En los últimos días de su mandato, la administración de Joe Biden firmó en secreto un acuerdo con una organización señalada por sus vínculos con el régimen iraní, en una decisión que generó fuerte controversia en Estados Unidos por sus implicancias políticas y de seguridad.
El pacto implicó la devolución de una participación valuada en aproximadamente 174 millones de dólares en un edificio ubicado en Manhattan, activos que previamente habían sido incautados por las autoridades estadounidenses debido a su presunta relación con estructuras financieras vinculadas a Irán. La decisión se formalizó apenas tres días antes de la salida de Biden de la Casa Blanca, y posteriormente fue sellada judicialmente, impidiendo el acceso público a sus detalles.
La política exterior de los demócratas ha sido motivo de grandes controversias.
El acuerdo benefició a la Alavi Foundation, una organización que durante años estuvo bajo investigación por su conexión indirecta con el gobierno iraní. Según antecedentes judiciales, esta fundación habría operado a través de estructuras intermediarias para ocultar su vínculo con entidades financieras sancionadas, como el Bank Melli, una institución señalada por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El caso tiene una larga historia. En 2017, un jurado en Nueva York determinó que el edificio de 650 Fifth Avenue, valuado en más de 500 millones de dólares, debía ser confiscado por violar sanciones contra Irán y por canalizar fondos hacia el régimen. Sin embargo, el fallo fue posteriormente revertido en una instancia de apelación, lo que abrió la puerta a nuevas negociaciones legales.
El acuerdo alcanzado en 2025 establece la transferencia de activos a una nueva entidad denominada Amir Kabir Foundation, que comparte gran parte de su estructura directiva con la organización original. A su vez, se prevé que parte de los fondos sean destinados a compensar a víctimas del terrorismo vinculado a Irán, aunque el mecanismo de pago sería gradual y financiado en buena medida con ingresos derivados de los propios activos devueltos.
Joe Biden ha quedado fuertemente comprometido tras la difusión del pacto.
Uno de los puntos más sensibles del caso es el destino de esos recursos y el posible impacto en la actividad de organizaciones vinculadas ideológicamente al régimen iraní dentro de Estados Unidos. La Alavi Foundation ha financiado diversas instituciones religiosas y culturales, entre ellas una mezquita en las afueras de Washington que fue objeto de polémica por manifestaciones de apoyo a figuras del liderazgo iraní.
El hermetismo en torno al acuerdo, reforzado por la decisión judicial de mantenerlo completamente bajo secreto, no hizo más que aumentar las sospechas. La falta de transparencia en un tema de esta magnitud abre interrogantes sobre los criterios utilizados y el momento elegido para su aprobación.
