El Gobierno laborista del Reino Unido volvió a quedar en el centro de la polémica por su negativa a publicar estadísticas oficiales sobre condenas penales desglosadas por nacionalidad. El Ministerio de Justicia rechazó una solicitud presentada por el Centre for Migration Control, que había pedido conocer cuántas condenas se registraron durante 2025, clasificadas según la nacionalidad de los condenados y el tipo de infracción cometida.
La cartera justificó su decisión al sostener que la divulgación de esos datos podría facilitar la identificación de personas concretas. La negativa fue difundida el 17 de noviembre y generó nuevas críticas de sectores que reclaman mayor transparencia sobre la relación entre inmigración y criminalidad.











