La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa una profunda crisis institucional y de legitimidad tras revelarse que uno de sus comisionados, Arif Bulkan, es simultáneamente juez de la Corte de Justicia del Caribe, en una clara violación de las normas internas del propio sistema interamericano y de los estándares internacionales de la ONU.
La situación, denunciada públicamente por María Anne Quiroga, directora del Global Center for Human Rights, expone el colapso de la independencia y la imparcialidad del organismo.
Durante una entrevista con el escritor Agustín Laje, Quiroga explicó que Bulkan está actuando “como juez y parte”, al ocupar dos cargos incompatibles: juez en un tribunal superior del Caribe y comisionado en la CIDH, donde cumple funciones acusatorias y de supervisión sobre los Estados miembros. Este doble rol, según denunció, representa un flagrante conflicto de intereses que pone en jaque toda la credibilidad del sistema interamericano.
La entrevista con el escritor Agustín Laje.
Quiroga advirtió que, desde sus dos puestos, Bulkan puede validar como juez las mismas perspectivas ideológicas que promueve como comisionado, por ejemplo, en sus relatorías sobre personas LGBTI y pueblos indígenas, y remarcó el grave desequilibrio que genera la politización de los derechos humanos bajo una óptica ideológica y no jurídica.
La incompatibilidad de funciones está expresamente prohibida por el reglamento de la CIDH y por los estándares internacionales de independencia judicial. Sin embargo, la Secretaria Ejecutiva del organismo, Tania Reneaum, conocida militante abortista y de la agenda LGBTI, se mantuvo en silencio frente al escándalo, eludiendo su responsabilidad institucional y permitiendo la irregularidad.
Mientras tanto, la Comisión mostró una actitud abiertamente parcial al impedir que el comisionado conservador Carlos Bernal Pulido participe en deliberaciones sobre el caso del Perú, en clara violación de las mismas normas que ahora decide ignorar ante Bulkan.
La entrevista con el escritor Agustín Laje
Si la CIDH no exige de inmediato la renuncia de Bulkan, el organismo pierde toda legitimidad moral para reclamar a los Estados el cumplimiento de sus decisiones. En las próximas semanas, su organización lanzará una campaña internacional de firmas para exigir explicaciones ante el Consejo Permanente de la OEA y la renuncia inmediata del “juez-comisionado”.
Los numerosos abusos, el continuo incumpliento de las normas y el colapso de la neutralidad institucional de la CIDH se está convirtiendo en una amenaza para los Estados, para la Corte IDH y para todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
