La fiscalía de Bolivia ordenó el arresto de Evo Morales por abuso y trata de personas

Transcurridos 10 días sin respuesta, "corresponde presentar una imputación formal" y emitir una orden de arresto, explicó la fiscal Sandra Gutiérrez en una conferencia de prensa, respaldándose en los informes de la policía y el ministerio público.

Finalmente, será un juez quien "debe señalar día para una audiencia de medidas cautelares", donde se evaluará la posible aprobación de la orden de captura contra Morales, agregó la funcionaria.

De acuerdo con la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro en contra de una menor de edad con la que habría tenido un hijo. Además, el proceso señala que los padres de la presunta víctima se "lucraron" al entregarla al exdictador a cambio de "favores".

Se afirma que la víctima formaba parte de un grupo juvenil creado por Morales durante su mandato, conocido como "Generación Evo". La fiscal también informó que se solicitó una alerta migratoria para Morales y para Pozo.

La anterior orden de arresto

Una orden de aprehensión contra Morales había sido emitida el 16 de octubre, pero no se ha podido ejecutar debido a varias razones, las cuales están documentadas en “muchos informes” recibidos por la Policía, en los cuales se reporta que no ha sido posible localizarlo.

"Uno de los informes señala que policías de inteligencia procedieron a buscar a Morales en (la población) de Villa 14 de Septiembre, en el Chapare, porque señaló el lugar (su) domicilio real, pero durante la diligencia se constató que no estaba ahí", detalló la fiscal.

Los informes policiales también señalaron que se realizaron búsquedas en otros domicilios, pero después de "labores de vigilancia", se constató que Morales no residía en esos lugares.

Cuando se emitió la orden de captura, militantes de Morales realizaron bloqueos de carreteras durante 24 días, principalmente en el centro del país, en apoyo al exdictador.

Una fiscal boliviana anunció este lunes la presentación de una "imputación formal" contra el exdictador Evo Morales y la reactivación de una orden de arresto por el presunto "delito de trata de personas agravada". Además, se solicitó la emisión de una alerta migratoria.

Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, indicó que se procedió a presentar "una imputación formal contra el señor Evo Morales Aima y la señora Idelsa Pozo Saavedra por el delito de trata de personas agravado".

Asimismo, informó que están a la espera de "que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares".

El exdictador comunista está bajo investigación desde septiembre por el mismo delito, pero hasta el momento no ha comparecido ante la fiscalía.

En su momento, tampoco se logró concretar su detención, ya que Morales se refugió en el Chapare, una región cocalera del centro de Bolivia, donde contó con el respaldo de sus bases, que realizaron bloqueos y violentas protestas en su defensa.

La decisión tomada por la fiscalía este lunes obedece a la falta de comparecencia de Morales, quien no asistió a declarar tras haber sido notificado.

Esta situación fue una de las razones por las cuales la Policía no pudo ingresar al Chapare, un bastión político y sindical de Morales, según explicó la fiscal.

Otras razones para la no ejecución de la orden de captura fueron la protección de los agentes de seguridad, ya que durante los bloqueos de carreteras algunos fueron golpeados y heridos de manera violenta por los seguidores de Morales.

"Pese a las gestiones realizadas en el marco del cumplimiento de la orden de aprehensión, la ejecución contra Evo Morales enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos", concluye un informe de la Policía, que fue leído por la fiscal.

"Acá no hay nada político, estamos resguardando los derechos de una persona que ha sido ultrajada, con el visto bueno de sus padres. Vamos a exponer todas estas situaciones (ante el juez)", afirmó la fiscal.

Sandra Gutiérrez denunció el 3 de octubre que el entonces fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, la apartó de su cargo y paralizó una orden de arresto contra Morales que ella había emitido.

Poco después, Gutiérrez fue reinstalada en su puesto en la Fiscalía, y Lanchipa presentó su renuncia como fiscal general.

Desde octubre, Morales permaneció en el Chapare, donde aseguró que está protegido en todo momento por al menos "500 personas".

Por otro lado, en Argentina se abrió una investigación contra Morales por la "presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual" durante su estancia en ese país en 2019, cuando fue acogido como refugiado por el entonces presidente kirchnerista Alberto Fernández.