un coche oficial para asistir a otro concierto, y que el autoritario ministro trató de "justificar".

Para Vito Quiles, toda esta persecución comenzó luego de que él le haya preguntado a Óscar Puente el motivo de las agresiones hacia el presidente argentino, Javier Milei, quien fue acusado de "drogadicto" por el ministro español.

Por suerte, lejos de retractarse, Quiles publicó más fotos, incluyendo la matrícula de lo que ahora se sabe es un coche de la Policía. Esto desató una oleada de insultos hacia el corrupto ministro, con una repercusión que alcanzó al Partido Popular, que pidió la dimisión de Puente y lo acusó de "chapotear en el barro".

Antes las amenazas del ministro Transporte, Vito Quiles ha contestado. En un escrito difundido por sus abogados, el comunicador de EDA TV solicita al exalcalde de Valladolid una indemnización de 40.000 euros y dos publicaciones, una en redes y otra en prensa, en donde reconozca que ha vulnerado su derecho al honor.

De no cumplir esas tres peticiones en los próximos diez días, desde el despacho que representa a Vito Quiles, dP Abogados, aseguran que "nos veremos obligados a acudir a la vía judicial para hacer valer los derechos de mi mandante".

En concreto, los abogados consideran que Puente habría vulnerado el derecho al honor de su representado, y que habría incurrido en un posible delito de amenazas regulado entre los artículos 169 y 171 del Código Penal, el cual consiste en "anunciar a alguien la intención de causarle un mal o provocarle un peligro directamente a esa persona o bien a otras personas de su entorno más cercano".


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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