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España, a la izquierda de la Unión Europea, avanza con sus medidas socialistas

El gobierno de izquierda de Sánchez e Iglesias introduce medidas socialistas como una Renta Mínima Universal y un nuevo Impuestos a los Ricos con la excusa de la pandemia de coronavirus a pesar de que la cuarentena ya está en su etapa final. VOX y PP tratan de evitarlo.

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Con mas de 235.000 infectados y casi 30.000 muertos, España se posiciona como uno de los países mas gravemente afectados por el COVID-19. Lo cierto es que con más de dos meses de cuarentena, ahora un poco más flexible, sus casos siguen creciendo de a decenas. Las medidas tomadas y las declaraciones del oficialismo preocupan no solo a sus ciudadanos, sino a los países vecinos.

Se espera que para finales de mayo se implemente una Renta Mínima que podría alcanzar a un millón de hogares, con el beneficio de poder ser cobrado junto a otras rentas autonómicas. El anuncio lo dio la semana pasada el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

"Estamos haciendo un esfuerzo a partir del conocimiento que tenemos de hogares que pueden cumplir las condiciones y viendo la posibilidad de hacer de oficio un reconocimiento de partidas que permitan arrancar con un número importante de familias que después puedan solicitarlo", mencionó el ministro.

La renta podrá ser cobrada mensualmente por todos aquellos que superen el test sobre el patrimonio neto agregado, bajo encargo del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). El objetivo de esto, según el comunista Pablo Iglesias, es lograr una eficiencia económica que incentive el consumo y ayude a las empresas y autónomos. "Justicia social" es el término que utiliza el vicepresidente para referirse a la renta mínima. 
Esta medida genera preocupación entre los partidos de derecha como VOX y PP, ya que si bien están de acuerdo con la medida en el corto plazo para salir de la crisis económica, temen que el gobierno de Sánchez decida dejarla por el resto de su mandato, que puede durar varios años más.

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Otra medida impulsada por la coalición PSOE-UP es un impuesto a las grandes fortunas, visto como una manera en que aquellos que poseen un capital privado elevado puedan demostrar su "patriotismo". La pandemia le dio un motivo a los gobiernos de izquierda para poder justificar su utópica ideología ante la falsa idea de "redistribución de riqueza". 

Como siempre, lo que interesa no es achicar la brecha de desigualdad social hacia arriba, sino todos al fondo de la pirámide. Esta vez, lo vemos con los términos de "solidaridad" y "patriotismo". Los números no van a acompañar al gobierno, ya que, como informamos desde La Derecha Diario, la economía española se desplomará alrededor del 9,2% como mínimo.

La preocupación con el manejo de la pandemia por parte del gobierno sociocomunista de Sánchez e Iglesias no solo viene por parte de los partidos opositores. La Unión Europea advirtió sobre las medidas que provoquen la insolvencia fiscal y ya anunció que las vacaciones de verano se harán y que será el turismo, en parte, quién ayudará a recuperar la economía europea. Si bien ciertas restricciones tendrán que ser adoptadas, ya se asume que el virus formará parte del verano. 

La semana pasada, Macron anunció en una videoconferencia junto a la canciller alemana, Angela Merkel, que "desde el punto de vista sanitario, examinaremos esa medida con el tiempo, porque no estoy seguro de que sea la mas eficaz ni, de hecho, la mas realista, cuando observo la frontera francoespañola y la realidad de sus controles", haciendo referencia al accionar español. 

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Francia, al día de hoy, tiene más de 180.000 contagiados y mas de 28.000 muertos. En miras a un levantamiento progresivo de sus restricciones de sanidad, el gobierno francés apunta a sus fronteras (las cuales se encuentran ya abiertas). Por su parte, Angela Merkel anticipó que las vacaciones se llevarán adelante solo si los países de la Unión Europea demuestran su capacidad para controlar y prevenir los masivos contagios dentro de sus territorios. De lo contrario, serán otras las medidas a tomar. ¿Está España preparada para recibir nuevamente millones de visitantes en sus ciudades y playas? 

