En este centro, financiado con fondos públicos, la víctima de apenas 10 años quedó gestante tras sufrir dos contactos sexuales por parte del procesado. La menor relató con valentía a los agentes que fue "retenida contra su voluntad, sometida a abusos de carácter sexual y advertida de que sufriría consecuencias graves si hablaba" en dos episodios distintos dentro del mismo recinto.
A pesar de la gravedad del testimonio, la magistrada Valeria Rey determinó que la acusación no aportó elementos para acreditar de manera concluyente el empleo de "fuerza física, amenazas o cualquier forma de coacción", descartando así la figura de agresión sexual.












