El Senado de Bolivia creó una comisión para investigar el tráfico de influencias vinculado a José Zapatero y Luis Arce

La investigación parlamentaria tiene su origen en un informe elaborado por la UDEF, que sostiene que el ex mandatario español habría intervenido entre 2024 y 2025 para favorecer los intereses del Grupo Gloria, propietario de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), en el marco de un prolongado litigio con la empresa estatal Fábrica Nacional de Cementos (FANCESA).

Según el comunicado oficial del Senado boliviano, la nueva comisión estará integrada por seis legisladores de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria y contará con un plazo de hasta tres meses para desarrollar la investigación y presentar un informe final al pleno.

Su tarea será determinar si existieron gestiones irregulares de Rodríguez Zapatero u otros actores nacionales y extranjeros para influir en decisiones relacionadas con el Grupo Gloria durante la dictadura del comunista Luis Arce.

De acuerdo con ese documento, las presuntas gestiones habrían estado vinculadas a un pago de 200.000 euros canalizado mediante un contrato de consultoría que los investigadores consideran simulado.

El caso adquirió relevancia política luego de que varios senadores bolivianos impulsaran la conformación de una comisión legislativa para analizar la información proveniente de España y solicitar, a través de la Cancillería, la documentación vinculada a la investigación. Los legisladores sostienen que el objetivo es establecer si existieron actos de tráfico de influencias que afectaron el funcionamiento de las instituciones bolivianas bajo el régimen de Arce.

La creación de la comisión representa el primer paso institucional adoptado por el Parlamento boliviano para esclarecer las denuncias surgidas a partir de la investigación española. Una vez concluido su trabajo, los senadores deberán presentar un informe con sus conclusiones y, en caso de detectar posibles irregularidades, remitir los antecedentes a las autoridades competentes para que evalúen la apertura de las acciones judiciales correspondientes.