España hoy se encuentra en la mira por parte de sus vecinos, ya que es uno de los pocos países que todavía apoyan al Partido Comunista Chino (PCCh), negándose a participar de la investigación al accionar de China como país donde surgió el virus y también negándose a criticar la estafa millonaria que realizó a decenas de países al venderles material sanitario y tests que no funcionaban. 
El Ministro de Sanidad español Salvador Illa, por su parte, halagó el accionar del PCCh y agradeció "la ayuda sanitaria recibida". El gobierno español gastó 432 millones de euros en mascarillas, respiradores, tests y guantes sanitarios, de las cuales el mismo personal de salud denunció que no andaban. 
Hoy, España tiene la mayor cantidad de sanitarios infectados, alcanzando los 50.000 a lo largo de todo su territorio. Todavía no hay una respuesta concreta por parte del gobierno de Pedro Sánchez, excluyendo la estafa y el sobreprecio -en un 46% con respecto al precio de mercado- de las compras a China. 

"Quiero manifestar nuestro agradecimiento a las autoridades del Gobierno chino porque han estado en todo momento en una actitud de colaboración y de facilitación del proceso de material en momentos muy duros. No olvidamos que las autoridades chinas colaboraron y ayudaron por eso quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento" declaró el Ministro de Sanidad, junto a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Esto generó un fuerte revuelo hacia adentro de la Unión Europea, especialmente en Bruselas, ya que no sólo muchos de sus países han denunciado públicamente al gobierno chino, sino que han puesto en marcha un plan de boicot contra la compra de material sanitario. Made in Europa es el nuevo plan para que se empiecen a fabricar millones de mascarillas, guantes, test y demás materiales de sanidad, en el Viejo Continente.

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Las acciones que está llevando adelante España preocupan a sus pares occidentales. Impuesto a la riqueza, renta mínima, acercamiento al gobierno chino y un estatismo que crece cada día más, generando una dependencia ciudadano-líder como en los países comunistas. Como ya anticipamos desde La Derecha Diario, la pandemia del virus chino representa un avance del socialismo por sobre el mundo, y las políticas que hasta el año pasado eran impensadas, hoy son moneda corriente en todo el mundo.

Muchos son los interrogantes que se generan, y se espera que con el pasar de los días, la presión internacional aumente sobre el régimen comunista chino para esclarecer el origen del virus. La pandemia va a finalizar, pero las medidas autoritarias impuestas alrededor del globo, dejan un precedente que será difícil de superar.

Ya el partido de derecha, VOX, convocó ayer a la mañana una masiva caravana de manifestantes para protestar en contra de muchas de las medidas del presidente Pedro Sánchez, que solo van en la dirección que convertir a España en la cuna del chavismo en Europa.

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España

El Gobierno socialista de España ordenó bloquear Telegram en el país, como ocurre en Cuba, Irán, Pakistán y China

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Luego de que la plataforma de chat se negara a entregar datos personales de sus usuarios al Gobierno español, y cerrar miles de canales de difusión, la justicia ordenó su bloqueo.

La red de mensajería Telegram es la principal alternativa a WhatsApp en todo el mundo, y no solo lo es como una opción con más funcionalidades, si no que otorga un mayor nivel de encriptación y privacidad en los mensajes que se comparten.

Es por esto que se usa a nivel mundial para esconderse de gobiernos opresores que utilizan la justicia para perseguir opositores, como cada vez ocurre más incluso en democracias liberales como Brasil, Canadá o España.

Es en este último país que Telegram ha caído en desgracia. Este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó bloquear Telegram de forma cautelar en respuesta a una denuncia de Mediaset, Antena 3, Movistar y Egeda, quienes acusan al sistema de mensajería de alojar contenido protegido por derechos de autor sin permiso.

La decisión ha sido adoptada por Pedraz después de que los responsables del sistema de mensajería no respondieran a los requerimientos del magistrado. Cabe aclarar que es política de la empresa creada por dos rusos opositores a Putin que no entregan ninguna información a ningún gobierno, con el fin de respetar los derechos a la privacidad de sus usuarios.

