El presidente de Chile, José Antonio Kast, se sometió de manera voluntaria a un test de drogas y anunció que impulsará un proyecto de ley para que el examen sea obligatorio para todos los funcionarios públicos y dirigentes políticos del país.
La iniciativa forma parte de una agenda del Ejecutivo orientada a reforzar la transparencia y el control en el Estado, en un contexto regional marcado por el avance del narcotráfico y el crimen organizado, buscando elevar las exigencias sobre quienes ocupan cargos públicos y recuperar la confianza ciudadana.
Kast recibe los resultados negativos de su test.
Kast se realizó un análisis capilar de narcóticos en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), un procedimiento que permite detectar consumo de drogas en un período más prolongado que los test tradicionales de orina. Según explicó, decidió hacerlo de forma voluntaria para dar una señal clara desde la máxima autoridad del país.
Tras someterse al examen, el mandatario sostuvo que quienes ocupan cargos públicos deben demostrar estar completamente alejados de cualquier vínculo con el narcotráfico. En esa línea, planteó que la lucha contra el crimen organizado requiere no solo políticas de seguridad, sino también garantías de integridad en la dirigencia.
El presidente chileno también detalló que el test tuvo un costo cercano a los 300 dólares, el cual abonó personalmente, y adelantó que en las próximas semanas enviará al Congreso un proyecto de ley para extender la obligatoriedad de estos controles.
Actualmente, la legislación chilena exige este tipo de exámenes únicamente a ministros y viceministros, mientras que en el caso de legisladores se aplican de forma aleatoria. La propuesta de Kast busca modificar este esquema y ampliar la exigencia a parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales y autoridades partidarias.
Kast llenando una planilla médica en el centro de análisis toxicológicos.
El proyecto también contempla actualizar el decreto 1.215 de 2006, incorporando el análisis capilar como método estándar. Este tipo de examen permite detectar consumo de sustancias en una ventana de hasta 90 días, lo que lo convierte en una herramienta más precisa para este tipo de controles.
Además, el Ejecutivo buscará garantizar el financiamiento de los estudios y establecer la obligación de presentar certificados que acrediten la ausencia de consumo o dependencia de drogas como condición para ejercer cargos públicos.
