El Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia, una de las principales apuestas políticas del narcogobierno de Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, tiene los días contados. La entidad desaparecerá el próximo 20 de junio de 2026, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que le dio origen por fallas en su trámite legislativo y por no haber cumplido con el análisis de impacto fiscal.
La cartera había sido creada mediante la Ley 2281 de 2023 y presentada por el oficialismo como una herramienta destinada a atender a sectores vulnerables. Sin embargo, desde su nacimiento quedó rodeada de cuestionamientos por duplicar funciones ya existentes en otras áreas del Estado, ampliar la estructura burocrática y consumir recursos públicos sin mostrar resultados.
Gustavo Petro junto a su vicepresidente Francia Márquez.
Durante su corta existencia, el ministerio creó 5 viceministerios, 20 direcciones y una extensa red de cargos administrativos. Pese a haber manejado recursos por cerca de $2,8 billones, las denuncias de la oposición señalaron que la ejecución presupuestaria fue inferior al 9%, una cifra que convirtió a la cartera en uno de los ejemplos más claros de ineficiencia dentro de la administración Petro.
El fallo de la Corte no implicó una eliminación inmediata, sino que otorgó un plazo para evitar una desarticulación abrupta de programas y funciones. Pero el Gobierno no logró conseguir en el Congreso una salida legislativa capaz de sostener la estructura. Ante ese escenario, la liquidación ya comenzó internamente y los funcionarios recibieron instrucciones para entregar equipos, puestos de trabajo e informes de gestión.
Gustavo Petro junto a su vicepresidente Francia Márquez.
Lejos de consolidarse como una política social efectiva, el Ministerio de Igualdad quedó marcado por conflictos internos, baja ejecución, denuncias administrativas y polémicas designaciones. Entre los episodios más cuestionados estuvieron los señalamientos por acoso laboral, las controversias alrededor de funcionarios nombrados en cargos clave y las críticas por la transferencia de fondos sin supervisión.
Ahora, las funciones vinculadas a mujeres, comunidades étnicas, población "LGBTIQ+", personas con discapacidad y otros grupos deberán ser redistribuidas entre otras entidades del Estado. El ministerio nunca logró justificar el enorme aparato burocrático que el petrismo montó en nombre de la igualdad y deberá cerrar sus puertas.
