La justicia alemana evalúa si el homicida puede eludir la cárcel bajo el pretexto de una supuesta enfermedad psiquiátrica.
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La tragedia que estremece a Alemania tiene nombre propio: Liana, una joven de apenas 16 años, exiliada ucraniana que había logrado rehacer su vida en tierras germanas tras huir de la guerra. Su futuro como auxiliar dental quedó brutalmente truncado cuando un inmigrante iraquí en situación irregular, con orden de deportación vigente, la empujó a las vías del tren en el momento en que pasaba un convoy.
El episodio ocurrió cuando la menor regresaba a su hogar después de clases. Un grupo de extranjeros comenzó a seguirla, lo que la llevó a llamar desesperadamente a su abuelo: «Me siguen y tengo miedo», fueron sus últimas palabras antes de que un grito de terror cortara la comunicación. Inicialmente, tanto la policía como los medios locales difundieron la versión de un suicidio, pero la familia rechazó de plano esa hipótesis y exigió una investigación a fondo.
Las pesquisas confirmaron lo temido: no se trató de un acto voluntario, sino de un asesinato planificado y brutal. El responsable, lejos de ser enviado a prisión, fue derivado a una clínica psiquiátrica, donde peritos evalúan su “estado mental”. De ser declarado inimputable, podría esquivar la condena de cárcel y quedar bajo cuidados médicos, una posibilidad que indigna a la opinión pública y alimenta el debate sobre la laxitud de las políticas migratorias y judiciales.
Liana, la joven alemana de 16 años.
En paralelo, mientras los alemanes reclaman justicia por Liana, el Ejecutivo sigue admitiendo nuevos contingentes de extranjeros. Según el diario Junge Freiheit, este lunes llegaron a Hanover 47 afganos, parte de las 2.300 personas a las que Berlín prometió asilo tras la retirada occidental de Afganistán en 2021. Aunque cientos permanecen atrapados en Pakistán —con 450 arrestados y más de 200 ya deportados sin documentos de regreso a Kabul—, los tribunales recordaron al gobierno su “obligación legal” de cumplir con esos compromisos de admisión.
A su llegada, los recién ingresados fueron recibidos en el campo de tránsito fronterizo de Friedland, para luego ser repartidos entre distintos estados federales. Una imagen de puertas abiertas que contrasta con el dolor de una familia ucraniana y con la indignación de un país entero que se pregunta cómo un asesino ilegal pudo moverse con impunidad hasta arrebatar la vida de una adolescente inocente.
