Esta entidad exigía que los fondos se usaran conforme a las normas de organizaciones caritativas y prohibía la compra de bienes raíces sin autorización previa.
BLMOKC recaudó más de 5,6 millones de dólares en 2020 a través de donantes en línea y de fondos nacionales de fianzas, entre ellos Community Justice Exchange, Massachusetts Bail Fund y Minnesota Freedom Fund.
Estas aportaciones iban a ser empleados para pagar fianzas de terroristas arrestadas durante las protestas por la muerte por sobredosis de George Floyd, o para actividades sociales permitidas por ley.
Un Gran Jurado federal ha imputado a Tashella Sheri Amore Dickerson, de 52 años y residente en Oklahoma City, por 20 cargos de fraude electrónico y cinco de lavado de dinero, según anunció el fiscal federal Robert J. Troester.
La acusación sostiene que Dickerson, quien se desempeñó como directora ejecutiva de Black Lives Matter Oklahoma City (BLMOKC) desde al menos 2016, ha desviado más de 3 millones de dólares destinados a actividades de justicia social.
De acuerdo con el documento judicial, Dickerson tenía acceso a las cuentas bancarias, PayPal y Cash App de la organización. Aunque BLMOKC no contaba con estatus propio de organización sin fines de lucro bajo la sección 501(c)(3), recibía donaciones mediante su patrocinador fiscal, Alliance for Global Justice (AFGJ), con sede en Arizona.
Tashella Sheri Amore Dickerson fue acusada de desviar más de 3 millones de dólares
La organización de DIckerson recaudaba dinero para el pago de fianzas de los terroristas que vandalizaron ciudades en las protestas de George Floyd
Sin embargo, el Gran Jurado sostiene que desde junio de 2020 y hasta octubre de 2025, Dickerson depositó en sus propias cuentas personales al menos 3,15 millones de dólares provenientes de cheques de fianzas devueltas.
Con ese dinero, financió viajes recreativos a Jamaica y República Dominicana, realizó compras minoristas por decenas de miles de dólares, gastó al menos 50.000 dólares en comida y entregas a domicilio, adquirió un vehículo a su nombre y compró seis propiedades en Oklahoma City mediante entidades bajo su control.
La acusada también habría enviado por medios electrónicos dos informes anuales falsos a AFGJ, asegurando que todos los fondos se destinaron a fines benéficos, sin revelar su uso personal.
La investigación está a cargo del FBI y un Gran Jurado decidirá el destino de Dickerson
El 3 de diciembre de 2025, el Gran Jurado presentó formalmente los 25 cargos. Cada delito de fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares, mientras que cada cargo por lavado de dinero podría implicar hasta 10 años de cárcel y sanciones adicionales.
Las autoridades recordaron que la acusación representa únicamente alegaciones y que Dickerson se presume inocente hasta que un tribunal determine lo contrario. La investigación estuvo a cargo de la oficina del FBI en Oklahoma City y de la división de Investigación Criminal del IRS. Los fiscales federales Matt Dillon y Jessica L. Perry lideran el proceso judicial.
