La guerra contra las pandillas que pacificó El Salvador bajo la conducción de Nayib Bukele ha cruzado fronteras para llevar orden y autoridad a los escenarios más convulsos de la región. Hoy en día, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional impulsada en 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU para reemplazar la infructuosa gestión liderada por Kenia, intenta contener la anarquía en el Caribe. Sin embargo, la burocracia de la comunidad internacional ha quedado al descubierto: de una capacidad autorizada de 5.550 efectivos, la GSF solo despliega poco más de 2.000 soldados —apenas un tercio de su fuerza total— con contingentes de Chad, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y El Salvador.
Esta preocupante carencia de capacidad operativa internacional ha dejado a Haití sumergida en una sangrienta espiral delictiva. Según datos oficiales de la ONU, únicamente entre enero y mediados de septiembre de 2026, el accionar impune de las bandas criminales ha provocado más de 5.700 personas muertas o heridas y más de 230 secuestros. Es en este hostil escenario donde las fuerzas salvadoreñas han demostrado el profesionalismo y el coraje que caracterizan a la doctrina de mano dura de San Salvador.
La tensión internacional se elevó tras una cobarde emboscada perpetrada el domingo 18 de octubre de 2026. En dicha jornada, cuatro aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II del contingente militar salvadoreño fueron atacados mientras transitaban por Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe, en el marco de la misión internacional de seguridad respaldada por la ONU. Los militares se desplazaban en un vehículo blindado cuando, tras guiarse por una aplicación de navegación para buscar víveres, ingresaron involuntariamente a la zona roja de la llanura de Cul-de-Sac, en el sector de Santo, a 12 kilómetros de la capital y al noreste del aeropuerto internacional.















