La mayoría de las agresiones sexuales registradas tuvo como víctimas a menores: 16 de los 30 casos contabilizados en Ceuta durante el período analizado.
Ceuta atraviesa una emergencia sin precedentes que refleja las graves consecuencias de las políticas de fronteras del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. La entrada masiva y descontrolada de 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio desbordó por completo las capacidades del territorio y desencadenó una profunda crisis social e institucional. El punto más sangrante de esta escalada delictiva reside en la violencia sexual, cuyo incremento muestra la gravedad de la crisis de seguridad que azota al territorio. Los delitos sexuales cometidos en Ceuta han experimentado un vertiginoso aumento del 650%, al pasar de 4 a 30 casos registrados en el período analizado. Lo más grave de este fenómeno es que la mayoría de los ataques se dirigen directamente contra la población más vulnerable:
16 de estos episodios de agresión sexual tuvieron como víctimas a menores de edad, frente a cero casos contabilizados en el mismo período del año anterior. Este dramático repunte en los ataques sexuales contra menores confirma el hundimiento de la protección ciudadana y la impunidad derivada de la inacción del Gobierno socialista de Pedro Sánchez ante la llegada masiva de inmigrantes.
Inmigrantes ilegales durmiendo en las calles de Ceuta
Ante esta inerte postura gubernamental, el presidente conservador de Ceuta, Juan Jesús Vivas, arremetió de forma tajante contra el Jefe del Ejecutivo, declarando que "el abandono" sufrido durante "la invasión" exige una explicación de fondo, al señalar que "tomó la decisión de no actuar, de no utilizar las capacidades disuasorias de las que dispone el Estado, y fue Marruecos quien decidió cuántos entraban y cuándo se cortaba el flujo", recordando además que "la seguridad de los ceutíes debe prevalecer sobre cualquier otra consideración; es una obligación irrenunciable del Estado garantizarla".
El impacto en la convivencia ciudadana se refleja de manera impactante en los registros oficiales de atención telefónica del Servicio de Emergencias 112, obtenidos por el diario El Español. Entre el 30 de julio y el 29 de octubre de 2025 y el mismo período de 2026, el volumen total de incidentes registrados por las autoridades de emergencias se disparó de 2.233 a 11.286 casos. Un portavoz del Gobierno regional calificó estas estadísticas como "extremadamente preocupantes", enfatizando que "reflejan un grave deterioro de la ciudad" y advirtiendo que "no estamos hablando solo de inmigración irregular, sino de una emergencia que afecta directamente a la seguridad y al bienestar de nuestros ciudadanos y al funcionamiento normal de la ciudad".
Policía española dejando ingresar marroquíes
Esta degradación de la seguridad abarca un repunte generalizado en múltiples categorías de delitos violentos y faltas contra el orden público. La categoría general de "agresiones" sufrió un incremento drástico al pasar de 209 a 1.777 casos. Los allanamientos de morada se multiplicaron exponencialmente al elevarse de 35 a 1.018 casos. Los robos con violencia o intimidación en la vía pública subieron de 11 a 115 incidentes.
Los episodios clasificables como "agresiones con armas de fuego" aumentaron de 8 a 56 casos, mientras que las "agresiones con armas blancas" se dispararon de 23 a 268 casos. Asimismo, las alteraciones del orden público crecieron de 85 a 618 casos, y el abandono de menores pasó de 15 a 265 registros. La tensión social ha provocado enfrentamientos directos entre inmigrantes y las fuerzas policiales, así como disturbios con residentes locales, habiéndose registrado episodios en los que los propios vecinos incendiaron un campamento improvisado.
Inmigrantes marroquíes en Ceuta
La degradación de las infraestructuras provocó incluso una crisis sanitaria en octubre, cuando fuertes lluvias desbordaron las tuberías y desagües utilizados como retretes provisionales, arrojando excrementos humanos y basura a las playas de Ceuta y propagando un fuerte e insoportable olor.
Para contener el desorden público en vísperas de la visita de los reyes Felipe VI y Letizia, más de 350 agentes de la Policía Nacional y del Ejército desplegaron un operativo en la esplanada de El Guano para desalojar a cientos de personas acampadas en refugios improvisados, siendo esta la quinta intervención de esa índole realizada en semanas recientes.
Tras la inacción estatal, los partidos de la oposición y las autoridades locales han denunciado el abrumador deterioro del orden público de cara a las elecciones del 29 de noviembre, en las cuales el presidente Pedro Sánchez enfrenta severas críticas por su gestión fronteriza y diversos escándalos de corrupción.