Pedraz, titular de Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional, considera esta medida "necesaria, idónea y proporcional" porque, según él, no existe alternativa que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados.

El juez cuenta con el aval del presidente socialista Pedro Sánchez, quien viene criticando a Telegram hace años, denunciando que "allí se albergan grupos neonazis y extremistas", incluso a pesar de que tiene redes de difusión en dicha plataforma.

Telegram tiene unos 900 millones de usuarios en todo el mundo, según las últimas cifras oficiales publicadas por Pável Dúrov, el multimillonario ruso fundador de la compañía. En España, tiene unos 8,5 millones de usuarios, y la usa a diario aproximadamente un 20% de la población, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Dúrov creó Telegram en 2013, poco después de que Vladimir Putin le obligaría a vender VK (el Facebook ruso) y exiliarse del país por negarse a suministrar datos personales de ciudadanos ucranianos a los servicios de seguridad de Rusia.

En la actualidad la sede oficial de Telegram se encuentra en Dubái, donde Dúrov firmó un contrato con el gobierno emiratí para tener total privacidad en sus servidores. Su compromiso con la privacidad es tan alto que incluso se ha negado a cerrar grupos de difusión de Hamás, no porque defienda su accionar (incluso ha condenado al grupo terrorista en múltiples ocasiones) pero por su compromiso a no violar la libertad de expresión absoluta.

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España

El Congreso de España modificó el reglamento y todos los documentos oficiales del Legislativo estarán escritos en "lenguaje inclusivo"

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Para llevar a cabo esta reescritura en lenguaje inclusivo se modificó el grueso de los 207 artículos del Reglamento del Congreso.

En una acción impulsada por el presidente Pedro Sánchez, la presidencia del Congreso de los Diputados de España ha lanzado un nuevo reglamento que impone el uso obligatorio de "lenguaje inclusivo" en toda la documentación oficial.

Ya el propio nombre del Poder Legislativo cambiará, pasando a ser oficialmente "el Congreso de los Diputados y las Diputadas", y todo el Reglamento de los Diputados (que pasará a llamarse "Reglamento del Congreso" para evitar ponerle género al documento) estará escrito en inclusivo.

En el proyecto de ley, que ya fue votado y aprobado en septiembre del año pasado, se ordenaba que, en el plazo más breve posible se acometiera una revisión del texto del Reglamento “para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género”. Este nuevo reglamento entrará en vigencia este martes.

Los críticos señalan que cambiar la terminología según imperativos políticos y no una necesidad real de la sociedad hará que la redacción de los documentos públicos y las discusiones sean difíciles de manejar, generando mucha confusión entre los interlocutores.

Entre otras cosas, los sustantivos para presidente y secretario se han cambiado por el nombre de la institución para evitar la referencia de género a la persona. En vez de decir "el presidente", se deberá decir "quien ocupa la presidencia", y así.

Por ejemplo, actualmente el artículo 31 establece que “el presidente declarará abierta la sesión y uno de los secretarios dará lectura al Real Decreto de convocatoria, a la lista de Diputados electos y a los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de los electos diputados que puedan verse afectados por su resolución.”

La versión inclusiva dice de otra manera, “la presidencia declarará abierta la sesión y una de las personas que ocupan la Secretaría leerá el Real Decreto de convocatoria, a la lista de cargos electos y a los recursos contencioso-electorales presentada, indicando quiénes podrían resultar afectados por su resolución”.

El lenguaje "inclusivo" ya se incorporó a las regulaciones a finales del año pasado, cuando se agregaron artículos tras la aprobación del Parlamento para permitir el uso en el Congreso de las lenguas cooficiales del país (lenguas regionales como el catalán y el vasco). La ley también incluía un mandato para actualizar todo el texto a un lenguaje inclusivo, que ahora está a punto de obtener la aprobación del parlamento y su publicación final.

