Lula aprobó un subsidio de seis meses para mujeres víctimas de "violencia machista" a horas de las elecciones

Durante un acto oficial celebrado en el Palacio Presidencial de Planalto, en Brasilia, el jefe de Estado firmó una resolución enmarcada en la Ley Maria da Penha contra la violencia de género, alineada con un dictamen de la Corte Suprema de Brasil. La disposición elimina los controles previos al establecer como requisito único para tramitar el beneficio la presentación de una resolución judicial de alejamiento, suprimiendo el peritaje médico o revisión médica previa, un trámite que el oficialismo argumentaba que dilataba o impedía la asignación de los fondos.

En lo relativo a la estructura de financiamiento, la normativa fija una severa obligación para las empresas: durante los primeros 15 días de la licencia, la compensación salarial corre de manera directa por cuenta del empleador. A partir del día 16, la cobertura pasa a ser asumida por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

Para las trabajadoras autónomas aseguradas que cotizan en forma individual, el INSS absorberá el subsidio desde el primer día; mientras que en los casos de mujeres sin cobertura previsional o no aseguradas, la erogación recaerá de forma directa sobre las arcas de los estados o municipios por orden judicial.

En cuanto a las condiciones de acceso dictaminadas por la Corte Suprema de Brasil, la medida ratifica que no se exigirá a las solicitantes cumplir con un periodo mínimo de cotización.

Asimismo, se estableció un plazo reglamentario de 15 días para que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) configure e implemente un procedimiento prioritario y anónimo destinado a gestionar la entrega de la compensación económica.

Por parte del Ejecutivo, el anuncio fue respaldado por el abogado general del Estado, Jorge Messias, quien sostuvo que la dependencia económica constituye el mayor obstáculo para denunciar a los agresores, expresando tras la ratificación: "Ninguna mujer más tendrá que elegir entre su seguridad y llegar a fin de mes". La firma del decreto se produce sobre un grave panorama de seguridad pública en el país, que registró 1.518 víctimas de feminicidio en el año 2025, lo que representa una tasa media de cuatro muertes por día.