Un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas documenta torturas, negligencia médica y muertes bajo custodia estatal en Cuba.
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El nuevo informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) expone con crudeza lo que el castrismo intentó ocultar durante décadas: la maquinaria represiva del Estado cubano continúa funcionando con la misma brutalidad con la que nació la dictadura comunista.
La portada del informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas
Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el CDPC registró 1.858 eventos de abuso en cárceles de la isla. De ellos, 1.330 son violaciones de derechos humanos, una cifra que revela un sistema carcelario construido para quebrar física y psicológicamente a los detenidos.
El informe identificó 60 muertes bajo custodia estatal, todas por falta de atención médica, desnutrición y torturas físicas. Casi ninguna fue investigada. La impunidad es total.
Torturas comunistas: “cama turca”, “bicicleta” y “shakiras”
El documento detalla los métodos de tortura empleados por las autoridades del régimen. Entre los más frecuentes se encuentran la “cama turca”, que consiste en inmovilizar a los presos en posición fetal durante días, y “la bicicleta”, una práctica que los obliga a caminar encorvados con las manos esposadas detrás de la espalda.
El estudio, basado en la verificación de casos en un contexto de opacidad informativa total, identificó muertes y métodos de tortura.
También se documenta el uso prolongado de las llamadas “shakiras”, cadenas que inmovilizan manos y pies e impiden comer o asearse. Hay registros de encierros de hasta tres años en celdas de castigo, condiciones de hacinamiento extremo, agua contaminada y comida en estado de descomposición.
Estas prácticas, dignas de un campo de concentración, son ejecutadas bajo la supervisión directa del Ministerio del Interior cubano, controlado por el Partido Comunista.
El hambre como método de control político
La desnutrición es generalizada. Los reclusos dependen de raciones mínimas y de familiares que muchas veces ni siquiera pueden acceder a los penales. Los testimonios describen pérdida de peso extrema, enfermedades sin tratamiento y muertes por inanición.
Estado cubano complice de los abusos
En un caso extremo, una mujer presa tuvo que sacarse sus propias muelas del juicio sin anestesia ni instrumental, tras la negativa de las autoridades a brindarle atención médica. La tortura médica es una herramienta de castigo más del sistema.
El CDPC advierte que el trabajo forzoso sigue siendo práctica habitual. Los presos son obligados a cumplir largas jornadas sin remuneración o con pagos simbólicos, bajo amenaza de perder beneficios penitenciarios.
La persecución es aún más feroz contra los presos políticos, al menos 329 de los casos identificados. Son sometidos a aislamiento prolongado, censura total y violencia física o psicológica.
Un sistema de impunidad estructural
El informe denuncia que la Fiscalía General de la República y el CLEP (Departamento de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios) son organismos subordinados al poder político. No existe independencia judicial ni mecanismos reales de control.
El Ministerio del Interior concentra todas las funciones de supervisión y castigo, eliminando cualquier garantía procesal. No hay reglamento penitenciario actualizado ni transparencia en las normas internas. La arbitrariedad es la norma.
A pesar de las pruebas, organismos internacionales y ONGs progresistas mantienen un silencio cómplice. Cuba sigue integrando foros de derechos humanos mientras encarcela, tortura y mata disidentes.
Es interesante notar que a la vez que gobiernos de izquierda como Nicaragua o Venezuela replican el mismo modelo represivo, buena parte de la comunidad internacional prefiere mirar hacia otro lado. En nombre del “antiimperialismo”, se justifican los crímenes de regímenes que han convertido a sus cárceles en centros de exterminio humano.
La palabra de Camila Rodríguez
Camila Rodríguez, activista y coautora del informe, explicó a Infobae que “son historias desgarradoras”. Dijo que el equipo tuvo que “detenerse y acompañarse para seguir adelante” ante la magnitud de los abusos.
Camila Rodríguez, activista y coautora del informe del CDPC
Rodríguez explicó que “aunque nuestro alcance es limitado, confiamos en estos insumos que no solo presentan cifras sino que muestran las historias y hechos de la manera más objetiva posible”.
El informe del CDPC constituye una radiografía exhaustiva de un sistema penitenciario marcado por la violencia institucional, la impunidad y la negación sistemática de derechos fundamentales.