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Economía

El socialismo quiebra España: A pesar de todos los aumentos impositivos, el déficit español sigue superando los niveles previos a la pandemia

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Sánchez había prometido que su sablazo fiscal promovería la reducción de los desequilibrios del Gobierno, pero nada de esto se vio reflejado en la realidad. La sociedad española se encuentra cada vez más ahogada por un Estado elefantiásico.

La recaudación impositiva de España alcanzó los niveles más altos desde la situación previa a la gran recesión internacional de 2008, pero aún así las finanzas públicas del Gobierno permanecen completamente desequilibradas.

El presidente Pedro Sánchez impulsó un sablazo impositivo en plena pandemia con la promesa de equilibrar el déficit, pero nada de esto sucedió en realidad. En la práctica, las erogaciones del Estado español se incrementaron aún más que los ingresos, y para el tercer trimestre del año pasado el déficit primario español se ubicó en el 2% del PBI. Antes del estallido de la pandemia, el desequilibrio previo al pago de intereses solamente alcanzaba el 0,78% del PBI, y el 0,4% del producto cuando Sánchez asumió la dirección del país.

Por otra parte, el déficit financiero total de España escaló al 4,36% del PBI en el tercer trimestre de 2023, muy por encima de los 3 puntos porcentuales que se registraban antes de la pandemia, y nuevamente por encima del déficit de 2,8 puntos porcentuales de mediados de 2018.

Sin importar desde qué punto se inicien las comparaciones, la administración socialista condujo a España por el camino del déficit fiscal y el endeudamiento. Los sucesivos “estímulos” desplegados por el Gobierno para alentar el ritmo de la actividad económica tampoco dieron mayores resultados, ya que España perdió (otra vez) su tendencia de crecimiento previa a la pandemia.

La administración Sánchez deja montado un país que crece a un ritmo sustancialmente menor en comparación al 2018, con mayores desequilibrios fiscales desde el punto de vista del Estado, y con una mayor presión impositiva para los ciudadanos españoles.

Desde 2021 en España comenzó a regir una tasa máxima a cuenta del IRPF en torno al 47% para rentas superiores a los 300.000 euros anuales (suba de 2 puntos), y 45% para rentas superiores a los 200.000 euros (una suba de 3 puntos con respecto al esquema anterior).

La reforma socialsita sobre el impuesto de Sociedades redujo el nivel de deducciones permitidas, y estableció un impuesto mínimo sobre los ingresos contables, el cual se aplica independientemente de si la empresa incurrió en pérdidas netas durante el ejercicio de la actividad.

En octubre de 2020 Sánchez aprobó el impuesto sobre los servicios digitales (IMD), un gravamen del 3% sobre todos los servicios imponibles operando en España como por ejemplo los que brinda Google, Amazon, Apple, etc. Esto produjo un aumento prácticamente automático en los costos de las empresas españolas, que cuentan con un alto grado de digitalización.

El socialismo introdujo también el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), que aplica una tasa del 0,2% sobre la compra y venta de acciones en la bolsa. Son gravadas todas aquellas transacciones realizadas con títulos emitidos por empresas de nacionalidad española que cotizan en mercados regulados, y siempre y cuando su capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros.

Se promulgó un impuesto a las ganancias extraordinarias de dos años para los bancos y las empresas de energía, con tasas de entre el 1,2% y el 3,5% aplicadas sobre cualquier ganancia nominal en estas empresas que fueran mayores a las que declararon en el año 2019 (el Gobierno no ajustó los montos por la tasa de inflación en el período comprendido).

 Finalmente, se aprobó el llamado “Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas” con vigencia a partir de 2023, una medida casi calcada del Impuesto a la Riqueza creado por el kirchnerismo en Argentina en el año 2020. Este impuesto se superpuso con el ya muy elevado gravamen sobre el patrimonio, y convirtió a España en un verdadero infierno fiscal para el asentamiento de capitales.

Para los montos superiores a los 10 millones de euros el recargo espacial sobre el patrimonio alcanza al 3,5%, y considerando que el promedio de la tasa impositiva patrimonial en las Comunidades Autónomas es el 3%, la tasa consolidada llegaría al 6,5% y es una de las más altas del mundo.

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